En el veredicto, el imputado fue absuelto de otras dos acusaciones por los mismos ilícitos y finalmente, se determinó que el empresario cumpla una sentencia de seis años. Lamentablemente su paso por la cárcel fue breve.

El abordaje de los medios de comunicación, en especial la televisión, trae a la vista puntos críticos a considerar y, uno de ellos, dice relación con la tribuna que se le da a los abusadores.

Los medios, a menudo, permiten que los abusadores o sus defensores tengan un espacio para justificar o minimizar sus acciones. Esto desvía la atención de las víctimas y del delito mismo, generando una narrativa que busca empatizar, incluso de manera sutil, con el perpetrador, revictimizando así a las víctimas. Por otra parte, se presta demasiada atención a la “caída” del agresor y a las consecuencias para su vida y carrera, mientras que el impacto en las víctimas queda relegado a un segundo plano cuando lo que debiese primar en este proceso es protegerlas y ampliar sus voces durante el proceso de búsqueda de justicia y reparación, si es que ellas lo desean.

Lo anterior, quedó demostrado con las declaraciones entregadas por el senador Macaya en un programa político de televisión en el que cuestionó las pruebas presentadas en el juicio y aseguró estar de parte de su padre. El legislador también criticó las pruebas de la Fiscalía: “Trato de empatizar también con personas que establecen ciertos hechos que no conocen. Acá parte por una situación familiar, una persona que es grabada en un entorno familiar sin su consentimiento, con pruebas y con un video que es bastante editado”.

La pregunta que nos hacemos es, ¿es posible grabar un video de esta índole con el consentimiento del abusador? ¿por qué una víctima llega al punto de tener que grabarlo? Esto no fue cuestionado durante el programa y tampoco en otras entrevistas que se originaron posteriormente. De esta manera, vemos cómo los medios tienden a omitir o minimizar la cultura de silencio que rodea a estos casos, donde los secretos de familia y las dinámicas de poder juegan un rol crucial en la perpetuación del abuso.

Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales, por ello resulta grave cuando estos no abordan el contexto familiar y social que permite que el abuso continúe sin ser reportado o castigado adecuadamente.

Genera una alerta permanente la evidente falta de sensibilidad y formación en perspectiva de género en la cobertura de estos casos. Muchos y muchas periodistas abordan estos temas con un enfoque sensacionalista, sin considerar el impacto que puede tener en las víctimas y sus familias.

Frecuentemente, se utiliza un lenguaje que culpabiliza a las víctimas, sugiriendo que podrían haber hecho algo para evitar el abuso. Esto perpetúa estereotipos dañinos y desalienta a otras víctimas a denunciar.

Para abordar la cobertura de casos de abuso y violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de edad de manera más adecuada, es crucial adoptar un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. Adoptar estos enfoques no solo mejora la calidad y ética del periodismo, sino que también contribuye a un cambio social positivo, promoviendo la justicia y la protección de las denunciantes.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile,  25 de julio de 2024.-

En el caso de Chile la educación sexual está prevista sólo para el nivel medio (esto es, cuando los niños y las niñas tienen más de 12 años) y se enseña como una materia determinada o como un contenido fijo, que no tiene vínculos con otros aprendizajes que se dan a lo largo de la vida escolar. Diversas organizaciones sociales han dado cuenta sobre “el abandono de la niñez en esta materia, a sabiendas de que la Educación Sexual Integral entrega conocimientos fundamentales para reconocer y visibilizar el abuso sexual infantil”,  delito con altas cifras en Chile y que afecta principalmente a niñas y niños de menos de 14 años.

Esta herramienta, que previene la violencia y el abuso sexual a temprana edad, ha sido objeto de una arremetida de grupos que, a nivel nacional y regional, la atacan bajo la consigna “con mi hijos no te metas”. A ello se suma que actualmente contamos con un Congreso y un proceso constitucional en curso que materializa la amenaza latente de retroceder en derechos sexuales y reproductivos.

En nuestro país existen pocas campañas informativas que sensibilicen a las y los distintos actores involucrados en torno a este derecho. En lugar de ello, los relatos públicos que determinan las agendas de los medios dan espacio a discursos que desinforman en torno a la ESI, replicando ideas basadas en prejuicios y estereotipos que nada tienen que ver con la realidad de estos contenidos en el aula y en sus efectos positivos para la vida de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, la campaña busca entrar en diálogo con las comunidades educativas, las familias, actores/as políticas, organizaciones sociales en torno a comprender lo que involucra este proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la afectividad y el bienestar.