Tras largos años de debate parlamentario, Chile cuenta al fin con una Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta normativa incorpora múltiples expresiones de la violencia hacia las mujeres, más allá de la intrafamiliar o sexual.

Así, en su artículo 6, la ley reconoce la violencia simbólica y señala que es “toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma, cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer”. Además, en su artículo 15, indica obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación.

Este reconocimiento va en línea con la reciente declaración regional impulsada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que señalan que “la violencia simbólica es una manifestación de la discriminación histórica contra las mujeres y las niñas en toda su diversidad, que ha estado presente en nuestras sociedades” y que, por ende, contribuye a perpetuar las desigualdades y a excluir a las mujeres del espacio público.

La violencia simbólica se puede manifestar a través de la cosificación de las mujeres y la consideración de roles estereotipados de género, entre otras formas, y es parte de la discriminación estructural hacia las mujeres, naturalizando su subordinación. Esta ha sido identificada en tratados internacionales y regionales de derechos humanos que refieren a la necesidad de modificar “patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (art.5 CEDAW).

Se trata de un tipo de violencia difícilmente codificable e inasible que, según señala Rita Segato, escritora, antropóloga y activista feminista argentina, es más efectiva cuanto más sutil. Y que, como conceptualiza el sociólogo francés Pierre Bourdieu, no es posible de aprehender a través de un ejercicio de conciencia.

Desde una comunicación con enfoque de género, debemos fomentar la erradicación de mensajes que injurian, difaman, humillan, subordinan y atentan contra la dignidad de millones de mujeres y evitar incurrir en prácticas que contribuyen a la estereotipación y estigmatización de las mujeres.

Fomentar nuevas narrativas, en un contexto en el cual abundan los titulares y contenidos sexistas, sensacionalistas, llenos de morbo y carentes de reflexión social, es el gran desafío que deben emprender especialmente comunicadores y comunicadoras para aportar al fortalecimiento de la comunidad y de la democracia. En tiempos convulsionados e inciertos, las autoridades y los medios de comunicación deben ser un ejemplo, elevando el nivel de los debates y eliminando descalificaciones estereotipadas y argumentaciones discriminatorias que nos impiden avanzar en la construcción de una sociedad para el siglo XXI.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador el 23 de abril, 2024

El 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa y se ha puesto en el debate público la importancia de la libertad de expresión para la democracia y las complejas situaciones, como amenazas, acoso, hostigamiento y ataques, que viven las comunicadoras para el ejercicio de este derecho.

Constantemente vemos cómo las mujeres con voz pública (ya sean políticas, comunicadoras o defensoras de Derechos Humanos) son objetivo de trolls, doxeo, amenazas, acoso digital, difusión de fake news y cuestionamientos a su trabajo y vidas privadas, siempre con sesgos de género. Esto no sólo queda en la virtualidad, ya que esta violencia tiene efectos “offline”: las mujeres ven afectada su salud física y mental, su vida personal, social, laboral y familiar y, lo más grave de todo, hay ataques que se concretan más allá del mensaje en redes sociales.

Un informe realizado por ONU Mujeres, con testimonios de 15 países de América Latina y Caribe, sobre violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y su impacto en la libertad de expresión (2022) señala que 80% de las entrevistadas limita su participación en redes sociales y un 40% se autocensura y evita escribir sobre temas que son de su pertinencia por esta violencia.

En una declaración reciente, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) realizó un llamado a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa para defender los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen voz. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación frente al aumento de actos de violencia en contra de periodistas y defensoras a lo largo de la región que es ejercida por personas en posiciones de autoridad públicas o privadas, lo que conlleva un creciente proceso de silenciamiento y autocensura.

En línea con el informe de ONU Mujeres, advierte que las manifestaciones de violencia apuntan directamente a acallar la voz pública de las mujeres disidentes, en especial la de aquellas que buscan poner en la agenda pública la igualdad de género, el respeto a las diversidades, las denuncias frente a las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales. Hace un llamado a la acción no sólo a los Estados, sino que a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la opinión pública en su conjunto, ya que es en estos espacios donde las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos ejercen su labor, y a su vez reciben la mayor parte de los ataques.

Más allá de la afectación para quienes son objetivo directo de estos ataques sistemáticos, la violencia de género en línea tiene un efecto disciplinador, al lograr que otras mujeres se resten de espacios de debate y de difundir su opinión o trabajo para no vivir las mismas situaciones. Cabe recordar que hoy en día las redes sociales son el principal medio para la discusión pública y que estas son un espacio cada vez más hostil para las mujeres.

En conclusión, la violencia de género en línea vulnera el derecho a una vida libre de violencia, silencia a las mujeres y socava su derecho a la libertad de expresión, al obstaculizar su participación en el ecosistema digital. Esto tiene un impacto directo en la calidad de nuestra democracia, al reducir la pluralidad de miradas y voces en la agenda pública. Es necesario y urgente tomarle el peso a este tipo de violencia, no minimizar su impacto sobre la vida de las mujeres (y sobre la democracia) y tomar medidas integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Por Luna Grado, periodista y Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas 

Columna publicad en Braga El Mostrador el 09 de mayo de 2023