La conferencia “Financiamiento de Servicios Públicos: Garantizando derechos humanos para la construcción de la sociedad del cuidado” se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Partió con la premisa de que reconstruir la organización social del cuidado requiere fortalecer los servicios públicos universales de calidad.

El primer panel abordó la situación financiera global de los cuidados, con ponencias de Camila Barretto (GI-ESCR), Jan Jarab (ACNUDH) y Carolina Rudnick (Fundación Libera). En el segundo espacio se conversó sobre la realidad chilena, con intervenciones de Zoe Zabala (Ministerio de Desarrollo Social de Chile), Paula Salvo (Corporación Humanas), Valeria Altamirano (ISP) y Claudia Iriarte (CDH-UCH). Paula Salvo destacó que “hablar de bienestar de las mujeres significa hablar de política fiscal, de los servicios públicos y del rol de los municipios. El financiamiento del bienestar de las mujeres requiere romper con la lógica de que el cuidado es una responsabilidad privada”, llamando a la corresponsabilidad social en torno a los cuidados.

El tercer panel exploró cómo construir una sociedad de cuidados basada en derechos humanos, estándares internacionales y alternativas de desarrollo. Participaron Valentina Contreras (GI-ESCR), Fernando Pardo (Observatorio Ciudadano) y Julieta Rossi (Comité DESC-ONU).

La conferencia fue organizada por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y la Red-DESC, con el apoyo de la Alianza Global por los Cuidados y el financiamiento del Institut für Auslandsbeziehungen.

El pasado 17 de abril, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y Corporación Humanas, enviaron una contribución escrita al Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas, Surya Deva. El documento forma parte del informe anual sobre la relación entre igualdad de género y el derecho al desarrollo.

La contribución destaca que el trabajo de cuidados, mayoritariamente no remunerado, recae de forma desproporcionada sobre mujeres y niñas en todo el mundo, perpetuando la pobreza multidimensional, las desigualdades de género y obstaculizando el desarrollo. Se propone transitar hacia una “sociedad del cuidado”, entendida como un modelo que reconoce la interdependencia humana, promueve servicios públicos de calidad y garantiza el cuidado como un derecho humano.

Las organizaciones firmantes llaman a los Estados a adoptar políticas públicas con enfoque interseccional que redistribuyan el trabajo de cuidados entre hogares, comunidades, empresas y el Estado; que protejan los servicios públicos de la mercantilización; y que aseguren la participación sustantiva de mujeres y niñas en todas sus diversidades.

Entre las recomendaciones clave destacan: consagrar el cuidado como derecho humano, garantizar inversión pública sostenida, promover una transición justa y adoptar políticas fiscales progresivas que sustenten estos cambios estructurales.

Lee aquí el documento completo con las contribuciones