A 51 años del golpe de Estado, Chile merece sanar sus heridas y fortalecer su institucionalidad democrática.

El Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual gobierno constituye una oportunidad de demostrar con hechos a las y los familiares de detenidos desaparecidos que el Estado de Chile y a través de él, todos y todas nosotras, nos hacemos cargo de hacer todo lo posible por encontrar la respuesta a la pregunta que por 51 años han esperado: ¿Dónde están? Encontrar esta respuesta debería ser un clamor nacional.

La memoria es un cuidado colectivo, ya que nos permite no volver a recorrer caminos que han provocado tanto daño en la esencia nacional. La memoria del país se construye y se disemina a través de espacios concretos que se transforman en símbolos de esa memoria y que deben ser preservados. La memoria permite también responder colectivamente a aquellos discursos que intentan relativizar el horror vivido y reivindicar a figuras que solo deben ser repudiadas por la violencia ejercida contra miles de personas en el país. El Nunca Más debería ser un clamor nacional.

Los horrorosos hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar fueron realizados con el poder del Estado, aquel que las generaciones anteriores construyeron para gestionar el bien común y fortalecer a nuestra nación. Ello nos daña a todas y todos, y nos sigue dañando cuando conocemos hechos que nos muestran aún en democracia que nuestro Estado no ha logrado retomar, sin retrocesos, la senda del bien común y no de unos pocos. Las reformas para fortalecer la eficacia y autonomía de los poderes del Estado son urgentes y deberían ser un clamor nacional.

En estos días recordamos también a las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia política sexual por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en cuyo reconocimiento y reparación el país sigue en deuda, como lo sigue también con las miles de mujeres víctimas de violencia en el país. El establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición no solo permiten enfrentar la generalizada impunidad que ha caracterizado estos crímenes, sino que también contribuyen a una cultura de respeto a los derechos humanos y a la prevención de la violencia contra las mujeres, tratándose de medidas urgentes para evitar su repetición en el tiempo. La erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas debería ser un clamor nacional.

Vienen tiempos de elecciones y la violencia, los discursos de odio y la degradación de la política debieran quedar fuera de la ecuación. Las diferencias deben ser planteadas  sin efectismos engañosos, sino con honestidad, de modo que la población pueda optar por los caminos de desarrollo que legítimamente los distintos sectores políticos ofrecen al país. Más y mejor democracia debería convertirse en un clamor nacional.

Por: Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

Columna publicada en diario electrónico de Radio Universidad de Chile el 10 de septiembre, 2024

Las relaciones jerárquicas son una forma común de organizar a las personas en muchos entornos, pues la sociedad en general se configura de esa manera. Estas relaciones pueden tener efectos no siempre positivos en los individuos, ya que puede generar la resistencia al cambio en las organizaciones y llevar a cabo una cultura de competencia y desconfianza, en lugar de una cultura de apoyo mutuo y crecimiento colectivo.

Para comprender cuándo este tipo de relación es mal encausada, ayudan algunos conceptos claves tales como la opresión, explotación, dominación y sujeción. Todo esto en su conjunto, se vuelve muy peligroso cuando se trata de relaciones personales e interpersonales, puesto que hay una propensión a situaciones de abuso, en donde históricamente son mayormente vividas por mujeres y diversidades sexuales.

“Cuando la persona que posee una posición superior usa su poder y comienza a relacionarse de manera abusiva, este es el inicio de una dinámica violenta. Desde esta perspectiva, la construcción social de género nos permite explicarnos por qué históricamente han sido las mujeres, los cuerpos feminizados y las disidencias sexuales quienes han experimentado desde un rol de sometimiento los mayores tipos de abusos y violencia que ha vivido la humanidad”, comenta la socióloga especializada en temas de Género, Diversidades e Inclusión, Leslie Rauld Olave.

Entonces, la violencia de género se podría entender como una consecuencia de este tipo de organización social, porque cuando una sociedad es segmentada y jerarquizada, la autoridad y jerarquía puede presentarse de distintas maneras en la vida cotidiana de las personas. Ya sea el jefe, profesor o la pareja, las relaciones jerárquicas contienen un ejercicio simbólico de dominación en la que es difícil escapar si no se adquiere la conciencia necesaria de lo que puede llegar a significar, provocando situaciones de vulneración y abusos.

La psicóloga y subdirectora de Corporación Humanas, Victoria Hurtado, agrega que, “el abuso se produce cuando en esas formas de organizarse, las jerarquías relativizan o anulan la dignidad, el respeto, el reconocimiento de las otras personas como seres humanos que legítimamente pueden tener intereses, opiniones o deseos diferentes, negándoles su condición de personas. Ello lleva a quienes dirigen a la expectativa de que el resto solo responda a sus propios deseos”.

En los últimos años, Chile se ha enfrentado a una ola de denuncias y manifestaciones por abusos sexuales y de poder. Las protestas y marchas del último tiempo, han mostrado la indignación de mujeres y hombres ante casos conocidos en  universidades o los medios de comunicación, como lo son el caso de Martín Pradenas o Nicolás López. Esta explosión social muestra además un despertar de muchas personas que se rebelan ante las estructuras machistas impuestas desde hace mucho tiempo en el país, propias de un sistema jerarquizado.

Entonces para comprender por qué las relaciones de dominación se convierten en abusos, hay una serie de factores, pero principalmente es la incapacidad de las instituciones u organizaciones (eminentemente jerárquicas) para hacer frente a las denuncias de las víctimas. Esta incapacidad provoca vacíos relacionales que impiden establecer redes de apoyo horizontal y  facilitan la aparición de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas.

Ante esto, Rauld añade que “se siguen perpetuando abusos sobre todo de naturaleza sexual en muchos espacios, si bien existen protocolos por ejemplo en las universidades y en algunas empresas, no es un mecanismo suficiente para detener los abusos, ya que debemos apuntar a realizar un cambio de conciencia en esos espacios y esto solo se logra desde un enfoque preventivo, que puede ser un trabajo de hormiga, pero a mediano y largo plazo es lo que produce un cambio cultural”.

“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”, mencionaba la gran filosofa, escritora, profesora y activista feminista, Simone de Beauvoir.

Una clave para romper con las costumbres jerárquicas de nuestra sociedad es la educación, ya que alerta ante cualquier circunstancia de vulneración. Desde la conversación en la sobremesa hasta la educación más formal, Beauvoir alertaba de ser capaces de formar un pensamiento crítico de quienes los rodean.

“Muchas veces hemos escuchado referirse a alguien como “actúa como patrón de fundo”, frase que desgraciadamente parece legitimar en el espacio rural conductas de dominación, pero que refleja esa negación del otro. A través de la presión, la amenaza, la fuerza, el temor a perder algo, en espacios como los señalados se manifiestan muchas veces estas relaciones de dominación, frente a las cuales debemos estar muy alertas para detenerlas, denunciarlas e impedir su repetición”, finaliza Hurtado.

Noticia publicada en Braga El Mostrador el 11 de mayo, 2023

A partir del reciente ajuste ministerial, en que la ahora ex ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte es reemplazada, por un tema de salud, por el senador del Partido Socialista Álvaro Elizalde, se han levantado voces, incluso dentro del gobierno, en torno a si ello altera la paridad en el Ejecutivo. Efectivamente, este gobierno partió con más mujeres en el gabinete y hoy los hombres alcanzan el 54%. Sin duda, la expectativa no debiera ser que si sale una mujer entra una mujer, sino que la representación equilibrada de hombres y mujeres se mantenga, lo que –de acuerdo a las cifras- ha ocurrido.

Sin embargo, lo que debiera generarnos preocupación es por qué han salido más mujeres que hombres del gabinete, y allí la reflexión en torno a la democracia paritaria adquiere relevancia, ya que ella refiere no solo a un equilibrio numérico en cargos de toma de decisiones públicas, sino a una forma de organizarnos como sociedad que permita distribuir equilibradamente todas las labores necesarias para la existencia de nuestra comunidad.

La pandemia permitió poner en el centro de la agenda pública la importancia del trabajo de cuidados (habitualmente no remunerado) de niñeces, personas mayores y/o con discapacidad, desarrollado fundamentalmente por mujeres. Esto no solo dificulta la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, sino que también reduce sus posibilidades de insertarse en el espacio público. La democracia paritaria releva la necesidad de avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, donde todos y todas tengan las mismas posibilidades de ejercer sus derechos, uno de los cuales es la participación social y política.

Entonces, ¿por qué han salido más mujeres del gabinete? Es muy probable que ello ocurra porque no han logrado aún insertarse y construir sus redes de apoyo al interior de los partidos políticos, porque andan apuradas por volver a sus casas, porque no siempre pueden participar en esos espacios informales donde se generan confianzas y alianzas, después de las reuniones formales. Porque aquello que les quita gran parte de su tiempo no es reconocido, valorado ni redistribuido. La participación política requiere tiempo, la construcción de redes y lealtades requiere tiempo, y el tiempo es lo que escasea en la vida de las mujeres.

No olvidemos que el movimiento de mujeres y feminista en la década de los ‘80 planteaba “Democracia en el país y en la casa” … Aún falta mucho para ello.

Por Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera 

26.04.2023

“Queremos que este sea un proceso inclusivo participativo, no solamente dentro de la Cancillería, donde ya contamos con la Mesa de Género para escuchar el trabajo que se está haciendo en distintas instancias, sino que también abrirnos al exterior y escuchar voces, como en el caso de hoy, de la sociedad civil”, sostuvo Verónica Rocha, Coordinadora de la Política Exterior Feminista.

Este encuentro se da luego de que el Gobierno de Chile anunciara que se convertiría en el noveno país en desarrollar una Política Exterior Feminista, en línea con el énfasis por promover los derechos humanos como eje transversal de la política exterior.

Desde entonces, la Cancillería inició un proceso de elaboración, diagnóstico y diseño de una política que considere la visión de las organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores.

“Vemos que detrás de esto está la voluntad política de trabajar interna y externamente para desarticular las causas estructurales de la desigualdad hacia las mujeres en Chile y el mundo. O sea, es una tremenda tarea”, afirmó Victoria Hurtado de Corporación Humanas y agregó que “son muy importantes esos diálogos porque profundizan la democracia, le dan sentido a la participación”.

Con esta actividad se inicia una serie de encuentros con actores vinculados al Ministerio que considera al mundo académico y organismos internacionales, para así enriquecer el trabajo que se viene realizando con miras a obtener un documento que sistematice los énfasis en una primera etapa de la Política Exterior Feminista.

Nota publicada en www.mirel.gob.cl

De acuerdo al informe que aborda la temática, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia, subrayó la Subdirectora de Corporación Humanas Chile, Victoria Hurtado, para dar comienzo al conversatorio. En la instancia mencionaron varias aristas para entender las violencias que sufren las mujeres y el por qué está fallando la prevención en los distintos países de Latinoamérica, además, de cómo hacer políticas públicas de prevención de violencias contra las mujeres.

Uno de los temas sobre la prevención de violencias hacia las mujeres que se abordaron durante el conversatorio fueron las políticas públicas generadas por los Estados. Si bien son un gran avance para el movimiento feminista, existe la concepción errónea de que solo con ellas las violencias hacia las mujeres se van a erradicar. Por ejemplo, en el ámbito judicial, la integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) México, Norma Don Juan Pérez mencionó que “en México está suscrito a muchos tratados, convenios, ha generado políticas, legislaciones, programas, sin embargo, no se detienen las violencias (…) Nosotras le decimos obesidad legislativa porque leyes hay muchas. Es importante, pero no es suficiente. E incluso, a veces solo se queda en la Constitución, pero ni siquiera hay una ley reglamentaria que permita aterrizarla”.

A lo anterior, se agregó que estas políticas son creadas desde la idea de que hay un solo tipo de mujer homogénea. “Hay que entender más bien la violencia desde la complejidad. De las múltiples formas de violencia y cómo la viven las mujeres en su diversidad” dijo la coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yañez-Inofuentes.

La violencia que vive una mujer en las zonas urbanas no es la misma que vive una mujer en las zonas rurales; lo mismo pasa con las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. “El caso de Brasil, que es uno de los pocos países que ha ido desagregando la violencia etnia-raza, se observa que las mujeres blanco-mestizas son asesinadas en su mayoría dentro del hogar, mientras que las mujeres negras-afrodescendientes, la mayor incidencia de asesinatos está en el espacio público, es decir, en las calles. No en el hogar”, afirmó la coordinadora Yañez-Inofuentes. Entonces, “cómo vamos a tener y pensar la legislación sobre prevención de violencia dentro del hogar cuando unas mujeres sufren mayores grados de violencia en la calle”, añadió.

Las legislaciones que tienen los países sobre la violencia y su prevención, en consecuencia, no son integrales y están pensadas, por ejemplo, para el ámbito urbano. No se piensa en las mujeres de las periferias o de las zonas rurales que experimentan otras situaciones. Y, desde la perspectiva de Paola Yañez-Inofuentes, “uno de los principales desafíos legislativos de los países es pensar en todas las mujeres”.

Si bien en documentos de política pública de los países de la región mencionan la interseccionalidad para abarcar todas las problemáticas de las mujeres, esto no se vivencia en la práctica. En la observación hecha por la directora de Corporación Humanas Colombia, Adriana Benjumea, respecto a su país, “en las leyes no hay un significado concreto de qué significa esa violencia contra mujeres afrodescendientes, palenqueras o negras. Las feministas hemos puesto en evidencia cómo algunos gobiernos se han apropiado del lenguaje, pero para nada se refleja en las políticas públicas de prevención y atención de la violencia”, sentenció.

Durante el conversatorio se ahondó sobre la utilización del concepto anterior en las políticas públicas de cada país, más otros como la interculturalidad y los estados plurinacionales. Para la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, el concepto interculturalidad ha sido utilizado con una intención política que terminó despolitizando la palabra. “No se trata de que traduzcas mi lengua indígena. La interculturalidad se trata de diálogos horizontales. De que es válida tu visión, como mi visión del mundo”, apuntó.

Los gobiernos utilizan esos conceptos para “reconocer” a la diversidad, sin embargo, cuando hacen políticas públicas de prevención, “se sigue manteniendo la idea de que somos un solo sujeto. Una nación mestiza”, dijo Paola Yañez-Inofuentes.

Entonces, ¿cómo abarcar la prevención de violencias hacia las mujeres? La violencia hacia las mujeres no debe ser abordada sólo a partir de un número. En el conversatorio señalaron que no importaba si eran 100 mil casos de desaparecidas o 20. La violencia no debe existir. Cosa que también se critica a los gobiernos ya que si no afecta a una población importante no es considerado grave.

También, es necesario abandonar el pensamiento de que con la sanción está resuelto el problema y reconocer nuestra responsabilidad social en la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, la directora de Humanas Colombia, Adriana Benjumea, quien además coordina la Articulación Regional Feminista, mencionó: “Somos sociedades racistas, clasistas, transfóbicas y xenófobas. Le hemos quitado grandeza y dignidad a la palabra indio o negro y han sido ubicadas en un lenguaje despectivo y desconocedor de derechos humanos. No hemos trabajado lo suficiente en educarnos como sociedad para eliminar realmente la discriminacion”.

Además, puntualizó que, sin este reconocimiento, la unión entre las mujeres del continente va a ser difícil “si se considera que es un problema a las mujeres afro o que las mujeres venezolanas que transitan nuestros países son un problema. Pues ahí empezamos perdiendo y el patriarcado nos gana”, finalizó.

El conversatorio puntualizó justamente en el tema educacional para la prevención de las violencias hacia las mujeres ya que, a nivel regional, es escuálido en todos los países, vale decir, que el aporte a la prevención es nula y perpetua discriminación. Respecto a eso, la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, comentó sobre la población indígena en las escuelas, afirmando que “no se reconocen nuestras visiones y formas de ser y estar en el mundo.  No se va reconociendo las especificidades de las distintas poblaciones, nuestros distintos lenguajes y nuestras distintas formas de comunicarnos”.

Por último, realizar políticas públicas de prevención lo suficientemente estructurales, significa pensar desde los márgenes hacia el centro, “es en los márgenes donde se refleja la estructura de las desigualdades”, dijo la coordinadora Paola Yañez-Inofuentes. Se deben tomar las desigualdades que están fuera e ir trabajando hacia el centro. “Urge pensar precisamente desde esto, el margen. Desde la periferia, lo rural e ir pensando en soluciones para transformar esas realidades”, concluyó.

Revisar el conversatorio completo aquí 

La pandemia ha generado la oportunidad de visibilizar con mayor fuerza en el escenario de la deliberación política y de la gestión pública la injusta división sexual del trabajo y la urgencia de reorganizar y hacerse cargo como sociedad de las labores de cuidado, sumándolo como uno más de los pilares de protección social, como ha planteado ONU Mujeres y la CEPAL. El término «trabajo doméstico» y «de cuidados no remunerado» refiere a todas las actividades diarias necesarias para mantener nuestras vidas y salud. Entre ellas están las tareas del hogar, como la preparación de alimentos, limpieza y lavado de ropa, y las tareas de cuidados personales, especialmente de las niñas y niños, personas mayores, enfermas o que tienen alguna discapacidad. Sin embargo, esta noción de justicia y esta certeza de que nuestras sociedades se sostienen en las labores de cuidado, y de que no podrían existir sin ellas, no ha logrado aún traducirse en políticas acordes a la magnitud de las necesidades a resolver y las medidas en esta materia han estado focalizadas principalmente en las mujeres, reforzando la exclusividad de ellas en esta responsabilidad. Es por ello que el movimiento feminista ha planteado que reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres es fundamental para que la responsabilidad sobre este trabajo sea valorada y asumida entre el Estado, el sector privado, la comunidad, los hogares, y entre hombres y mujeres. Pero como aún la acción pública está lejos de ello, surgen iniciativas para responder a las urgencias que plantea la crisis sanitaria, como la extensión del post natal.

Las opciones de teletrabajo que algunas empresas e instituciones han implementado en este periodo sobre exigen en mayor medida a las mujeres, quienes, por la desigual distribución de labores domésticas y de cuidado y la permanencia de hijos e hijas en las viviendas, han aumentado su tiempo de trabajo remunerado y no remunerado al interior de los hogares, situación que si bien impacta diferenciadamente en la diversidad de mujeres, está generando en términos generales graves afectaciones en la salud mental de todas. Frente a ello, nos preocupa la suspensión de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), cuya segunda aplicación debía realizarse en 2020 y que se constituye como un instrumento fundamental para dimensionar la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidado. Uno de los argumentos esgrimidos refiere a las dificultades que provoca la pandemia para su realización, sin embargo, el otro refiere a razones presupuestarias, señalándose que tampoco será realizada en 2021, perdiéndose así la posibilidad de medir concretamente el impacto de la pandemia en el tiempo dedicado al trabajo por parte de las mujeres, generando información estadística confiable y permanente en el tiempo que sustente las necesarias y ausentes políticas públicas en la materia.

Se requiere hoy, aún más que antes, reconocer las labores domésticas y de cuidado como labores esenciales para el funcionamiento y la sostenibilidad de nuestra sociedad; y resolver cómo nos vamos a organizar para la realización de estas tareas, asumiendo la responsabilidad que a todos y todas nos cabe en ellas: Estado, sector privado, ciudadanos y ciudadanas. La próxima Convención Constitucional tiene la gran oportunidad de garantizar en la nueva Constitución el derecho al cuidado de toda persona, desde su nacimiento hasta su muerte, otorgando al Estado la obligación de proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo el mandato a la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados y el deber de cuidar a quienes cuidan.

Estas bases nos permitirán pasar desde un Estado subsidiario a un Estado cuidador, que responda a las desiguales estructurales entre hombres y mujeres mediante políticas públicas articuladas a nivel económico, cultural, de salud, educación y protección social que brinden tiempo, recursos, prestaciones y servicios universales y de calidad en materia de cuidado, incorporando en ellos la perspectiva feminista, interseccional, intercultural y el enfoque de derechos humanos.

Victoria Hurtado
Psicóloga de Corporación Humanas.

Publicada por El Desconcierto