Participación política – Humanas

Derechos de las mujeres en tiempos adversos: cambiar la estrategia sin abandonar el horizonte

Fabiola Gutierrez — Tue, 23 Dec 2025 12:12:03 +0000

Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

OPINIÓN: Los desafíos democráticos que dejan estas elecciones

Fabiola Gutierrez — Sun, 02 Nov 2025 11:30:02 +0000

Por eso, la decisión del 16 de diciembre no se reduce a elegir una autoridad, sino a definir qué prioridades colectivas queremos impulsar en los próximos años.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 nos sitúan ante decisiones significativas para Chile, no solo por quién encabezará el próximo Gobierno, sino también por las orientaciones que asumirán las políticas públicas en materia de seguridad, bienestar y derechos. Este proceso eleccionario puede leerse desde distintas perspectivas; una de ellas es observar la forma en que el Estado responderá a las demandas de protección, desarrollo y equidad.

En otras palabras, se trata de comprender qué rumbo tomará la acción estatal frente a un país que exige protección efectiva, estabilidad democrática y condiciones de vida más justas. En este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿dónde quedamos las mujeres, que seguimos enfrentando brechas estructurales y persistentes en autonomía, libertad, participación y acceso a una vida libre de violencias?

Junto al resultado presidencial, la composición del Congreso es un elemento central para comprender el escenario político que enfrentará el país. En la Cámara de Diputadas y Diputados, solo un 38% de los escaños será ocupado por mujeres; en el Senado, las mujeres alcanzan apenas el 30%. Persisten distritos sin ninguna mujer electa y otros donde más del 80% de los escaños quedó en manos de hombres.

Estos datos muestran un estancamiento significativo respecto al principio de paridad, que no solo es un mecanismo de equilibrio electoral, sino una expresión concreta de la calidad democrática: la capacidad de representar a un país diverso y de tomar decisiones desde experiencias y trayectorias distintas. Cuando esa representación disminuye, también se reduce el horizonte común que podemos construir como sociedad.

Sin embargo, ni el debate público ni la propia elección han estado centrados en este eje –los derechos humanos de las mujeres y su representación democrática–, sino en dos temas que han definido la discusión política reciente: la seguridad y la economía. Es indispensable examinar estos dos ejes con atención, porque de ellos depende en buena medida la posibilidad de que las mujeres vivan sin violencia, ejerzan autonomía económica y participen plenamente en la vida del país.

En materia de seguridad, las propuestas siguen centrándose en una mirada punitiva que equipara control del delito con protección. Pero esa aproximación deja fuera las violencias que ocurren en el ámbito privado, donde se registran los mayores riesgos para mujeres y niñas. Frente a esa lógica, urge reivindicar una concepción de seguridad, centrada en la prevención, la protección efectiva, la acción territorial y la reducción de las desigualdades que amplifican la vulnerabilidad.

En el plano económico, persisten brechas estructurales: menores salarios, mayor precariedad laboral y una carga desproporcionada de cuidados que limita la autonomía e inhibe la participación política y social. Ambos factores –la inseguridad cotidiana y la desigualdad económica– condicionan profundamente el ejercicio de derechos y afectan directamente la calidad de la democracia.

Por eso, la decisión del 16 de diciembre no se reduce a elegir una autoridad, sino a definir qué prioridades colectivas queremos impulsar en los próximos años. Si avanzamos hacia políticas que fortalezcan instituciones, garanticen derechos y aborden las desigualdades estructurales, estaremos contribuyendo a un futuro democrático más inclusivo, más justo y más seguro.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la administración del Estado, sino el tipo de democracia que queremos sostener: una que retroceda en derechos o una que avance hacia la igualdad y la dignidad para todas las personas.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora y Manuela Kopp, pasante de Corporación Humanas

Columna publicada por El Mostrador el 28 de noviembre, 2025.-.

Opinión: Reformas para la participación política de mujeres

Fabiola Gutierrez — Wed, 08 Jan 2025 16:53:50 +0000

A pocas semanas de terminar el año 2024, y habiendo tenido lugar en el país elecciones municipales y regionales en que se observan retrocesos en la participación de mujeres, senadores del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, la Unión Demócrata Independiente y el presidente de Renovación Nacional propusieron un conjunto de modificaciones al sistema electoral. Ello, con el objetivo declarado de enfrentar la creciente fragmentación de los partidos políticos y la dificultad que de ello deriva para alcanzar acuerdos en el Congreso Nacional. En días siguientes, se sumaron nuevas mociones parlamentarias reforzando la propuesta inicial. Aun cuando se trate de objetivos importantes, lo cierto es que no son los únicos problemas que explican la profunda desafección de la ciudadanía con las dirigencias políticas.

Las elecciones municipales y regionales de 2024 evidenciaron una cuestión que debiese ser motivo de preocupación para cualquier demócrata: La baja proporción de candidaturas de mujeres propuestas por los partidos políticos, y la disminución de mujeres electas en alcaldías (de 17,1% en 2021 a 16,2% en 2024), además del 100% de gobernadores regionales hombres. Sin embargo, tras la propuesta de modificaciones electorales, han sido escasas las voces que han relevado la necesidad de reformas para la participación política equilibrada de mujeres y hombres.

Para contribuir a contrarrestar las barreras partidarias y estructurales a la participación política de las mujeres, la reforma electoral de 2015 (ley 20.840) incorporó cuotas de género obligatorias para las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías, que permitieron -como es ampliamente conocido- que en la elección de 2017 las diputadas aumentaran de 15,8% a 22,6%, y, a 35,5% en la elección de 2021, mientras en el Senado se eligiera 26,1% de mujeres en 2017 y 22,2% en 2021. No obstante, se trata de una medida transitoria, prevista únicamente hasta la elección parlamentaria de 2029.

En tanto, a partir de 2018 se debatió una moción que incorporaba cuotas de género a las elecciones municipales y regionales. La iniciativa fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2019, y en el Senado, la sala la aprobó en noviembre de 2020 quedando posteriormente estancada y no se volvió a debatir.

Además, es conocido que en los dos procesos constituyentes que tuvieron lugar en 2021 y en 2023 se adoptaron mecanismos que permitieron asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las candidaturas, sino también en los resultados, siendo la paridad política una de las temáticas abordadas en ambas propuestas constitucionales.

Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, los partidos desconocieron del todo el debate previo y solo incluyeron en minoría a mujeres candidatas en las listas municipales y regionales, con los resultados conocidos. Queda en evidencia entonces que, en ausencia de reglas mínimas para la participación política de mujeres, su omisión es posible y ajustada a la legalidad vigente. Es precisamente eso lo que debiera ser una preocupación para los y las demócratas en el país, que la ausencia de mujeres en la competencia y resultados electorales resulte admisible y legal. De ahí la urgencia de reformas que aseguren la participación de mujeres y hombres en todos los procesos electorales que tengan lugar en el país.

Más allá de la relevancia que puedan tener las propuestas parlamentarias para modificar algunas reglas del sistema electoral en relación al número y primacía de los partidos políticos vigentes, cabe la pregunta legítima sobre lo que constituye o define el sentido profundo de la democracia. Hasta ahora las reglas no han permitido la participación política equilibrada de mujeres y hombres, y ya viene siendo tiempo que el debate se enfoque en las medidas necesarias para que la mitad de la población, las mujeres, participen en igualdad de condiciones en cargos de toma de decisión.

Columna publicada en Cooperativa, martes 07 de enero, 2025

[OPINIÓN] Una asignatura pendiente: Igualdad de género en las candidaturas a los gobiernos municipales

Fabiola Gutierrez — Wed, 02 Oct 2024 10:55:30 +0000

Para estas elecciones, del total de candidaturas, las mujeres alcanzan apenas al 25% (391 de 1.573) y cuatro de cada diez de ellas postulan como independientes, fuera de algún pacto (157). Lo que habla de la gran deuda pendiente de los partidos políticos con la equidad de género.

Tras los procesos electorales de 2021 (elección de convencionales) y de 2022 (elección de consejeros constitucionales), ambos bajo una legislación que exigió paridad de resultado entre mujeres y hombres, Chile se apronta a elegir autoridades municipales y regionales sin requisitos de paridad en ninguno de sus niveles, dependiendo de los partidos políticos y de las candidaturas independientes la representación femenina en ellas.

Esto aunque partidos de la derecha tradicional, centro derecha, de centro, centroizquierda e izquierda, han declarado su compromiso con el avance y empoderamiento de las mujeres, cuentan con Secretarías, Vicepresidencias o Frentes de la mujer o feministas. E incluso hay partidos que se declaran feministas.

Las elecciones parlamentarias cuentan con una norma de representación equilibrada que ha permitido un incremento de mujeres en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Por otra parte, el financiamiento público de los partidos políticos exige destinar un 10% de recursos para promover la participación de mujeres en el quehacer político.

Por ello es relevante analizar la presencia de candidatas en estas elecciones de gobierno municipal para saber en qué medida los partidos expresan su compromiso con la mitad del universo ciudadano que son las mujeres, aun cuando no exista una ley que los obligue a representarlas proporcionalmente.

La evaluación de las candidaturas alcaldicias aceptadas por el Servicio Electoral revela que los partidos, en sus pactos electorales, están lejos de cumplir con una representación equilibrada entre mujeres y hombres.

Del total de candidaturas, las mujeres alcanzan apenas al 25% (391 de 1.573) y cuatro de cada diez de ellas postulan como independientes, fuera de algún pacto (157). La elevada proporción de candidaturas independientes nos habla de la crisis de los partidos políticos en su capacidad de representar a los distintos sectores ciudadanos. En el caso de las mujeres, pareciera que no encuentran en ellos un espacio de expresión o canalización de sus demandas.

De las 345 comunas que elegirán nueva autoridad, hay 115 que sólo llevan candidatos varones. Tres llevan sólo candidatas mujeres, por supuesto, comunas pequeñas: Curaco de Vélez, Camiña y María Pinto. Sobresale la región de Ñuble, en que 15 de las 21 comunas sólo llevan hombres: de un total de 94 candidaturas, sólo 9 son mujeres, es decir, ni siquiera el diez por ciento.

A nivel nacional, el pacto Chile Contigo Mejor (Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista y la Democracia Cristiana) presenta el mayor número de candidatas dentro de un pacto, con 80 postulantes, pero sólo representan el 26,1% del total de sus candidaturas (307).

Le sigue el pacto Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli), con 59 mujeres entre 278, que representan el 21,2% de sus propuestas.

Le sigue el pacto Partido Social Cristiano e independientes con 34 candidatas entre 87, con una participación que alcanza a casi el 40%.

Los pactos Centro Democrático, Partido de la Gente, Republicanos, Izquierda Ecologista Popular, con independientes en sus listas, llevan entre 10 y 18 mujeres candidatas. Los pactos Animalistas Ecologistas e Izquierda de Trabajadores llevan menos de 10 candidatas.

Sin duda, hay fuertes diferencias regionales. Las regiones con mayor porcentaje de candidatas mujeres son Antofagasta, con 36,6%, la Metropolitana con 32,9% y Valparaíso con 32,4%. La región con menos candidatas mujeres es Arica y Parinacota, con sólo un 8,7%.

Estas cifras confrontan las declaraciones de los partidos en cuanto a su compromiso con la igualdad de mujeres y hombres en la representación política y confirma la necesidad de legislar para garantizar que la mitad de la población, las mujeres, estén representadas proporcionalmente en los gobiernos municipales, a nivel de alcaldías y también de concejos municipales. De este modo se asegura más y mejor democracia.

Por Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.

Columna publicada en El Desconcierto el 26 de septiembre de 2024.-

8M: ¿Cuánto avanzamos en derechos de niñas y mujeres?

Fabiola Gutierrez — Wed, 06 Mar 2024 14:29:45 +0000

En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora quisiera relevar algunas de las deudas en el país en materia de derechos de las mujeres.

En el ámbito de trabajo doméstico y de cuidados, éste sigue siendo realizado mayoritariamente por mujeres, en condiciones precarias, sin descanso, reconocimiento ni seguridad social. Como es sabido, no existe una condición biológica que nos hace «más aptas» para estas labores, sino una discriminación histórica y estructural que afecta a las mujeres.

Esta discriminación se ve reflejada en distintas cifras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante 2023 la participación laboral de las mujeres (50,8%) tuvo casi 20 puntos menos que la de los hombres (70,2%). Un tercio de las mujeres que no participan del mercado laboral aducen razones familiares permanentes, es decir, labores de cuidado y del hogar. A ello se suma que según la encuesta sobre violencia laboral de GROW & FES, el 78% de las mujeres admite haber sufrido violencia en el trabajo y casi un tercio de ella ha sido violencia sexual.

En el ámbito de la participación política, la reforma electoral de 2015 se limita a las candidaturas y por un plazo acotado, y las reglas de paridad aplicadas para ambos procesos constitucionales -logradas en alianza entre organizaciones feministas y de mujeres, académicas y parlamentarias-, no se han instalado como una buena práctica en otros espacios de toma de decisión y cargos públicos.

Los avances normativos necesarios para la protección y defensa de los derechos de las niñas y mujeres siguen siendo cuestionados por sectores antiderechos que despliegan variados esfuerzos para oponerse a ellos. Uno de los ejemplos más conocidos fue el intento de derogar la ley de aborto en tres causales, ampliar la objeción de conciencia y no consagrar la educación sexual integral en la segunda propuesta constitucional.

En el ámbito de la violencia de género, los datos dan cuenta de un aumento de las denuncias, especialmente de violencia sexual, que en los últimos cinco años se incrementó en 57%. También, según los datos del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2023 hubo 41 femicidios consumados y 216 frustrados. En los tres meses que llevamos de 2024, ya se han registrado 4 femicidios consumados y 33 frustrados.

Preocupa que frente a la magnitud y las distintas dimensiones de la violencia contra niñas y mujeres, la respuesta estatal y social no resulte suficiente. Más allá de los avances, hay muchas deudas pendientes que requieren convicción y voluntad política para realizar políticas públicas y legislativas destinadas mejorar la calidad de vida de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad, asignando los recursos necesarios e impulsando iniciativas destinadas a promover una cultura que tenga a la base la igualdad en el goce de los derechos humanos para hombres y mujeres.

Columna de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 06 de marzo de 2024 en Cooperativa

Comunidad Mujer y Corporación Humanas coinciden en que «Gobierno llegó tarde» para abordar la crisis de la pandemia con perspectiva de género

Fabiola Gutierrez — Tue, 09 Mar 2021 12:13:35 +0000

Al analizar la situación social y económica de las mujeres en la crisis desatada por la pandemia, Alejandra Sepúlveda y Lorena Fries, respectivamente, coincidieron en que el Gobierno no implementó a tiempo políticas públicas con perspectiva de género, destinadas a apoyar y proteger a las mujeres. «Creo que hace falta una visión integradora, y un compromiso político transversal del Estado en este tema. El Ministerio de la Mujer ha hecho lo suyo, es un ministerio que tiene poco tiempo, porque antes no tenía rango político y es un ministerio que le cuesta mucho incidir porque no es el ministerio que tiene más peso», sostuvo Sepúlveda en el programa de radio El Mostrador en La Clave.

En el contexto de la conmemoración del Dia Internacional de la Mujer, Alejandra Sepúlveda, Directora Ejecutiva de Comunidad Mujer y Lorena Fries, presidenta de la Corporación Humanas, se refirieron a la situación que afecta particularmente a las mujeres en la crisis social y económica producida por la pandemia de Covid 19.

Ambas dirigentas coincidieron en que hubo tardanza en aplicar las políticas públicas necesarias, para proteger a las mujeres de la violencia habitual a la que están sometidas y que aumentó a raíz del encierro, y para incorporarlas y mejorar su participación en el mercado laboral.

En conversación con El Mostrador en radio La Clave, Lorena Fries de Corporación Humanas afirmó que «A mí me parece que en general, sobre todo en el tema de la pandemia, donde se ha evidenciado con más crudeza la desigualdad de género, el gobierno llegó tarde. Es decir, durante un buen periodo los temas de género no fueron parte medular de las políticas económicas durante la pandemia. Se partió de la base de que en los hogares las mujeres estaban protegidas, al revés. Los hogares son un lugar de riesgo para mujeres y niñas. Todos los estudios lo muestran y en Chile también aumentaron las denuncias. Pero también estos niveles de deserción que tienen que ver con la violencia sexual o con el trabajo doméstico que pasa a ser realizado por niñas, ya que las madres tienen que salir a buscar trabajo o realizar teletrabajo no pudiendo hacerse cargo de las tareas en la casa», dijo.

La ex directora del INDH, apuntó a la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett. «La actual ministra ha mantenido la línea, una ministra de la mujer no se separa tanto de un gobierno. Se hace parte y no han tenido la rapidez y la agudeza para ver esto. Fue la Presidenta del Senado Adriana Muñoz la que congregó a más de 80 organizaciones de mujeres y proponerle al gobierno una agenda covid de género, porque el gobierno no la había tomado en cuenta. Pareciera que no tuvimos 18 de octubre, que no hemos tenido una pandemia se ha salido lentamente a buscar a las mujeres. Con una tardanza que trae efectos y consecuencias para las mujeres durante Las ministras de las mujer han hecho lo que pueden pero con una relevancia que le ha dado un gobierno como el de Sebastián Piñera a los temas de género, que no están en la primera línea. La vulnerabilidad de las mujeres y niñas es mucho mayor», concluyó.

Por su parte Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer, organización que lleva 20 años monitoreando la situación de las mujeres en la sociedad civil y la toma de decisiones, coincidió con Fries en cuanto a la tardanza del gobierno. «Es un gobierno que abordó bastante más tarde la perspectiva de género en la gestión de la crisis. Lo puedo decir porque yo participé en abril en una reunión con el Presidente Sebastián Piñera y muchos representantes de la sociedad civil, donde en ese tiempo ya le relevamos la importancia de tener un posnatal de emergencia, de cuidar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de el tema laboral. Se demoró por una cosa que tiene que ver con la paridad y con la forma en que se toman las decisiones».

Aunque Sepúlveda expresó algunos matices, destacando que la actual ministra Mónica Zalaquett ha tenido un papel más destacado dentro del lugar secundario que ocupa su ministerio en el gobierno.

«En el comité de crisis, en aquellos grupos que estaban tomando decisiones, no estaba la ministra de la mujer, entre otras cosas porque hubo cambio de ministra. Pero quiero decir que cuando Mónica Zalaquett toma el ministerio, ella si tomó un rol más preponderante. Llamó a un grupo transversal de mujeres siguiendo la estela de lo que había hecho la senadora Adriana Muñoz para abordar en grupos de trabajo la reactivación económica, los temas de cuidado, los temas de violencia de género. Se han realizado políticas públicas, pero no es suficiente, y no es suficiente porque lo que creo que hace falta es una visión integradora, y un compromiso político transversal del Estado en este tema. El Ministerio de la Mujer ha hecho lo suyo, es un ministerio que tiene poco tiempo, porque antes no tenía rango político y es un ministerio que le cuesta mucho incidir porque no es el ministerio que tiene más peso. Sino que son los ministerios económicos», concluyó.

Publicado por el Mostrador

ENCUESTA: “Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020”

Fabiola Gutierrez — Tue, 30 Jun 2020 15:12:11 +0000

Encuesta nacional realizada a mujeres afirma que sí las elecciones fueran el próximo domingo, un 74% de las encuestadas votaría apruebo Nueva Constitución
En el contexto de crisis sanitaria, el estudio muestra que un 59% de las mujeres se siente discriminada en el ámbito laboral
Las entrevistadas consideran que Chile es un país clasista (71%) machista (61%) y racista (46%).

Santiago, junio 2020.- A más de 100 días de la pandemia Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, en conjunto con TúInfluyes.com entregan resultados de la encuesta “Ciudadanía activa, participación política y proceso constituyente: Mujeres 2020”.

El objetivo del estudio fue conocer las percepciones de las mujeres en torno a la discriminación de género y su relevancia para la participación política, así como la definición de los principales debates en el proceso constituyente. Son tres los ejes en torno a los cuales se realizan las preguntas sobre: plebiscito y participación de las mujeres, conciencia de género y Nueva Constitución.

PLEBISCITO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Las mujeres están pensando en el Chile que viene y en ser protagonistas del mismo. En esa línea, un 82% afirma que irá a votar en el mes de octubre. Consultadas si las elecciones fueran el próximo domingo, un 74% votaría apruebo Nueva Constitución, ¡mientras que un 54% señala que el órgano que debe redactar la nueva carta de navegación debe ser una Convención Constituyente.

Las entrevistadas dicen estar de acuerdo con la paridad de género (87%) y un 92% considera que las mujeres que integren la Convención Constituyente contribuirán a que se representen las necesidades e intereses de las mujeres.

Consultadas por las condiciones que dificultan el acceso a las mujeres en política, un 80% señala el escaso apoyo de los partidos políticos, seguido por la carencia de recursos económicos (67%) y un 60% sostiene que es por el poco apoyo de otras mujeres.

NUEVA CONSTITUCIÓN

El estudio de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, da cuenta que un 76% de las participantes declara que la futura Constitución debiera prohibir la discriminación por pertenencia a pueblos originarios. Un 75% cree que no se debiera discriminar por nacionalidad y un 73% por situación de discapacidad y condición económica-sexual.

Las encuestadas señalan que la Constitución debe garantizar el derecho a la salud, (46%); derecho al agua (19%) y derecho a la educación (15%). Por otra parte, advierten que la Nueva Constitución debe incluir derecho a la igualdad salarial entre mujeres y hombres (91%), reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres (87%) y derecho a la vida libre de violencia hacia las mujeres (86%).

Un 93% está a favor de que se reconozca en la futura Constitución la existencia de distintos pueblos originarios y un 86% incorporaría el reconocimiento de lenguas indígenas como oficiales en Chile. Un 82% cree que debe haber cupos reservados para representantes de pueblos indígenas y 67% autonomía territorial.

Respecto a las formas de participación ciudadana, un 95% está de acuerdo que la Nueva Constitución debe incluir remover a las autoridades de sus cargos cuando no cumplan sus obligaciones y un 93% cree que se debe considerar los plebiscitos y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas relevantes de proyectos de ley.

En relación al sistema político un 62% se inclina por un semipresidencial, es decir, un equilibrio del poder entre la o el presidente y el parlamento. Mientas que un 77% está por tener una sola cámara legislativa.

Respecto a los atributos de un candidato o candidata, el 70% considera importante que tenga estudios superiores, 69% experiencia como dirigente/a social y 58% experiencia en cargos públicos.

CONCIENCIA DE GÉNERO

Un 71% de las mujeres consultadas opina que Chile es un país clasista, un 61% opina que es un país machista y 46% lo considera racista. Las mujeres se sienten discriminadas en Chile (89%). Los más altos niveles de discriminación lo perciben en el trabajo (59%), en el ejercicio de su libertad sexual (53%), y en política (52%).

Frente a la consulta si ha participado en marchas vinculadas a los derechos de las mujeres en el último año, el 44% responde afirmativamente. Y más allá de toda ideologización un 79% se siente en algún grado feminista. Mientras que un 43% manifiesta que las movilizaciones de las mujeres le hacen bien a la democracia y un 39% cree que han permitido cambios positivos.

Estos resultados dan cuenta de una ciudadanía activa de mujeres que vive la discriminación de género, identifica a otros grupos históricamente discriminados y representa los principales déficits en materia de igualdad de género.

“La encuesta evidencia que, a pesar del grave impacto que tiene la pandemia y las medidas de confinamiento para las mujeres, estamos pensando el país, tenemos opinión e interés en participar. Esa participación seguramente se hará con un alto nivel de conciencia sobre la discriminación que viven las mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad chilena, cuestión que se ha profundizado en este tiempo por el impacto de género del Covid-19, precisa Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas.

Agrega, que la legitimidad que tiene el o los feminismos y las acciones políticas que desde este mundo se han promovido son valoradas por las chilenas, lo que abre posibilidades de construir una fuerza propositiva de cara al proceso constituyente que identifique a la gran mayoría de las mujeres. La presencia y los temas de género en ese proceso no van a quedar fuera.

Por su parte, Teresa Valdés, Coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, puntualiza que la encuesta refleja la percepción y la experiencia de las mujeres sobre la actual Constitución, lo que nos lleva a discutir sobre la Constitución Política que queremos para el futuro. La socióloga advierte que la igualdad salarial, el reconocimiento del trabajo doméstico, la vida libre de violencia son los temas que las mujeres quieren que estén incluidas en la Nueva Constitución. Incluso, la mayoría de ellas está de acuerdo con el derecho al aborto legal, gratuito y seguro.

La encuesta realizada en pleno ascenso de las cifras de contagios, muertes y con cuarentenas totales en distintas ciudades del país, muestra a las mujeres activas en la reflexión sobre el mediano plazo, con interés de participar, valorando los logros obtenidos y con opinión respecto del rol que puede tener el proceso constituyente en la transformación de sus vidas y de la desigualdad de género que perciben.

El Estudio cuenta con el apoyo del Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania

Revisa la encuesta aquí