Santiago 31 de agosto, 2023.- La Corte Suprema condenó este 29 de agosto a ex agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) por secuestros, torturas y violencia sexual cometida en contra de Patricia Herrera Escobar y Ana María Campillo Bastidas en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, entre los meses de junio y julio de 1974. 

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de marzo del año pasado, que condenó a Manuel Muñoz Gamboa a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de secuestro agravado de connotación sexual; y a Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado a 5 años y un día como cómplices. En tanto, Alejandro Sáez Mardones, igualmente cómplice de estos delitos, deberá cumplir la pena de presidio perpetuo por encontrarse condenado por otras causas de violaciones a derechos humanos. 

Previamente, en primera instancia, el Ministro Mario Carroza Espinosa también había condenado a José Luis Contreras Valenzuela y a José Hoffmann Oyarzún en calidad de cómplices de los delitos de secuestro agravado de connotación sexual, pero habiendo fallecido posterior a la sentencia, en su caso se dictaron los sobreseimientos correspondientes.

Finalmente, la Corte Suprema ha resuelto descartar los recursos de casación interpuestos por Muñoz Gamboa, Cruces Martínez y Alvarado Alvarado, con base en que los crímenes cometidos corresponden a crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que las querellas presentadas por Patricia Herrera y Ana María Campillo datan de 2010 y 2015, respectivamente, evidenciando su larga búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación.

Desde Corporación Humanas, su directora Camila Maturana Kesten resalta que “habiendo transcurrido tanto tiempo desde los hechos y de las querellas presentadas por las sobrevivientes de violencia política sexual en los subterráneos de la Plaza de La Constitución, es importante que finalmente la Corte Suprema dictamine la condena de los perpetradores, pues se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, que deben ser reconocidos como tales y sancionados conforme a su gravedad. La violencia política sexual que la dictadura cívico militar ejerció contra las mujeres debe ser relevada, no puede seguir quedando impune y deben adoptarse medidas de no repetición, pues de otro modo se seguirá perpetuando la comisión de estos crímenes”.

“Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición pues todos los poderes del Estado de Chile y la sociedad en su conjunto debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Patricia Herrera y Ana María Campillo sostienen que la decisión de la Corte Suprema llega en un momento especialmente significativo, en una sincronía de la memoria y la reparación. Valoran la instalación de una placa que visibiliza los subterráneos de la Plaza de la Constitución como centro de detención y tortura a 49 años sus secuestros.

Agregan que continúan abriéndose otros senderos de búsqueda. “Creemos que ninguna mujer sobreviviente, que aún no se atreve a iniciar esta ruta de dar cuenta de la violencia política sexual vivida en dictadura, debe sentirse sola. Nuestro compromiso, junto a las mujeres que nos antecedieron en este camino, es hoy más que nunca perseverar y luchamos contra el intento negacionista que se ha vuelto a levantar”. 

“Hemos aprendido del dolor, de la alegría y de las palabras que sanan. Hemos sabido que la felicidad nace de la justicia y la justicia nace del bien colectivo, del bien de todas. Leemos y celebramos esta sentencia de la Corte Suprema largamente esperada junto a nuestras abogadas y junto a nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas y sobrevivientes de secuestro”, enfatizan Campillo y Herrera.

Se necesita una voz que alumbre como los versos de Rosabetty Muñoz, nuestra poeta chilota que canta también a los costados desgarrados del cuerpo de Chile: “Es la flor de la dicha la que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día”.

Ver fallo de la Corte Suprema 

Por Corporación Humanas

25 de agosto, 2023.- En el marco del Festival OH! Stgo, iniciativa que durante 11 días convocó gratuitamente a la ciudadanía a conocer espacios de memoria y resistencia a través de la transformación de la ciudad, se incluyó la visita al Cuartel N°1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Este sitio fue conocido como “El Hoyo”, está ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Constitución y fue declarado Monumento Histórico en el 2018. 

Los primeros agentes instruidos por la DINA fueron destinados inicialmente al Cuartel N° 1. Este lugar, operativo entre 1973 y 1974, mantuvo a cerca de 30 personas vinculadas al partido socialista prisioneras en sus instalaciones La mayoría fue trasladada luego a otros recintos de detención y tortura. Parte de las víctimas y sus familiares se agrupan actualmente en la Corporación Colectivo Plaza de la Constitución y Fundación Víctor Zerega.

Como organización feminista que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y, en tanto representantes de víctimas de violencia política sexual en los casos de Patricia Herrera y Ana María Campillo, nos sumamos a esta iniciativa que invitó a conocer la ciudad desde los sitios de memoria, la vivencia de sus protagonistas y su sobrevivencia.

En dos visitas guiadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, dirigidas al público,  se dio cuenta de cómo funcionó este centro de tortura y  cómo se gestó el compañerisño y la solidaridad frente a tantas vejaciones.

Patricia Herrera, sobreviviente de Cuartel N° 1, comentó que a partir de todo lo acontecido en dicho centro de tortura se interpuso en el año 2010 una querella por violencia política sexual, causa que lleva Corporación Humanas y que hoy está ad portas de tener una sentencia final de la Corte Suprema. “Nosotras tenemos rabia porque si bien hay miembros del SICAR hoy presos, también hay otros agentes libres caminando por las calles. Debemos tener un acto de memoria, pero también de fuerza”, señaló en la instancia.

Posterior a las visitas se realizó un acto cultural en el óvalo de la Plaza de la Constitución. En dicha instancia Patricia Herrera dijo que “queremos promover la difusión y el conocimiento sobre la historia y la cultura en derechos humanos”. También señaló que “están fuertes y decididas, que no son víctimas, que son sobrevivientes y que seguirán luchando”. 

En tanto, Alberto Zerega, hermano de Víctor Zerega, quien también estuvo preso en los subterráneos de la Plaza de la Constitución y posteriormente fue asesinado en 1974, agradeció que este sitio de memoria haya sido reconocido durante el gobierno de Michelle Bachelet, tras estar invisibilizado por más de 40 años. En la ocasión resaltó el que se estén generando nuevas acciones y la instalación de una placa en el lugar, lo que se hará el día 30 de agosto, cuando  se conmemora el Día Nacional e Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos.

En el acto también estuvo Camila Maturana, directora de Corporación Humanas y representante de Ana María Campillo y Patricia Herrera en las querellas por violencia política sexual. “Quiero hacer un especial reconocimiento a las compañeras por su tenacidad, resistencia, su lucha (…) y agradecer la confianza que  Patricia y Ana María han puesto en nosotras en esta ruta en búsqueda de la justicia y por visibilizar la violencia política sexual. Gracias a la valentía de mujeres como ellas y tantas otras hoy es parte de la verdad oficial en Chile que durante la dictadura las mujeres fueron víctimas de un castigo especial para sancionar su insumisión, su participación política y la búsqueda de una sociedad justa”, sostuvo Maturana en la instancia. 

La dirigenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo indicó que se están dando pasos adelante en momentos duros y difíciles. “Estamos mostrando resistencia, capacidad, energía, ganas voluntad y corazón. La verdad,  la justicia y la memoria hoy día es una tarea colectiva”.

Al cierre de la actividad cultural, Ana María Campillo leyó un poema escrito por Chantal Castiglione en memoria a Víctor Zerega. 

Por Corporación Humanas 

28 de mayo, 2023.- Corporación Humanas estuvo presente, junto al colectivo Plaza de la Constitución en el Día de los Patrimonios, en la primera visita y charla abierta al público que se realizó en el Sitio de Memoria “Plaza de la Constitución, Cuartel No 1” en homenaje a las mujeres y hombres que fueron secuestrados y torturados en los subterráneos de La Moneda.

La memoria histórica es necesaria para la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, anhelos que resurgen con mayor convicción en el marco de los 50 años de la dictadura cívico militar en el país. Este Sitio de Memoria fue un centro de represión y tortura donde al menos 21 personas estuvieron detenidas, y fue reconocido oficialmente por el Estado y desde 2018 fue declarado monumento nacional en la categoría de histórico.

En un ambiente emotivo, Patricia Herrera, quien estuvo detenida en este lugar y es la presidenta del colectivo conformado por sobrevivientes, familiares y amigos, señaló que “en el marco de la conmemoración del golpe de Estado, queremos decirles que estamos aquí, que estamos presentes y que lucharemos”. Se resaltó también la ubicación de este cuartel, situado en los subterráneos de La Moneda, “es el centro de poder político de este país, y tal vez por eso ha sido tan difícil lograr su visibilización”, enfatizó la presidenta del colectivo.

Eliana Medina, parte directiva del colectivo Plaza de la Constitución, reflexionó acerca de la tardía acción de la justicia chilena, “después de largos años de impunidad, lentamente avanzan para llegar a los culpables. Tenemos que decir, que 50 años después aún estamos en espera de verdad, justicia y reparación”. 

Corporación Humanas, a través de su directora, la abogada Camila Maturana Kesten,  ha representado a Patricia Herrera y Ana María Campillo en las querellas por violencia político sexual cometida por agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) en ese recinto de detención.

Maturana reafirmó el profundo respeto y admiración por las y los compañeros del colectivo, “su lucha incansable por la justicia, que no son sólo innumerables diligencias y declaraciones judiciales (…)  de todas maneras no es suficiente para reparar el daño que las sobrevivientes y sus familiares han enfrentado, pero es necesaria para el respeto a los derechos humanos y prevenir sus violaciones”. 

Violencia Política Sexual en los Subterráneos de La Moneda

Transcurrida más de una década desde la presentación, en diciembre de 2010, de la querella criminal por las torturas y violencia sexual sufridas por Patricia Herrera Escobar en los subterráneos de la Plaza de la Constitución a manos de agentes de la Sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros (SICAR), y varios años después de que similiar acción fuera interpuesta por Ana María Campillo Bastidas, en 2016; con fecha 2 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido sentencia confirmando el fallo del Ministro Mario Carroza que condena a numerosos agentes de SICAR por dichos crímenes.

La sentencia tiene por acreditado que Patricia Herrera y Ana María Campillo fueron detenidas en junio de 1974 y mantenidas secuestradas por agentes de SICAR en el denominado cuartel “El Hoyo” ubicado en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, lugar en que “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente”.

Releva la Corte de Santiago que “en el caso que se revisa, los secuestros padecidos por las víctimas de autos, y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, constitutivas de graves delitos de connotación sexual – violaciones y abusos sexuales-, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad” y detalla que “dichos actos se tradujeron en atentados contra la dignidad de las ofendidas, a través de la violación y abusos sexuales con los que se las afrentó y que estaban destinados a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control, y que fueron ejecutados en virtud de la persecución desplegada en contra del colectivo o grupo al cual pertenecían”.

Nota preparada por Yazmín Contreras y Yareta González, estudiantes en práctica de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

Conformidad frente al reconocimiento del carácter de crímenes de lesa humanidad de la violencia sexual cometida contra Patricia Herrera y Ana María Campillo por agentes de SICAR en subterráneos de la Plaza de la Constitución.

Preocupación por la ausencia de garantías de no repetición y de políticas integrales de reparación a las víctimas de violencia política sexual, pese al tiempo transcurrido.

Santiago de Chile, 3 de marzo de 2022. Transcurrida más de una década desde la presentación, en diciembre de 2010, de la querella criminal por las torturas y violencia sexual sufridas por Patricia Herrera Escobar en los subterráneos de la Plaza de la Constitución a manos de agentes de la Sección Servicio de Inteligencia de la Secretaría General de la Dirección General de Carabineros (SICAR), y varios años después de que similiar acción fuera interpuesta por Ana María Campillo Bastidas, en 2016; con fecha 2 de marzo de 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ha emitido sentencia confirmando el fallo del Ministro Mario Carroza que condena a numerosos agentes de SICAR por dichos crímenes.

La sentencia tiene por acreditado que Patricia Herrera y Ana María Campillo fueron detenidas en junio de 1974 y mantenidas secuestradas por agentes de SICAR en el denominado cuartel “El Hoyo” ubicado en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, lugar en que “permanecieron con la vista vendada, esposadas y estuvieron sometidas a condiciones de extrema indefensión, mediante sucesivos interrogatorios y reiterados atentados contra su integridad sexual, ya que fueron violadas y abusadas sexualmente”.

Releva la Corte de Santiago que “en el caso que se revisa, los secuestros padecidos por las víctimas de autos, y que se ven agravados por las conductas que aborda el fallo, constitutivas de graves delitos de connotación sexual – violaciones y abusos sexuales-, no cabe duda que deben ser considerados como delitos de lesa humanidad” y detalla que “dichos actos se tradujeron en atentados contra la dignidad de las ofendidas, a través de la violación y abusos sexuales con los que se las afrentó y que estaban destinados a su intimidación, degradación, humillación, castigo y control, y que fueron ejecutados en virtud de la persecución desplegada en contra del colectivo o grupo al cual pertenecían”.

Para la Directora de Corporación Humanas, Mariela Infante Erazo, resulta de la mayor relevancia que “en un caso de violencia político sexual se reafirme que se trata de crímenes de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar, que no pueden quedar sin castigo y que el Estado debe reparar. Sin embargo, a casi 50 años del golpe militar preocupa la insuficiencia de las políticas de reparación de la violencia de género y la ausencia de garantías de no repetición”

Ana María Campillo, si bien valora el aumento de penas insiste, al mismo tiempo, en la necesidad de reconocer el delito de violencia sexual como delito de lesa humanidad. Existe una necesidad de que el poder político establezca plazos acotados para los fallos en derechos humanos y establecer un mecanismo que así lo permita. Agrega, que no nos corresponde a las mujeres en lucha por justicia establecer la solución para dignificar nuestro sistema judicial y reparar el daño causado.

En la misma línea, Patricia Herrera si bien valora la sentencia, advierte que la tardanza de la sentencia no permite, justamente, una justicia real, ni reparación. Sabemos que existen otras instancias de apelación, como la Corte Suprema, a la que pueden concurrir los agentes de la SICAR que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos.

SOBRE LAS CONDENAS

Atendida la gravedad y reiteración de los crímenes, la Corte de Apelaciones de Santiago elevó las condenas impuestas en primera instancia, definiendo para Manuel Muñoz Gamboa, recluido en Punta Peuco, la pena de 10 años y un día como autor de secuestro agravado; mientras que a Francisco Illanes Miranda, Wiston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado, se les condena a 5 años y un día en su calidad de cómplices. A Alejandro Sáez Mardónes, por estar ya condenado por otros crímenes, se le definió como pena única la de presidio perpetuo.

Ver fallo Corte de Apelaciones