“La salud pública, la educación pública y la vivienda se consideran derechos, [pero] en Chile [acceder a ellos] no es un sueño, sino una pesadilla”, manifiesta la activista Marisol Torres a días de que su país natal vote a favor o en contra de la nueva propuesta de Constitución, la que sustituiría al texto pinochetista de 1980. “Hija de la dictadura”, residente en distintos rincones del mundo—ahora en México— e integrante de la Red Chile Despertó Internacional, Marisol forma parte de la población a la que “se niega de raíz” y se le borra por completo. Es migrante. Junto a ella, se encuentran chilenxs en el exilio, presxs políticxs y quienes “se quedaron sin patria” como consecuencia del régimen militar (1973-1990).

Para Marisol  —que está fuera de Chile por “estudios y trabajo”—, el silenciamiento e impedimento para participar en el segundo proceso constituyente responde a una violencia que ha sostenido —y desgastado— al sistema político por décadas. “Lxs chilenxs no tenemos voz en el exterior”, denuncia. La exclusión de la población chilena migrante no sólo consiste en coartar la posibilidad del voto el 17 de diciembre. No se les incluyó ni escuchó para la redacción del documento.

Además de obstaculizar alternativas de contrapeso al endurecimiento del discurso y la política migratoria del gobierno de Gabriel Boric —presumido mediáticamente como la nueva cara de la izquierda en el continente, pero con una amenaza de “echar a personas irregulares” y dos proyectos para simplificar y acelerar los procesos de expulsión”—, la negación de la participación política de este sector impidió que la nueva Constitución de Chile incluyera disposiciones específicas para el reconocimiento y la garantía del “voto a distancia y anticipado”, mecanismo que a través de distintos sistemas —consular o electrónico (e-voto), por ejemplo— se ha implementado en países como México, Argentina, Canadá y Estados Unidos. También se abogaba por una Carta Magna que permitiera a la sociedad civil responder de una forma más articulada en la defensa de la migración digna. Había un compromiso significativo con el derecho a la solicitud de asilo político. Las demandas figuraban en la propuesta constitucional que rechazó más del 60% del electorado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

La organización de la (ultra)derecha en un país que anhela la reparación de daños

“El miedo es la razón por la que el país ha tenido más de una dictadura”, asiente Marisol en un tono amargo al recordar que la votación para consentir o desechar un proyecto “dictatorial, privativo y anulador de derechos” tendrá lugar cuatro años después del estallido social, expresión de hartazgo que entre 2019 y 2020 puso la mirada en Chile como un referente y detonador de organización popular: cacerolazos, subversiones artísticas, apropiaciones del espacio público, reclamos por la dignidad del pueblo mapuche, el Negro Matapacos, capuchas fucsia contra la violencia sexual y en defensa del aborto voluntario, ollas comunes y peluches de Pikachú.

“Chile despertó”, corría de voz en voz, desde el río Loa hasta el Bravo. Con todo y el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, a las pocas semanas, en noviembre, el 74% de la población chilena estaba convencido de que necesitaba una nueva constitución. De dicha cifra, el 90% optaba por la inclusión de derechos sociales como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y las pensiones.

Pero al igual que la esperanza, la (ultra)derecha se movilizó. En ningún momento, el (neo)conservadurismo tuvo intenciones de ceder. En diciembre de 2021, 44.13% de lxs votantes eligió a José Antonio Kast —aliado chileno de Vox, fundador del Partido Republicano y simpatizante del Pinochetismo— como opción presidencial. Así como Javier Milei y La Libertad Avanza en Argentina, las facciones conservadoras encontraron ventajosa la crisis económica y sociopolítica nacional, sobre todo después de la pandemia por COVID-19.

A los 10 meses de ocupar la presidencia, Gabriel Boric protagonizó titulares en los que se resaltaron la inflación —jamás vista en la llamada transición a ‘la democracia’— y el incremento de la inseguridad. En paralelo al aumento de homicidios y robos con violencia, el desgaste de figuras clave del estallido social como Giovanna Grandón (Tía Pikachú) y los escándalos que rodearon al movimiento La Lista del Pueblo (particularmente Rodrigo Rojas), el segundo proceso constituyente mantuvo los errores estratégicos del primero —tales como la falta de coordinación entre los sectores de izquierda/progresistas y los colectivos moderados— y brilló por la conformación antiderechos del Comité de Expertos: 5 representantes de izquierda, 6 de derecha y el Partido Demócrata Constituyente a modo de coalición de la derecha.

La alusión protagónica a Carlos Frontaura —un católico tradicionalista que utiliza las redes sociales para compartir el evangelio del día— y Hernán Larraín — ministro durante la presidencia de Sebastián Piñera, exintegrante del gabinete de Pinochet e íntimo compadre de Paul Schäfer, exmilitar nazi acusado de tortura y pederastia— debilitó cualquier expresión de confianza y alertó que “el nuevo proceso constituyente continúa asegurando no sólo la posición de élite derechista en Chile, sino también el anclaje de la política chilena con el pasado”, como reflexionaron las expertas en estudios internacionales Cathy Schneider y Sofía Williamson-García. “La derecha siempre ha trabajado con el miedo (…) Es muy complejo hacer acciones contra la institucionalidad del miedo”, lamenta Marisol, que hace un par de semanas leyó en internet que hasta abril de 2023 sólo 16% de lxs chilenxs confiaban en el proceso.

La primera Constitución que reconoce el aborto voluntario como derecho: el legado al que aspiraron los feminismos en Chile

A finales de 2021, organizaciones, colectivas y activistas feministas confiaron en que Chile podría ser el primer país del mundo en garantizar el aborto a nivel constitucional. En 5 días, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile logró reunir las 15.000 firmas reglamentarias para que la iniciativa popular “Será Ley” pasara a la Convención Constitucional (CC) el 26 de enero de 2022. Fue la primera de todas las iniciativas en cumplir con el requisito. En esas fechas, especialistas como Romina Suárez (Red de Profesionales por el Derecho a Decidir) y Carolina Cisternas (Red de Acompañantes con las Amigas) se mostraban entusiastas por el apoyo —no exclusivamente feminista— a un proyecto que demandaba:

1. Un marco legislativo constitucional en pro del principio de autonomía
2. El reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado, sin que este interfiriera
3. Derecho del acceso a la información

En vísperas del plebiscito del 17 de diciembre de 2023, el panorama es muy distinto. La iniciativa popular Será Ley no sólo se esfumó en el laberinto de un futuro que, al parecer, será —o permanecerá— hostil para mujeres y niñas. Con 33 votos a favor y 17 en contra, el 30 de octubre, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó la nueva propuesta, que se distingue por ocho artículos problemáticos.

Sobre el aborto el que causa angustia es el artículo 16, el cual establece: “la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer”. Desde el mes de septiembre también se expresó preocupación por el numeral 13 del artículo citado, alusivo a la libertad de conciencia sin excepciones y que, por ende, se convierte en un obstáculo para mujeres y personas con capacidad de gestar (hombres trans, personas NB, queer y agénero).

De aprobarse tal cual, la nueva constitución —que presenta un ligero cambio cuando se le compara con el texto pinochetista de 1980— podría entrar en conflicto con la actual normativa sobre aborto: la Ley N° 21.030, promulgada en 2017 para despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales: 1) peligro para la vida de la mujer 2) inviabilidad fetal de carácter letal y 3) embarazo por violación.  “Lo que va a suceder es que se va a eliminar lo que habíamos ganado. Vamos a terminar con prohibición total de aborto y, [con eso] que las mujeres no seamos dueñas de nuestro cuerpo”, resume Marisol.

“Es una cuestión súper crítica (….) y también [algo] muy retrasado para lo que las mujeres chilenas necesitan”, habla Camila Maturana, abogada y directora de Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género*, organización femininista que, al lado del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Observatorio de Género y Equidad (OGE), ha trabajado con la plataforma Nada sin Nosotras para informar y ofrecer análisis críticos sobre la propuesta de la nueva Constitución de Chile. Si bien “los derechos sexuales y reproductivos no [fueron] los temas más presentes en el debate público, el aborto y la objeción de conciencia adquirieron un nivel muy interesante”, comenta la experta en justicia de género.

En este país del Cono Sur, la despenalización del aborto se caracteriza por significativos rezagos si se le enmarca en los avances de las legislaciones en Argentina, Colombia, México y Uruguay. “No establece un modelo de plazos” y, en caso de que en el plebiscito se opte por la aprobación, pasará por alto la legitimidad y aceptación que tiene la Ley N° 21.030 en la sociedad chilena. “[La nueva propuesta constitucional] no sólo causa preocupación entre las feministas, sino en toda la ciudadanía”, resalta Maturana. “La gente parece no estar muy disponible a que le quiten sus derechos”.

Históricamente, la objeción de conciencia —”figura jurídica que te permite o no cumplir la ley, pero en casos específicos y excepcionales”, define la directora de Corporación Humanas— ha frenado y condicionado los alcances del movimiento abortista en Chile. Aunque no sea un derecho en sí mismo, sino una manifestación del derecho a la libertad de conciencia (como lo enfatizan el Grupo de Información en Reproducción Elegida, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas) y tampoco reconocido como tal en tratados internacionales, se busca que la objeción de conciencia adquiera un carácter institucional [1]. Al respecto, Camila Maturana aclara: “[El riesgo que se corre es] abrir la posibilidad a que más integrantes del equipo de salud puedan decir: ‘yo soy objetor de conciencia y no lo hago [el proceso de aborto]”.

De acuerdo con el último informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la violación es la causal de aborto con más objetores de conciencia. En los hospitales de Cauquenes, Constitución, Pitrufquén y Lautaro todxs lxs profesionales de la salud son objetorxs de conciencia. Las regiones en las que se encuentran estas comunas (Maule y Araucanía, respectivamente) encabezan las tasas de delitos sexuales hacia mujeres y niñas en el país. Sumado a la objeción de conciencia, la Marea Verde chilena se enfrenta al desconocimiento sobre el proceso legal para acceder a un aborto y a la negativa del Poder Judicial para adoptar medidas administrativas y protocolos en materia.

Pero la objeción de conciencia no sólo coadyuva el derecho a un aborto legal, pues “puede [utilizarse] para oponerse a entregar información sobre anticonceptivos”. Además, tiene posibilidades de extenderse al ámbito escolar y laboral. “Por razones de objeción de conciencia, un colegio [puede decir:] ‘no recibimos niñas embarazadas; tampoco nos gustan lxs niñxs trans o la niña [que es hija] de una mamá soltera. [O, en el caso de una empresa]:’ ‘no nos gusta contratar lesbianas’”, detalla Camila Maturana.

Esta preocupación la comparte el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En un comunicado compartido con Volcánicas, la agrupación señaló que el derecho a la no discriminación está incorporado “pero en medio de otros artículos limitantes y regresivos”. Asimismo, Movilh enfatizó que la invisibilidad de los derechos sexodisidentes no es únicamente (ir)responsabilidad de la ultraderecha, sino de “todos los sectores políticos-partidarios que participaron”. También denunció que se les omitió en el proceso. “Este segundo intento para dotar a Chile de una nueva Constitución fue, en términos concretos y reales, indiferente e insensible durante toda su tramitación a la realidad LGBTIQ+, desde el momento mismo en que se generaron las bases constitucionales, hasta pasar por la Comisión Experta y terminar con el texto evacuado por el Consejo Constitucional”, precisa.  La “exclusión de la diversidad sexual y de género” tuvo consecuencias negativas como:

1. La inexistente mención a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género
2. El enfoque “exageradamente binario” que desconoce los derechos básicos de las personas “género fluido y/o no binaries”.
3. Reconocimiento de un solo modelo de familia (el hegemónico, claramente)

Derivado de este tercer punto, Movilh mira con recelo los términos en los que queda la protección del interés superior de la niñez: poder absoluto de las personas adultas y exigencia de un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje.

“Considerando que en Chile y en el mundo los derechos de NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) son periódicamente vulnerados por algunas familias que pretenden imponer sus visiones religiosas, morales o ideológicas sobre las orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género; con violencia física y psicológica que en ocasiones termina en el suicidio; la propuesta del Consejo Constitucional resulta groseramente nociva”.

En complemento a lo expuesto por Movilh, Corporación Humanas puntualiza que el interés superior de las infancias es una de las incorporaciones que no se habían tenido en la Constitución (aunque Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de 1990). Sin embargo, el reconocimiento es a modo y conveniencia de grupos conservadores, ya que si los padres, las madres y/o lxs tutorxs pueden determinar si se brindará educación sexual integral (ESI) o no.

Desde la perspectiva de Camila Maturana, esto puede tener efectos contraproducentes en la protección frente a la violencia sexual. Igualmente, resulta alarmante en tanto que en el país es sistemático el rechazo a iniciativas de ESI, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Otros de los derechos que se alistan de “una manera bastante peculiar” son los referentes a las labores de los cuidados. “Se presumen como una novedad [pero en la propuesta constitucional] no se menciona el derecho de las personas a ser cuidadas”, dice Camila Maturana. Tampoco se habla del valor económico no remunerado de las mujeres, que “representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB)” nacional.

El patriarcado [y la nueva propuesta constitucional] son un juez que nos juzgan por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves.   

Entre 2022 y 2023, el movimiento feminista chileno logró la tipifcación del suicidio feminicida en la Ley 21.523 (Ley Antonia), la introducción de mecanismos para evitar la revictimización, la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el establecimiento de medidas de protección y reparación de daños a familiares de víctimas de feminicidio (Ley 21.565). Empero, en esta latitud latinoamericana prevalece “una revelación de insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual”, como se subrayó en la carta Por nosotras, por ellas, firmada por la expresidenta Michelle Bachelet, las exministras de salud María Begoña Yarza, Helia Molina y Alejandra Krauss, 63 académicas, dirigentes estudiantiles, abogadas y profesionales de la salud.

Pese a los 78 feminicidios registrados entre 2022 y agosto de 2023, el aumento de los feminicidios frustrados (387 en los últimos dos años, según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género), las irregularidades en las investigaciones de homicidios en razón de género y el incremento de los casos de violencia de pareja (1 de cada 4 mujeres entre 15 y 65 años sufrió una situación de violencia física, psicológica o sexual entre agosto de 2022 y agosto de 2023) en Chile, Camila Maturana problematiza que en el nuevo proyecto de Constitución no se aborda la violencia de género. “[Aunque] se habla bastante de delitos (…) [no se señalan] mandatos claros a los órganos del Estado en orden a prevenir y sancionar; proteger y reparar”.

La directora de Corporación Humanas también revela que el abordaje del tema de seguridad carece de perspectiva de género. “La seguridad para las mujeres y las niñas tiene que ver muchas veces con dónde ocurre: en las casas, los espacios de trabajo, las escuelas o el transporte público”, recuerda.

“Constitución pinochetista, derecho opus dei, libro facista” ¿en 2023?

“Chile no es un país. Somos una sede de empresas”, dice Marisol tras asegurar que, de ganar la aprobación de la nueva propuesta de la Constitución, permanecerá en México, pues en su país “se perpetuará y potenciará la injusticia”. En una llamada de Zoom, Camila Maturana asiente, decepcionada, que el proyecto a votar el 17 de diciembre “no logró cumplir el objetivo principal”: un acuerdo nacional para generar unidad. El segundo proceso constituyente tampoco se perfila como contrapeso o normativa transformadora de un país altamente desigual.

“En derechos sociales la propuesta queda muy mal al lado de las necesidades de la ciudadanía, aún cuando se declara que Chile sería un Estado social y democrático en [cuanto a] la regulación del derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y [lo] laboral. [El texto] no tiene ningún correlato con ese Estado social y democrático, sino más bien podríamos clasificarlo como una consagración de derechos muy limitada”.

En conversación con el periodista chileno José Zepeda (Radio Media), el cientista político Modesto Mayo compartió que una de las fallas durante los procesos constituyentes fue dar por hecho que, tras el estadillo de 2019, Chile era “post-progresista”. Esta visión evitó que se consideraran las bases estructurales del país. Desde la Cordillera de los Andes hasta la de la Costa, la sociedad chilena ha testimoniado una institucionalidad del miedo, como mencionaba Marisol, pero también ha sido evidente el aferro de ciertos sectores a sistemas que mantienen a Chile como el laboratorio [neoliberal] en el que todo se lucra, vende y criminaliza, como describe Ana Tijoux en “Shock”.

En la historia de la ‘democracia’ chilena han sido tres los intentos de reemplazar la Constitución de 1980: el primero liderado por el gobierno de Michelle Bachelet y los otros dos como resultado de la revolución de octubre de 2019. En todos, los medios de comunicación —tradicionalmente de propiedad privada— jugaron un papel clave para incentivar la desconfianza en representantes de la Asamblea constituyente sin afiliación partidaria y, paralelamente, salir a la defensa de estructuras que mantienen el acceso a los derechos básicos como un privilegio.

“Lo que están haciendo es que están salvando sus intereses”, Marisol habla sobre la narrativa mediática para salvar a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), ejemplos de lo que sucede cuando se priorizan las lógicas de mercado. Las Isapres fueron creadas en 1991, como una expresión de la Ley Nº 18.933, para ‘ofrecer’ seguros de salud a quienes ‘escogen voluntariamente’ afiliarse a ellas. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “la facultad de pertenecer a una Isapre depende del nivel de ingreso de una persona”. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, se sabe que en 2021 el ingreso de las personas ocupadas en Chile fue igual o menor a $457.690. La brecha de género fue del 18.9% y tuvo mayor acento en el grupo etario de 65 años.

Sumado a las inequidades económicas, el derecho a la salud de lxs chilenxs se ve afectado por las condiciones adversas del sistema de salud público: financiamiento insuficiente, fallas en la organización, presiones mercantiles e intereses corporativos fuertes. En 2019, la indignación frente al alza del transporte público y la privatización total del agua —uno de los robos institucionales más rentables en Chile— también fue una oportunidad para exigir un cambio radical en el modelo sanitario.

Anexo al compromiso con la garantía del derecho al acceso al aborto y la ESI, se demandó la destinación de al menos un 6% del PIB al sector salud, incrementar el financiamiento al primer nivel de atención y la generación de un seguro único. Ninguna de estas exigencias históricas se ven reflejadas en la propuesta de la nueva Constitución de Chile.

Lo mismo ocurrió con el reconocimiento de la vivienda digna como un derecho social prioritario. Entre las movilizaciones eran notorias las consignas para romper con el “silencio constitucional sobre el derecho a la vivienda”. En el marco de Chile Despertó, la urgencia de contar con respuestas y alternativas al déficit habitacional, la discriminación urbana y demás inequidades derivadas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano  que desde 1979 “declaró al suelo como un bien libre sujeto a las transacciones mercantiles”. Cuatro años después, ONG y activistas sospechan que el plebiscito del 17 de diciembre dé paso —o fortalezca— la corrupción inmobiliaria.

A días de la votación (e independientemente del resultado), Chile se encuentra en el limbo, con un pie en el pasado y con el otro en un porvenir que podría dejar aún más claro que la dictadura y su respectivo (neo)conservadurismo se han enquistado en cada rincón y sin intenciones de tregua.

Las mujeres, las infancias, los pueblos indígenas, las comunidades migrantes, las personas sexodisidentes, lxs campesinxs, lxs obrerxs, las feministas y las organizaciones estudiantiles resisten y agarran fuerza y coraje de donde pueden. Se niegan a legitimar una Constitución que en su momento prohibió a los grupos marxistas y autorizó la supervisión militar. “¡A derrotar el fraude y el engaño!”, gritan a lo lejos. Pero también es cierto que, como Marisol, consideran “incomprensible el riesgo de que la propuesta de la nueva constitución gane”.

¿Y el derecho a la memoria y la justicia?

Fuerza Chile. La revolución es posible.

Notas al pie

[*] En representación y dirección de Corporación Humanas, Camila Maturana puntualiza que como organización, “su política es entregar información y hacer un análisis crítico del texto [de la nueva propuesta constitucional], pero no es su rol hacer un llamado a votar en un sentido u otro”.

[1] Es decir: que se ejerza de manera absoluta y sin límites para que, de este modo, las instancias del sector público y privado obstaculicen el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención.

Reportaje publicado en Revista Volcánicas  el 16 de diciembre, 2023