La discusión sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), ley que regula el actuar de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como de las Fuerzas Armadas en ciertas circunstancias, entró en su etapa decisiva. Tras intensos debates en el Senado, el proyecto pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Este avance legislativo es crucial para el país, pero también trae consigo enormes responsabilidades: aprobar una regulación que proteja a las personas, asegurar la actuación legítima de las policías y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

La necesidad de contar con una ley sobre uso de la fuerza es indiscutible. Organizaciones de derechos humanos como el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Relatoría Especial para la Tortura de Naciones Unidas han señalado que regular este ámbito no solo profesionaliza la labor de los agentes estatales, sino que además fortalece el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva de los derechos humanos una normativa clara es imprescindible para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas. Desde la perspectiva policial, brinda certezas y protege a los funcionarios en el cumplimiento de su deber, dándoles reglas claras en contextos de alta presión.

Sin embargo, el peligro es real: por las características de este proyecto y el contexto político que lo rodea, la «mano ancha» con las policías es una tentación demasiado grande. El asesinato de tres carabineros en Cañete en abril de 2024 y el clima de inseguridad han impulsado una agenda de seguridad donde la proporcionalidad y la cautela parecen quedar en segundo plano.

En la discusión de Sala del Senado se eliminaron artículos críticos: se rechazó la incorporación explícita del principio de proporcionalidad, se suprimió la instrucción de no disparar directamente al rostro, cabeza o torso con armamento menos letal y se aprobaron normas que refuerzan presunciones de justificación del uso de la fuerza al estilo «Naín-Retamal”.

Este retroceso es sumamente grave. La regulación del uso de la fuerza no puede entenderse como un «cheque en blanco» para actuar sin límites. Al contrario, los estándares internacionales -como el «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» (1979), los «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego» (1990) y las «Guidance on Less-Lethal Weapons» de Naciones Unidas (2020)- exigen que toda intervención estatal cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Estas reglas y principios internacionales no son nuevos en la función de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y ya se encuentran instaladas a nivel administrativo, por ejemplo, en el Decreto N° 8 del Ministerio de Defensa de 2020 o en la Circular 1832 de 2019 de Carabineros de Chile.

El principio de proporcionalidad no es un obstáculo para el actuar policial: es su principal defensa, porque lejos de inhibir la acción de los agentes, entrega parámetros claros para tomar decisiones difíciles, le otorga legitimidad frente a la ciudadanía y los protege de sanciones arbitrarias. Su eliminación no solo vulnera los derechos de las personas, expone también a los propios funcionarios y funcionarias policiales.

Además, suprimir normas que impidan disparar a zonas vitales, como el rostro o el torso, contradice directamente las recomendaciones de Naciones Unidas. Se trata de salvaguardas mínimas para evitar lesiones irreversibles o muertes en contextos de control de orden público.

En esta etapa crítica de discusión legislativa, hay una responsabilidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de corregir estos graves retrocesos, y de ser necesario, de la Comisión Mixta que eventualmente se conforme.

Pero, si el Congreso no logra enmendar los aspectos más problemáticos del texto, se debe hacer uso del veto presidencial. Así lo permiten las atribuciones constitucionales, y así lo exige la obligación internacional del Estado de Chile de garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la protesta pacífica.

Legislar sobre el uso de la fuerza es legislar sobre los límites del poder del Estado. Y cuando se trata de esos límites, la premura nunca puede justificar la imprudencia. Más aún en un país cuya historia reciente -marcada por las violaciones sistemáticas, generalizadas y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y los abusos documentados en el estallido social- exige que toda regulación sobre la fuerza estatal esté guiada por un compromiso irrestricto con el respeto y garantía de los derechos humanos y las obligaciones contraídas por Chile, en esta materia.

Escriben: Paula Salvo Del Canto, Presidenta de Corporación Humanas y Hernando Silva Nériz, Co-director del Observatorio Ciudadano.

Columna publicada en El Desconcierto, el 02 de mayo de 2025

Las  organizaciones que integran la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos presentan los desafíos legislativos que esperan sean considerados en la tercera Cuenta Pública.

Mayo 2024.- Corporación Humanas y la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos hicieron entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric, de los Desafíos Legislativos en Derechos Humanos a considerar en su tercera Cuenta Pública.

 En lo que respecta a derechos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil pusieron acento en el proyecto de ley de reforma a la sociedad conyugal, esperando que el mandatario anuncie que mantendrá la urgencia de discusión inmediata para que Chile dé cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Recordaron que esta reforma es parte del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonia Arce Esparza.

Si bien valoran la aprobación del proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se espera que el Ejecutivo impulse medidas legislativas y administrativas para hacerlo efectivo, con los recursos presupuestarios que se requieren para su implementación.

En materia de salud sexual y reproductiva hay especial atención en que el presidente anuncie el patrocinio al proyecto de ley sobre parto respetado y violencia ginecobstétrica, conocido como Ley Adriana, así como la asignación de presupuesto para su materialización.

Sobre la agenda de seguridad y derechos humanos las organizaciones observan con preocupación el proyecto de ley que establece reglas de uso de la  fuerza para el personal de las  fuerzas  de  orden y  seguridad  pública y  de las  fuerzas armadas, pues perdió su sentido original de prevenir la violencia institucional y proteger de a los grupos más vulnerables. En este punto, se espera que el Ejecutivo reitere su compromiso de prevenir, investigar y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza en concordancia con sus obligaciones internacionales en la materia.

Del mismo modo, señalan que es un imperativo que existan medidas de seguridad  pública con enfoque de derechos humanos y de género, impulsando políticas que incluyan las necesidades y experiencias de las mujeres. Se espera que sean incorporadas a los espacios de toma de decisiones y de acción para darles un rol protagónico en el diseño e implementación de soluciones sostenibles y duraderas en materia de seguridad.

En  su  tercera  Cuenta  Pública  el  Presidente  de  la  República  debe reforzar  su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes para su  protección plena, sin discriminación, manifestando su rechazo a iniciativas legislativas  que tipifican como delito el ingreso irregular al país y vulneran el debido proceso y el principio de no devolución en los procedimientos de expulsión. También se espera un proceso extraordinario de regularización migratoria y el anuncio de  campañas de sensibilización orientadas a frenar los discursos de odio.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad se requiere contar con sistemas de protección social, especialmente en el ámbito de la salud, inclusivos y accesibles para personas con discapacidad, basados en su consentimiento libre e informado.

En materia de verdad, justicia, memoria, reparación  y garantías de no repetición, las organizaciones llaman a crear un mecanismo de carácter  permanente  para  la  calificación  de  víctimas  de  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos. En la misma línea, impulsar iniciativas legislativas destinadas a dar acceso a los documentos, testimonios y antecedentes  aportados  por  las  víctimas en las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura. Y finalmente, presentar  un proyecto de Ley de Memoria Integral  que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y  por recuperar.

Sobre derechos sociales y cuidados la atención estará puesta en que se presente un proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados, dotado de recursos  presupuestarios  para  su  implementación a lo largo del territorio nacional. Además, que se mantenga el impulso a la Reforma del Sistema de Pensiones y a la Ley Integral sobre Personas Mayores.

El Presidente debe reafirmar su compromiso con los derechos de niños y niñas y adolescentes, impulsando la  discusión del proyecto de ley  sobre prisión preventiva y cumplimiento de sentencias de mujeres embarazadas y madres, en resguardo del interés superior de niños y niñas.

Finalmente, se espera que el mandatario anuncie el ingreso de un proyecto de ley  que reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y su protección reforzada.

Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos

Corporación Humanas

Centro de Estudios de la Mujer (CEM)

Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS)

Corporación Colectivo Sin Fronteras

 Corporación Opción

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR ONG

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Observatorio de Género y Equidad (OGE)

Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC)

Red Nacional Organizaciones Migrantes y Promigrantes

Comunicado publicado en El Mostrador

]]> https://www.humanas.cl/recomendaciones-de-corporacion-humanas-al-proyecto-de-ley-sobre-reglas-del-uso-de-la-fuerza/ Thu, 30 May 2024 16:58:43 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23226 Comentarios y recomendaciones de Corporación Humanas sobre el proyecto de ley que  establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de  Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala (Boletín Legislativo N° 15.805-07) 

Senado de la República, segundo trámite constitucional 

Comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Públicas, discusión general 30 de mayo de 2024 

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Corporación Humanas Chile, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género  es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Se constituye en 2004 como  centro de estudios y acción política feminista para la promoción y defensa de los derechos  de las mujeres y la profundización de la democracia ante los tomadores de decisión, tanto  a nivel nacional como de los sistemas regional e internacional de protección de derechos  humanos, a partir de alianzas estratégicas con el movimiento feminista, de mujeres y de  derechos humanos. El trabajo de Corporación Humanas se sustenta en la teoría feminista y  el derecho internacional de derechos humanos, sin alinearse con ningún partido político. 

Durante 20 años de trayectoria, Corporación Humanas ha participado de numerosos  debates legislativos, promoviendo la adecuación de la normativa nacional a los estándares  internacionales de derechos humanos y democracia. En especial, el seguimiento e  incidencia legislativa se ha orientado a temáticas en torno a la institucionalidad en derechos  humanos e igualdad de género1; la igualdad y no discriminación2; participación política y  

Ley Nº 20.405 del Instituto Nacional de Derechos Humanos; ley Nº 20.820 crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de  Género; ley Nº 20.885 crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la ley orgánica del Ministerio de Justicia. 2Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación; ley Nº 20.830 crea el acuerdo de unión civil; ley Nº 21.120  reconoce y da protección a la identidad de género; ley Nº 21.400 modifica diversos cuerpos legales para regular, en  igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Revisa la minuta completa

En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.

Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.

La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional

La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.

Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.

Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad  de sociedades más seguras, finaliza Infante.

Otros expositores sobre uso de la fuerza

También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.

La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.

Revisa la exposición ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas

Revisa el documento de la exposición 

]]>