Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.

Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.

Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.

Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.

Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.

El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.

Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en Cooperativa el 06 de julio, 2026

La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comienza a perfilar uno de los primeros focos de tensión del próximo Gobierno de José Antonio Kast. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), conservadora y ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la permanencia del mismo ministerio en el que ahora ha sido designada. Ese cruce entre institucionalidad y convicciones explica por qué organizaciones feministas ya encendieron las alertas, las que –por cierto– se activaron hace varios meses, dados los constantes ataques desde la derecha hacia dicha secretaría de Estado.

En julio de 2017, tras casi dos años y medio de tramitación, la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su prueba de fuego. En medio de la votación en el Senado un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando, en oposición a la ley, hasta que Carabineros intervino y los desalojó.

Entre los carteles, uno destacaba por su tamaño: “Vuélvete a Cristo”, se leía. Lo sostenía Judith Marín, la misma que hoy asume como ministra. Frente a la cámara gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”.

Una derecha “real y sin mezcla”

La futura ministra tiene 30 años. Es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como la actual secretaria general del PSC. Antes de llegar al partido, militó en Renovación Nacional, siendo electa como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese entonces, se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno y que en 2019 fue expulsado de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, tras ser acusado de malversación de fondos y lavado de activos del dinero de la iglesia.

Pero el lazo entre política y religión comenzó tiempo atrás. Durante su etapa universitaria, Marín fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace ya unos 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, quienes hoy son alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad, respectivamente. El matrimonio de los Muñoz (no hay parentesco entre ellos) es parte fundacional del Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, Héctor Muñoz es el vicepresidente del partido.

“Soy una mujer de fe. Sí, soy cristiana, y no tengo ningún problema en decirlo porque no me avergüenzo del evangelio”, dijo en octubre pasado en “24 Debates”. “Nuestro país está atravesando una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca los hijos de Dios tenemos que levantarnos”, aseveró, en medio de su campaña como diputada por el distrito 12.

Aunque no resultó electa, obteniendo solo el 2,5% de los votos, su figura marcó presencia en la “nueva derecha”, como se define su colectividad, el cual indica en su página web que “el Partido Social Cristiano es la nueva derecha en Chile. Una derecha que entiende los desafíos del país y está dispuesta a enfrentarlos con propuestas innovadoras y eficaces. Somos la derecha del cambio real, del compromiso con las personas, del respeto por la vida y los valores cristianos que nos unen”. Entre sus principios, señala que “creemos en un país con bases jurídicas y culturales cristianas”.

El PSC, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la “familia natural”, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El partido llevó adelante la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, por presuntas irregularidades en Junaeb y por “controversias” relativas a la guía de sexualidad afectiva, libelo que fue rechazado.

Marín defendió abiertamente el rol de las iglesias y de las familias en la educación, en el programa “En todas partes hay un cristiano”, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, el partido busca “ser luz, ser sal” y sentar precedentes frente a lo que considera injerencias del Estado.

En esa instancia marcó su postura, aseverando que lo valórico es “la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural entre un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Los reparos

Sin embargo, desde el mundo del feminismo y los derechos humanos el nombramiento despierta una serie de recelos, dado el perfil conservador de la futura ministra de una cartera que, en general, ha tenido una impronta muy distinta.

Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, centro de estudios de DD.HH. y justicia de género, dice al respecto que “quien encabece el ministerio tiene el deber de actuar con lealtad institucional hacia su mandato legal y hacia los estándares democráticos de igualdad”.

El conflicto se vuelve más evidente al revisar las propias declaraciones de Marín sobre el Ministerio de la Mujer. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast –quien en 2021 propuso suprimir dicha cartera–, Marín planteó evaluar su fusión o incluso su eliminación.

“Si hoy nos preguntamos cuál realmente es la utilidad del ministerio, yo creo que por ahí es donde debiésemos comenzar. ¿Funciona de manera efectiva?”, se preguntó en Puranoticia, agregando que “fusionar” podía ser “un buen concepto”.

Desde Corporación Humanas señalan que ese punto es crítico: “La institucionalidad en materia de mujeres no es un adicional del Estado, sino el resultado de décadas de construcción democrática”. A juicio de Salvo, el riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino “el vaciamiento silencioso: menos prioridad política, menos presupuesto, menos capacidad de incidencia”.

Javiera Canales, directora de Miles, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, tiene una lectura más directa: “Cuando el Ministerio de la Mujer queda en manos de una figura que no ha defendido activamente su rol, el mensaje es que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del Gobierno”.

El cruce entre convicciones religiosas y gestión pública es lo que preocupa a Margarita Peña, vocera de la Coordinadora 8M. “Es grave que un partido confesional, que no separa religión y política, esté a cargo de esta cartera”, advierte. “Nos hace retroceder más de un siglo en el consenso de separar Iglesia y Estado”, agrega.

El contexto no es menor. El nuevo Gobierno asumirá tres días después del 8 de marzo, una fecha que históricamente ha marcado la relación entre el poder político y el movimiento feminista.

Para Humanas, ese momento puede ser una oportunidad: una señal temprana de respeto institucional y apertura al diálogo. Para Miles, será un período de observación y vigilancia democrática.

La Coordinadora 8M, en cambio, anticipa un escenario de confrontación: “Nos declaramos en alerta. El perfil de Marín representa una afrenta a demandas levantadas por millones de mujeres y disidencias. Este 8M volveremos a ser multitudes en las calles, afirmando que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.

No se trata solo de un nombre. Tampoco de una ministra en particular. El conflicto es más profundo: qué lugar tendrán los derechos de las mujeres en un Gobierno que llega con una agenda conservadora, confesional y dispuesta a reordenar –o debilitar– la institucionalidad que los sostiene.

Noticia publicada en El Mostrador, 21 de enero 2026.-

En los últimos días, un grupo de parlamentarios presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar penalmente las llamadas “falsas denuncias” de abuso sexual y establecer mecanismos de reparación para las personas acusadas. La iniciativa se presenta como una respuesta a supuestos abusos del sistema, pero omite una pregunta central: ¿qué efectos tendría una norma así en el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia sexual y de género?

Denunciar violencia de género ya es, en sí mismo, un proceso difícil, riesgoso y muchas veces revictimizante. Las mujeres enfrentan miedo, dependencia económica, presiones familiares, estigmatización social y una profunda desconfianza en las instituciones. En ese contexto, introducir la amenaza de una sanción penal por “denuncia falsa” agrega una capa adicional de riesgo: no solo hay que denunciar la violencia, sino también evitar que el sistema interprete la denuncia como falsa si no logra acreditarse.

Desde los estándares internacionales, este enfoque es profundamente problemático. Así lo ha advertido recientemente el MESECVI, mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, al señalar que existe una diferencia fundamental entre una denuncia falsa y una denuncia no probada. La denuncia falsa exige dolo, es decir, la intención consciente de mentir, algo excepcional. En cambio, la mayoría de las denuncias que no terminan en condena no son falsas, sino el resultado de investigaciones deficientes, falta de pruebas disponibles o fallas estructurales del sistema penal.

Confundir estas situaciones no solo es jurídicamente incorrecto, sino profundamente injusto. En la práctica, este tipo de iniciativas trasladan el costo de la ineficacia estatal a las propias mujeres. Cuando una investigación fracasa, el problema deja de ser la falta de debida diligencia del Estado y pasa a ser la conducta de quien denunció. Desde una perspectiva feminista, esto invierte el foco del problema: en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para investigar bien, se castiga a quienes buscan protección.

Además, estas propuestas generan un fuerte efecto disuasivo. El mensaje implícito es claro: “Si no puedes probarlo, mejor no denuncies”. En contextos donde la violencia sexual y de género ya está ampliamente subdenunciada, este tipo de normas profundizan el silencio y refuerzan la impunidad. No se trata de un efecto colateral, sino de una consecuencia previsible de sistemas que descreen de las mujeres y priorizan la protección del denunciado por sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

No es casual que estos proyectos se sostengan en estereotipos misóginos persistentes: la idea de que las mujeres denuncian por venganza, celos o beneficio personal. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Las denuncias falsas son estadísticamente marginales, mientras que la violencia sexual es un fenómeno masivo y estructural. Desplazar el foco hacia un problema sobredimensionado no fortalece la justicia; debilita la respuesta institucional frente a la violencia.

El estándar internacional es claro. Tal como señala el MESECVI, la prioridad de los Estados debe ser mejorar la investigación penal, garantizar la debida diligencia, erradicar estereotipos de género en el sistema de justicia y asegurar que denunciar no sea un riesgo, sino un derecho efectivo. Penalizar las denuncias falsas no protege la justicia: la debilita, refuerza la impunidad y aleja a las mujeres del sistema que debería protegerlas.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada el 24 de diciembre en El Mostrador

Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

Revisa los paneles completos aquí

La semana pasada un hombre fue detenido en Peñalolén después de atacar a su expareja frente a sus tres hijos. La mujer logró alertar a Carabineros y el sujeto tenía nada menos que dos órdenes de detención vigentes por agresiones pasadas.

El dramático episodio es uno de los tantos femicidios frustrados que ocurren en nuestro país cada año. De hecho, entre el 1 de enero y el 11 de julio de este 2025 se han registrado 153 casos. La cifra es un 15% más baja en comparación a la misma fecha del año pasado.

No obstante, la directora nacional del Servicio de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro, indicó a Informe Especial que por ahora “hay que mirar las cifras con cautela” y que estos casos “nos muestran que la violencia de género sigue siendo una realidad estructural que afecta a muchas mujeres”.

La reciente declaración de un diputado y candidato presidencial, en la que afirma sin titubeos que volvería a apoyar un golpe de Estado en Chile —incluso conociendo sus consecuencias—, es un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe relativizarse. No es un exabrupto aislado ni una simple provocación de campaña: es una manifestación abierta de negacionismo, una banalización de crímenes atroces y un atentado directo contra la memoria histórica, los derechos humanos y la convivencia democrática.

Chile vivió una dictadura civil-militar que dejó heridas profundas, muchas de las cuales siguen abiertas. Según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Valech, al menos 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, más de 38.000 fueron víctimas de prisión política y tortura, y cientos de miles se vieron forzadas al exilio. Las víctimas incluyen a niñas, niños, mujeres, hombres, personas mayores, estudiantes, campesinos, sindicalistas, profesionales.

La represión fue sistemática y generalizada: detenciones ilegales, centros clandestinos de tortura, violencia político-sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, exilio y relegación. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que han sido condenados por organismos internacionales y por la comunidad internacional.

Frente a este brutal historial lleno de evidencia, las palabras dichas no solo constituyen una afrenta ética y política: son un acto de violencia simbólica contra las víctimas, sus familias, muchas de las cuales —como recuerda la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos— aún no han recibido verdad, justicia ni reparación. Más de 1.100 personas permanecen desaparecidas. Sus cuerpos siguen sin ser devueltos. Su memoria no puede ser negada ni ultrajada en el debate público.

No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente. Chile se prepara para un nuevo ciclo electoral, y la democracia no puede ser puesta en riesgo por liderazgos que trivializan el sufrimiento colectivo o que promueven abiertamente la ruptura institucional como herramienta política. La historia no se puede usar como propaganda ni convertirse en botín electoral.

Resulta inaceptable que un candidato presidencial utilice su tribuna para legitimar hechos que destruyeron el Estado de derecho, eliminaron libertades, clausuraron el Congreso y silenciaron a la ciudadanía mediante el terror. La banalización del mal, como advirtió Hannah Arendt, se encarna en la capacidad de transformar lo inaceptable en rutina, de vestir la barbarie con lenguaje técnico o neutral. Eso es precisamente lo que hacen estas declaraciones.

También hacemos un llamado al periodismo, al mundo académico, a la sociedad civil y a la ciudadanía a no dejar pasar este tipo de discursos como parte del “colorido” electoral. No se trata de libertad de expresión, sino de apología de crímenes internacionales. No todo vale en campaña.

La memoria no divide: une a quienes creemos en la democracia, la justicia y los derechos humanos. Recordar es un acto de responsabilidad política y ética. El dolor de una sociedad no se banaliza. Nunca más.

Por Paula Salvo del Canto, presidente de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en El Mostrador, el 09 de julio de 2025

Esta ausencia no es menor. La sociedad conyugal sigue siendo un régimen que ubica al marido como administrador de los bienes, una discriminación estructural que afecta la autonomía económica de las mujeres. Pese a que su reforma ha sido presentada como prioridad en anteriores cuentas públicas y que Sonia Arce luchó por este cambio desde hace más de 20 años, la discusión sigue estancada y sin avances significativos.

Así nace el diálogo entre La Fiera y Jovanka que pone sobre la mesa preguntas incómodas y los pendientes que aún pesan sobre nuestra legislación.

– La Fiera: Dime, Jovanka, ¿es justo que una mujer, por el solo hecho de estar casada, no pueda vender su casa sin permiso de su marido?

– Jovanka: Por supuesto que no. Pero en Chile, hasta hoy, eso puede ocurrir. Se llama “sociedad conyugal”, y es el régimen legal que gobierna los bienes de muchas parejas casadas. Aunque suena neutral, en realidad pone al marido como administrador de todos los bienes comunes… y de los de ella también.

– La Fiera: ¿Y qué pasa si ese marido la abandonó hace años? ¿Si no responde? ¿Si es violento?

– Jovanka: Pasa lo que le ocurrió a Sonia Arce. Quiso vender una propiedad que había heredado junto a sus hermanos, pero no pudo hacerlo porque estaba casada bajo este régimen. Para vender necesitaba la firma de su esposo, un hombre con el que ya no convivía. No había violencia explícita. Pero había control. Y, sobre todo, había una ley que la trataba como incapaz.

– La Fiera: ¿Y qué hizo Sonia?

– Jovanka: Luchó. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, con apoyo de Corporación Humanas y CEJIL. Denunció al Estado de Chile por discriminación basada en su sexo. En 2008, logró un acuerdo amistoso con el Estado. Chile se comprometió a cambiar la ley para asegurar que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos sobre sus bienes.

– La Fiera: ¿Y se cambió la ley?

– Jovanka: No. Han pasado más de 20 años. Cinco presidentes. Múltiples promesas. Y el proyecto de ley, aunque ha avanzado en la Cámara De Diputadas y Diputados, aún espera en el Senado. Como si no fuera una materia urgente.

– La Fiera: ¿Pero no se han hecho otras reformas por la igualdad?

– Jovanka: Sí, muchas. Pero hay algo simbólico y estructural en esta. ¿Cómo decimos que luchamos por la autonomía económica de las mujeres, si aún hay una ley que dice que una mujer casada necesita un hombre para disponer de sus propios bienes?

– La Fiera: Entiendo. Pero me confunde algo. ¿Acaso no pueden elegir otro régimen al casarse?

– Jovanka: Pueden, pero el régimen por defecto sigue siendo la sociedad conyugal. Además, muchas mujeres no saben que pueden cambiarlo. Y otras lo descubren cuando ya están atrapadas en él. Cambiar el régimen no es fácil: requiere abogados, trámites, y recursos. Y mientras tanto, la discriminación sigue escrita en el Código Civil.

– La Fiera: ¿Y qué dicen los que se oponen al cambio?

– Jovanka: Que hay cosas más urgentes. Que las parejas pueden pactar lo que quieran. Que no es tan grave. Pero lo cierto es que esta ley refuerza una idea antigua: que el hombre manda en lo económico, y la mujer obedece o espera. Sonia Arce lo dijo con claridad: “Lo hice por mí, por mi hermana y por todas las mujeres”.

– La Fiera: Entonces, ¿por qué no se cambia ya?

– Jovanka: Porque cuesta reconocer que el Estado ha sido cómplice de una violencia más sutil, más antigua, pero no menos hiriente: la violencia económica contra las mujeres. Porque hay quienes aún se resisten a perder poder, incluso si se esconde bajo la forma de una firma en una notaría.

– La Fiera: ¿Y qué podemos hacer?

– Jovanka: Exigir que el Senado cumpla. Que deje de postergar. Que se recuerde el compromiso internacional asumido en 2008. Que se reconozca, al fin, que las mujeres no necesitan un hombre para decidir sobre lo suyo.

– La Fiera: Que así sea, Jovanka. Porque la igualdad no se escribe solo en discursos. Se escribe, sobre todo, en las leyes.

Por Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 03 de junio del 2025