En esta instancia, Corporación Humanas participó activamente en representación de la Articulación de Organizaciones de Derechos Humanos, aportando observaciones y propuestas con foco en los derechos humanos de las mujeres, la igualdad de género y la justicia social.

La intervención de Humanas destacó las brechas persistentes en el acceso a salud, educación, cuidados, vivienda, cultura y trabajo digno, así como la urgencia de abordar la violencia de género y la discriminación estructural que enfrentan mujeres, niñas, personas migrantes y con discapacidad.

“Nuestro mensaje fue claro: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son derechos humanos que el Estado debe garantizar para todas las personas, sin discriminación. No se trata de promesas, se trata de obligaciones que deben cumplirse”, señaló Jennifer Alfaro, coordinadora de estudios de Corporación Humanas.

La participación en Ginebra reafirma el compromiso de Corporación Humanas, junto a la Articulación de Organizaciones de Derechos Humanos, con la defensa de los derechos humanos en todos los espacios internacionales y con la incidencia para que Chile avance hacia una verdadera igualdad sustantiva.

Puedes leer el informe completo presentado al Comité DESC aquí

Keren Ordoñez, de 29 años de edad y originaria de Veracruz, lleva más de 9 años injustamente privada de su libertad en Apizaco, Tlaxcala. 

Ginebra, 8 de abril de 2025 – La OMCT, la Red SOS-Tortura y organizaciones de derechos humanos exigen la libertad de Keren S. Ordoñez Hernández, víctima de tortura.

Descripción de la situación:

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red SOS-Tortura expresa profunda preocupación por diversas violaciones a derechos humanos documentadas por la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez (Centro Prodh), en perjuicio de la Sra. Keren Selsy Ordoñez Hernández.

De acuerdo con la información rigurosamente documentada por el Centro Prodh, el 11 de diciembre de 2015, todavía convaleciente por un parto por cesárea, la Sra. Keren Selsy Ordoñez y su hija recién nacida fueron detenidas en el estado de Veracruz por policías ministeriales del estado de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal, sin orden de detención.

Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y apuntándoles con armas las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su detención. Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de agresión física, matar o desaparecer a su hija, a quien mantuvieron en “calidad de detenida” a pesar de tener días de nacida.

Durante ese tiempo, se obtuvieron las pruebas ilícitas que hasta hoy son utilizadas para mantenerla en prisión, entre las que se encuentra una declaración que le obligaron a firmar sin permitirle leer. Supo posteriormente que se trataba de una declaración ministerial confesando su participación en el secuestro del que fue acusada.

Tras la detención, las autoridades mostraron en los medios a la Sra. Ordoñez Hernández, presentada como integrante de un grupo criminal, y difundiendo su nombre; todo ello afectando su presunción de inocencia.

Keren no contó con una defensa adecuada, ya que el abogado público que la representó al inicio del proceso penal le aconsejó que se reservara su derecho a declarar, diciendo que él le asesoraría y le diría cuándo hacerlo, lo que nunca sucedió. Las autoridades tomaron en cuenta las pruebas obtenidas mediante tortura y se basaron en estereotipos de género para dictar una sentencia en su contra de 50 años de prisión, por un delito que no cometió.

En el caso de la hija de Keren, no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez, ni hubo acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé. Según se informa, la abuela de la niña la buscó durante 14 días, sin conocer su suerte ni paradero; y sin que ninguna autoridad les informara de su situación. Cuando la niña le fue entregada, la encontró en muy malas condiciones de salud.

Además de los alegados actos de tortura y detención arbitraria, la situación de vulnerabilidad de la detenida no fue considerada en ningún momento del proceso penal. La Sra. Ordoñez Hernández estaba convaleciente de nueve meses de embarazo de alto riesgo y de una cesárea reciente y se encontraba en estado de puerperio, y había sido detenida junto a su hija de un mes, ambas en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad socioeconómica, específicamente frente a sus captores.

Keren Ordoñez no solo no recibió todos los servicios adecuados en relación con el puerperio, sino además fue sometida a violencia de género mientras estaba detenida con su hija, sufrió tortura delante de la niña, sin saber lo que le estaba pasando, y posteriormente le fue arrebatada durante su detención.

Después de analizar detenidamente el caso, desde la OMCT y la Red SOS-Tortura se considera que el Estado mexicano, y en particular los agentes responsables de la detención de la Sra. Ordoñez Hernández, así como de la integración de su expediente y su juzgamiento, han violado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México, y en particular a sus artículos 2, 6, 7, 9, 10 y 14.

Desde 2021, el Centro Prodh, organización parte de la Red SOS-Tortura y la ONU-DH han documentado y acompañado su caso. Gracias a un amparo que Keren obtuvo a su favor, un Tribunal Federal ordenó reponer su proceso; por lo que ahora hay una segunda oportunidad de que el Poder Judicial de Tlaxcala juzgue con perspectiva de género, tome en cuenta las irregularidades y las graves violaciones a derechos humanos de las que fue víctima Keren y dicte una sentencia absolutoria para que ella consiga su libertad.

Por todo lo anteriormente descrito,

Solicitamos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, integrada por la Magistrada Marisol Barba Pérez, Magistrado Pedro Sánchez Ortega, y Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, ésta última ponente encargada de la resolución, revoque la sentencia condenatoria en contra de Keren que le impuso una pena de 50 años de prisión y, en su lugar, dicte otra en la que le devuelva su libertad, por falta de pruebas suficientes en su contra y con base en su obligación de excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, así como de juzgarcon perspectiva de derechos humanos y de género.

Urgimos a las autoridades de administración y procuración de justicia, reconocer los daños y violaciones causadas en perjuicio de la menor de edad, AFHO, hija de la Sra. Selsy Ordoñez, quien tenía 1 mes de nacida en el momento de los actos señalados, fue declarada en calidad de detenida y que actualmente tiene 9 años y se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la situación actual de su madre.

Solicitamos a las autoridades de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a investigar y sancionar a los responsables por las violaciones a las salvaguardas fundamentales durante la detención arbitraria de Keren Ordoñez y la tortura cometida en su contra.

Llamamos con urgencia a las autoridades de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a garantizar la seguridad, integridad física y el bienestar psicológico de la Sra. Keren Ordoñez y de su hija.

Invitamos a las organizaciones integrantes de la Red SOS-Tortura y aliadas, a sumarse a la campaña de change Liberen a Keren.

Las directoras de Miles y Corporación Humanas destacaron las sugerencias relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y también aquellas que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

A inicios de abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitió el 7° Informe Periódico sobre Chile, en el que los expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, revisaron la situación de los derechos humanos en nuestro país y realizaron una serie de recomendaciones al Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil chilenas participaron activamente en el proceso, entregando datos en informes sombra e incluso, participando de una pre sesión del Comité celebrada en Ginebra, Suiza, durante febrero.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos organizaciones feministas, quienes se explayaron respecto a lo que el Comité sugirió en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres. 

La directora de Miles, Javiera Canales, destacó especialmente las recomendaciones referidas a los derechos sexuales y reproductivos, entre ellas, aquella que se refieren a regular la objeción de conciencia, para que esta no sea un obstáculo en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

“En específico el acceso a la información, porque la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene un artículo en donde prohíbe la divulgación de información sobre los procedimientos y la entrega de información donde se realiza la intervención”, acotó.

De todas maneras, Canales afirmó que la recomendación que requiere más atención tiene que ver con los múltiples casos de mujeres que quedaron embarazadas producto de anticonceptivos fallidos. 

“De uno u otro lado se han estado tomando cartas, sobre el manual de fiscalización de la objeción de conciencia que salió publicado el año pasado, pero respecto de la reparación de los anticonceptivos defectuosos, es algo que pasó en el Gobierno pasado, que este Gobierno tampoco ha hecho mucho por reparar. Por ejemplo, teniendo un catastro de mujeres afectadas y elevando los estándares de fármaco vigilancia”, sugirió.

Por su parte, la directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, relevó las sugerencias que aluden al sistema judicial chileno y a cómo este hace frente a los casos de violencia de género.

“Frente a la gravedad de estos crímenes, a la magnitud del problema, y al carácter estructural de la violencia, la recomendación general, obviamente, es que se deben mantener los esfuerzos para prevenir y enfrentar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas y que en particular, se deben investigar todos los casos de violencia sexual, se deben garantizar servicios de atención para las víctimas y se tiene que reforzar la capacitación que se brinda a los operadores de justicia, como las policías y el Ministerio Público, porque es una condición relevante para poder asegurar el acceso a la justicia”, indicó.

Maturana además mencionó la recomendación relacionada con la Ley Zamudio, ya que a su juicio, también está vinculada con la violencia a las mujeres.

“Se observa a nivel internacional, que las medidas que se han adoptado en Chile, como la publicación de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, no resulta una herramienta suficiente para enfrentar la discriminación. Sigue siendo necesario adoptar medidas de prevención, sensibilización y capacitación en materia de no discriminación y creo que también es importante relacionarlo con el tema de la violencia contra las mujeres e igualdad de género”, dijo.

¿Cómo aplicará las recomendaciones el Gobierno?

Respecto a la disposición que ven de parte del Gobierno para cumplir con las recomendaciones realizadas por el Comité de expertos de la ONU, tanto Canales como Maturana enfatizaron que no solo el poder Ejecutivo es el responsable de seguir estos lineamientos, sino que también los poderes Legislativo y Judicial.

En esa línea, Canales aseguró que “no es una voluntad propia del Gobierno solamente, porque esta es una revisión al Estado. Tenemos que avanzar como Estado, porque aunque el Presidente Boric, en conjunto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, presenten un proyecto de ley maravilloso, esto lo tiene que aprobar el legislativo”, señaló.

Asimismo planteó que independiente de quien se encuentre a la cabeza de los distintos poderes, es fundamental “avanzar en estas materias y que se traten como materias de Estado. En ese sentido creemos que hay que avanzar, más que circunscribiéndolo al Gobierno de turno” insistió.

Otro punto en que las directoras de Miles y Humanas coincidieron fue en sus altas expectativas frente al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en que todos los países de esa instancia evalúan su desempeño.

Sobre aquello, la directora de Humanas pronosticó que en este examen, que tendrá lugar a contar del 29 de abril, “se van a destacar nuevamente estos puntos que se han venido reiterando en el tiempo”.

“La expectativa de las organizaciones es que sea un examen al que el Estado preste la misma colaboración que observamos durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, que entregue toda la información que se le consulta, con una perspectiva de identificar en qué aspectos se puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones”, concluyó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile el 28 de abril de 2024.-

Han pasado ya dos años desde que los talibanes se hicieron con el control de Afganistán, tiempo durante el cual han impuesto el ataque más completo, sistemático y sin parangón contra los derechos de las mujeres y las niñas. A través de más de 50 edictos, órdenes y restricciones, los talibanes no han dejado ningún aspecto de la vida de las mujeres sin tocar, ninguna libertad a salvo. Han creado un sistema basado en la opresión masiva de las mujeres que se considera, con razón y de forma generalizada, un apartheid de género.

El trabajo de ONU Mujeres en Afganistán está anclado en nuestra relación con las mujeres afganas. En repetidas ocasiones las he escuchado directamente de ellas, incluso durante mi misión a Afganistán a principios de este año. Me han hablado a mí y al mundo de las formas en que estas acciones son equivocadas, crueles y, en última instancia, contraproducentes. Menosprecian a las mujeres y a las niñas de Afganistán, y al pueblo afgano al que arrebatan su contribución.

Esta flagrante violación de los derechos básicos, derechos con los que la comunidad internacional ha proclamado sin ambigüedades su compromiso, nos perjudica a todos y cada uno de nosotros en toda la familia humana. Estas son nuestras hermanas. Están sufriendo. No podemos ni debemos aceptarlo. Debe terminar ahora.

A pesar de estos retos, las mujeres afganas también me dicen que no se rendirán ni claudicarán. Seguirán liderando la lucha contra su opresión. Frente a las circunstancias más hostiles, denuncian las violaciones, prestan servicios vitales, poseen y gestionan empresas y dirigen organizaciones de mujeres. Su valentía debe inspirarnos para una acción mayor, su ejemplo para una determinación renovada.

Pido a todos los actores que se unan a nosotros para apoyar a las mujeres afganas en todos los sentidos, elevando sus voces, prioridades y recomendaciones, financiando los servicios que tan desesperadamente necesitan, apoyando sus empresas y organizaciones. Insto a la comunidad internacional a que siga ejerciendo toda la presión y empleando todos los medios a su alcance para presionar en favor del cambio, incluso respondiendo al llamamiento de la comunidad humanitaria y financiando plenamente el llamamiento humanitario para Afganistán.

Insto a los talibanes a que reconsideren y sopesen el coste de estos actos para el presente y el futuro de Afganistán. Y reitero el compromiso firme e inquebrantable de ONU Mujeres con las mujeres y las niñas de Afganistán.