Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

Una visión reduccionista de la seguridad ignora que la respuesta inmediata, debe complementarse con prevención, protección de las personas más débiles y fortalecimiento del tejido social.  No basta con castigar: es necesario reparar a las víctimas y reconstruir la confianza en las instituciones. La paz social no se construye solamente con armas y castigos, sino con inversión social, participación ciudadana y cohesión comunitaria.

En esta línea, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto de 2025 en Ciudad de México planteó una mirada desde los cuidados para asegurar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad de aquellas que viven en situaciones de conflicto. Inspirada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, este compromiso subraya que para que exista la paz y seguridad, se requiere siempre prevención, protección, participación y reparación frente a las violencias.

El cuidado no es un asunto privado, sino político y de seguridad. Entendido así, la seguridad no se reduce a la presencia policial, sino a garantizar condiciones de vidas dignas – trabajo, salud, vivienda, educación- que previenen las violencias y el delito. En contextos de crimen organizado y conflictos territoriales, las redes comunitarias de cuidado, lideradas principalmente por mujeres, son la primera línea de defensa ante la ausencia estatal. El cuidado redefine la seguridad desde el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo: porque sostiene que la paz se gesta en los territorios y con comunidades cohesionadas en torno al cuidado mutuo. Sin cuidados ni políticas públicas pertinentes con participación de la ciudadanía, sólo se reproducen las violencias que sufren grupos específicos.

Una agenda de seguridad desde los cuidados parte de las necesidades territoriales y la participación ciudadana. No hay soluciones únicas: algunas comunidades requerirán iluminación, transporte seguro, retenes de carabineros, programas de prevención de drogas, y oportunidades laborales en zonas postergadas. Reorientar el gasto público hacia políticas preventivas y comunitarias, fortalecer el acceso a derechos y la protección de los defensores/as y dirigentes/as territoriales son pasos claves. La ampliación del Sistema Nacional de Cuidados, con recursos para el cuidado colectivo y la participación social, es también una inversión en seguridad y bienestar.

A días de la publicación del nuevo Plan de Acción Nacional (PAN) de Chile sobre Mujeres, Paz y Seguridad, esperamos que las políticas y las para cumplir con la Resolución 1325, también aborden los conflictos internos que enfrentan las mujeres. Es clave garantizar protección frente a las violencias -en especial a dirigentas y defensoras de derechos- y garantizar su participación en medidas preventivas y reparatorias ante la violencia con un enfoque de cuidados.

El cuidado es un pilar fundamental para la seguridad: sin cuidados no hay paz y una seguridad sostenible debe medirse por el bienestar colectivo. No habrá paz ni seguridad duraderas si no reconocemos y distribuimos los cuidados colectivos, como una responsabilidad social compartida, porque lo que afecta a las personas más vulnerables también compromete mi  mi seguridad.

Por Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas 

Publicada en El Mostrador el 31 de agosto de 2025.- 

La Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad (Red LAMPS) celebró su III Encuentro en Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de febrero de 2025. Este espacio reunió a 45 mujeres de ocho países: Brasil, Colombia, Chile, España, Honduras, México, Paraguay y Venezuela y así como de diásporas latinoamericanas. Todas las participantes trabajan por la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos con una mirada feminista y territorial. Una delegación del ICIP, miembro de la Red LAMPS desde su creación en 2020, también participó en el evento.

La Red LAMPS tiene por objetivo contribuir desde una perspectva feminista a generar conocimiento crítico, acción colectiva e innovación en torno a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en América Latina. Para la Red, el cuidado y el diálogo son herramientas fundamentales para avanzar hacia un horizonte de paz y democracia.

Además de afianzar la identidad colectiva y política de la Red, su agenda y cadena de incidencia, el encuentro respondió al propósito de compartir reflexiones, experiencias y propuestas entorno al diálogo con enfoque feminista. También sentó las bases para el desarrollo de un informe sobre la aplicación de la resolución 1325 en América Latina con motivo de los 25 años de su adopción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A través de encuentros como este, la Red busca articular esfuerzos regionales y globales para generar incidencia en políticas públicas y promover espacios de participación activa de mujeres en escenarios de toma de decisiones.

Encuentros institucionales

Representantes de distintas embajadas, de instituciones internacionales y del mismo gobierno colombiano asistieron a la última sesión del encuentro, mostrando su interés por el enfoque y metodologías de la Red y compartiendo su compromiso con la agenda mujeres paz, paz y seguridad.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), miembro de la Red LAMPS desde su creación, coorganizó el evento junto con la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE). Esta colaboración refleja el compromiso del ICIP con el fortalecimiento de redes de paz y la promoción de iniciativas feministas en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos.

Para más información sobre la Red y sus iniciativas, se puede visitar su sitio web: red-lmps.org.

Publicado por Instituto Catalán Internacional para la Paz , el 03 de marzo de 2025.

En el marco de su vigésimo aniversario, Corporación Humanas presentó un nuevo estudio sobre la percepción de las mujeres chilenas sobre su situación y condiciones de vida. Se trata de una muestra aleatoria, realizada a través de paneles online, a 1.406 entrevistadas mayores de 18 años que residen en el país y que pertenecen a los diversos grupos socioeconómicos. Aquí algunos de sus resultados.

“Son muchos los avances que se han logrado en términos de derechos de las mujeres”, dice Camila Maturana, directora de la corporación. Sin embargo –sigue– también se evidencian situaciones que amenazan las condiciones de vida de las mujeres en el país, y es por eso la importancia de este informe. “Nos permite tener una idea más acabada de la realidad de las mujeres, conocer y visibilizar sus voces para identificar cambios culturales y nudos a ser abordados en las políticas públicas”.

Dentro de los principales resultados hay uno que llama la atención: el 90% de las mujeres se siente discriminada y esto se ve transversalmente en los distintos grupos socioeconómicos. Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (65%), seguido por el ejercicio de su libertad sexual y la vida familiar.

“Yo diría que esta es una cifra de dulce y agraz”, dijo la exdiputada María Antonieta Saa, en la presentación de este informe. “Por un lado es algo terrible, porque hay discriminación y lo sienten las mujeres. Pero por otro lado, hay conciencia de que están siendo discriminadas, y hace algunos años atrás, no tantos, las mujeres no tenían conciencia de su discriminación. Y eso es relevante”.

Cuando a las mujeres les preguntan: ¿Qué creen que es lo más importante para ser feliz en la vida?, un 34% respondió ‘desarrollarse como persona’; un 24% ‘tener buena salud’; y un 22% ‘construir una buena familia o relación de pareja’.

Cifras que dan cuenta de la importancia del espacio público que ocupamos las mujeres. En ese sentido, un 26% de las encuestadas considera que el acceso al trabajo remunerado ha empeorado, un 50% sostiene que este se ha mantenido, y en relación a la igualdad salarial, el 59% cree que este no ha variado.

Frente a la pregunta sobre la urgencia de los proyectos en discusión legislativa, el 60% responde que la reforma al sistema de pensiones es urgente. Y cuando les preguntan si se debe aumentar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, un 38% está en desacuerdo y un 37% muy en desacuerdo.

Una de cada tres mujeres encuestadas se interesa por la política. Respecto a su postura en este ámbito, cuando se les pregunta: ¿En qué posición se encuentra usted? Donde 0 es izquierda y 10 es derecha, el 42% de las entrevistadas dice ubicarse en el número 5, es decir, justo en el centro político.

Respecto de la idea de que el aumento de las mujeres en el parlamento permite que existan más leyes favorables para las mujeres, la mayoría también se posiciona en la mitad de la tabla, es decir, no está ni tan de acuerdo ni tan en desacuerdo con esta afirmación.

En lo que sí coincide la mayoría de las mujeres de nuestro país (65%) es que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, el 51% se siente insatisfecha con su funcionamiento en el país.

El 96% considera que hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar cargos públicos, pero el 45% opina que el acceso se ha mantenido sin mayores cambios. El 82% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de toma de decisión estén ocupados por mujeres.

Kathia Araujo, académica de la Universidad de Santiago, dijo en la presentación del informe que estos resultados dan cuenta de cómo ha cambiado la autopercepción de las personas de cómo deberían ser las cosas. “Casi todas están de acuerdo en que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para estar en política. Muchas ideas se han convertido en ideas de sentido común, que hace pocos años atrás no lo eran. Por lo tanto, para mí hay increíbles resultados cuando uno los mira desde el avance que hemos tenido como sociedad en las últimas décadas”.

Respecto del feminismo, el 28% de las chilenas se declara feminista o muy feminista y el 35% al menos algo feminista. En tanto, entre mujeres de nivel socioeconómico más alto, el 50% se considera feminista o muy feminista.

“Es increíble cuando uno ve esta cifra; el que hoy un 63% de las mujeres se declaren feministas o al menos algo feministas, es un gran avance. Hay que recordar que veinte o treinta años atrás nadie se declaraba feminista. Por eso para mí esta es una cifra extremadamente importante”, agregó Kathia Araujo. Sin embargo, la académica cree que el feminismo como movimiento social probablemente no ha acompañado lo suficiente el proceso de llevar el marco teórico a las experiencias ordinarias que tocan la vida de las mujeres.

Y es quizás por esa razón que muchas mujeres que no se declaran feministas, de todas maneras están adhieren a las “luchas” de este movimiento social. Por ejemplo: frente a la afirmación ‘Mujeres y hombres deben ganar lo mismo por trabajos de igual valor’, un 81% está muy de acuerdo; ‘Que a las salas cuna accedan padres y madres trabajadoras’, un 79% está muy de acuerdo; ‘Que existan establecimientos de cuidado (adultos mayores, niñez, personas dependientes) gratuitos, un 78% está muy de acuerdo; ‘La mantención económica y las tareas del hogar deben ser responsabilidad de hombres y mujeres por igual, un 81% está muy de acuerdo; ‘El trabajo remunerado les da a las mujeres autonomía económica y realización personal’, un 69% está muy de acuerdo.

En este ámbito, la Encuesta de Corporación Humanas 2024 develó un dato triste: un 62% considera que la violencia hacia las mujeres ha empeorado y 31% cree que se mantiene. Un 90% opina que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema generalizado y que es una expresión extrema del machismo.

“Hace un tiempo atrás lo más romántico que decían las mujeres es ‘quién te quiere te aporrea’. El aceptar la violencia como algo positivo realmente era horroroso. Ahora, al menos hay un alto porcentaje que considera que la violencia hacia las mujeres no puede ser permitida. Y eso es un gran avance”, dijo María Antonieta Saa.

Sin embargo –agregó Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo XXI y también parte del panel que presentó el informe–, a pesar de que se ha producido este cambio cultural y también en términos normativos, en la percepción de nuestras compatriotas vemos deudas y desafíos importantes en varias materias. Y la violencia sin duda es una de ellas. “Tenemos el desafío de hacer dialogar nuestras conquistas en términos normativos y de institucionalidad, con la expresión material y concreta de cómo eso afecta la vida cotidiana de las mujeres”.

En materia de libertad sexual y reproductiva, al 2024 casi la mitad (49%) de las mujeres piensa que se debiera permitir el aborto hasta la semana catorce sin causales. En las mujeres de nivel socioeconómico alto el nivel de acuerdo con la decisión de abortar sin restricción por causales asciende al 63% y entre las jóvenes (menores de 35 años) el nivel de acuerdo alcanza el 60%.

Un 59% también está muy de acuerdo con que se debiera legalizar la eutanasia cuando una persona posee una enfermedad terminal.

“El derecho a decir sobre nuestros cuerpos y vida queda demostrado que no es una conquista sino una condición de base del ejercicio de la ciudadanía. Este amplio apoyo nos muestra que tenemos una cancha abierta para avanzar en esas materias”, agregó Camina Miranda.

Y finalmente respecto de este ámbito, el 86% de las mujeres cree que la delincuencia ha aumentado en el país. El 28% se informa de ello por la televisión y el 25% por redes sociales.

El 85% de las encuestadas sostiene que por temor a ser víctima de un delito ha dejado de caminar sola por ciertas áreas o lugares y un 83% declara que dejó de salir de noche. Y para Camila Miranda este punto es el más grave: “Parte de lo que venimos peleando en los últimos años tiene que ver con conquistar esos espacios públicos. Y por lo tanto acá tenemos un enorme desafío”.

Publicado por Revista Paula de La Tercera el 23 de diciembre, 2024

Sr. Director 

Menos armas, más seguridad para mujeres

Los hechos de violencia ocurridos en estas semanas visibilizan una realidad ineludible: las armas de fuego son el principal medio para perpetrar homicidios, representando el 52,3% del método utilizado en las muertes violentas del año 2023.

La violencia armada está íntimamente relacionada con normas y mandatos de género. En Chile, el 93% de las armas inscritas activas pertenecen a hombres. El impacto de las armas de fuego en la violencia de género es significativo y multifacético, afectando de forma diferenciada a mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La existencia de un arma en el hogar aumenta el riesgo de homicidio, femicidio y suicidio. Además, se emplean para amenazar, coaccionar y ejercer control en situaciones de violencia doméstica y de pareja. Según el Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2022 se utilizaron armas de fuego en el 11,6% de los femicidios consumados. A partir del registro que elabora la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se observa que esta cifra aumentó a 19% en 2023.

Existe la oportunidad de enmendar el rumbo de las políticas de seguridad y reemplazar un enfoque punitivo de alto costo y escasa efectividad, por un enfoque preventivo que incorpore la perspectiva de género. Resulta urgente fortalecer la protección de mujeres y niñas frente a la violencia armada en el ámbito doméstico o familiar, y prohibir el porte de armas de fuego a denunciados e imputados en causas de violencia intrafamiliar o de género es una medida imprescindible de adoptar por el Congreso.

Mariela Infante Erazo, socióloga de Corporación Humanas

Carta al director publicada en La Tercera, 24 de julio de 2024

]]> https://www.humanas.cl/declaracion-sobre-los-derechos-humanos-y-el-estado-democratico/ Fri, 17 May 2024 17:58:16 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23150

La recuperación de la democracia en Chile fue un largo y doloroso proceso de distintos actores políticos y sociales destinado a encauzar al país por la senda de la vigencia del Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos.

En estos más de treinta años de democracia, las organizaciones de la sociedad civil han participado, a través de múltiples  acciones, en su profundización y mejora, teniendo como marco de acción los derechos humanos y las legítimas reivindicaciones de mayor  libertad, igualdad y autonomía para quienes habitan este territorio.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes observamos con preocupación que los condenables asesinatos de tres carabineros se han utilizado como excusa para justificar reformas legislativas contrarias a los compromisos de Chile en materia de derechos humanos.

Promover iniciativas legislativas destinadas a reponer la pena de muerte, justicia militar para civiles, discrecionalidad en el uso de la fuerza por parte de las policías, amnistía para quienes ejercieron violencia policial e institucional durante el estallido social y la militarización del país, son contrarias al respeto y protección de los derechos humanos.

Quienes pretenden, a través de acciones y discursos, levantar una falsa contraposición entre derechos humanos y seguridad, están socavando el Estado y la democracia que tanto costó recuperar. Las soluciones fáciles, populistas, sin considerar los avances civilizatorios que la humanidad ha conseguido a través de los derechos humanos, sólo debilitarán la convivencia democrática y traerán más violencia. Ninguna de las medidas propuestas se basa en evidencia que permita afirmar que restringir nuestros derechos dará más seguridad. Las experiencias de otros países en nuestra región ya han demostrado su ineficacia y han producido más violencia, más dolor y más muertes.

La seguridad humana sólo  podrá ser garantizada a través de medios que respeten y garanticen los derechos humanos, que representan un límite infranqueable para el ejercicio del poder y el marco regulatorio que permite que como sociedad deliberemos sin violencia y con un mínimo ético común. Hacemos un llamado a las  autoridades a recordar que la vinculación entre un Estado democrático y los derechos humanos es el entorno imprescindible para la protección efectiva de los derechos de todas las personas que habitamos este país.

Organizaciones firmantes:

• Corporación Humanas

• Amnistía Internacional Chile

• Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM)

• Acción por Palestina

• Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

• Agrupación de Mujeres Democráticas

• Agrupación de Usuarios PRAIS  y Derechos Humanos

• Agrupación Mujeres con Energía Positiva

• Amigos de la Salud Mental (ADSALUM)

• Asamblea El Manzano

• Asamblea Feminista de Melipeuco

• Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA)

• Asociación de Exonerados Políticos de  ex Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (ASECUT)

• Asociación de Usuarios PRAIS Servicio Metropolitano Sur

• Asociación Ginecólogas Chile

• Asociación OTD

• Cabildo, Salud Un Derecho

• Centro de Autoayuda PRAIS y Derechos Humanos de Nacimiento

• Centro Social Cultural y Deportiva de Migrantes y Promigrantes Buen Vivir Sin Fronteras

• Circulo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, (CIMUNIDIS)

• Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca

• Colectiva Cueca Sola Punta Arenas

• Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda

• Colectiva Feminista Marejada del Sur

• Colectiva Urdiendo Memorias

• Colectivo Dignidad Aconcagua y Derechos Humanos

• Colectivo Plaza de la Constitución

• Comisión de Derechos Humanos de Rancagua

• Comisión Género de CONFUSAM

• Comité de Patrimonio y Cultura Barrio República

• Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué

• Coordinadora 19 de Diciembre

• Coordinadora 8 de Marzo Quilpué

• Coordinadora 8M

• Coordinadora 8M Rancagua

• Corporación Abogadas Feministas (CORAFEM)

• Corporación  Solidaria UTE-USACH

• Corporación 3 y 4 Álamos

• Corporación Artistas Proecología

• Corporación Colectivo Sin Fronteras

• Corporación ex Presos Políticos de Pisagua

• Corporación Miles

• Corporación Mujeres Siglo XXI

• Corporación Poetas del Mundo

• Corporación Sitio de Conciencia y Memorias para el Nunca más de la Región de O’Higgins

• Federación Estudiantes Escuela Latinoamericana Posgrado Universidad ARCIS (FELAP)

• Fondo Alquimia

• Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

• Fundación Centro de Estudios de la Mujer (CEM)

• Fundación Ciudadanía Inteligente (FCI)

• Fundación Educación Popular en Salud (EPES)

• Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE)

• Fundación Ecolety

• Fundación Henry Dunant

• Fundación Iguales

• Fundación Margen

• Historia y Memorias Lo Hermida

• LEASUR ONG

• Londres 38  Espacio de Memorias

• Médicas Feministas Chile (MEDIFEM)

• Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH)

• Movimiento Acción Migrante

• Mujeres en Resistencia Chile

• Mujeres Modatima

• Ni Una Menos – Chile

• No Nos Soltemos

• Observatorio Ciudadano

• Observatorio de Género y Equidad (OGE)

• Observatorio de Violencia Institucional en Chile-OVIC

• ONG Diversa Patagonia

• ONG ESE:O Escritura para Liderar

• Organización Migrantas

• Plataforma de Derechos Humanos para el Buen Vivir

• Plataforma Sindicalismo con Nosotras

• Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

• Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir

• Red de Mujeres de Valdivia

• Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile

• Solidaridad con Cuba Villa Alemana

• Sororidad en Resistencia

• Trabajadoras y Trabajadores Colegio Andino Antuquelén

La violencia contra las mujeres ocurre en relaciones de pareja y familiares, pero también se vive en las calles y el espacio público, en entornos laborales, en el ámbito educativo, en la atención de salud, en el espacio digital y en la vida política. Uno de sus rasgos distintivos es el ejercicio de poder y control, y el disciplinamiento a las mujeres para mantenerlas en un lugar subordinado.

Pese a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile en orden a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, vemos con preocupación cómo durante los últimos años el fenómeno se ha agudizado. Un estudio realizado por el Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP) de la Universidad de Chile evidencia que la cantidad de mujeres que afirman haber sufrido violencia intrafamiliar en algún momento de su vida creció 11,4 puntos porcentuales en 10 años: desde un 32,6 por ciento en 2012 hasta un 44 por ciento en 2022.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, las denuncias de violencia intrafamiliar entre el 2018 y el 2022 aumentaron en un 39% y las denuncias de violencia sexual se incrementaron en un 57%.

Aunque las cifras evidencian la urgencia de poner en el centro del debate público la seguridad de las mujeres y niñas, la agenda se mantiene bajo una aparente neutralidad de género que solo contribuye a invisibilizar sus experiencias, necesidades y derechos. La discusión sobre seguridad se ha enfocado hasta ahora en un determinado perfil de criminalidad, priorizando algunos delitos y centrando las respuestas en medidas punitivistas que, por un lado, no constituyen respuestas eficaces a largo plazo para las problemáticas de seguridad y, por otro, no abordan el impacto diferenciado para las mujeres y niñas.

Un ejemplo de ello es el proyecto de ley que actualmente se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados y que propone hacer de la migración irregular un delito, sin considerar que esto expone de manera desproporcionada a la violencia a las mujeres y niñas que se encuentran en esta situación migratoria, quienes frente a la amenaza de ir a la cárcel evitarán denunciar estas situaciones, siendo privadas de la protección del Estado frente a la violencia e impedidas del acceso a la justicia.

También en la Cámara se encuentra ad portas de terminar en su primer trámite el proyecto que propone autorizar el porte y uso de armas de fuego al personal en retiro de Gendarmería, aumentando la circulación de armas en los hogares y en las calles y generando un peligro adicional para las mujeres y niñas víctimas de violencia dado el efecto intimidatorio y disciplinador de la tenencia de armas por parte del agresor, que, aun cuando no sean disparadas, representan una amenaza latente.

La seguridad debe ser con nosotras. Es necesario un enfoque integral en el que no solo se considere como violencia contra las mujeres a las manifestaciones más reconocidas de esta, como la intrafamiliar o la sexual, sino también que se aborden en las políticas públicas los riesgos e impactos diferenciados que la criminalidad en general tiene para mujeres y niñas.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Columna publica en La Tercera el martes 28 de noviembre de 2023.-

En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.

Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.

La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional

La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.

Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.

Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad  de sociedades más seguras, finaliza Infante.

Otros expositores sobre uso de la fuerza

También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.

La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.

Revisa la exposición ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas

Revisa el documento de la exposición 

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