A 51 años del golpe de Estado, Chile merece sanar sus heridas y fortalecer su institucionalidad democrática.

El Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual gobierno constituye una oportunidad de demostrar con hechos a las y los familiares de detenidos desaparecidos que el Estado de Chile y a través de él, todos y todas nosotras, nos hacemos cargo de hacer todo lo posible por encontrar la respuesta a la pregunta que por 51 años han esperado: ¿Dónde están? Encontrar esta respuesta debería ser un clamor nacional.

La memoria es un cuidado colectivo, ya que nos permite no volver a recorrer caminos que han provocado tanto daño en la esencia nacional. La memoria del país se construye y se disemina a través de espacios concretos que se transforman en símbolos de esa memoria y que deben ser preservados. La memoria permite también responder colectivamente a aquellos discursos que intentan relativizar el horror vivido y reivindicar a figuras que solo deben ser repudiadas por la violencia ejercida contra miles de personas en el país. El Nunca Más debería ser un clamor nacional.

Los horrorosos hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar fueron realizados con el poder del Estado, aquel que las generaciones anteriores construyeron para gestionar el bien común y fortalecer a nuestra nación. Ello nos daña a todas y todos, y nos sigue dañando cuando conocemos hechos que nos muestran aún en democracia que nuestro Estado no ha logrado retomar, sin retrocesos, la senda del bien común y no de unos pocos. Las reformas para fortalecer la eficacia y autonomía de los poderes del Estado son urgentes y deberían ser un clamor nacional.

En estos días recordamos también a las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia política sexual por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en cuyo reconocimiento y reparación el país sigue en deuda, como lo sigue también con las miles de mujeres víctimas de violencia en el país. El establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición no solo permiten enfrentar la generalizada impunidad que ha caracterizado estos crímenes, sino que también contribuyen a una cultura de respeto a los derechos humanos y a la prevención de la violencia contra las mujeres, tratándose de medidas urgentes para evitar su repetición en el tiempo. La erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas debería ser un clamor nacional.

Vienen tiempos de elecciones y la violencia, los discursos de odio y la degradación de la política debieran quedar fuera de la ecuación. Las diferencias deben ser planteadas  sin efectismos engañosos, sino con honestidad, de modo que la población pueda optar por los caminos de desarrollo que legítimamente los distintos sectores políticos ofrecen al país. Más y mejor democracia debería convertirse en un clamor nacional.

Por: Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

Columna publicada en diario electrónico de Radio Universidad de Chile el 10 de septiembre, 2024

Este domingo 3 de diciembre en la ex Colonia Dignidad participamos como Corporación Humanas de un acto conmemorativo realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y los 50 años de la dictadura cívico militar. En la actividad, organizada por la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, se volvió a enfatizar la necesidad de la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus seres queridos.

Karen Cea, en representación de la Asociación, señaló que “en este contexto, y como hemos exigido durante años: es urgente que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones frente a crímenes de lesa humanidad, lo que se resume en la consecución de verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición y justicia”. Además, valoró la iniciativa de Plan de Búsqueda presentada este año por el gobierno, para avanzar en encontrar respuesta al “¿dónde están?” que lleva décadas en las voces de las organizaciones y familiares de personas detenidas desaparecidas. 

El emotivo acto contó con la lectura de testimonios, intervenciones de familiares y ex prisioneros y una cueca sola bailada por Mónica Pilquil, esposa de Darío Chávez, compañero detenido desaparecido en la Colonia. Además, se recorrieron distintos lugares de Colonia Dignidad donde se cometieron crímenes de lesa humanidad como secuestros y torturas, en un ejercicio de memoria para quienes participaron. 

Finalmente las y los asistentes lanzaron claveles al Río Perquilauquén, lugar donde desde hace sólo dos años se conoce cómo el lugar donde los perpetradores de los crímenes lanzaron las cenizas de las víctimas. 

Son muchas las deudas que permanecen pendientes en materia de verdad, justicia, memoria, reparación de las víctimas y garantías de no repetición. En particular, es importante insistir en visibilizar la violencia política sexual que en dictadura se ejerció de manera sistemática y generalizada, afectando a mujeres de diversas edades, condiciones sociales y participación política, incluyendo a niñas, adolescentes y mujeres embarazadas. Esto, a lo largo de todo el territorio nacional y por parte de agentes del Estado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.

Reconocer y visibilizar la violencia política sexual que fue parte del régimen dictatorial ha sido una de las tareas a las que se han abocado las organizaciones feministas, a través de estudios, investigaciones, seminarios, conversatorios, campañas y la presentación de querellas criminales en representación de las sobrevivientes. Ello a fin de relevar su voz que por demasiado tiempo ha permanecido silenciada.

Durante décadas miles de sobrevivientes han buscado verdad, justicia y reparación, pero la respuesta ha sido tardía, limitada y en muchos casos ni siquiera ha llegado. Más allá de destacar la reciente sentencia de la Corte Suprema, que confirma algunas condenas por secuestros y “aplicación de tormentos con violencia sexual” cometidos en el recinto denominado “Venda Sexy”, preocupa que la inmensa mayoría de los crímenes permanece impune. La impunidad que caracteriza la violencia política sexual favorece su repetición, como se evidenció durante las manifestaciones estudiantiles de 2011 y en el estallido social de 2018.

De ahí la importancia de reconocer, reparar y adoptar medidas de no repetición. Más allá del trabajo de las organizaciones, colectivos y las sobrevivientes, se requiere un compromiso de todos los poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto para que estos crímenes no se vuelvan a cometer.

Por ello, valoramos que la Cámara de Diputadas y Diputados, haya asumido este 23 de agosto una señal clara y categórica de condena a la violencia política sexual, enfrentando algunas posturas negacionistas respecto a estos hechos. A 50 años del Golpe de Estado es urgente el compromiso con el “Nunca más”, pues no existe ninguna circunstancia que pueda justificar el derrocamiento del sistema político democrático, las violaciones a los derechos humanos ni la violencia política sexual.

Por Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera 

Santiago 31 de agosto, 2023.- La Corte Suprema condenó este 29 de agosto a ex agentes del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) por secuestros, torturas y violencia sexual cometida en contra de Patricia Herrera Escobar y Ana María Campillo Bastidas en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, entre los meses de junio y julio de 1974. 

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de marzo del año pasado, que condenó a Manuel Muñoz Gamboa a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de secuestro agravado de connotación sexual; y a Francisco Illanes Miranda, Winston Cruces Martínez, Ernesto Lobos Gálvez, Sabino Roco Olguín y José Alvarado Alvarado a 5 años y un día como cómplices. En tanto, Alejandro Sáez Mardones, igualmente cómplice de estos delitos, deberá cumplir la pena de presidio perpetuo por encontrarse condenado por otras causas de violaciones a derechos humanos. 

Previamente, en primera instancia, el Ministro Mario Carroza Espinosa también había condenado a José Luis Contreras Valenzuela y a José Hoffmann Oyarzún en calidad de cómplices de los delitos de secuestro agravado de connotación sexual, pero habiendo fallecido posterior a la sentencia, en su caso se dictaron los sobreseimientos correspondientes.

Finalmente, la Corte Suprema ha resuelto descartar los recursos de casación interpuestos por Muñoz Gamboa, Cruces Martínez y Alvarado Alvarado, con base en que los crímenes cometidos corresponden a crímenes de lesa humanidad.

Cabe señalar que las querellas presentadas por Patricia Herrera y Ana María Campillo datan de 2010 y 2015, respectivamente, evidenciando su larga búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación.

Desde Corporación Humanas, su directora Camila Maturana Kesten resalta que “habiendo transcurrido tanto tiempo desde los hechos y de las querellas presentadas por las sobrevivientes de violencia política sexual en los subterráneos de la Plaza de La Constitución, es importante que finalmente la Corte Suprema dictamine la condena de los perpetradores, pues se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, que deben ser reconocidos como tales y sancionados conforme a su gravedad. La violencia política sexual que la dictadura cívico militar ejerció contra las mujeres debe ser relevada, no puede seguir quedando impune y deben adoptarse medidas de no repetición, pues de otro modo se seguirá perpetuando la comisión de estos crímenes”.

“Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición pues todos los poderes del Estado de Chile y la sociedad en su conjunto debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Patricia Herrera y Ana María Campillo sostienen que la decisión de la Corte Suprema llega en un momento especialmente significativo, en una sincronía de la memoria y la reparación. Valoran la instalación de una placa que visibiliza los subterráneos de la Plaza de la Constitución como centro de detención y tortura a 49 años sus secuestros.

Agregan que continúan abriéndose otros senderos de búsqueda. “Creemos que ninguna mujer sobreviviente, que aún no se atreve a iniciar esta ruta de dar cuenta de la violencia política sexual vivida en dictadura, debe sentirse sola. Nuestro compromiso, junto a las mujeres que nos antecedieron en este camino, es hoy más que nunca perseverar y luchamos contra el intento negacionista que se ha vuelto a levantar”. 

“Hemos aprendido del dolor, de la alegría y de las palabras que sanan. Hemos sabido que la felicidad nace de la justicia y la justicia nace del bien colectivo, del bien de todas. Leemos y celebramos esta sentencia de la Corte Suprema largamente esperada junto a nuestras abogadas y junto a nuestros compañeros y compañeras que fueron víctimas y sobrevivientes de secuestro”, enfatizan Campillo y Herrera.

Se necesita una voz que alumbre como los versos de Rosabetty Muñoz, nuestra poeta chilota que canta también a los costados desgarrados del cuerpo de Chile: “Es la flor de la dicha la que estalla unos segundos y perfuma, al extinguirse, los demás momentos del día”.

Ver fallo de la Corte Suprema 

Por Corporación Humanas

25 de agosto, 2023.- En el marco del Festival OH! Stgo, iniciativa que durante 11 días convocó gratuitamente a la ciudadanía a conocer espacios de memoria y resistencia a través de la transformación de la ciudad, se incluyó la visita al Cuartel N°1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR). Este sitio fue conocido como “El Hoyo”, está ubicado en el subsuelo de la Plaza de la Constitución y fue declarado Monumento Histórico en el 2018. 

Los primeros agentes instruidos por la DINA fueron destinados inicialmente al Cuartel N° 1. Este lugar, operativo entre 1973 y 1974, mantuvo a cerca de 30 personas vinculadas al partido socialista prisioneras en sus instalaciones La mayoría fue trasladada luego a otros recintos de detención y tortura. Parte de las víctimas y sus familiares se agrupan actualmente en la Corporación Colectivo Plaza de la Constitución y Fundación Víctor Zerega.

Como organización feminista que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile y, en tanto representantes de víctimas de violencia política sexual en los casos de Patricia Herrera y Ana María Campillo, nos sumamos a esta iniciativa que invitó a conocer la ciudad desde los sitios de memoria, la vivencia de sus protagonistas y su sobrevivencia.

En dos visitas guiadas a los subterráneos de la Plaza de la Constitución, dirigidas al público,  se dio cuenta de cómo funcionó este centro de tortura y  cómo se gestó el compañerisño y la solidaridad frente a tantas vejaciones.

Patricia Herrera, sobreviviente de Cuartel N° 1, comentó que a partir de todo lo acontecido en dicho centro de tortura se interpuso en el año 2010 una querella por violencia política sexual, causa que lleva Corporación Humanas y que hoy está ad portas de tener una sentencia final de la Corte Suprema. “Nosotras tenemos rabia porque si bien hay miembros del SICAR hoy presos, también hay otros agentes libres caminando por las calles. Debemos tener un acto de memoria, pero también de fuerza”, señaló en la instancia.

Posterior a las visitas se realizó un acto cultural en el óvalo de la Plaza de la Constitución. En dicha instancia Patricia Herrera dijo que “queremos promover la difusión y el conocimiento sobre la historia y la cultura en derechos humanos”. También señaló que “están fuertes y decididas, que no son víctimas, que son sobrevivientes y que seguirán luchando”. 

En tanto, Alberto Zerega, hermano de Víctor Zerega, quien también estuvo preso en los subterráneos de la Plaza de la Constitución y posteriormente fue asesinado en 1974, agradeció que este sitio de memoria haya sido reconocido durante el gobierno de Michelle Bachelet, tras estar invisibilizado por más de 40 años. En la ocasión resaltó el que se estén generando nuevas acciones y la instalación de una placa en el lugar, lo que se hará el día 30 de agosto, cuando  se conmemora el Día Nacional e Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos.

En el acto también estuvo Camila Maturana, directora de Corporación Humanas y representante de Ana María Campillo y Patricia Herrera en las querellas por violencia política sexual. “Quiero hacer un especial reconocimiento a las compañeras por su tenacidad, resistencia, su lucha (…) y agradecer la confianza que  Patricia y Ana María han puesto en nosotras en esta ruta en búsqueda de la justicia y por visibilizar la violencia política sexual. Gracias a la valentía de mujeres como ellas y tantas otras hoy es parte de la verdad oficial en Chile que durante la dictadura las mujeres fueron víctimas de un castigo especial para sancionar su insumisión, su participación política y la búsqueda de una sociedad justa”, sostuvo Maturana en la instancia. 

La dirigenta del Partido Socialista, Fanny Pollarolo indicó que se están dando pasos adelante en momentos duros y difíciles. “Estamos mostrando resistencia, capacidad, energía, ganas voluntad y corazón. La verdad,  la justicia y la memoria hoy día es una tarea colectiva”.

Al cierre de la actividad cultural, Ana María Campillo leyó un poema escrito por Chantal Castiglione en memoria a Víctor Zerega. 

Por Corporación Humanas 

Por Corporación Humanas

El máximo tribunal desestimó el recurso al estar mal formulado y rechazó la aplicación de la figura de la media prescripción para reducir las penas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad. De esta manera se confirman las condenas de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle a quince años y un día, como autores, y de Alejandro Francisco Molina Cisternas a dos penas de 541 días como cómplice, además de la indemnización que corresponde al Estado entregar a las víctimas.

Una de las querellantes en la causa, la psicóloga Beatriz Bataszew, sostuvo:  » considero importante el hecho de que la sentencia certifique el carácter de lesa humanidad e imprescriptibilidad de los crímenes sexuales cometidos por los agentes del Estado chileno, de manera sistemática y generalizada, contra los cuerpos y sexualidades de las mujeres que luchamos contra la dictadura cívico-militar.»

Este fallo emitido después de 49 años de ocurridos los hechos y 19 años de tramitación legal, lo valoro sólo como una constancia necesaria, pero que no alcanza a constituir la medida de justicia que como sobreviviente he buscado”.

Violencia sexual sistemática

Recordemos que en la sentencia dictada por el ministro Mario Carroza Espinosa en 2020 se destacó la particularidad de la represión ejercida por los agentes del Estado en el recinto denominado “Venda Sexy”, en especial contra las mujeres, señalando que, en el lugar, luego de haber sido secuestradas, se les mantuvo vendadas, amarradas, sometidas a continuos interrogatorios, aplicación de electricidad, golpes, agresiones sexuales y violaciones, causándoles grave sufrimientos físicos y psíquicos. La sentencia releva el caracter sistemático de la violencia sexual ejercida por agentes del Estado y su especificidad como manifestación de violencia contra las mujeres, calificando los hechos como crímenes de lesa humanidad.

Camila Maturana Kesten, directora de Corporación Humanas, organización feminista que ha representado a Beatriz Bataszew ante tribunales desde 2016, resaltó que “las mujeres sobrevivientes de violencia política sexual llevan décadas buscando verdad, justicia y reparación. Por ello es importante que la Corte Suprema haya dictado sentencia definitiva respecto a algunas de las víctimas de “Venda Sexy”, condenando a los perpetradores y definiendo alguna clase de reparación frente al daño causado”.

Sin embargo, resaltó que se trata de una medida parcial, en tanto la inmensa mayoría de crímenes de violencia sexual permanece impune. “A 50 años del golpe de Estado, esperamos que esta sentencia de la Corte Suprema contribuya a clarificar que bajo ninguna circunstancia resultan admisibles las violaciones a los derechos humanos y que la violencia política sexual debe ser reconocida y sancionada pues se trata de crímenes de lesa humanidad. 

Más allá de esta sentencia, sigue siendo necesario avanzar en políticas integrales de reparación para las víctimas y especialmente en garantías de no repetición. Chile debe comprometerse con el nunca más”, concluyó la directora de Corporación Humanas.

Link a la sentencia

Publicado por Radio JGM 

Jueves 24 de agosto, 2023.-