Lunes 02 de junio, 2025.- Durante los primeros días de junio, el Gobierno ingresó oficialmente a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo por plazos. Esta iniciativa representa un paso fundamental en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, más allá del limitado marco actual de las tres causales.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Corporación Humanas, APROFA, Miles Chile, Abofem, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Ginecólogas Chile, se hicieron presentes en el Congreso Nacional para respaldar esta iniciativa legislativa. Nuestra abogada y vocera, Laura Bartolotti, estuvo presente en Valparaíso junto a otras defensoras de derechos, destacando la importancia de abrir un debate que reconozca la realidad de miles de mujeres y niñas en Chile.

“Creemos que el proyecto de ley debe discutirse con seriedad y responsabilidad. Esperamos que las y los parlamentarios de la Comisión de Salud y de Constitución pongan el tema en tabla y convoquen a especialistas y a la sociedad civil a debatir en base a evidencia desde un enfoque de derechos, salud pública y vida libre de violencia. No se puede seguir postergando esta discusión por prejuicios o posturas ideológicas que desconozcan la realidad de miles de mujeres y niñas”, señaló Bartolotti.

Uno de los puntos que ha generado inquietud es que el proyecto no fue derivado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, lo que podría limitar el enfoque integral que esta discusión requiere. Desde Corporación Humanas seguiremos observando con atención la tramitación legislativa y promoviendo la participación activa de organizaciones sociales en el proceso.

“Las barreras que hoy enfrentan las mujeres, incluso para acceder al aborto en las tres causales vigentes, vulneran gravemente sus derechos. Este proyecto busca responder a esa realidad, reconociendo que ninguna mujer debe ser obligada a continuar un embarazo que ponga en riesgo su integridad o bienestar”, agregó nuestra vocera.

¿En qué consiste el proyecto?

El mensaje del Ejecutivo reconoce que, si bien la ley N° 21.030 fue un avance, su implementación ha presentado serias dificultades en el acceso a la prestación. Por eso, la propuesta actual busca también remover obstáculos que impiden o dilatan innecesariamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en concordancia con los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por Chile.

El proyecto contempla cuatro artículos permanentes y dos transitorios. Entre los principales aspectos que regula:

– Permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, a petición de la mujer, adolescente o niña embarazada.

– El Ministerio de Salud deberá dictar las normas técnicas que regulen esta prestación.

– La voluntad debe expresarse según las mismas reglas la actual legislación del aborto. Se reconoce el derecho a recibir información veraz, completa y oportuna.

– Se mantiene la objeción de conciencia personal e institucional según lo señalado en el Código Sanitario.

– El Estado tiene el deber de implementar medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a la prestación y a la información.

– Se modifica el Código Sanitario, reconociendo la interrupción voluntaria del embarazo como parte de las funciones profesionales de la matronería, permitiendo además indicar, usar y prescribir los medicamentos necesarios para esta atención.

Desde Corporación Humanas valoramos este avance legislativo como una oportunidad para ampliar derechos, resguardar la salud y la autonomía de las personas gestantes y garantizar un Estado que no imponga maternidades forzadas. Seguiremos impulsando el debate público con base en la evidencia, el derecho y el compromiso con una maternidad libre, segura y deseada.

Las sociedades democráticas evolucionan, dialogan y avanzan en reconocimiento de derechos, especialmente cuando sus clases políticas escuchan las necesidades de las personas. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de los derechos de quienes sufren en secreto y soledad. La maternidad no deseada para las mujeres es todavía un tabú. En Chile abandonar tu salud y tus proyectos de vida por un embarazo no deseado o inoportuno es una obligación legal.

No importa si no tienes cómo llegar a fin de mes, si sufres de violencia de pareja, si la carga de cuidados se vuelve insostenible, si no resistes los dolores o estás enferma y el embarazo solo va a empeorar tu calidad de vida. No importa si no has accedido a salud sexual y reproductiva ni educación sexual integral para prevenir un embarazo. No importan tus circunstancias económicas, sociales, ni familiares o si tu salud mental está deteriorada. Tampoco importa la inexistencia de apoyo social si te encuentras en un estado de vulnerabilidad extrema.

El Estado exige que llegues a término con ese embarazo, pero al mismo tiempo te expone a la discriminación laboral si eres madre o a cuidar sin seguridad social. Ni siquiera importa que los niños y niñas cuyos padres no pueden cuidarlos vean vulnerados sus derechos más básicos por el propio Estado.

Estas realidades no se mencionan en el debate. En su lugar se construyen caricaturas sobre el aborto para evitarlo a toda costa. Se dice que hay temas más importantes que legislar o debatir -aunque veamos proyectos de ley para proteger las olas del surf- o que se propone con fines electorales. Los proyectos de vida de las mujeres parecen no tener suficiente valor para un debate político serio y técnico.

¿Por qué estás necesidades no quieren ser escuchadas en el Parlamento? ¿Por qué las mujeres no podemos exigir disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental en torno a la reproducción? ¿Por qué no se habla de maternidades deseadas y en condiciones dignas?

El aborto ya ocurre en Chile, con barreras de acceso para quienes logran probar una causal legal extrema (la violación, el riesgo para la vida o inviabilidad después del parto). Y ocurre también en la clandestinidad, sin garantías ni justicia social, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Quienes no encajan en las causales de la ley 21.030 se ven forzadas a abortar en la ilegalidad, asumir embarazos no deseados o a enfrentar procesos judiciales injustos.

Legislar sobre el aborto no obliga a nadie a abortar, pero sí garantiza que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura y legal. Hoy, las mujeres más vulnerables enfrentan riesgos, estigmas y cárcel por el hecho de no asumir la imposición legal de terminar un embarazo perjudicial para sus vidas.

Necesitamos un debate serio y empático sobre el aborto, basado en derechos y evidencia. Una conversación que ponga en el centro a las personas y la dignidad de la vida, y no las ideologías ni creencias religiosas.

Invitamos a todas las personas a conversar, informarse y exigir que el Parlamento escuche estas realidades. Legislar sobre aborto es legislar para la calidad de vida y la dignidad de las mujeres que hoy no tienen voz.

Columna publicada en El Mostrador el 29 de mayo de 2025.- 

Hace 5 años entró en vigencia la ley N° 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y violación). Hasta agosto del presente año, según información recopilada por Corporación Humanas vía Ley de Transparencia, un 43% de los/as  médicos/as obstetras contratados/as en hospitales públicos son objetores/as de conciencia en la causal de violación, mientras que en el caso de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal hay un 15,3% y 23,1%, respectivamente.

—–

A nivel nacional, hay 1338 obstetras contratados/as en los establecimientos de salud pública que están habilitados para realizar la interrupción del embarazo en 3 causales (ley IVE). Del  total anterior, 576 (43%) profesionales se acogen a la objeción de conciencia si la causal invocada es el embarazo producto de una violación. Por otro lado, 309 (23,1%) obstetras se declaran objetores en la causal inviabilidad fetal y en el caso de embarazos de riesgo vital, son 205 (15,3%) funcionarios. 

Al hacer un análisis en profundidad, se da cuenta de que en todos los hospitales públicos que realizan este procedimiento (68) la causal con mayor objeción es el embarazo producto de una violación. Inclusive, hay 4 establecimientos en donde todos/as los/as obstetras son objetores en la misma causal. Siendo estos el Hospital de Cauquenes y el Hospital de Constitución ubicados en la Región del Maule; y el Hospital de Pitrufquén y el Hospital de Lautaro de la Región de la Araucanía.

Es particularmente grave que en el Hospital de Cauquenes todo el equipo -médicos/as obstetras, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos- que está habilitado para hacer la interrupción del embarazo es objetor de conciencia en las tres causales. Es decir, ninguna mujer o niña que se atiende en ese hospital puede acceder en ese establecimiento a la interrupción que está asegurada por ley.  

A 5 años de la entrada en vigencia de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la activista de la Asamblea por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, realiza un análisis respecto a la implementación de ley: “Cuenta con deficiencias de base estructurales como, por ejemplo, que no se pueda entregar información a las mujeres, a las personas, a las pacientes, la existencia de la objeción institucional, lo limitado de los plazos para la tercera causal y más”.

En esa misma línea, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, menciona que esta ley contiene barreras y obstáculos que “dificultan que las mujeres y las niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que define la ley IVE”, como lo es la falta de información sobre la ley. Por otro lado, la abogada señala que esta misma falta de información ocurre en los propios equipos de salud pues “desconocen los alcances de esta ley y la responsabilidad que se les asigna”. 

Para la abogada también es preocupante que a las mismas usuarias no se les informe sobre este derecho. “Es bastante grave que una política pública tan relevante no se difunda adecuadamente, que no existan campañas como en otros temas de salud”, señala. Asimismo, considera urgente que los equipos de salud tengan capacitación y que se enfatice en la atención primaria, ya que son los recintos con mayor cercanía de la población.

En la actualidad, de acuerdo a la información obtenida por Ley de Transparencia, los únicos hospitales públicos que no tienen obstetras objetores en ninguna causal son: el Hospital de San Carlos en la Región de Ñuble, el Hospital de Curanilahue de la Región del Biobío y el Hospital de Puerto Aysén de la Región de Aysén.

El equipo médico 

Para realizar la interrupción del embarazo en sus 3 causales se necesita un equipo conformado por: un/a médico/obstetra, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos. Al igual que el caso de el/la obstetra, los otros funcionarios de salud también pueden abstenerse de hacer el procedimiento quirúrgico, por lo tanto, aunque un establecimiento de salud tenga obstetras no objetores, si el resto del equipo es objetor tampoco se puede hacer la interrupción del embarazo. 

Un ejemplo de lo anterior es la situación del Hospital de Vallenar (Región de Atacama) y el Hospital de Lautaro (Región de la Araucanía), en donde todos/as los/as anestesistas son objetores de conciencia en las 3 causales.  Según el artículo 119 ter del Código Sanitario¹, en estos casos los establecimientos de salud deben derivar de “forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción”.

Continuando con el desglose de información, se observa que el resto del equipo que participa en el procedimiento de interrupción del embarazo también presenta una tasa de mayor objeción de conciencia en la causal de violación. Vale decir, los médicos/as anestesistas muestran un 21,4% de objeción en la causal de violación mientras que los profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos representan un 15,6% y un 12,9% respectivamente.  

Pero, ¿por qué la violación es la causal con más objeción de conciencia? En el Informe de Monitoreo Social sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo  y a la Salud Sexual y Reproductiva en Tiempos de Coronavirus 2020, producido por la Mesa Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, explica que existen múltiples factores por lo cual la violación es la causal con mayor objeción, entre algunas de ellas, los juicios valóricos que hacen los/as funcionarios/as de salud. El informe señala que “en las primeras dos causales el diagnóstico que valida las causales es acreditado por el propio personal médico, mientras que en la tercera ‘la carga de la prueba’ recae en la palabra de la mujer, la que genera profunda desconfianza”, provocando que los y las profesionales rechacen o se retracten de efectuar el aborto en esta causal. 

Incluso, en el informe, una psicóloga perteneciente a la unidad Alto Riesgo Obstétrico (ARO) de un hospital de la zona centro del país, dice que “hay un número -de ginecólogos- que no objetan, pero que terminan siendo igual de vulneradores con las mujeres, que les ponen en duda, que expresan comentarios religiosos como para tratar de que cambien su opinión, a pesar de que no son objetores de conciencia en papel”. 

Acceso a la ley N° 21.030

Los artículos 119 ter y 119 quater del Código Sanitario han dificultado el acceso a la ley de interrupción del embarazo en tres causales debido a que en el primero se consagra la objeción de conciencia, ya sea para el equipo que se desempeña en el pabellón y/o el establecimiento de salud privado, mientras que en el segundo, se prohíbe “la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales del inciso primero del artículo 119”. Un ejemplo de esto es que las clínicas que realicen este procedimiento no pueden promover información sobre este derecho. 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe Especial de Fiscalización Focalizada: Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo, realizado por el Consejo para la Transparencia en 2021, de los 107 organismos prestadores de la red de salud² que fueron fiscalizados y que están vinculados al ejercicio de este derecho, no se pudo acceder a los protocolos de atención en 1 de cada 3 organismos. Asimismo, los protocolos no están “disponibles de manera permanente para quien esté interesado” en la página de Transparencia Activa. 

La integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina considera la prohibición de entrega de información como algo gravísimo, pues en otros casos como enfermedades crónicas, los servicios de salud difunden información sobre los síntomas, prevención, etc. Esta situación desde la perspectiva de la activista “no se puede excluir la interrupción del embarazo porque involucra -de alguna manera- situarla dentro de la ley en un lugar de clandestinidad y eso atenta contra los derechos de las mujeres y de todas las personas”.  

Los protocolos 

De los 107 establecimientos de salud fiscalizados en el informe del Consejo por la Transparencia, solo 44 servicios reportaron sus respectivos protocolos de atención. Ahora bien, el documento constata que fueron entregados 58 protocolos, ya que hay organismos que cuentan con más de uno. No obstante, conocer si se está realizando una efectiva implementación de estos es una problemática que aún es difícil de comprobar. 

El monitoreo creado por la mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia relata testimonios de las capacitaciones de los/as funcionarias/os de la atención primaria de salud (APS) y de la atención secundaria de salud. Respecto a la primera, una matrona de la zona centro del país dice: 

«Yo en el tiempo que llevo, jamás he recibido una instrucción del servicio de salud, ni de nivel municipal, en relación al tema (…) solo hemos recibido ese material educativo que eran estos carteles y los flyers, pero no hemos recibido ni capacitaciones ni una orientación específica a nivel del servicio de salud«.

En general, apunta el informe, la capacitación se ha centrado en la atención secundaria y no en los y las funcionarias de la primera. Una situación preocupante puesto que las mujeres, cuando buscan atención ginecológica, muchas veces ingresan por el sistema  primario de salud. Y, al final, «los equipos de atención primaria no necesariamente cuentan con la preparación para informar, guiar y derivar a una paciente”, dice el documento.

Las capacitaciones al personal de salud son clave para las mujeres que quieran acceder a este derecho. “Hay mujeres que pudiendo haber constituido una causal no pudieron decidir sobre una interrupción del embarazo porque quién las atendió no les entregó la información o se las presentó como una opción”, narra el informe. Es más, una psicóloga de la unidad ARO de la zona sur cuenta:

“En el sur del país se relata el caso de una joven atendida en APS con un embarazo por violación y donde el equipo tardíamente se dio cuenta que podía haber accedido a la IVE. Pasa que los médicos, la verdad, no conocían nada de la ley, pero nada. Es como que la pega, la ley IVE es de la matrona, cuando evidentemente causal 3 es una causal que le puede llegar a un técnico paramédico un fin de semana o al psicólogo o a cualquiera”.

Si bien existe un mayor enfoque en las capacitaciones del sector secundario de la salud y se ha avanzado en mayor profundización en capacitación y cursos sobre la ley o que se relacionen con la misma, el monitoreo señala que hay funcionarios que reconocen la necesidad de «no tan solo manejar información técnica, sino también comprender la importancia de la empatía y la parte emocional de un proceso como este». Una trabajadora social ARO de la zona sur comenta:

“Fue muy polémica esta ley entonces todavía hay personas que tienen eso de criticar, que no se sabe bien qué es lo que se hace. Yo creo que la capacitación, concientizar, en ser empático. Nuestras capacitaciones que hacemos en conjunto con la psiquiatra van enfocadas en poder tocar ese lado sensible de las personas porque es fácil hablar de afuera, cuesta mucho ponerse en los zapatos de la otra persona”.

Lo que pudo ser y lo que viene por delante

Al igual que distintas problemáticas de nuestro país, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pudo tener cambios sustanciales con la propuesta constitucional del 2022. Siomara Molina explica que en el caso de la objeción de conciencia “es algo que tendría que haberse regulado mediante un proceso legislativo”, mientras que la  prohibición de la publicidad “podría eventualmente haber cambiado, pero es algo que tendríamos que haber intencionado desde otros lugares para que ocurriera, ya sea desde la institucionalidad pública o desde la sociedad civil”. La activista destaca que la propuesta de texto constitucional del 2022 creaba un marco para avanzar hacia la despenalización del aborto, pero que “no establecía una regulación detallada, porque eso es materia de ley”.

En cuanto a las negociaciones que se están dando en el Congreso para un nuevo proceso constituyente, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, dice que los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país fueron parte de los acuerdos mínimos de la «denominada hoja en blanco ya definida en el acuerdo del 2019 y en las reformas constitucionales que habían materializado dichos acuerdos».  Y que dentro de estos derechos humanos protegidos están los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, se entiende que los derechos sexuales y reproductivos «no deberían depender del contenido o texto expreso» de la nueva propuesta si se mantienen estos tratados como parte de los acuerdos.

 1 Art. 119 ter inc. 1: “El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. (Biblioteca Nacional del Congreso).

² Prestadores de salud, según el informe Especial de Fiscalización Focalizada, Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo: 52 Hospitales Autogestionados; 4 Hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; 16 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud; 29 Servicios de Salud; 6 Organismos de la Administración Central del Estado.

³ Atención Secundaria: Corresponde a los establecimientos que brindan atención ambulatoria y sólo a pacientes que hayan sido derivados desde el nivel primario o tras consultar las Unidades de Emergencia, cuando el profesional de la salud ha determinado que requiere atención de mayor complejidad.

Por Danitza Soto, periodista del equipo de comunicaciones de Corporación Humanas 

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa  #SuperCiudadanos en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular «SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

Escuchar el podcast

En todos los países, incluido Chile, las leyes se organizan de manera jerárquica, como una pirámide y en la punta se encuentra la la Constitución, sobre todas las demás normas, regulando entre otras cosas los principios y valores que guían la vida en común, los derechos y libertades de las personas, la estructura del Estado, las obligaciones, atribuciones y límites de los órganos públicos, entre otras cuestiones fundamentales.

Una guía breve y sencilla sobre el proceso constituyente y los derechos sexuales y reproductivos.

Descarga el cuadernillo Una nueva Constitución para todas.

• Frente a la votación del proyecto de ley sobre despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación ante la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, previsto para este martes 28 de septiembre, organizaciones feministas y de mujeres llaman a su aprobación
• Se espera que el Congreso Nacional legisle en esta oportunidad en base a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país, en lugar de las convicciones morales personales de las y los congresistas

Santiago de Chile, otros territorios, 27 de septiembre de 2021.-  La dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales constituyó un gran avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en Chile, al permitir la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar la atención de salud en casos de riesgo vital, inviabilidad fetal y violación. Sin embargo, se trata de una legislación limitada que solo resguarda a las mujeres en situaciones excepcionales y definidas de manera muy estricta, manteniendo severas sanciones penales a quienes deciden interrumpir sus embarazos por fuera de las tres causales.

La actual legislación no cautela el derecho a decidir ni la maternidad voluntaria de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, ni reconoce su condición de sujetas de derecho, sino únicamente a quienes se encuentren en alguna de las causales legales, supeditado a la decisión de los equipos de salud que así lo confirmen.

Cabe resaltar que con posterioridad a la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, continúan vigentes sanciones penales de tres años y un día a cinco años (presidio menor en grado máximo) para las mujeres que “fuera de los casos permitidos por la ley, causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” (Código Penal, Art. 344 inc. 1).

Por ello, en agosto de 2018 se presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados una moción parlamentaria que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, que contó con amplio respaldo de organizaciones feministas y de mujeres, y de congresistas, más allá de quienes suscribieron formalmente la iniciativa. Atendidas las limitadas atribuciones con que cuentan en el país las y los congresistas, no fue posible en la oportunidad ingresar a trámite legislativo una propuesta integral sobre el derecho a decidir y garantías de atención de salud, sino únicamente una moción sobre despenalización.

Mantener vigentes sanciones penales para las mujeres que abortan limita su autonomía para decidir sobre sus vidas, desconociendo su condición de sujetas de derecho y soberanas de sus cuerpos. Mantener vigentes sanciones penales no reduce la práctica del aborto, pero estigmatiza a quienes así lo deciden y les obliga a la clandestinidad.

La amenaza del castigo penal no disuade a las mujeres que requieren abortar, pero profundiza las desigualdades sociales, exponiéndolas a riesgos para su vida y su salud e incluso a la posibilidad de ser denunciadas y verse envueltas en un proceso criminal. Estos riesgos que impone la criminalización afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables, como las niñas y adolescentes, las mujeres que no cuentan con recursos económicos, las mujeres migrantes y quienes habitan en territorios alejados, entre otras.

Llamamos a las y los congresistas a legislar conforme a los derechos de las mujeres y las niñas, protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos vigentes, y no solo en base a sus creencias morales personales, de cara al país, a la ciudadanía y especialmente de frente a las mujeres y niñas cuyos derechos les corresponde asegurar.

Las mujeres y quienes defendemos los derechos humanos esperamos que en Chile se ponga fin a la criminalización del aborto y que no se persiga más a ninguna mujer, a ninguna niña, a ninguna adolescente ni a ninguna persona con capacidad de gestar, por interrumpir un embarazo, por decidir sobre su maternidad y proyecto de vida.

Queremos que en Chile la Constitución y las leyes protejan a todas las mujeres.

La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina. Eso es lo que genera tejer lazos: un impulso que puede comenzar en cualquier lugar pero que necesariamente tendrá su repercusión para el resto, una sinergia que crece y se retroalimenta a medida que se avanza hacia las metas que se imaginaron en conjunto. Por eso, la legalización del aborto en Argentina, el 30 de diciembre de 2020 es parte de un nuevo capítulo para la historia de los feminismos del continente.

La lucha de los feminismos no es un movimiento aislado. La red que se tejió durante décadas para conquistar los derechos de mujeres y diversidades se forjó también gracias a las alianzas de los países de la región. Sin ir más lejos, fue en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 donde se estableció por primera vez la fecha del 28 de septiembre como Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.

Tal es así que a las pocas semanas, la marea verde alcanzó al país vecino: el pasado 13 de enero, Chile comenzó a debatir la despenalización del aborto hasta la semana 14 sin sujeción a causales, proyecto que había sido ingresado por primera vez en 2018 pero que nunca había sido efectivamente tratado, hasta ahora. “A partir del estallido político social de octubre de 2019, la discusión en torno a los derechos de las mujeres y las niñas  ha sido muy fuerte, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, y la aprobación de la ley sobre aborto en Argentina constituyó un impulso muy relevante para lograr que comenzara la discusión en la Cámara de Diputados”, comenta a La Primera Piedra Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, una de las organizaciones que propuso el proyecto y que juntas conforman Mesa Acción por el Aborto en Chile, nacida en el 2015 con el objetivo de generar los argumentos para instalar el debate en la sociedad.

Foto: Claudio Reyes/AFP

El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico. “La ley de las tres causales fue duramente resistida en el Congreso”, cuenta Maturana. “Los partidos políticos de oposición en ese momento que hoy son la coalición de gobierno se opusieron fuertemente durante toda la discusión legislativa en la Cámara y fueron al Tribunal Constitucional (TC) para buscar que la ley fuera rechazada”, agrega. En Chile, el TC es un órgano que tiene la facultad de dejar leyes sin efecto por considerarlas “inconstitucionales” y, a lo largo del tiempo, ha actuado en sintonía con los sectores conservadores. Es uno de los mecanismos instaurados desde la dictadura para limitar la intervención política, al igual que los “super quórum”.

El antecedente en el camino para la ampliación de derechos es la Ley 21030 que legalizó el aborto en casos de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad del feto. Impulsada por la ex presidenta Michelle Bachelet y sancionada en 2017 después de años de discusión, permitió salir de la criminalización total, situación que perduraba desde la dictadura cívico militar cuando, en 1989, se derogó el aborto terapéutico.

La resistencia durante su tratamiento fue un anticipo de los obstáculos que se presentaron al momento de su aplicación. De acuerdo a Camila Guerrero Martínez, Directora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile  (Abofem), que también integra la Mesa Acción por el Aborto, hay tres problemas fundamentales para el cumplimiento de la ley de las tres causales. “Por un parte hay falta de información, las mujeres no conocen la ley y no tenemos campañas comunicacionales donde se promocione, se explique en qué consiste y cuáles son los requisitos para poder acceder a ella, lo que hace que finalmente tengamos como principal traba de aplicación una ley que es aprobada en un gobierno de izquierda y que luego es invisibilizada n un gobierno de derecha”, explica Guerrero Martínez para La Primera Piedra. La difusión se limita a un banner  la página web del Ministerio de Salud pero, tal como comenta también Maturana, no existen en los establecimientos de salud, en territorios o en barrios, acciones de promoción que difundan la existencia de los derechos que la ley reconoce.

“En segundo lugar, otra de las trabas son las capacitaciones”, continúa Guerrero Martínez. “Si bien en la atención primaria de salud, que es donde vemos la principal dificultad, no se realizan las interrupciones, es ahí donde las mujeres llegan en primer lugar para tener algún tipo de prestación de salud de este tipo y es donde son derivadas a un nivel secundario y terciario, que son los hospitales. En este ítem podemos decir que no hubo capacitaciones suficientes, ya que solamente se desarrollaron en los hospitales, siendo muy escasas y únicamente al principio de la promulgación de la ley”, cuenta la Directora de Abofem. El tercer problema, y también el principal, es el de la objeción de conciencia, uno de los argumentos más utilizados por los sectores conservadores para obstaculizar derechos. En Chile, el TC avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.

En Chile, el Tribunal Constitucional avaló la objeción de conciencia institucional, lo que genera que muchas clínicas u hospitales completos se nieguen a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo por causales, incluso cuando muchos de ellos reciben fondos estatales y desempeñan una función pública.

“Al ser muy fácil objetar ha habido una abuso”, explica Guerrero Martínez. “En cierta forma una recurso que debería ser extremo solamente por razones de profunda convicción lleva a no cumplir la ley. Es ahí cuando se debiera autorizar por razones fundadas, sin embargo, hoy en día, vemos que solamente basta con llenar un formulario y que muchos en el personal de salud lo hacen sabiendo que podría implicar menos caga laboral. En la práctica una ley que ya era limitada y que se limita aún más porque hay menos mujeres que pueden acceder a ellas”. Por su parte Camila Maturana agrega: “Esta regulación tan amplia que se aparta de los estándares internacionales que regulan la objeción de conciencia de manera excepcional y restrictiva ha favorecido que uno de cada dos obstetras que trabaja en hospitales públicos en Chile se haya declarado objetor de ciencia en al menos una de las tres causales. La situación más crítica es la que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación”.

De acuerdo a un informe elaborado por Corporación Humanas, son 70 los hospitales habilitados para la implementación de la ley y, de 67 de ellos – de los cuales se logró obtener información – en 27 la proporción de obstetras objetores y objetoras de conciencia en casos de violación es superior al 66,6%, es decir más de dos tercios del personal contratado. Además, en al menos cinco, todos los obstetras se oponen a interrumpir dichos embarazos. Según datos de la Mesa Acción por el Aborto, se realizan en Chile entre 80 mil y 260 mil abortos por año, de los cuales únicamente un 3% representan procedimientos enmarcados dentro de la ley de las tres causales. Esto implica que la mayor parte se realiza por lo tanto en la clandestinidad, en condiciones insalubres, que ponen en riesgo la vida de las mujeres y personas gestantes.

Foto: AFP

El proyecto de despenalización hasta la semana 14 sin sujeción a causales se encuentra actualmente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, donde se estuvieron realizando audiencias públicas para recibir a expertos del ámbito de la salud, jurídico y de organizaciones de la sociedad civil. Durante el mes de febrero hay receso legislativo y, luego de las dos primeras sesiones en marzo, la discusión se reanudará. Si bien es un paso importante en el camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito, el proyecto de despenalización se centra en eliminar el carácter de delito pero no garantiza el derecho de interrupción voluntaria del embarazo y la atención de salud para todas las mujeres y personas gestantes que lo requieran. Uno de los motivos es que fue presentado por parlamentarias que constitucionalmente no tienen la atribución para proponer proyectos de ley que involucren gasto público.

“Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.

Al respecto, Guerrero Martínez comenta: “Sabemos que el proyecto de ley tiene esas dificultades porque finalmente no traducen la potencia transformadora que se ha sostenido en las calles por parte del movimiento feminista y que debiera traducirse en una discusión legislativa constitucional que vaya mucho más allá de la mera despenalización. Eso hace que estemos planteando, ya con miras al proceso constituyente que se viene, que la discusión avance, se transforme y mute a pensar el aborto como una obligación del Estado a través de la legalización, y esto va de la mano con modificaciones en la legislación en distintas dimensiones como la ESI, la generación de estándares y también el acceso a la seguridad de anticoncepción”. El pasado mes de octubre y a casi un año del estallido social chileno que mostró el descontento frente al sistema económico y político, se decidió, a través de un plebiscito la convocatoria a una Convención Constitucional para discutir una nueva Constitución que reemplace a aquella establecida por la dictadura desde 1980.

Una de las expectativas respecto del proyecto constituyente que se avecina es precisamente la discusión de aquellas formas que preservan el sistema instaurado por Pinochet y que obstaculizan cambios sustanciales en materia de derechos sociales, como las atribuciones del TC o las facultades exacerbadas de la figura del presidente sobre proyectos que implican gasto presupuestario, por ejemplo. Además, Guerrero Martínez afirma: “El movimiento social sabe que una Constitución con perspectiva de género es esencial y que va más allá de un mero artículo para garantizar una igualdad formal, que debe contemplar transversalmente todos los derechos y abrir la discusión acerca de derechos sexuales y reproductivos, que implique poder decidir sobre la sexualidad y sobre la reproducción. Vemos que hay esperanza en una Constitución feminista que tenga clave de genero para la organización del Estado, para establecer paridad en los órganos del mismo en distintas esferas, para la incorporación de tratados internacionales que ya reconocen derechos sexuales y reproductivos y que están en nuestra actual Constitución pero incorporando mecanismos que garanticen su exigibilidad”.

Foto: Télam

La marea verde movió así la tierra para que se abran nuevas posibilidades, aunque también generó la avanzada de los sectores conservadores en otras regiones del continente: recientemente, en Honduras, a fines de enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que blinda la prohibición absoluta del aborto existente en el país de forma que no pueda ser modificada y que clausure cualquier debate en torno a la despenalización del aborto. El país tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial sobre derechos sexuales y reproductivos.

Pero la discusión en el Congreso en Chile, de la mano de un proceso constituyente que avanza también junto a la fuerza de los movimientos feministas deja entrever un halo de esperanza que se abre en la región, en un contexto de avanzada neoliberal. La fuerza de las organizaciones que lucha por la ampliación de derechos de mujeres y diversidades permite abrir fisuras gracias a la unión regional que marca, con hitos históricos, cambios de época.

Publicado por La Primera Piedra