La discusión sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), ley que regula el actuar de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como de las Fuerzas Armadas en ciertas circunstancias, entró en su etapa decisiva. Tras intensos debates en el Senado, el proyecto pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Este avance legislativo es crucial para el país, pero también trae consigo enormes responsabilidades: aprobar una regulación que proteja a las personas, asegurar la actuación legítima de las policías y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

La necesidad de contar con una ley sobre uso de la fuerza es indiscutible. Organizaciones de derechos humanos como el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Relatoría Especial para la Tortura de Naciones Unidas han señalado que regular este ámbito no solo profesionaliza la labor de los agentes estatales, sino que además fortalece el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva de los derechos humanos una normativa clara es imprescindible para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas. Desde la perspectiva policial, brinda certezas y protege a los funcionarios en el cumplimiento de su deber, dándoles reglas claras en contextos de alta presión.

Sin embargo, el peligro es real: por las características de este proyecto y el contexto político que lo rodea, la «mano ancha» con las policías es una tentación demasiado grande. El asesinato de tres carabineros en Cañete en abril de 2024 y el clima de inseguridad han impulsado una agenda de seguridad donde la proporcionalidad y la cautela parecen quedar en segundo plano.

En la discusión de Sala del Senado se eliminaron artículos críticos: se rechazó la incorporación explícita del principio de proporcionalidad, se suprimió la instrucción de no disparar directamente al rostro, cabeza o torso con armamento menos letal y se aprobaron normas que refuerzan presunciones de justificación del uso de la fuerza al estilo «Naín-Retamal”.

Este retroceso es sumamente grave. La regulación del uso de la fuerza no puede entenderse como un «cheque en blanco» para actuar sin límites. Al contrario, los estándares internacionales -como el «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» (1979), los «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego» (1990) y las «Guidance on Less-Lethal Weapons» de Naciones Unidas (2020)- exigen que toda intervención estatal cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Estas reglas y principios internacionales no son nuevos en la función de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y ya se encuentran instaladas a nivel administrativo, por ejemplo, en el Decreto N° 8 del Ministerio de Defensa de 2020 o en la Circular 1832 de 2019 de Carabineros de Chile.

El principio de proporcionalidad no es un obstáculo para el actuar policial: es su principal defensa, porque lejos de inhibir la acción de los agentes, entrega parámetros claros para tomar decisiones difíciles, le otorga legitimidad frente a la ciudadanía y los protege de sanciones arbitrarias. Su eliminación no solo vulnera los derechos de las personas, expone también a los propios funcionarios y funcionarias policiales.

Además, suprimir normas que impidan disparar a zonas vitales, como el rostro o el torso, contradice directamente las recomendaciones de Naciones Unidas. Se trata de salvaguardas mínimas para evitar lesiones irreversibles o muertes en contextos de control de orden público.

En esta etapa crítica de discusión legislativa, hay una responsabilidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de corregir estos graves retrocesos, y de ser necesario, de la Comisión Mixta que eventualmente se conforme.

Pero, si el Congreso no logra enmendar los aspectos más problemáticos del texto, se debe hacer uso del veto presidencial. Así lo permiten las atribuciones constitucionales, y así lo exige la obligación internacional del Estado de Chile de garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la protesta pacífica.

Legislar sobre el uso de la fuerza es legislar sobre los límites del poder del Estado. Y cuando se trata de esos límites, la premura nunca puede justificar la imprudencia. Más aún en un país cuya historia reciente -marcada por las violaciones sistemáticas, generalizadas y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y los abusos documentados en el estallido social- exige que toda regulación sobre la fuerza estatal esté guiada por un compromiso irrestricto con el respeto y garantía de los derechos humanos y las obligaciones contraídas por Chile, en esta materia.

Escriben: Paula Salvo Del Canto, Presidenta de Corporación Humanas y Hernando Silva Nériz, Co-director del Observatorio Ciudadano.

Columna publicada en El Desconcierto, el 02 de mayo de 2025

Santiago 18 agosto, 2020.- La plataforma CONTEXTO contiene información relevante y accesible a la ciudadanía con miras a generar un proceso participativo, transparente, informado y democrático que garantice la representación e involucramiento de diversos sectores sociales en el proceso político que se inicia.

Entre otras actividades se cuenta la generación de información relevante para el proceso constituyente; la promoción de mecanismos de activación y empoderamiento ciudadano a partir de la formación y co-educación; y el monitoreo del financiamiento electoral en el proceso, la veracidad de los discursos en torno al proceso, y la actividad en la convención constituyente.

Además, se producirán documentos informativos en los diferentes temas relacionados a la Constitución, se organizarán conversatorios ciudadanos informativos, y se generarán mecanismos de control y monitoreo del proceso. Especial prioridad se dará a temas relativos al empoderamiento de las mujeres en el proceso político y social, temas de género y de los pueblos indígenas.

“Un proceso constituyente que no incluya a la ciudadanía activamente podría transformarse en un nuevo fracaso político y social. Queremos generar espacios que permitan la activación e información ciudadana lo que es vital para la democracia”, indica Claudio Fuentes, Coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales.

“Desde Espacio Público creemos que este proceso inédito que viviremos, y que sentará las bases de nuestra convivencia para el futuro, debe ser participativo y que la ciudadanía se empodere y apodere de él, para lo que resulta clave que sea transparente e informado”, señala María Jaraquemada, Directora de Incidencia del centro de estudios.

“Corporación Humanas se hace parte de la iniciativa Contexto con el fin de promover la más amplia participación de las mujeres en el plebiscito y en la elección de constituyentes. Creemos que la nueva Constitución tiene que incorporar una perspectiva de género que haga que las chilenas sientan que esa Constitución las representa y nos incluya en tanto sujetos de derechos y de poder”, sostiene su presidenta, Lorena Fríes.

“Nos resulta muy importante sumarnos y contribuir a la iniciativa Contexto con la idea de propender a estimular la participación de la ciudadanía, y en especial de los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Creemos que éste es un momento histórico en el que se abre la puerta a reconocer a Chile como un país diverso, en el que vivimos muchos pueblos, lo que debería quedar plasmado en una nueva Constitución, así como también el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas y los derechos económicos sociales y culturales”, señala Hernando Silva, codirector del Observatorio Ciudadano.

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