En abril de 2020 el Fondo de Población de la ONU indicó que “47 millones de mujeres en países de renta media y baja no tendrán acceso a anticonceptivos modernos” y que la violencia de género aumentaría en un 20% durante el confinamiento. Las cifras de embarazos producidos en pandemia aún se desconocen, pero “ya ha habido un porcentaje pequeño de aumento de ingreso por control prenatal, que tuvo un aumento mínimo. También los abortos sin apellido, porque no te puedo decir si son provocados o no”, comentó la profesional. Se espera que entre octubre y diciembre ya existan informes más acabados.

Por su parte, la senadora Marcela Sabat (RN) señala que sería un error pensar que se puede cambiar la cultura de violencia en nuestro país solo a través de la vía legal. “Si bien un marco jurídico robusto colabora, es importante hacer que los cumplimientos de las penas sean efectivas, sin beneficios ni rebajas de condena. Lo punitivo no puede estar por encima de otros puntos, como (…) el evitar la revictimización de las víctimas, el acompañar a las familias en los procesos judiciales, el formar jueces con perspectiva de género, y en aumentar los plazos en la prescripción de estos delitos”, agrega.

El cambio de siglo trajo nuevos aires reformistas y controversiales. En 2010 se promulgó la Ley 20.418 que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, permitiendo el acceso a los métodos de anticoncepción de emergencia o píldora del día después. La discusión no solo estuvo enfocada constitucionalmente en lo abortivo que podría ser el medicamento, sino que el reglamento mismo de la norma se entrampó por 37 meses, lo que permitió aplicar la ley recién en febrero de 2013.

El Artículo 226 del Código Sanitario de 1931 señalaba que “sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer estéril a una mujer”. Este fue derogado en 1989, lo que mantuvo a Chile por 28 años con una prohibición total del aborto en cualquiera de sus formas hasta que fue promulgada la Ley de Aborto en Tres Causales el 14 de septiembre de 2017. Una de las concesiones realizadas fue establecer la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que hasta septiembre de 2019, según el sitio web del Ministerio de Salud, fue manifestada por 2445 de un total de 4809 trabajadores del sistema.

“Una nueva Constitución no va a garantizar todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, pero como sociedad, tenemos que ser capaces de tener un diálogo respecto a la situación del aborto. Hoy en día es insuficiente la ley actual que tenemos y es hora de hablar del aborto que es algo que de todos modos sucede pero de forma clandestina, con todos los riesgos que ello conlleva tanto para la salud física como mental, porque para las mujeres el saber que están haciendo algo ilegal les produce una serie de consecuencias negativas”, declara la abogada de ABOFEM, Lieta Vivaldi.

Paralelamente al caso chileno, en Argentina se promovía el proyecto de aborto libre, el que se presentó por séptima vez en 2018. Este planteaba que hasta la semana 14 la interrupción del embarazo debía ser un derecho, ya que desde 1921 cuentan con normas que permiten hacerlo terapéuticamente. “Si bien no tuvimos la cantidad de votos necesarios en la Cámara de senadores y senadoras, sí podemos plantear que fue en un contexto y movilización impresionante y que significó un avance muy importante en términos de acompañamiento social y de una toma de conciencia sobre la necesidad de contar con esta herramienta”, señaló la diputada argentina Mónica Macha, una de las gestoras del proyecto. También indica que el Presidente Alberto Fernández está avanzando en el diseño de un proyecto propio del Ejecutivo.

“En Chile obviamente nuestro texto constitucional no se encuentra consagrado con ninguna norma que haga referencia a algún aspecto de los derechos reproductivos. Tampoco existen hasta ahora fallos jurisprudenciales, tanto de la Corte como del TC referidos expresamente a la consagración de estos derechos en la interpretación del articulado de la Constitución”, afirma Claudia Iriarte.

Nuestra Carta Fundamental cuenta con tres artículos que se relacionan con esta materia: el 1, que indica que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; el 5 señala que el ejercicio de la soberanía tiene como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y el 19 establece un listado de derechos fundamentales. Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, “estas tres normas han sido interpretadas, yo diría que mayoritariamente en la doctrina y también en la jurisprudencia, en el sentido que no se trata de un catálogo cerrado, ¿no? De que solo seamos titulares de los derechos que están ahí expresamente señalados en los numerales del Artículo 19”, recalca Liliana Galdámez.

Sobre la discusión constituyente, la encuesta de Corporación Humanas “Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020” publicada en julio de este año señala que el 82% de las encuestadas considera que las mujeres son discriminadas en Chile. Respecto a las posibles inclusiones en la Constitución, el 91% está de acuerdo con el derecho a la igualdad salarial, el 86% conviene con instituir el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, mientras que un 76% apoya el derecho de las mujeres a una salud sexual y reproductiva.

La abogada Lieta Vivaldi agrega que es fundamental que se consagre la salud sexual y reproductiva en una nueva Constitución “no solamente como un derecho a la no interferencia de parte del Estado, a respetar mis decisiones autónomas. Hay otro elemento que es igualmente importante en el cual yo, para poder ejercer mis derechos, necesito prestaciones positivas por parte del Estado. No solamente que se abstenga de no interferir, sino también a contar con las condiciones materiales para poder hacerlo”.

Siguiendo esta misma línea, Anita Peña, Directora Ejecutiva de Miles y Magíster en Estudios de Género de la Universidad de Chile, afirma que “es un nuevo pacto social, y nosotras queremos que en él se garanticen los derechos humanos, las decisiones de la autonomía sexual y reproductiva y eso significa, por ejemplo, el derecho a decidir si quiero o no quiero ser madre, pero también cuándo quiero serlo, cuántos hijos quiero tener y eso implica el acceso a los métodos de planificación familiar, pero también incluye educación sexual desde temprana edad”.