tortura – Humanas

México: Libertad para Keren, víctima de detención arbitraria y tortura

Fabiola Gutierrez — Mon, 07 Apr 2025 20:38:24 +0000

Keren Ordoñez, de 29 años de edad y originaria de Veracruz, lleva más de 9 años injustamente privada de su libertad en Apizaco, Tlaxcala. 

Ginebra, 8 de abril de 2025 – La OMCT, la Red SOS-Tortura y organizaciones de derechos humanos exigen la libertad de Keren S. Ordoñez Hernández, víctima de tortura.

Descripción de la situación:

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red SOS-Tortura expresa profunda preocupación por diversas violaciones a derechos humanos documentadas por la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez (Centro Prodh), en perjuicio de la Sra. Keren Selsy Ordoñez Hernández.

De acuerdo con la información rigurosamente documentada por el Centro Prodh, el 11 de diciembre de 2015, todavía convaleciente por un parto por cesárea, la Sra. Keren Selsy Ordoñez y su hija recién nacida fueron detenidas en el estado de Veracruz por policías ministeriales del estado de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal, sin orden de detención.

Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y apuntándoles con armas las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su detención. Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de agresión física, matar o desaparecer a su hija, a quien mantuvieron en “calidad de detenida” a pesar de tener días de nacida.

Durante ese tiempo, se obtuvieron las pruebas ilícitas que hasta hoy son utilizadas para mantenerla en prisión, entre las que se encuentra una declaración que le obligaron a firmar sin permitirle leer. Supo posteriormente que se trataba de una declaración ministerial confesando su participación en el secuestro del que fue acusada.

Tras la detención, las autoridades mostraron en los medios a la Sra. Ordoñez Hernández, presentada como integrante de un grupo criminal, y difundiendo su nombre; todo ello afectando su presunción de inocencia.

Keren no contó con una defensa adecuada, ya que el abogado público que la representó al inicio del proceso penal le aconsejó que se reservara su derecho a declarar, diciendo que él le asesoraría y le diría cuándo hacerlo, lo que nunca sucedió. Las autoridades tomaron en cuenta las pruebas obtenidas mediante tortura y se basaron en estereotipos de género para dictar una sentencia en su contra de 50 años de prisión, por un delito que no cometió.

En el caso de la hija de Keren, no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez, ni hubo acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé. Según se informa, la abuela de la niña la buscó durante 14 días, sin conocer su suerte ni paradero; y sin que ninguna autoridad les informara de su situación. Cuando la niña le fue entregada, la encontró en muy malas condiciones de salud.

Además de los alegados actos de tortura y detención arbitraria, la situación de vulnerabilidad de la detenida no fue considerada en ningún momento del proceso penal. La Sra. Ordoñez Hernández estaba convaleciente de nueve meses de embarazo de alto riesgo y de una cesárea reciente y se encontraba en estado de puerperio, y había sido detenida junto a su hija de un mes, ambas en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad socioeconómica, específicamente frente a sus captores.

Keren Ordoñez no solo no recibió todos los servicios adecuados en relación con el puerperio, sino además fue sometida a violencia de género mientras estaba detenida con su hija, sufrió tortura delante de la niña, sin saber lo que le estaba pasando, y posteriormente le fue arrebatada durante su detención.

Después de analizar detenidamente el caso, desde la OMCT y la Red SOS-Tortura se considera que el Estado mexicano, y en particular los agentes responsables de la detención de la Sra. Ordoñez Hernández, así como de la integración de su expediente y su juzgamiento, han violado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México, y en particular a sus artículos 2, 6, 7, 9, 10 y 14.

Desde 2021, el Centro Prodh, organización parte de la Red SOS-Tortura y la ONU-DH han documentado y acompañado su caso. Gracias a un amparo que Keren obtuvo a su favor, un Tribunal Federal ordenó reponer su proceso; por lo que ahora hay una segunda oportunidad de que el Poder Judicial de Tlaxcala juzgue con perspectiva de género, tome en cuenta las irregularidades y las graves violaciones a derechos humanos de las que fue víctima Keren y dicte una sentencia absolutoria para que ella consiga su libertad.

Por todo lo anteriormente descrito,

Solicitamos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, integrada por la Magistrada Marisol Barba Pérez, Magistrado Pedro Sánchez Ortega, y Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, ésta última ponente encargada de la resolución, revoque la sentencia condenatoria en contra de Keren que le impuso una pena de 50 años de prisión y, en su lugar, dicte otra en la que le devuelva su libertad, por falta de pruebas suficientes en su contra y con base en su obligación de excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, así como de juzgarcon perspectiva de derechos humanos y de género.

Urgimos a las autoridades de administración y procuración de justicia, reconocer los daños y violaciones causadas en perjuicio de la menor de edad, AFHO, hija de la Sra. Selsy Ordoñez, quien tenía 1 mes de nacida en el momento de los actos señalados, fue declarada en calidad de detenida y que actualmente tiene 9 años y se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la situación actual de su madre.

Solicitamos a las autoridades de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a investigar y sancionar a los responsables por las violaciones a las salvaguardas fundamentales durante la detención arbitraria de Keren Ordoñez y la tortura cometida en su contra.

Llamamos con urgencia a las autoridades de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a garantizar la seguridad, integridad física y el bienestar psicológico de la Sra. Keren Ordoñez y de su hija.

Invitamos a las organizaciones integrantes de la Red SOS-Tortura y aliadas, a sumarse a la campaña de change Liberen a Keren.

Especialistas en DD.HH manifiestan preocupación por el desconocimiento de la violencia sexual en el estallido

Fabiola Gutierrez — Thu, 20 Oct 2022 19:11:01 +0000

Representantes del mundo de los DD.HH aseveraron que la falta de justicia en los casos de violencia sexual no ocurre por la falta de veracidad de los hechos sino por las falla del sistema de justicia y la falta de correción por parte del Estado.

Críticas y cuestionamientos ha recibido el presidente Gabriel Boric luego de afirmar que efectivos de Carabineros cometieron abusos sexuales en el marco del estallido social. En la oposición, parlamentarios de Renovación Nacional oficiaron a Presidencia para que el mandatario dé explicaciones sobre este punto. En tanto desde la UDI oficiaron al Ministerio Público y al Poder Judicial para corroborar las declaraciones del jefe de Estado. Si bien reconocen 67 denuncias de este tipo durante el periodo de las manifestaciones, afirmaron que no hay condenas que acrediten que estos hechos realmente ocurrieron.

Y es que pese a los cientos de denuncias por violencia sexual en contexto de las protestas, solo existe una sentencia condenatoria por un caso de desnudamiento en la región de Arica. La autora, la cabo Francisca Benavides Vera, recibió una pena remitida de 541 días de cárcel por apremios ilegítimos. Otra causa que involucra a un joven estudiante que denunció haber sido torturado y abusado sexualmente por efectivos de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda, terminó con los carabineros absueltos. No obstante, aún está en revisión un recurso presentado por la víctima.

En contraste, informes como el de Aministía Internacional de octubre del 2020 dan cuenta de 246 casos de denuncias de violencia sexual. Asimismo, un documento de la unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público registra 258 denuncias sobre desnudamientos y violencia sexual; 67 denuncias de abuso sexual con contacto, 27 amenazas de cometer abuso sexual y 12 denuncias de violación y abuso sexual agravado. Ello por mencionar algunos documentos.

En atención a estas cifras, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respaldó la afirmación del Presidente aseverando que los casos de violencia sexual durante el estallido social son efectivos, independientemente de que no se hayan traducido en una condena para los responsables. “Es muy importante recordar una clásica distinción de las escuelas de Derecho que es que la verdad procesal no es necesariamente la verdad material. Hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron delitos, en los que no necesariamente se llegó a terminar en un juicio“, advirtió.

“Pese a eso existen a lo menos tres informes internacionales donde hubo investigadores que tomaron testimonio y tuvieron evidencia suficiente para poder informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual”, acotó.

En esa línea señaló que “lamentablemente hay quienes piensan que violencia sexual se remite solo a violación; tiene muchas formas y tienen que ver todas con lesionar la intimidad sexual. Por lo tanto, no son dichos falsos, es distinto a que un hecho haya llegado a término a que nunca haya ocurrido y hay evidencia suficiente en informes internacionales como también en casos que ya se han presentado ante la Justicia“.

Por lo demás Orellana dio cuenta de las dificultades que se presentan a la hora de esclarecer este tipo de delitos. “La violencia sexual siempre tiene una tasa más baja de denuncia que de su ocurrencia total porque es un delito muy dificil de denunciar, porque es una situación muy particular y además donde hay una baja percepción de la posibilidad de hacer justicia porque muchas veces no hay testigos y todo se reduce al testimonio de la víctima versus el agresor“.

Asimismo indicó que “esto se complica aún más cuando los posibles perpetradores son agentes del Estado. Eso tiene evidencia internacional, está el caso de México y de Guatemala en cuanto a Latinoamérica, y también el caso de Chile, donde a pesar de todas las décadas ocurridas, todavía no hay una ley de violencia política sexual”.

En conversación con nuestro medio, la directora de Corporación Humanas, Mariela Infante, consideró “muy preocupante que de ciertos sectores se estén levantando estos discursos que son negacionistas derechamente”. Ello no sólo porque la efectividad de los casos fue acreditada por organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino además, porque la falta de condenas no pasa por la falta de veracidad de las denuncias, sino por los defectos del sistema de justicia.

“La falta de justicia no tiene que ver con que no hayan ocurrido estos hechos, por el contrario, son fallas del sistema de justicia que el Estado de Chile en cumplimiento de sus obligaciones y también de las recomendaciones que hicieron tanto la Comisión Interamericana como el ACNUDH en su oportunidad, debía estar poniendo recursos necesarios, capacitaciones, equipos para realizar las pericias, levantar los testimonios, investigar oportunamente y para que estas personas puedan tener una reparación adecuada”, señaló.

En esa línea indicó que “hay varios informes internacionales, uno de CEJA que habla de todos los problemas que ha tenido principalmente el Ministeiro Público para investigar con debida diligencia, todas las causas, todas las violaciones de derechos humanos en general, pero en particular con la violencia sexual. También hay diversos problemas que ocurrieron en términos, por ejemplo, de tomar los testimonios de manera oportuna, testimonio tanto a las víctimas denunciantes como a los presuntos implicados. en la mayoría de estos casos son carabineros los denunciados”.

A ello Infante agregó el entorpecimiento que provocó la pandemia en las diligencias que podía hacer el Ministerio Público. “En marzo, abril, la mayoría de las instituciones públicas estaban cerradas, el Servicio Médico Legal que es el que tiene que hacer el protocolo de Estambul para determinar que hubo casos de tortura practicamente no tenía ninguna capacidad para realizarlo por el número de denuncias masivas que significaba y también porque la pandemia significó a todas las instituciones del sistema de justicia funcionar de otra manera”.

En ese contexto indicó que “muchas veces a las víctimas denunciantes de violencia sexual se las llamaba por teléfono, estaban en la casa, se les pedía que declararan en condiciones absolutamente inadecuadas para las catacteristicas que tiene generalmente estos hechos donde las víctimas son estigmatizadas”.

“Todavía se sienten avergonzadas por denunciar este tipo de casos, porque saben que hay una revictimización tanto de la sociedad como el sistema de justicia, por lo tanto ahí hubo varias fallas que tiene que ver con el sistema, con la institucionalidad y que ha repercutido en que ahora solo exista una condena por violencia sexual”, relevó.

En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, advirtió que la negación de la violación a los derechos humanos es un asunto que está volviendo a repitirse en el país. “Este es un deja vu, esto ya lo pasamos, esto ya lo vimos, esto ya lo sabemos y que se va a reiterar en el tiempo”, afirmó.

“Durante muchos años en Chile hubo una posición de un sector político que manifestó que en Chile no hubo detenidos desaparecidos, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, luego salieron los informes Rettig, los informes Valech donde dan cuenta de esta sistematicidad en cuanto al tipo de conducta y el tipo de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Hoy día vemos que un grupo de parlamentarios habla nuevamente de que estos hechos no ocurrieron, de que aquí no hay condenas y que por lo tanto esto implica que el señor Presidente tiene que dar disculpas a los Carabineros”, sostuvo.

En ello, Casas señaló que “una cosa es la existencia de un hecho, distinto es la capacidad de corroborar quién fue el responsable de la comisión de esos delitos”. Además indicó que “las agresiones sexuales a lo largo del país fueron recogidas no meses después, estas fueron recogidas en forma casi inmediata en la medida que estos hechos estaban ocurriendo, por lo tanto es bastante raro decir después de la visita de la Comisión Interamericana, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, de los reportes internos realizados por Amnistía, Human Rights Watch, que este tipo de situaciones no se produjeron”.

En ese sentido aseveró que “aquí hay una vuelta al pasado y esa vuelta al pasado con ese tipo de argumentación, de discurso, narrativa, es realmente preocupante. Es como que en Chile volvieramos a decir que no hubo detenidos desaparecidos”.

En cuanto a las recomendaciones que pueda adoptar el Estado para viabilizar las casuas por violencia sexual, Casas reparó en que “la capacidad que tenía para reaccionar el Estado hace dos años atrás no es la misma que pueda tener tres años después”.

Por ello hizo hincapié en las medidas que extiende en el informe del Centro de Derechos Humanos de la UDP en términos de reparación a las víctimas. “Ahí hay un conjunto de recomendaciones que tiene que ver con qué es lo que ha sucedido con aquellas personas que resultaron gravemente lesionadas y cómo el Estado se asegura no solamente de entregar una pensión de gracia que fue lo primero que apareció como una cuestión evidente en noviembre y diciembre del año 2019, incluso por las autoridades que estaban en el Ministerio de Justicia en ese momento, sino como uno enfrenta la cuestión de la reparación de una forma muy integral, y avanzar en las investigaciones donde haya mayores antecedentes colocando todos los esfuerzos posibles”.

Ahora bien acotó que “estas no son investigaciones fáciles, porque como nosotros decimos en el informe estamos investigando a quienes normalmente son los que investigan los delitos y por lo tanto hay algunas dificultades más bien estructurales de cómo avanzar frente a esto”.

Publicado en diario electrónico de Radio Universidad de Chile

Curso sobre prevención de la tortura y recomendaciones internacionales dirigido a Gendarmería culmina con éxito

Fabiola Gutierrez — Fri, 11 Dec 2020 12:59:43 +0000

La capacitación –realizada por OPCIÓN, Corporación Humanas y Observatorio Ciudadano, en el marco del proyecto OPCAT- finalizó con una clase magistral dirigida por Enrique Font, ex miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas.

En el marco de la ejecución del proyecto desarrollado por Corporación OPCIÓN, Corporación Humanas y el Observatorio Ciudadano, gracias al Fondo Especial de Prevención de la Tortura entregado por el Subcomité Contra la Tortura, se realizó el curso en línea sobre Prevención de la Tortura y las Recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas, dirigido a funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Arica a Magallanes, que comenzó el 16 de noviembre de 2020 y culminó el 9 de diciembre de 2020 con la clase magistral del abogado y ex miembro del SPT, Enrique Font.

Font realizó su exposición sobre materia tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en recintos penitenciarios, donde relevó la importancia de promover que los Estados cumplan las recomendaciones del SPT: “El principal desafío que tenemos es conocer el fenómeno. El Estado y la Sociedad deben saber qué sucede respecto de los derechos de las personas privadas de libertad. No hay política pública posible sin conocimiento del fenómeno”, sostuvo.

Una vez concluida la exposición, las organizaciones a cargo del curso se refirieron al tema desde una perspectiva de género; desde el punto de vista de la protección a la niñez y la adolescencia; y en torno a la relación respecto de los pueblos originarios.

Paula Salvo, abogada y miembro del Observatorio Ciudadano, destacó el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a la labor que hace el Estado. Asimismo, explicó que “si uno analiza los informes en torno a los pueblos originarios, se tiende a pensar de qué manera podría Gendarmería seguir aplicando un trato diferenciado -que no sea discriminatorio- de manera responsable, proactiva y haciendo cumplir los derechos de éstos. La respuesta es: conociendo la normativa internacional y conociendo lo que ha dicho el subcomité en su visita a Chile”.

Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut, fue enfática en señalar que hoy “las mujeres que están siendo sometidas a la privación de libertad, ven doblemente afectados sus derechos humanos, pues la institucionalidad no responda a las necesidades propias ellas. Por ello, entregar una perspectiva de género nos permite identificar ciertas variables en las realidades que viven mujeres, que pueden contribuir a que el ejercicio de la función pública sea más fructífero y estemos mucho menos expuestos de cometer algún tipo de omisión o vulneración de Derechos Humanos”.

Por su parte, la Coordinadora de Seguimiento Legislativo y Redes de OPCIÓN, Camila de la Maza, profundizó sobre las obligaciones del Estado en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en relación a los y las adolescentes privados/as de libertad. “Ha habido una invisibilización de las personas privadas de libertad como sujetos titulares de derechos. Eso se acrecienta cuando son adolescentes, que es un espejo de nuestra comunidad, para la cual los y las adolescentes siguen siendo muy invisibles en su calidad de sujetos titulares de derechos. Este es un desafío de la sociedad en su conjunto”.

Finalmente, Enrique Font afirmó que “Violar la dignidad de una persona, su integridad física, maltratarla, omitir o incumplir con alguno de sus derechos; no solo deshumaniza a la víctima, también deshumaniza al perpetrador y desprestigia a la institución que lleva adelante.

Nota publicada por Corporación Opción

La última batalla contra la dictadura de Pinochet: tres mujeres luchan en los tribunales para que se condenen las torturas sexuales

Fabiola Gutierrez — Fri, 11 Sep 2020 19:59:50 +0000

» alt=»El Estadio Nacional Santiago fue uno de los centros por el que pasaron cerca de 40.000 detenidos y detenidas después del golpe de Estado de 1973.» data-was-processed=»true» />

“Me obligaron a tomar drogas, sufrí violación y acoso sexual con perros, la introducción de ratas vivas por la vagina y todo el cuerpo. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano que estaban detenidos. Tenía 25 años. Estuve detenida hasta 1976. No tuve ningún proceso”. Es uno de los testimonios que recoge el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile (Comisión Valech, llamada así por el obispo que la presidió) que identificó a las presas políticas de la dictadura de Pinochet (1973-1990), tras el golpe de estado perpetrado contra el gobierno de Salvador Allende hoy hace 47 años.

3.400 mujeres hablaron ante el organismo, un 12,5% del total de los declarantes, y “casi todas dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades”, según el informe. Más datos: 316 dijeron haber sido violadas y 229 fueron detenidas estando embarazadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en cautividad.

La cantidad de mujeres víctimas de violencia sexual que dejó la dictadura chilena, sin embargo, no se reducen ni mucho menos a las cifras de este informe. Lo aclara el propio documento, pero también las supervivientes. “Es una cifra subvaluada porque la violencia política-sexual no fue parte de los registros oficiales y los datos corresponden a lo que dijimos las mujeres de manera espontánea, sin un registro específico”, explica Beatriz Bataszew, de 65 años e integrante de los colectivos Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y Memorias de Rebeldía Feminista.

Bataszew sobrevivió a la violencia sexual perpetrada por los agentes del estado en un recinto llamado la Venda Sexy, un ex cuartel ubicado en un sector residencial de Santiago, conocido así por la cantidad de crímenes sexuales que allí se cometieron. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización de la izquierda radical, y llegó al lugar una noche de diciembre de 1974. Ahí permaneció seis días, antes de ser trasladada a otro centro de detención. En el subterráneo fue violada y torturada durante toda la noche. “En este recinto se practicó con especial énfasis la tortura sexual; eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que se valían de un perro adiestrado”, apunta el informe Valech. La oficial de Carabineros Ingrid Olderock Bernhardt fue la responsable de entrenar a un perro ovejero alemán al que bautizó como “Volodia” –en referencia a un dirigente comunista de la época– para que violara a las mujeres detenidas.

En 2004, cuando se presentaron las primeras denuncias por las atrocidades cometidas en esos años, Bataszew se querelló por secuestro, tortura y asociación ilícita para delinquir. Tras casi una década de tramitación, sobreseyeron su causa. No hubo sentencia ni condenados. Pero en 2016 insistió ante la justicia con una nueva querella. Esta vez, sin embargo, decidió poner énfasis en las torturas sexuales a las que la sometieron.

Un recorrido “sencillamente espantoso”

Hasta la fecha, solo se han presentado siete querellas por violencia sexual como forma de tortura durante la dictadura. Una cifra mínima considerando la cantidad de mujeres que los represores convirtieron en su botín. La mayoría no quiere revivir la brutalidad de aquellas experiencias décadas después o no logra culminar el proceso. “Cuando iniciamos las querellas fuimos muchas mujeres las que nos decidimos a llevar esto adelante, pero el camino es muy duro y muchas quedaron a la mitad”, señala Beatriz Bataszew.

Patricia Herrera fue la primera en ir a la justicia, en 2010, y tuvo que esperar nueve años para que un tribunal condenara a cinco años de prisión al policía que la violó. Fue secuestrada en junio de 1974 y trasladada a El Hoyo, el subterráneo de las dependencias policiales de la plaza Constitución, donde se encuentra el palacio de La Moneda. Era el mismo lugar donde estaba Ana María Campillo: “Alcancé a ver a Patricia con la vista vendada cuando llegó donde yo estaba secuestrada”, recuerda. Ambas fueron detenidas por los agentes del Servicio de Inteligencia de la Policía (SICAR) y permanecieron en ese sótano durante varios días, con los ojos vendados, esposadas y sometidas a violaciones y abusos reiterados por parte de sus secuestradores. Eran estudiantes y militantes socialistas. Patricia tenía 19 años y Ana María 21.

Campillo denunció su caso en 2015. Lo hizo después de participar como testigo en querellas de otras víctimas. “Finalmente cristalizó la necesidad de hacer también algo por mi caso”, reconoce. Herrera, por su parte, se decidió a denunciar cuando logró “construir un relato” que pusiera énfasis en la tortura sexual a la que sobrevivió. “Yo no tenía recuerdos, me faltaba la memoria, pero también convencerme de que ese tipo de violencia particular hay que denunciarla porque no era la misma que se ejercía en contra de los presos [hombres]”, cuenta.

Para las querellantes, el proceso judicial ha sido un recorrido “sencillamente espantoso”, en palabras de Bataszew. Las mujeres han sido permanentemente revictimizadas: sometidas a careos con sus torturadores, interrogadas por el Instituto Médico Legal, obligadas a revivir el terror en reconstrucciones de escena, cuestionadas por la prensa –por los delitos denunciados o por hacerlo décadas después– y expuestas ante la opinión pública: “No es lo mismo decir ‘estuve presa’ que ‘me violaron’, es nuestra intimidad la que sale a la luz”, precisa Patricia Herrera. Incluso han tenido que soportar que otros minimicen su dolor. Es un segundo castigo. “Genera una negación de lo que te pasa, una dificultad en el reconocerse como una víctima válida, digna de exigir justicia, y acabas silenciando tu experiencia”, expresa Ana María Campillo.

“Daño colateral”

Las tres mujeres llegaron a la justicia porque entendieron que la suya es una “decisión política”, una batalla para “sobreponerse al miedo” y “hablar por aquellas mujeres que desaparecieron, las que ya no están y también vivieron eso mismo”, insiste Patricia. Y también es político su interés en que la tortura sexual sea considerada para la justicia como delito específico. “El aparato judicial nunca consideró esta violencia”, critica Bataszew. Comenta que las declaraciones tomadas a finales de los 70 a mujeres que mencionaron violaciones o abusos con animales quedaron como “tratos humillantes”. “Nunca fue considerado un crimen por sí mismo, siempre fue considerado parte de la tortura, como un daño colateral de poca monta”, añade.

Para Patricia Herrera, se trata de un “atentado especial hacia la dignidad de las mujeres”. Aún tiene en la cabeza como sus secuestradores apuntaban a su condición de mujer y joven: “Me decían: ‘¿qué hace una joven metida en estas cosas, cuando podrías tener una vida mejor? Después, ellos mismos me violaban. Era su forma de decirme por qué transgredes tu condición”.

Sin esconder su desconfianza en la justicia, las tres esperan respuesta de los tribunales. Quieren que en los fallos se especifiquen los tormentos sexuales a los que fueron sometidas y aumentar las penas de sus torturadores. El fin último de la decisión de recurrir a la justicia, pero, lo resume Bataszew en una frase: “Lo más importante es que quede claro que en este país militares, carabineros, PDI y gendarmes violaron, abusaron y cometieron crímenes sexuales contra las mujeres”.