La jornada de este viernes, las organizaciones Fundación Por el Derecho de Decidir y Corporación Humanas, acompañados por la senadora Claudia Pascual (PC) y la diputada Claudia Mix (FA), llegaron hasta Teatinos 56 en Santiago para entregar a Contraloría dos “téngase presente”, escritos que buscan complementar los argumentos a favor de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, destacando que esto respeta la legislación vigente.

El nuevo reglamento causó opiniones divididas por parte de exautoridades y parlamentarios, desde donde algunos los catalogaron como “inconstitucional” o “medida correcta”. El pasado 1 de julio la Conferencia Episcopal acudió a Contraloría para que este reglamento se declare inconstitucional.

Al respecto, según explicó Danitza Pérez, representante de Fundación Por el Derecho de Decidir, “todas las investigaciones después de siete años de implementación de esta norma han dado cuenta de barreras importantes de acceso para el ejercicio de este derecho, y que tienen principalmente dos foco: por una parte, la información que precisamente obtienen las mujeres a través de los servicios de salud en Internet y en otras plataformas, y también la disponibilidad de servicios”.

En esta línea, explicó, esta modificación presentada por el Minsal “viene precisamente a realizar cambios importantes en relación a cuestiones muy prácticas para las mujeres, que es poder contar con información suficiente, objetiva, concreta, y que permita acceder al servicio de salud, en este caso a la prestación en particular de interrupción voluntaria del embarazo, y otras cuestiones que tienen que ver precisamente con saber, por ejemplo, si el médico o la médica con la que yo estoy trabajando es objetora o no, y poder tomar decisiones al respecto. Ese es el objetivo”.

Asimismo, Elisa Walker, abogada de Sarmiento Walker y García, expresó que el reglamento lo que busca finalmente es “promover” que el Estado entregue servicios adecuados, eficientes, coordinados en torno al cumplimiento de la ley IVE.

“La ley es muy clara sobre esta materia: la objeción de conciencia se permite, pero eso no puede ser un obstáculo para que las mujeres sean atendidas y accedan a la interrupción del embarazo. Eso lo dice con claridad la ley 21.030 (…) también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que regula el derecho de los pacientes de recibir un trato digno por parte de los médicos y también de los establecimientos de salud. Y también de esta forma se cumple con la establecido en el decreto que regula las facultades del Ministerio de Salud (…) venimos a apoyar esta iniciativa para que el proceso de toma de razón, la Contraloría reafirme su legalidad”, expresó.

Por su parte, la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, destacó que de acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, “45,8% de los obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia para no atender a las mujeres y niñas embarazadas producto de violación. En uno de cada cuatro hospitales en Chile, más de dos tercios de los obstetras se declaran objetores de conciencia”.

Esto incluye, indicó, cuatro hospitales regionales y cinco hospitales en que todos los obstetras son objetores de conciencia.

“Esto evidentemente genera limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar: se busca garantizar el acceso a la información que requieren las niñas y mujeres que puedan verse afectadas por alguna de las tres causales, se definen medidas para asegurar los turnos adecuados y especialmente para que todos los establecimientos públicos cuenten con un equipo no objetor que permita garantizar a todas las mujeres y niñas que tengan una atención de calidad digna y que no sean discriminadas por el lugar donde viven”, concluyó.

Corporación Humanas, Fundación por el Derecho a Decidir, a través de las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker presentan escritos ante la Contraloría General de la República con el fin de aportar argumentos que dan cuenta de que la modificación al reglamento de objeción de conciencia presentada por el Ministerio de Salud, en el marco de la implementación de la ley sobre las tres causales, respeta la legislación vigente.

Para Corporación Humanas, presentar este escrito apunta a la necesidad de que se definan las medidas de información, adecuación de turnos y garantías para que en todos los establecimientos públicos existan profesionales no objetores que puedan atender a las mujeres y niñas sin que se vean forzadas a trasladarse a otros recintos o queden sin la atención necesaria.

“A seis años de la dictación de la ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, se han identificado barreras en el acceso a la información que requieren las mujeres y niñas que pueden verse afectadas por alguna de las causales y una proporción elevada de obstetras objetores de conciencia en hospitales públicos, especialmente frente a embarazos producto de violación. Por ello, resulta necesario modificar el reglamento para subsanar estas falencias de información y definir medidas que permitan asegurar la atención a mujeres y niñas en todos los establecimientos, garantizando equipos no objetores”, sostiene Camila Maturana, directora de Corporación Humanas.

Por su parte, Danitza Pérez, directora de la Fundación Por el Derecho a Decidir, junto a Claudia Sarmiento y Elisa Walker, socias de Sarmiento Walker y García Abogados, el escrito presentado entrega argumentos respecto de la legalidad y constitucionalidad de la modificación al Reglamento de Objeción de Conciencia que el Ministerio de Salud elaboró en el contexto de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales, para su toma de razón.

El escrito presentado por Fundación Por el Derecho de Decidir señala, en primer lugar, que todos los servicios públicos deben trabajar de la mejor forma para otorgar prestaciones a la ciudadanía según lo que señala   Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. “Con la presentación de estas modificaciones al Reglamento de objeción de conciencia, el Ministerio de Salud hace adecuaciones luego de siete años de implementación de la ley de las tres causales, para asegurar que esta prestación de salud se entregue de la mejor forma posible, haciéndolo de forma eficiente, eficaz y coordinada”, afirma Danitza Pérez.

Hoy acompañamos a fundación derecho a decidir, @corphumanas, a las abogadas @ElisaWalkerE y @claudiapazsr, organizaciones feministas y sindicales, a académicas como @LidiaCas, a presentar un Téngase Presente en CGR por el reglamento aplicación de ley 21.030 #Aborto3Causales. pic.twitter.com/v3g9F51BmY

— Claudia Pascual Grau (@Claupascualgrau) July 19, 2024

Otro punto relevante es que el Reglamento cumple con el deber legal de informar a las mujeres sobre sus derechos, al establecer que tanto los establecimientos de salud como los médicos tienen la obligación de informarles que son objetores de conciencia. “Es crucial que las mujeres tengan claridad acerca de las acciones adoptadas en torno a su salud, lo que incluye saber si el médico tratante puede atenderlas en caso de estar en alguna de las tres causales”, apunta la abogada Elisa Walker.

Barreras de acceso

De acuerdo al informe de Corporación Humanas de 2023, el 45,8% de obstetras de hospitales públicos se declaran objetores de conciencia frente a la causal de violación.  En 5 hospitales la totalidad de los obstetras se declaró como objetor en casos de embarazos producto de violación: hospital de Santa Cruz en la Región de O’Higgins, hospitales de Cauquenes y de Constitución en la Región del Maule, hospital de Victoria en la Región de La Araucanía y hospital de Puerto Aysén en la Región de Aysén.

El informe además da cuenta que, en 1 de cada 4 establecimientos habilitados para la realización del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, más de dos tercios de las y los obstetras objeta en la causal violación (incluyendo los 5 donde la objeción es del 100%). Ninguno de estos hospitales cuenta con un protocolo específico sobre objeción de conciencia, y 6 recintos que no tienen protocolo IVE o este no especifica las acciones a implementar para garantizar la atención a mujeres y niñas frente a equipos de salud mayoritariamente objetores de conciencia.

Para Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, estos datos generan limitaciones para la atención de mujeres y niñas que este reglamento busca subsanar.

REVISA EL ESCRITO PRESENTADO POR CORPORACIÓN HUMANAS

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