Lo que pasó. Durante la tarde de ayer lunes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción dictó sentencia contra Carlos González, de 75 años, como el autor del delito de femicidio íntimo contra su esposa en la comuna de San Pedro de la Paz.

Los hechos se remontan al 15 de diciembre de 2020, cuando el hombre asesinó a su esposa en la vivienda que compartían en el sector Michaihue de la comuna. La mujer había denunciado al agresor por violencia intrafamiliar ante Carabineros y  solicitado acompañamiento legal y psicológico.

El caso marca un hito pues se trata del primero en la Región del Biobío que se investiga usando las herramientas de la Ley Gabriela.

Fallo. En definitiva, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción condenó a Carlos González a la pena de 17 años de cárcel por el delito de femicidio íntimo. Además, se estableció una indemnización de 50 millones de pesos por daño moral al hijo del matrimonio.

Ley Gabriela. El 2 de marzo de 2020 se promulgó la denominada Ley Gabriela, en homenaje póstumo a la joven Gabriela Alcaíno Donoso, asesinada junto a su madre por su pololo el 12 de junio de 2018.

La Ley Gabriela está destinada a sancionar la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de femicidio a los casos en que ocurre fuera de una relación afectiva -femicidio por causa de género- y el femicidio íntimo que incorpora la relación de pareja con el autor del delito, habiendo existido o no convivencia. De igual modo incorpora la figura de la violación con femicidio.

Los culpables podrán ser condenados con penas desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional a fines de 2018 tras una moción presentada por las parlamentarias Karol Cariola, Camila Vallejo, Gael Yeoman, Marcela Sabat, Cristina Girardi, Maya Fernández, Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Jaime Tohá y Víctor Torres. Además, la iniciativa contó con el respaldo del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La abogada de la Corporación Humanas, Luz Reidel, detalló la importancia de la puesta en marcha de la Ley Gabriela.

“Hasta la aplicación de esta ley en el año 2020 cualquier feminicidio que se realizara fuera de las hipótesis de convivencia, eran sancionados como homicidio simple u homicidio común, quedando invisibilizada la violencia en el pololeo y cualquier de relación afectiva fuera de la convivencia (…) Esta ley incorpora dos distintas hipótesis, por una parte, la violencia en razón de género y además, el femicidio en razón de relaciones afectivas distintas de la convivencia en pareja”, sostuvo.

Publicado en Súbela 

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa  #SuperCiudadanos en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular «SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

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