En un contexto marcado por nuevos fenómenos criminales, el incremento del número de homicidios y uso de armas de fuego, se ha pensado la seguridad a través de políticas punitivistas, orientadas al endurecimiento de las sanciones penales y al aumento de la violencia con más armas. En esta derivada, se pierden de vista factores claves para abordar la seguridad pública desde una mirada integral, invisibilizando, por ejemplo, la especial situación de las mujeres y diversidades sexogenéricas.

Las inseguridades que vivimos las mujeres son de variada índole y los femicidios consumados han oscilado entre 42 y 46 casos anuales en los últimos años. Un reciente estudio del Ministerio Público detectó un preocupante aumento de la extorsión, en particular, la de índole sexual, y existe un control deficiente de las armas legales e ilegales, donde un 40% de las armas registradas carecen de información actualizada sobre su propietario.

En este escenario, urge que el Estado abandone la mirada fragmentada y reactiva que ha caracterizado su acción frente a las inseguridades que vivimos las mujeres, reconociendo, por ejemplo, que muchas de las amenazas más letales para las mujeres no provienen de “enemigos públicos”, sino de entornos íntimos y cotidianos, y que el control de armas es una política clave de prevención.

Un enfoque feminista e interseccional implica, además, reconocer que no todas las mujeres viven las violencias de la misma manera. Aquellas que habitan territorios militarizados, como zonas de conflicto en La Araucanía o barrios con fuerte presencia del narcotráfico, enfrentan una doble exposición: a la violencia machista y a la violencia armada.

Lo mismo ocurre con mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, adolescentes trans, mujeres privadas de libertad o con discapacidad que sufren discriminaciones en el acceso a la justicia y la protección policial. Una política de seguridad pública transformadora debe partir de estos márgenes, incorporando sus voces y experiencias como centro de la acción estatal.

La reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública en Chile abre una oportunidad histórica para repensar este enfoque, incorporando la prevención, la efectividad, los derechos humanos y la perspectiva de género como elementos irrenunciables para una buena política pública.

Este nuevo ministerio  debería dejar el camino fácil de profundizar la lógica punitiva o el refuerzo de la militarización de los territorios como único camino. No basta con fortalecer la persecución penal si no se acompañan estas medidas con acciones preventivas, reparadoras y transformadoras.

La seguridad no puede seguir siendo sinónimo solo de control y castigo, sino que debe ser entendida como la garantía de condiciones materiales, simbólicas y efectivas para una vida libre de violencias para todas las personas.

Optar por construir un enfoque que sitúe la vida digna, el cuidado colectivo y la justicia social en el centro de las políticas públicas es una oportunidad para ampliar el horizonte de acción del Estado, promoviendo respuestas integrales frente a las violencias estructurales y cotidianas.

Es muy relevante pensar en un ministerio que apueste por tejer redes con organizaciones sociales, comunidades territoriales y defensoras de derechos humanos, valorando los saberes situados como base para diseñar políticas públicas participativas, contextualizadas y sensibles a las realidades diversas del país.

Por Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas y Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas 

Columna publicada en El Mostrador, 09 de abril, 2025

En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.

Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.

La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional

La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.

Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.

Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad  de sociedades más seguras, finaliza Infante.

Otros expositores sobre uso de la fuerza

También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.

La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.

Revisa la exposición ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas

Revisa el documento de la exposición 

]]>