En un contexto marcado por nuevos fenómenos criminales, el incremento del número de homicidios y uso de armas de fuego, se ha pensado la seguridad a través de políticas punitivistas, orientadas al endurecimiento de las sanciones penales y al aumento de la violencia con más armas. En esta derivada, se pierden de vista factores claves para abordar la seguridad pública desde una mirada integral, invisibilizando, por ejemplo, la especial situación de las mujeres y diversidades sexogenéricas.

Las inseguridades que vivimos las mujeres son de variada índole y los femicidios consumados han oscilado entre 42 y 46 casos anuales en los últimos años. Un reciente estudio del Ministerio Público detectó un preocupante aumento de la extorsión, en particular, la de índole sexual, y existe un control deficiente de las armas legales e ilegales, donde un 40% de las armas registradas carecen de información actualizada sobre su propietario.

En este escenario, urge que el Estado abandone la mirada fragmentada y reactiva que ha caracterizado su acción frente a las inseguridades que vivimos las mujeres, reconociendo, por ejemplo, que muchas de las amenazas más letales para las mujeres no provienen de “enemigos públicos”, sino de entornos íntimos y cotidianos, y que el control de armas es una política clave de prevención.

Un enfoque feminista e interseccional implica, además, reconocer que no todas las mujeres viven las violencias de la misma manera. Aquellas que habitan territorios militarizados, como zonas de conflicto en La Araucanía o barrios con fuerte presencia del narcotráfico, enfrentan una doble exposición: a la violencia machista y a la violencia armada.

Lo mismo ocurre con mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, adolescentes trans, mujeres privadas de libertad o con discapacidad que sufren discriminaciones en el acceso a la justicia y la protección policial. Una política de seguridad pública transformadora debe partir de estos márgenes, incorporando sus voces y experiencias como centro de la acción estatal.

La reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública en Chile abre una oportunidad histórica para repensar este enfoque, incorporando la prevención, la efectividad, los derechos humanos y la perspectiva de género como elementos irrenunciables para una buena política pública.

Este nuevo ministerio  debería dejar el camino fácil de profundizar la lógica punitiva o el refuerzo de la militarización de los territorios como único camino. No basta con fortalecer la persecución penal si no se acompañan estas medidas con acciones preventivas, reparadoras y transformadoras.

La seguridad no puede seguir siendo sinónimo solo de control y castigo, sino que debe ser entendida como la garantía de condiciones materiales, simbólicas y efectivas para una vida libre de violencias para todas las personas.

Optar por construir un enfoque que sitúe la vida digna, el cuidado colectivo y la justicia social en el centro de las políticas públicas es una oportunidad para ampliar el horizonte de acción del Estado, promoviendo respuestas integrales frente a las violencias estructurales y cotidianas.

Es muy relevante pensar en un ministerio que apueste por tejer redes con organizaciones sociales, comunidades territoriales y defensoras de derechos humanos, valorando los saberes situados como base para diseñar políticas públicas participativas, contextualizadas y sensibles a las realidades diversas del país.

Por Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas y Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas 

Columna publicada en El Mostrador, 09 de abril, 2025

Como Corporación Humanas vemos con preocupación que la respuesta institucional a la crisis de seguridad en Chile perpetúe lógicas de militarización, criminalización y punitivismo, sin incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. En esta nota te contamos cuáles son nuestras líneas de trabajo en esta área. 

Desde mediados del año 2022 que la seguridad pública se ha posicionado como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y se ha tomado el debate político. Si bien las cifras demuestran que los delitos de mayor connotación han disminuido, así como la tasa de homicidios se ha mantenido estable, ha aumentado la percepción de inseguridad, es decir, el temor a ser víctima de un delito. 

Existen algunos focos de preocupación. Por un lado, en la zona norte se mantiene una crisis humanitaria sin precedentes, por la dificultad de conseguir el ingreso regular al país y las leyes que buscan definir el ingreso irregular como delito, generando las condiciones ideales para el incremento de redes de tráfico y/o trata de personas. Esto expone a personas migrantes a violencia, explotación, maltrato e incluso la muerte, situaciones que afectan aún más a mujeres y niñas. Según cifras oficiales de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas, en el año 2022 se registraron 11 causas judiciales con un total de 38 víctimas, de las cuales 37 son mujeres y 36 han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Por otro lado, en la zona sur (Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío de la Región del Biobío) se ha mantenido un Estado de Excepción hace más de un año, permitiendo y normalizando que las Fuerzas Armadas, que no cuentan con la formación adecuada ni protocolos en materia de derechos humanos, sean el medio para enfrentar un conflicto histórico del Estado de Chile con el pueblo mapuche.

Finalmente, se han visibilizado nuevas formas de criminalidad en algunos centros urbanos, con presencia de bandas y de crimen organizado que actúan con altos niveles de violencia y un mayor acceso a armas de fuego.

Con este contexto, Corporación Humanas se ha enfocado en incluir en la discusión el impacto diferenciado de esta percepción de inseguridad pública y sus respectivas respuestas estatales en la vida de niñas y mujeres. Creemos que es fundamental visibilizar sus voces, necesidades y experiencias para llegar a soluciones en seguridad que sean duraderas y que no vulneren los derechos humanos de las personas involucradas.

¡Conoce nuestras líneas de trabajo!

• Producción de conocimiento: Antecedentes y estudios sobre la manera en que las mujeres y niñas se ven afectadas por el aumento de políticas de militarización y criminalización. 
• Incidencia política: Monitoreo legislativo para intervenir en la tramitación y/o discusión legislativa, así como en el Gobierno, con el fin de dar a conocer la necesidad de un abordaje feminista y de derechos humanos  en las políticas y normas sobre seguridad. Tenemos a la vista la violencia de género en materia de seguridad, los desplazamientos forzados, violencia doméstica y sexual, militarización, uso de armas, entre otras temáticas vinculadas a la seguridad. 
• Comunicaciones: Difusión de información y alertas en redes sociales, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, para dar a conocer los argumentos principales de por qué es necesario un enfoque feminista y de derechos humanos en la seguridad pública. 
• Alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel nacional e internacional, para actuar de forma articulada y coordinada.

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