Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo.

La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda.

Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

Entrevista publicada en CIVICUS 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas solicitó al Gobierno chileno información acerca de las medidas que ha impulsado para abordar las brechas de género en el contexto de la pandemia, así como acerca de las acciones desarrolladas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del proceso constituyente.

Marzo, 2020.- El Comité presentó un informe con la lista de cuestiones y preguntas previas a su octavo reporte periódico sobre Chile, el cual recoge una serie de preocupaciones planteadas por la sociedad civil en el informe alternativo presentado por organizaciones chilenas e internacionales: Corporación Humanas, Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, CEM, Colectivo Sin Fronteras, CIMUNIDIS, Corporación Opción, Casa Memoria José Domingo Cañas, LEASUR, MAM, OCAC, OVIC, ABOFEM, Corporación Miles Chile, La Morada, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GI-ESCR y Tax Justice Network

 Respecto del impacto de la pandemia, el CEDAW le solicita al Estado informar sobre cuáles son las medidas que ha adoptado para abordar las brechas de género, poniendo a las mujeres en el centro de la estrategia para la recuperación post-COVID, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

 En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, el reporte aborda ámbitos como educación, empleo y empoderamiento de la mujer. En educación, el informe pide informar sobre los pasos para superar las inequidades en el acceso a este derecho que han sido reportadas en informes anteriores, especialmente respecto de mujeres y niñas con discapacidades, migrantes, refugiadas y aquellas pertenecientes a pueblos originarios y minorías étnicas. En salud, el documento solicita información sobre las medidas adoptadas por el Estado para ampliar la despenalización del aborto, asegurar el acceso a anticonceptivos, especialmente durante la pandemia; y el acceso a servicios médicos y apoyo psicológico en casos de aborto. En empleo, el CEDAW solicita informar los avances de medidas destinadas a reducir la brecha de género en las pensiones.

Por otra parte, en el contexto del cambio climático, el Comité también solicitó al Estado de Chile información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las políticas y programas relativas al cambio climático, la agricultura, la energía y el medio ambiente, incluidas las relacionadas con proyectos agroindustriales y de desarrollo a gran escala, -las cuales tienden a afectar negativamente y en forma desproporcionada a niñas y mujeres- tengan un enfoque de género en su diseño e implementación.

La lista de preguntas que el CEDAW realiza al Estado de Chile será la base para la revisión del cumplimiento de Chile con sus obligaciones en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual se espera que tenga lugar en Ginebra a finales de 2021.

Nota publicada en:

Página 19: CEDAW: Comité de la ONU Manifiesta Preocupación por la Situación de las Mujeres en Chile 

Crónica Digital: Naciones Unidas preocupada por situación de la mujer chilena

El Ciudadano: Comité de la ONU solicita al gobierno chileno información sobre medidas impulsadas para abordar la brecha de género en pandemia

De ahí que en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 resulte de la mayor preocupación que la autoridad sanitaria no haya emitido guías clínicas, protocolos o instructivos orientados a garantizar las prestaciones previstas en la ley de aborto en tres causales, incluyendo la información, el diagnóstico y derivación oportunas, y el respeto a la decisión de las mujeres y niñas afectadas. Asimismo, que no se disponga de información pública respecto a las medidas adoptadas para asegurar la continuidad de suministros y medicamentos (AMEU, mifepristone y misoprostol) ni de algún presupuesto especial asignado a ello.

De hecho, en la información sobre las acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Salud en materia de género y Covid-19 reportadas en agosto del presente año al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en lo referido a interrupción del embarazo por alguna de las causales legales únicamente se comenta que “la División de Gestión de Redes Asistenciales ha sostenido un trabajo de coordinación permanente con los equipos técnicos locales”, se informan los casos reportados en primer trimestre 2020 indicando que próximamente se dispondrá de información respecto del segundo trimestre, y que “[e]n cuanto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en contexto COVID-19, todas las indicaciones se mantienen, toda vez que su cumplimiento se da en un marco legal”, y se refieren las indicaciones especiales para la constitución de la causal riesgo vital respecto de embarazadas de menos de 22 semanas Covid-19 positivas[3].

Al respecto, cabe señalar que los datos sobre embarazos calificados bajo la ley Nº 21.030 recientemente publicados por el Ministerio de Salud dan cuenta de una significativa disminución en la atención durante el primer semestre del presente año[4], especialmente en establecimientos públicos de salud, al compararlos con la información referida a períodos anteriores[5].

Desde la dictación de la ley hasta el 30 de junio de 2020 se registra un total de 1.813 embarazos calificados en alguna de las tres causales, de los cuales 276 casos corresponden a los primeros seis meses del presente año. En la gran mayoría se enmarcan en la causal inviabilidad de carácter letal (46,8%), en más de un tercio de los casos se trata de embarazos de riesgo vital (36,7%) y en el 16,5%, de embarazos producto de violación (Tabla Nº 1).

Tabla Nº 1. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según período de implementación y causal. Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

Durante el primer semestre de 2020 se registran menos casos IVE que en períodos anteriores, especialmente entre abril y junio, lo que posiblemente se deba a las mayores dificultades de acceso a estas atenciones durante la pandemia por Covid-19. En el primer trimestre del presente año (enero a marzo de 2020) se contabilizan 142 casos y 134 entre abril y junio de 2020. En cambio, en 2019, se registraron 175 casos en primer trimestre y 175 en segundo trimestre. Además, preocupa la disminución observada en las causales riesgo vital e inviabilidad, puesto que de 108 casos de riesgo vital reportados entre enero y junio de 2019 se baja a 73 en mismo período del presente año, y en la causal inviabilidad se disminuyó de 192 a 143 casos, como igualmente constatar un aumento de casos bajo la causal violación, de 50 a 60 (Grafico Nº 1).

Gráfico Nº 1. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según causal. Chile, primer y segundo trimestre años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

De todas maneras cabe consignar que –según informes anteriores de Corporación Humanas– en 2019 se registró un menor número de casos promedio mensuales que en 2018. De hecho, de 66,7 embarazos promedio mensuales calificados bajo alguna de las tres causales entre febrero y diciembre de 2018, se bajó a 64 casos en 2019[6]. En tanto, entre enero y junio de 2020, se reportan 46 casos IVE al mes (Gráfico Nº 2).

Gráfico Nº 2. Embarazos promedio mensuales reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según período de implementación y causal.

Chile, 1º de febrero de 2018 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

La gran mayoría de los casos corresponde a atenciones brindadas en establecimientos públicos de salud. No obstante, se aprecia que en el período más reciente, aumenta la participación del sistema privado, que pasó del 12,0% en 2019 a 18,1% en los meses de enero a junio de 2020, lo que se vincularía con la disminución de casos atendidos en establecimientos públicos durante el presente año (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según tipo de establecimiento de salud, período de implementación y causal. Chile,

1º de enero de 2019 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

En efecto, en el sistema público de salud se registra un promedio mensual de 56,3 casos IVE en 2019 y de 37,5 en los primeros seis meses de 2020, mientras que en establecimientos privados se atendió en promedio 7,7 casos mensuales en 2019 y 8,5 entre enero y junio de este año (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3. Embarazos promedio mensuales reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según tipo de establecimiento. Chile,

1º de enero de 2019 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

Por último, cabe comentar que desde la dictación de la ley sobre aborto en tres causales, la gran mayoría de mujeres afectadas ha optado por la interrupción del embarazo (84,1%). No obstante, la proporción de quienes deciden abortar presenta una tendencia a la disminución en el tiempo, de 91,4% en los primeros meses de la implementación de la ley Nº 21.030 a 82,0% en el año 2019. Entre enero y junio del presente año, en tanto, esta decisión fue adoptada por el 82,6% de las mujeres (Tabla Nº 3).

Tabla Nº 3. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según decisión de interrupción o continuación del embarazo, por período de implementación y causal.

Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

La decisión de mujeres y niñas frente a la interrupción del embarazo presenta algunas variaciones dependiendo de la causal en que se encuentre, siendo más alta en casos de violación (91,3% del total de casos reportados). En tanto, en la causal riesgo vital esta decisión ha sido adoptada por el 86,6% de las afectadas y en casos de inviabilidad por el 79,5% de estas (Gráfico Nº 4).

No obstante, al revisar los casos correspondientes al primer semestre del presente año (2020) se observa una disminución en la decisión de interrupción de embarazos de riesgo vital. Hasta el 31 de diciembre de 2019, el 87,5% de las mujeres optó por abortar en dichos casos, proporción que desciende al 79,5% entre enero y junio de 2020. En tanto, en la causal inviabilidad se aprecia un cierto aumento en cuanto a dicha decisión de interrumpir el embarazo, del 79,3% a 80,4% y en casos de violación, de 91,2% a 91,7%.

Gráfico Nº 4. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030 en que mujer decide interrupción, según período de implementación y causal.

Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

[1] República de Chile, Ley Nº 20.030 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237.

[2] Corporación Humanas, Objeción de conciencia en servicios públicos de salud: revisión de cifras actualizadas sobre funcionarios/as públicos/as objetores/as de conciencia a septiembre de 2019. Disponible en: http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Objecion-Conciencia-Cifras-al-2019.pdf; Ministerio de Salud, Funcionarios objetores de conciencia por servicios de salud a septiembre de 2019. Disponible en: https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/.

[3] Ministerio de Salud, Oficio B121 Nº 3201, Informa acciones del Sector Salud en materia de Género y COVID-19, 6 de agosto de 2020.

[4] Ministerio de Salud, Reporte Trimestral Ley IVE actualizado: enero a junio de 2020. Disponible en: https://www.minsal.cl/reporte-trimestral-ley-ive-actualizado-enero-a-julio-de-2020/ (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).

[5] Ministerio de Salud, Archivo de Informes IVE. Disponible para descarga en: https://www.minsal.cl/reporte-trimestral-ley-ive-actualizado-enero-a-julio-de-2020/ (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).

[6] Corporación Humanas, Implementación de la ley nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en Chile: Casos IVE reportados por Ministerio de Salud actualizados a diciembre de 2019, Marzo de 2020. Disponible en: http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2020/07/HUMANAS-Casos-IVE-Reportados-MINSAL-Dic.-2019-.pdf (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).

Escriben Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas y Constanza Schönhaut

En pandemia “ha aumentado la violencia sexual con niñas. Por la agresión sexual en los hogares ha habido una desescolarización”, afirma la presidenta de Corporación Humanas.

En distintas comunas del país: El Bosque, Cerrillos, La Pintana y Puente Alto, por sólo mencionar algunas de la región metropolitana, han empezado a rebrotar las protestas, aunque en esta oportunidad por hambre.

Esta situación, y los consiguientes enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, vuelven a poner sobre el tapete el tema de los derechos humanos.

Y en pandemia no sólo va por ahí la cosa, ya que las mujeres también han sido víctimas de violencia por estar encerradas con su agresor, e incluso en otro frente el INDH presentó un recurso contra el gobierno por la sequía en Petorca.

En Palabra Que Es Noticia hablamos sobre este tema con Lorena Fríes, ex directora del INDH y presidente de la Corporación Humanas. “La razón por la que la gente quiere hacerse escuchar tiene que ver con condiciones mínimas para la sobrevivencia que deberían estar garantizadas y no lo están”, indicó.

Sobre las protestas en pandemia, profundiza: “Si está restringida nuestra libertad de circulación, no quiere decir que uno deba reprimir. Se deben usar los mecanismos proporcionales a este contexto para disuadir una manifestación. No es lo mismo a una protesta cuando no existían estas medidas de restricción”.

Para la ex directora del INDH, “el ingreso de emergencia y las cajas de alimentos no han sido suficientes, e incluso fueron el detonador de manifestaciones. Se requiere un mayor esfuerzo del estado, estamos hablando de hambre”. Con las cajas “estamos profundizando las condiciones de desigualdad de la gente”, según Fríes.

Asegura que “uno ve a veces cierta normalidad”, pero es porque están en riesgo “los trabajos, la subsistencia del hogar y la posibilidad de contagiarse… y la gente opta por la subsistencia”.

Lorena Fríes también se refiere a los problemas que enfrenta la mujer en esta crisis: “La subordinación de las mujeres es un hecho que hoy es muy palpable por una parte en términos de la mayor exposición que están teniendo frente a la pandemia: un 80% del personal de salud son mujeres, en general jefas de hogar. Y también por violencia: hay un 100% y hasta un 200% de aumento en llamadas por este tema”.

“También ha aumentado la violencia sexual respecto de niñas. Producto de la agresión sexual en los hogares ha habido una desescolarización”, afirma la ex directora del INDH.

Entrevista realizada en Radio Futuro