Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo.

La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda.

Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

Entrevista publicada en CIVICUS 

Diversas sociedades del mundo civil pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir las violaciones de DD.HH tras el 18-O.

Diversas organizaciones pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto para discutir, las violaciones de Derechos Humanos en Chile constatadas por la Comisión Interamericana y diferentes entidades internacionales.

Entre ellas, se encuentra la Casa Común, Corporación Humanas, Abofem, la Comisión Chilena de DD.HH y Opción. Se suman otras agrupaciones adherentes que han expresado que es necesario que se revise esta situación en el país. Además de hacer un seguimiento de las recomendaciones realizadas.

Lorena Fries, de Corporación Humanas, sostuvo que “a pesar de los informes internacionales con recomendaciones que se dirigieron al Estado, estos han tenido muy poco avance. Y es peor: lo que hemos visto es que se ha mantenido y sostenido en el tiempo estas violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Fernando Atria, de la Casa Común, explicó que “el seguimiento de las recomendaciones hechas por la propia CIDH en 2019, junto a los sucesos posteriores hasta hoy muestran la mantención de una policía que no respeta los derechos de manifestantes».

«Además de un gobierno permisivo con su actuar. Procesos prolongados a presos de la rebelión social con privación de libertad y escasas pruebas. Detenciones y presiones a periodistas y medios de comunicación”, añadió Atria.

Una conversación necesaria

Además, desde Abofem, señalaron que “firmamos la solicitud de audiencia realizada, toda vez que la situación de derechos humanos en Chile. En particular, la situación de las mujeres y los casos de violencia y abuso sexuales cometidos por agentes del Estado ha sido crítica en el contexto de manifestaciones sociales a causa del estallido social”.

Para completar, desde Opción indicaron que “durante los primeros meses de este año se han cerrado más de 3000 causas, sin investigar. Se ha disminuido dramáticamente el presupuesto para reparación y la policía vuelve a provocar daños oculares”.

Cerrando esta solicitud, Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de DD.HH., recordó que “el pasado 18 de Octubre, en el marco de la conmemoración del primer año del estallido social, un joven poblador, Aníbal Villarroel, fue asesinado por Carabineros. Le dispararon mientras ejercía su legítimo derecho a la manifestación”.

Publicado por Radio Concierto