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¿Nueva Constitución en Chile?: logros, retrocesos, esperanzas, hartazgos y futuros titubeantes

Fabiola Gutierrez — Sat, 16 Dec 2023 14:27:07 +0000

El 17 de diciembre de 2023, Chile llevará a cabo el plebiscito para votar a favor o en contra de la nueva propuesta de Constitución. El documento a sufragar ha causado preocupación entre organizaciones, colectivos y activistas por artículos que, de aprobarse, dificultará aún más la garantía de los derechos humanos (especialmente los de migración, acceso a la salud, educación, sexuales y reproductivos) en el país sudamericano

“La salud pública, la educación pública y la vivienda se consideran derechos, [pero] en Chile [acceder a ellos] no es un sueño, sino una pesadilla”, manifiesta la activista Marisol Torres a días de que su país natal vote a favor o en contra de la nueva propuesta de Constitución, la que sustituiría al texto pinochetista de 1980. “Hija de la dictadura”, residente en distintos rincones del mundo—ahora en México— e integrante de la Red Chile Despertó Internacional, Marisol forma parte de la población a la que “se niega de raíz” y se le borra por completo. Es migrante. Junto a ella, se encuentran chilenxs en el exilio, presxs políticxs y quienes “se quedaron sin patria” como consecuencia del régimen militar (1973-1990).

Para Marisol —que está fuera de Chile por “estudios y trabajo”—, el silenciamiento e impedimento para participar en el segundo proceso constituyente responde a una violencia que ha sostenido —y desgastado— al sistema político por décadas. “Lxs chilenxs no tenemos voz en el exterior”, denuncia. La exclusión de la población chilena migrante no sólo consiste en coartar la posibilidad del voto el 17 de diciembre. No se les incluyó ni escuchó para la redacción del documento.

Además de obstaculizar alternativas de contrapeso al endurecimiento del discurso y la política migratoria del gobierno de Gabriel Boric —presumido mediáticamente como la nueva cara de la izquierda en el continente, pero con una amenaza de “echar a personas irregulares” y dos proyectos para simplificar y acelerar los procesos de expulsión”—, la negación de la participación política de este sector impidió que la nueva Constitución de Chile incluyera disposiciones específicas para el reconocimiento y la garantía del “voto a distancia y anticipado”, mecanismo que a través de distintos sistemas —consular o electrónico (e-voto), por ejemplo— se ha implementado en países como México, Argentina, Canadá y Estados Unidos. También se abogaba por una Carta Magna que permitiera a la sociedad civil responder de una forma más articulada en la defensa de la migración digna. Había un compromiso significativo con el derecho a la solicitud de asilo político. Las demandas figuraban en la propuesta constitucional que rechazó más del 60% del electorado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

La organización de la (ultra)derecha en un país que anhela la reparación de daños

“El miedo es la razón por la que el país ha tenido más de una dictadura”, asiente Marisol en un tono amargo al recordar que la votación para consentir o desechar un proyecto “dictatorial, privativo y anulador de derechos” tendrá lugar cuatro años después del estallido social, expresión de hartazgo que entre 2019 y 2020 puso la mirada en Chile como un referente y detonador de organización popular: cacerolazos, subversiones artísticas, apropiaciones del espacio público, reclamos por la dignidad del pueblo mapuche, el Negro Matapacos, capuchas fucsia contra la violencia sexual y en defensa del aborto voluntario, ollas comunes y peluches de Pikachú.

“Chile despertó”, corría de voz en voz, desde el río Loa hasta el Bravo. Con todo y el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, a las pocas semanas, en noviembre, el 74% de la población chilena estaba convencido de que necesitaba una nueva constitución. De dicha cifra, el 90% optaba por la inclusión de derechos sociales como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y las pensiones.

Pero al igual que la esperanza, la (ultra)derecha se movilizó. En ningún momento, el (neo)conservadurismo tuvo intenciones de ceder. En diciembre de 2021, 44.13% de lxs votantes eligió a José Antonio Kast —aliado chileno de Vox, fundador del Partido Republicano y simpatizante del Pinochetismo— como opción presidencial. Así como Javier Milei y La Libertad Avanza en Argentina, las facciones conservadoras encontraron ventajosa la crisis económica y sociopolítica nacional, sobre todo después de la pandemia por COVID-19.

A los 10 meses de ocupar la presidencia, Gabriel Boric protagonizó titulares en los que se resaltaron la inflación —jamás vista en la llamada transición a ‘la democracia’— y el incremento de la inseguridad. En paralelo al aumento de homicidios y robos con violencia, el desgaste de figuras clave del estallido social como Giovanna Grandón (Tía Pikachú) y los escándalos que rodearon al movimiento La Lista del Pueblo (particularmente Rodrigo Rojas), el segundo proceso constituyente mantuvo los errores estratégicos del primero —tales como la falta de coordinación entre los sectores de izquierda/progresistas y los colectivos moderados— y brilló por la conformación antiderechos del Comité de Expertos: 5 representantes de izquierda, 6 de derecha y el Partido Demócrata Constituyente a modo de coalición de la derecha.

La alusión protagónica a Carlos Frontaura —un católico tradicionalista que utiliza las redes sociales para compartir el evangelio del día— y Hernán Larraín — ministro durante la presidencia de Sebastián Piñera, exintegrante del gabinete de Pinochet e íntimo compadre de Paul Schäfer, exmilitar nazi acusado de tortura y pederastia— debilitó cualquier expresión de confianza y alertó que “el nuevo proceso constituyente continúa asegurando no sólo la posición de élite derechista en Chile, sino también el anclaje de la política chilena con el pasado”, como reflexionaron las expertas en estudios internacionales Cathy Schneider y Sofía Williamson-García. “La derecha siempre ha trabajado con el miedo (…) Es muy complejo hacer acciones contra la institucionalidad del miedo”, lamenta Marisol, que hace un par de semanas leyó en internet que hasta abril de 2023 sólo 16% de lxs chilenxs confiaban en el proceso.

La primera Constitución que reconoce el aborto voluntario como derecho: el legado al que aspiraron los feminismos en Chile

A finales de 2021, organizaciones, colectivas y activistas feministas confiaron en que Chile podría ser el primer país del mundo en garantizar el aborto a nivel constitucional. En 5 días, la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile logró reunir las 15.000 firmas reglamentarias para que la iniciativa popular “Será Ley” pasara a la Convención Constitucional (CC) el 26 de enero de 2022. Fue la primera de todas las iniciativas en cumplir con el requisito. En esas fechas, especialistas como Romina Suárez (Red de Profesionales por el Derecho a Decidir) y Carolina Cisternas (Red de Acompañantes con las Amigas) se mostraban entusiastas por el apoyo —no exclusivamente feminista— a un proyecto que demandaba:

Un marco legislativo constitucional en pro del principio de autonomía
El reconocimiento y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado, sin que este interfiriera
Derecho del acceso a la información

En vísperas del plebiscito del 17 de diciembre de 2023, el panorama es muy distinto. La iniciativa popular Será Ley no sólo se esfumó en el laberinto de un futuro que, al parecer, será —o permanecerá— hostil para mujeres y niñas. Con 33 votos a favor y 17 en contra, el 30 de octubre, el Pleno del Consejo Constitucional aprobó la nueva propuesta, que se distingue por ocho artículos problemáticos.

Sobre el aborto el que causa angustia es el artículo 16, el cual establece: “la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer”. Desde el mes de septiembre también se expresó preocupación por el numeral 13 del artículo citado, alusivo a la libertad de conciencia sin excepciones y que, por ende, se convierte en un obstáculo para mujeres y personas con capacidad de gestar (hombres trans, personas NB, queer y agénero).

De aprobarse tal cual, la nueva constitución —que presenta un ligero cambio cuando se le compara con el texto pinochetista de 1980— podría entrar en conflicto con la actual normativa sobre aborto: la Ley N° 21.030, promulgada en 2017 para despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales: 1) peligro para la vida de la mujer 2) inviabilidad fetal de carácter letal y 3) embarazo por violación. “Lo que va a suceder es que se va a eliminar lo que habíamos ganado. Vamos a terminar con prohibición total de aborto y, [con eso] que las mujeres no seamos dueñas de nuestro cuerpo”, resume Marisol.

“Es una cuestión súper crítica (….) y también [algo] muy retrasado para lo que las mujeres chilenas necesitan”, habla Camila Maturana, abogada y directora de Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género*, organización femininista que, al lado del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Observatorio de Género y Equidad (OGE), ha trabajado con la plataforma Nada sin Nosotras para informar y ofrecer análisis críticos sobre la propuesta de la nueva Constitución de Chile. Si bien “los derechos sexuales y reproductivos no [fueron] los temas más presentes en el debate público, el aborto y la objeción de conciencia adquirieron un nivel muy interesante”, comenta la experta en justicia de género.

En este país del Cono Sur, la despenalización del aborto se caracteriza por significativos rezagos si se le enmarca en los avances de las legislaciones en Argentina, Colombia, México y Uruguay. “No establece un modelo de plazos” y, en caso de que en el plebiscito se opte por la aprobación, pasará por alto la legitimidad y aceptación que tiene la Ley N° 21.030 en la sociedad chilena. “[La nueva propuesta constitucional] no sólo causa preocupación entre las feministas, sino en toda la ciudadanía”, resalta Maturana. “La gente parece no estar muy disponible a que le quiten sus derechos”.

Históricamente, la objeción de conciencia —”figura jurídica que te permite o no cumplir la ley, pero en casos específicos y excepcionales”, define la directora de Corporación Humanas— ha frenado y condicionado los alcances del movimiento abortista en Chile. Aunque no sea un derecho en sí mismo, sino una manifestación del derecho a la libertad de conciencia (como lo enfatizan el Grupo de Información en Reproducción Elegida, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas) y tampoco reconocido como tal en tratados internacionales, se busca que la objeción de conciencia adquiera un carácter institucional [1]. Al respecto, Camila Maturana aclara: “[El riesgo que se corre es] abrir la posibilidad a que más integrantes del equipo de salud puedan decir: ‘yo soy objetor de conciencia y no lo hago [el proceso de aborto]”.

De acuerdo con el último informe de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la violación es la causal de aborto con más objetores de conciencia. En los hospitales de Cauquenes, Constitución, Pitrufquén y Lautaro todxs lxs profesionales de la salud son objetorxs de conciencia. Las regiones en las que se encuentran estas comunas (Maule y Araucanía, respectivamente) encabezan las tasas de delitos sexuales hacia mujeres y niñas en el país. Sumado a la objeción de conciencia, la Marea Verde chilena se enfrenta al desconocimiento sobre el proceso legal para acceder a un aborto y a la negativa del Poder Judicial para adoptar medidas administrativas y protocolos en materia.

Pero la objeción de conciencia no sólo coadyuva el derecho a un aborto legal, pues “puede [utilizarse] para oponerse a entregar información sobre anticonceptivos”. Además, tiene posibilidades de extenderse al ámbito escolar y laboral. “Por razones de objeción de conciencia, un colegio [puede decir:] ‘no recibimos niñas embarazadas; tampoco nos gustan lxs niñxs trans o la niña [que es hija] de una mamá soltera. [O, en el caso de una empresa]:’ ‘no nos gusta contratar lesbianas’”, detalla Camila Maturana.

Esta preocupación la comparte el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En un comunicado compartido con Volcánicas, la agrupación señaló que el derecho a la no discriminación está incorporado “pero en medio de otros artículos limitantes y regresivos”. Asimismo, Movilh enfatizó que la invisibilidad de los derechos sexodisidentes no es únicamente (ir)responsabilidad de la ultraderecha, sino de “todos los sectores políticos-partidarios que participaron”. También denunció que se les omitió en el proceso. “Este segundo intento para dotar a Chile de una nueva Constitución fue, en términos concretos y reales, indiferente e insensible durante toda su tramitación a la realidad LGBTIQ+, desde el momento mismo en que se generaron las bases constitucionales, hasta pasar por la Comisión Experta y terminar con el texto evacuado por el Consejo Constitucional”, precisa. La “exclusión de la diversidad sexual y de género” tuvo consecuencias negativas como:

La inexistente mención a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género
El enfoque “exageradamente binario” que desconoce los derechos básicos de las personas “género fluido y/o no binaries”.
Reconocimiento de un solo modelo de familia (el hegemónico, claramente)

Derivado de este tercer punto, Movilh mira con recelo los términos en los que queda la protección del interés superior de la niñez: poder absoluto de las personas adultas y exigencia de un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje.

“Considerando que en Chile y en el mundo los derechos de NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) son periódicamente vulnerados por algunas familias que pretenden imponer sus visiones religiosas, morales o ideológicas sobre las orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género; con violencia física y psicológica que en ocasiones termina en el suicidio; la propuesta del Consejo Constitucional resulta groseramente nociva”.

En complemento a lo expuesto por Movilh, Corporación Humanas puntualiza que el interés superior de las infancias es una de las incorporaciones que no se habían tenido en la Constitución (aunque Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de 1990). Sin embargo, el reconocimiento es a modo y conveniencia de grupos conservadores, ya que si los padres, las madres y/o lxs tutorxs pueden determinar si se brindará educación sexual integral (ESI) o no.

Desde la perspectiva de Camila Maturana, esto puede tener efectos contraproducentes en la protección frente a la violencia sexual. Igualmente, resulta alarmante en tanto que en el país es sistemático el rechazo a iniciativas de ESI, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Otros de los derechos que se alistan de “una manera bastante peculiar” son los referentes a las labores de los cuidados. “Se presumen como una novedad [pero en la propuesta constitucional] no se menciona el derecho de las personas a ser cuidadas”, dice Camila Maturana. Tampoco se habla del valor económico no remunerado de las mujeres, que “representa el 20% del Producto Interno Bruto (PIB)” nacional.

El patriarcado [y la nueva propuesta constitucional] son un juez que nos juzgan por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Entre 2022 y 2023, el movimiento feminista chileno logró la tipifcación del suicidio feminicida en la Ley 21.523 (Ley Antonia), la introducción de mecanismos para evitar la revictimización, la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el establecimiento de medidas de protección y reparación de daños a familiares de víctimas de feminicidio (Ley 21.565). Empero, en esta latitud latinoamericana prevalece “una revelación de insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual”, como se subrayó en la carta Por nosotras, por ellas, firmada por la expresidenta Michelle Bachelet, las exministras de salud María Begoña Yarza, Helia Molina y Alejandra Krauss, 63 académicas, dirigentes estudiantiles, abogadas y profesionales de la salud.

Pese a los 78 feminicidios registrados entre 2022 y agosto de 2023, el aumento de los feminicidios frustrados (387 en los últimos dos años, según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género), las irregularidades en las investigaciones de homicidios en razón de género y el incremento de los casos de violencia de pareja (1 de cada 4 mujeres entre 15 y 65 años sufrió una situación de violencia física, psicológica o sexual entre agosto de 2022 y agosto de 2023) en Chile, Camila Maturana problematiza que en el nuevo proyecto de Constitución no se aborda la violencia de género. “[Aunque] se habla bastante de delitos (…) [no se señalan] mandatos claros a los órganos del Estado en orden a prevenir y sancionar; proteger y reparar”.

La directora de Corporación Humanas también revela que el abordaje del tema de seguridad carece de perspectiva de género. “La seguridad para las mujeres y las niñas tiene que ver muchas veces con dónde ocurre: en las casas, los espacios de trabajo, las escuelas o el transporte público”, recuerda.

“Constitución pinochetista, derecho opus dei, libro facista” ¿en 2023?

“Chile no es un país. Somos una sede de empresas”, dice Marisol tras asegurar que, de ganar la aprobación de la nueva propuesta de la Constitución, permanecerá en México, pues en su país “se perpetuará y potenciará la injusticia”. En una llamada de Zoom, Camila Maturana asiente, decepcionada, que el proyecto a votar el 17 de diciembre “no logró cumplir el objetivo principal”: un acuerdo nacional para generar unidad. El segundo proceso constituyente tampoco se perfila como contrapeso o normativa transformadora de un país altamente desigual.

“En derechos sociales la propuesta queda muy mal al lado de las necesidades de la ciudadanía, aún cuando se declara que Chile sería un Estado social y democrático en [cuanto a] la regulación del derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y [lo] laboral. [El texto] no tiene ningún correlato con ese Estado social y democrático, sino más bien podríamos clasificarlo como una consagración de derechos muy limitada”.

En conversación con el periodista chileno José Zepeda (Radio Media), el cientista político Modesto Mayo compartió que una de las fallas durante los procesos constituyentes fue dar por hecho que, tras el estadillo de 2019, Chile era “post-progresista”. Esta visión evitó que se consideraran las bases estructurales del país. Desde la Cordillera de los Andes hasta la de la Costa, la sociedad chilena ha testimoniado una institucionalidad del miedo, como mencionaba Marisol, pero también ha sido evidente el aferro de ciertos sectores a sistemas que mantienen a Chile como el laboratorio [neoliberal] en el que todo se lucra, vende y criminaliza, como describe Ana Tijoux en “Shock”.

En la historia de la ‘democracia’ chilena han sido tres los intentos de reemplazar la Constitución de 1980: el primero liderado por el gobierno de Michelle Bachelet y los otros dos como resultado de la revolución de octubre de 2019. En todos, los medios de comunicación —tradicionalmente de propiedad privada— jugaron un papel clave para incentivar la desconfianza en representantes de la Asamblea constituyente sin afiliación partidaria y, paralelamente, salir a la defensa de estructuras que mantienen el acceso a los derechos básicos como un privilegio.

“Lo que están haciendo es que están salvando sus intereses”, Marisol habla sobre la narrativa mediática para salvar a las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), ejemplos de lo que sucede cuando se priorizan las lógicas de mercado. Las Isapres fueron creadas en 1991, como una expresión de la Ley Nº 18.933, para ‘ofrecer’ seguros de salud a quienes ‘escogen voluntariamente’ afiliarse a ellas. Como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “la facultad de pertenecer a una Isapre depende del nivel de ingreso de una persona”. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadísticas, se sabe que en 2021 el ingreso de las personas ocupadas en Chile fue igual o menor a $457.690. La brecha de género fue del 18.9% y tuvo mayor acento en el grupo etario de 65 años.

Sumado a las inequidades económicas, el derecho a la salud de lxs chilenxs se ve afectado por las condiciones adversas del sistema de salud público: financiamiento insuficiente, fallas en la organización, presiones mercantiles e intereses corporativos fuertes. En 2019, la indignación frente al alza del transporte público y la privatización total del agua —uno de los robos institucionales más rentables en Chile— también fue una oportunidad para exigir un cambio radical en el modelo sanitario.

Anexo al compromiso con la garantía del derecho al acceso al aborto y la ESI, se demandó la destinación de al menos un 6% del PIB al sector salud, incrementar el financiamiento al primer nivel de atención y la generación de un seguro único. Ninguna de estas exigencias históricas se ven reflejadas en la propuesta de la nueva Constitución de Chile.

Lo mismo ocurrió con el reconocimiento de la vivienda digna como un derecho social prioritario. Entre las movilizaciones eran notorias las consignas para romper con el “silencio constitucional sobre el derecho a la vivienda”. En el marco de Chile Despertó, la urgencia de contar con respuestas y alternativas al déficit habitacional, la discriminación urbana y demás inequidades derivadas de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que desde 1979 “declaró al suelo como un bien libre sujeto a las transacciones mercantiles”. Cuatro años después, ONG y activistas sospechan que el plebiscito del 17 de diciembre dé paso —o fortalezca— la corrupción inmobiliaria.

A días de la votación (e independientemente del resultado), Chile se encuentra en el limbo, con un pie en el pasado y con el otro en un porvenir que podría dejar aún más claro que la dictadura y su respectivo (neo)conservadurismo se han enquistado en cada rincón y sin intenciones de tregua.

Las mujeres, las infancias, los pueblos indígenas, las comunidades migrantes, las personas sexodisidentes, lxs campesinxs, lxs obrerxs, las feministas y las organizaciones estudiantiles resisten y agarran fuerza y coraje de donde pueden. Se niegan a legitimar una Constitución que en su momento prohibió a los grupos marxistas y autorizó la supervisión militar. “¡A derrotar el fraude y el engaño!”, gritan a lo lejos. Pero también es cierto que, como Marisol, consideran “incomprensible el riesgo de que la propuesta de la nueva constitución gane”.

¿Y el derecho a la memoria y la justicia?

Fuerza Chile. La revolución es posible.

Notas al pie

[*] En representación y dirección de Corporación Humanas, Camila Maturana puntualiza que como organización, “su política es entregar información y hacer un análisis crítico del texto [de la nueva propuesta constitucional], pero no es su rol hacer un llamado a votar en un sentido u otro”.

[1] Es decir: que se ejerza de manera absoluta y sin límites para que, de este modo, las instancias del sector público y privado obstaculicen el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención.

Reportaje publicado en Revista Volcánicas el 16 de diciembre, 2023

Organizaciones exigen avanzar en derechos sexuales y reproductivos comprometidos en Chile

Fabiola Gutierrez — Fri, 17 Nov 2023 11:00:44 +0000

A 10 años del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, organizaciones de 33 países del mundo establecieron un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva. Pese a los avances, políticas como la educación sexual integral siguen pendientes en Chile.

En el décimo aniversario del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, una decena de organizaciones evalúan los avances y desafíos en Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile. Este acuerdo, celebrado por 33 países, establece un marco global en igualdad de género, salud sexual y reproductiva.

“A diez años del Consenso de Montevideo, la hoja de ruta que traza en materia de derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un horizonte a alcanzar en Chile”, afirma Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M.

A pesar de avances, hay deficiencias en la garantía de estos derechos. La baja implementación de compromisos en educación sexual integral y desafíos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo preocupan a las organizaciones.

“Hay avances en la coordinación institucional para la atención en violencia de género y matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, los desafíos siguen estando en educación integral en sexualidad y aborto”, plantea Siomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Sobre el actual escenario constituyente, las organizaciones subrayan la necesidad de contar con políticas públicas sólidas para salvaguardar la salud sexual y reproductiva en Chile.

“En un contexto que es de amenaza en Chile y en numerosos países de América para el reconocimiento de estos derechos, en especial de la Educación Sexual Integral, el aborto ante embarazos no deseados o no aceptados, así como los derechos de la comunidad LGTBQI+. Lo cual podría aumentar las barreras ya existentes”, agrega la vocera de la Coordinadora 8M.

Las agrupaciones feministas subrayan la necesidad de una supervisión constante del Estado en asuntos relacionados con mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. También insisten en la revisión de los compromisos internacionales en la agenda chilena. Carolina Cisternas, vocera de las Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), destaca la importancia de la sociedad civil organizada en evaluar el progreso respecto a este marco normativo y similares.

En su declaración, las organizaciones instan a trabajar juntas para construir un futuro donde todas las personas tengan el derecho fundamental de decidir sobre sus cuerpos y vidas. “Este es nuestro llamado a la acción y contribución al avance de una sociedad más justa e igualitaria”.

Entre las organizaciones que adhieren a la declaración están APROFA, Asociación Ginecólogas Chile, Colectiva por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Miles, Observatorio de Datos y Estadísticas de Género e Interseccionalidades (ODEGI), ONG Amaranta, Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, Red Nacional Con Las Amigas y En La Casa.

Noticia publicada en El Mostrador (16.11.2023)

¿Una Constitución para todas y todos?

Fabiola Gutierrez — Mon, 23 Oct 2023 18:42:55 +0000

Una Constitución es la norma fundamental de un país y debe permitir la convivencia de sus habitantes bajo un sistema político democrático que asegure derechos, libertades y bienestar a todas las personas. Cambiar la Constitución de 1980 ha sido una demanda histórica de la ciudadanía, sin embargo, la propuesta del Consejo Constitucional no cumple estos presupuestos mínimos y en demasiados aspectos se aleja de ser un texto que proteja a las personas.

Con base en la mayoría electoral obtenida en la votación de consejeros y consejeras en mayo pasado, el Partido Republicano ha impuesto su ideario político, contando con amplio respaldo de los partidos de Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli). Pero el hecho de contar con amplia mayoría circunstancial no reviste a su propuesta de la legitimidad que requiere una Constitución para regir a un país completo.

Uno de los aspectos más críticos que presenta la propuesta es la falta de garantías a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, diversidades sexuales, migrantes, pueblos indígenas, y al conjunto de derechos sociales (como salud, trabajo y educación) y ambientales, entre otros. Con preocupación se observa que, en lugar de avanzar en la protección de las personas, se imponen restricciones y retrocesos importantes. La Constitución que proponen los Republicanos y Chile Vamos se desentiende de las necesidades de la ciudadanía y no permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes habitan Chile.

La propuesta constitucional restringe los derechos laborales de mujeres y hombres, y no ofrece reales garantías al derecho a la salud ni a la seguridad social, pues para ello no basta enunciar la libertad de elección. Por lo demás, la anunciada protección a la propiedad de los fondos de pensiones obstaculizará el pago de las deudas de pensiones alimenticias que afecta a miles de niños y niñas en el país.

Para las mujeres, el texto resulta particularmente negativo. De acuerdo a la ideología republicana, y de los partidos políticos que la apoyan, las mujeres deben permanecer relegadas en el espacio privado y seguir desempeñando solas las tareas domésticas y de cuidado, sin reconocimiento ni retribución. Para este sector político, las mujeres no deben contar con garantías para participar en la vida social y política ni acceder a cargos públicos, pese a la evidencia internacional sobre la importancia de medidas afirmativas para asegurar la participación de mujeres en espacios de decisión. Tampoco les preocupa la vivencia cotidiana de violencia de género a que están expuestas las mujeres y las niñas, pues rechazaron incluir normas orientadas a su prevención y sanción.

Durante la discusión constitucional también se ha transparentado que los representantes del Partido Republicano, y parte de los partidos políticos que los apoyan, buscan derogar o restringir la ley sobre aborto en tres causales. De ahí su iniciativa para consagrar la protección de «quien está por nacer». Además, el reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia -que sólo debiera tener rango legal en carácter estrictamente excepcional- permitirá que profesionales o clínicas puedan rechazar determinadas atenciones de salud sexual y reproductiva e incluso negar el acceso a información y a métodos anticonceptivos ampliamente requeridos por mujeres y adolescentes. Además, bajo la propuesta de nueva Constitución, se multiplicarán los obstáculos para que niñas, niños y adolescentes puedan recibir educación sexual integral, fundamental para protegerse de la violencia sexual.

Dado lo avanzado del proceso, gran parte de la propuesta constitucional está lista y sólo las últimas observaciones están siendo revisadas por la Comisión Mixta, previo a su votación en el Consejo. Se trata de un texto que responde sólo a las ideas de un determinado sector, además de implicar retrocesos en materia de derechos humanos. Lamentablemente no contamos con una propuesta de Constitución que incluya y proteja a todas y todos.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Columna publicada el 19 de octubre en Cooperativa

Si es bueno para todas, es bueno para todos

Fabiola Gutierrez — Wed, 27 Sep 2023 16:31:31 +0000

Las organizaciones comprometidas con reconocer los derechos de las mujeres a la plena ciudadanía y a la igualdad política, social y laboral, vemos con preocupación la deriva que ha tomado el proceso constitucional en su actual etapa. Avizoramos un nuevo fracaso en el horizonte: el de un proyecto excesivo, sobrecargado de disposiciones propias de programas de gobierno o de asuntos que deberían ser materia de ley y no de una Constitución. Desde todas las posiciones políticas se alzan voces de alarma: se trata de una preocupación transversal.

Tal como van las cosas, nos interesa señalar cómo se puede afectar específicamente la autonomía de las mujeres. Nos pone en alerta un constante juego verbal dedicado a deslizar en el texto constitucional expresiones que luego puedan interpretarse a favor de limitar dicha autonomía. Es el caso del uso mañoso de “quien”, de la definición de “niño” y otras ya aprobadas. La intención de estas enmiendas (ya declarada expresamente por algunos consejeros) es cuestionar la constitucionalidad de leyes vigentes, a las que se han acogido muchas mujeres en Chile en situaciones gravísimas.

Algo parecido sucede con la extensión de la objeción de conciencia a las instituciones: puede, por ejemplo, dificultar la entrega de la píldora del día después o los anticonceptivos, que hoy son parte de la vida cotidiana de gran parte de las mujeres en Chile.

No podemos guardar silencio sobre el intento de imponer a toda la ciudadanía las creencias religiosas de unos pocos, en detrimento de libertades personales que ya, hace años, tenemos.

En cuanto a la igualdad en el ejercicio de los derechos, nos pone en alerta que se haya suprimido, respecto del derecho a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y la no discriminación, el deber del Estado de adoptar las medidas apropiadas y los ajustes razonables que fueran necesarios para la realización de este derecho, con lo cual la norma queda como una puramente programática.

También que se debilitara la norma de la Comisión Experta que ordenaba a la ley asegurar el acceso igualitario, de mujeres y hombres, a los mandatos electorales y se rechazara la enmienda que delegaba en la ley asegurar una composición paritaria del Congreso. Tampoco se aprobó la norma transitoria del anteproyecto que buscaba asegurar el equilibrio de género en el Congreso para las próximas dos elecciones.

No consideramos la paridad como un regalo, sino como una exigencia para avanzar hacia una democracia verdaderamente representativa de la población. Queda ponerse de nuevo en alerta para evitar que la falta de reconocimiento constitucional se traduzca en una menor participación política de las mujeres.

Por último, al rechazarse la propuesta de iniciativa popular acerca del reconocimiento del derecho a los cuidados, que lo establecía como una corresponsabilidad social, y dejarlo reducido a un deber que pesa sobre las familias, se perpetúa el cuidado a cargo de las mujeres y, con ello, nuevamente se limita su autonomía y su capacidad de incorporarse a la fuerza laboral.

Expresamos nuestra alarma y preocupación a la opinión pública y llamamos a actuar con urgencia, pues todavía quedan instancias en el proceso constitucional para revertir estos retrocesos. A la Comisión Experta, que aún puede insistir en las disposiciones que incluyó y que fueron sacadas del texto. Y al pleno, a acogerlas como una demanda transversal. Los avances para una mejor democracia se hacen con las mujeres, no contra ellas o sin ellas. Porque si es bueno para todas, es bueno para todos.

María Olivia Recart; Camila Maturana; Virginia Aguirre; Fernanda Vicente; Francisca Jünemann; Mónica Retamal
(Quienes suscriben son presidentas de ComunidadMujer, Corporación Humanas, Asociación Yo Cuido, Mujeres del Pacífico, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, y directora ejecutiva de Fundación Kodea, respectivamente)

ADHIERE A LA DECLARACIÓN AQUÍ

Carta publicada en El Mercurio el 27 de septiembre de 2023.-

Defender el derecho a decidir

Fabiola Gutierrez — Wed, 27 Sep 2023 16:25:56 +0000

Desde hace seis años, Chile cuenta con un marco legal que permite la interrupción voluntaria del embarazo en causales específicas (riesgo vital, embarazos producto de violación e inviabilidad vital del feto o embrión) y garantiza prestaciones de salud y acompañamiento a mujeres y niñas. Esto fue resultado de la movilización que las mujeres y organizaciones de la sociedad civil mantuvieron por décadas, especialmente desde la derogación del aborto terapéutico, al término de la dictadura.

Publicada el 27 de septiembre de 2017, esta ley fue valorada en el país y también a nivel internacional, pues durante casi 30 años se mantuvo vigente en Chile un estatuto jurídico estricto que criminalizaba a quienes decidían interrumpir su embarazo, sin excepción alguna, pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en orden a la despenalización del aborto y garantías de atención.

Si bien comparada con los avances alcanzados en otros países de la región -Argentina, Colombia, México y Uruguay-, la normativa chilena resulta limitada al referir sólo a tres causales, gracias a esta ley se han salvado las vidas de mujeres que se encontraban en riesgo, se ha resguardado su integridad física y psíquica frente a embarazos inviables y se ha protegido a niñas y mujeres víctimas de violación.

En los últimos años se ha consolidado el apoyo social a los derechos sexuales y reproductivos y a la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida. De acuerdo a estudios de opinión pública, el 49% de las personas entrevistadas respalda el aborto en tres causales, el 30% está a favor en cualquier caso, mientras que 19% se manifiesta totalmente en contra. Es decir, casi el 80% apoya que las mujeres puedan decidir frente a sus embarazos (Encuesta CEP, julio 2023).

Pese a los numerosos argumentos que respaldan la ley vigente, y sin tomar en cuenta el apoyo ciudadano a esta normativa, las fuerzas políticas más conservadoras han emprendido una avanzada articulada y sostenida en contra de los derechos sexuales y reproductivos ya garantizados en nuestra legislación. Esto, a través de iniciativas legislativas que buscan debilitar e incluso derogar la regulación vigente sobre aborto en causales, así como propuestas constitucionales que favorecen la supresión de la ley actual y consagran de manera ilimitada la objeción de conciencia.

Estos eventuales retrocesos exigen reforzar la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, ya que las leyes restrictivas sobre interrupción voluntaria del embarazo las afectan de manera desproporcionada, en particular a aquellas que viven en situaciones de vulneración. A ello se suma la falta de información y educación sexual integral que impone barreras al ejercicio de sus derechos y obstaculiza la prevención de la violencia sexual. Observamos con preocupación cómo la agenda conservadora de la derecha se ha ido imponiendo en la propuesta de nueva Constitución, cuando esta debe ser un texto que busque la cohesión social y que proteja a todas las personas. Hoy más que nunca es imperante defender los avances alcanzados.

Columna de opinión de Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 27 de septiembre en Cooperativa

Nueva Constitución: derechos al debe

Fabiola Gutierrez — Wed, 16 Aug 2023 12:33:57 +0000

La expectativa de un nuevo pacto social para las próximas décadas nos remite a un horizonte en que todas las personas que habitan el país puedan desarrollarse plenamente y sus derechos sean protegidos. Ello debe incluir el debido reconocimiento, garantía y protección los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de mujeres y hombres en su diversidad, pero lo cierto es que hasta ahora es bien limitado lo que se propone. A esto se suma que la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro ordenamiento jurídico es deficiente, pues no se le da de manera explícita rango constitucional, lo que debilita gravemente su aplicación.

Si bien estas y otras preocupaciones deben ser revisadas y corregidas si queremos contar con una nueva Constitución que garantice adecuadamente los derechos de todas y todos, también hay asuntos cruciales en la experiencia de vida de las mujeres que no están debidamente recogidos. El anteproyecto presentado por la Comisión Experta omite considerar los cuidados, la paridad, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Ello, pese a las demandas largamente sostenidas por los movimientos de mujeres y a la relevancia que dichas temáticas tienen en la agenda global de derechos humanos.

De ahí que durante la etapa de participación ciudadana ingresaron al debate iniciativas populares de normas (IPN) constitucionales en las materias mencionadas y otras, como derechos de las personas con discapacidad, derecho de las y los trabajadores y derechos de las infancias y adolescencias, entre otras.

Al conocer las enmiendas presentadas en el Consejo Constitucional, la primera alarma que surge tiene relación con la propuesta que busca restringir los derechos de las mujeres y niñas, y derogar la ley de aborto en tres causales. Desde el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN) y Evopoli se busca consagrar en la nueva Constitución la «protección de vida del que está por nacer» y retroceder en las garantías de los derechos de las mujeres y las niñas que tantos años ha costado incorporar en la legislación chilena.

Pero además preocupa que ninguna propuesta de la Unión Demócrata Independiente, RN, Evopoli y Republicanos -que en conjunto cuentan con mayoría en el Consejo Constitucional- se oriente al reconocimiento y protección de los cuidados y de quienes cuidan. En esta materia, además de IPN promovida por Comunidad Mujer, la asociación Yo Cuido y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, se cuenta con una enmienda presentada por consejeras/os constitucionales oficialistas, pero su aprobación requiere de un acuerdo transversal.

En cuanto a paridad, se ingresó la IPN «Nada Sin Nosotras», de Corporación Humanas, Centro de Estudios de la Mujer y Observatorio de Género y Equidad, y se cuenta con enmiendas de consejeras/os oficialistas. En tanto, las propuestas de partidos políticos de derecha apuntan a debilitar los mandatos en que el texto de anteproyecto alude a la representación paritaria, proponiendo que en lugar de «asegurar» el acceso igualitario de mujeres y hombres, baste con «promover» o «favorecer».

En materia de derechos sexuales y reproductivos, el Consejo Constitucional deberá pronunciarse respecto a la iniciativa popular ingresada a tramitación, pues no se ingresaron enmiendas al respecto. Tampoco se conocieron propuestas de consejeros/as constitucionales para enfrentar la violencia de género, que afecta principalmente a mujeres y niñas.

Por lo tanto, más allá de la baja sintonía que la ciudadanía expresa con el proceso constitucional actual, es necesario que alcemos la voz ante estas falencias del anteproyecto constitucional y que podrían ser remediadas durante el debate en curso. No podemos permitir que la norma fundamental que regirá a todas las leyes y políticas públicas de nuestro país en las próximas décadas retroceda en materia de derechos humanos y de las mujeres.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Publicada el 14 de agosto de 2023 en blog de opinión de Radio Cooperativa

Cartilla Dejémoslo por Escrito

Fabiola Gutierrez — Mon, 24 Jul 2023 12:56:46 +0000

Descargar la cartilla

Campaña Dejémoslo por escrito: exijamos una Constitución que asegure nuestros derechos

Fabiola Gutierrez — Mon, 12 Jun 2023 13:28:57 +0000

Corporación Humanas, Nada Sin Nosotras y el medio digital La Neta, lanzan campaña #DejémosloPorEscrito, la cual busca que la ciudadanía se involucre activamente en el proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile.

Santiago, 07 de junio 2023.- Si bien en la sociedad existen distintos acuerdos implícitos de convivencia, mientras estos no se establezcan en la normativa nacional no hay nada que asegure su perduración y respeto a largo plazo. #DejémosloPorEscrito es una campaña que invita a exigir que estos acuerdos como la igualdad real, inclusión y respeto por todas las personas, sean parte de la nueva Constitución.

La campaña es liderada por Corporación Humanas y Nada Sin Nosotras, organizaciones que buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres y las demandas históricas de la ciudadanía, como educación, salud de calidad y pensiones dignas, en esta nueva Constitución. También, consideran que a través de esta campaña se puede fomentar la participación y el interés en el proceso, ahora que ya se ha escogido a quienes integrarán el Consejo Constitucional.

Camila Maturana, directora de Corporación Humanas señala que “la incorporación de las propuestas de los movimientos sociales, de mujeres y feministas al texto constitucional es fundamental para lograr una Constitución del siglo XXI. Es por ello que hacemos este llamado amplio a las organizaciones a exigir que se dejen por escrito estas sentidas demandas“.

“Esta campaña coincide con el mes de la participación ciudadana que promueve la Secretaría de Participación del proceso constitucional a través de cuatro mecanismos. “Dejémoslo por escrito” es una invitación a revisar el anteproyecto constitucional y a completarlo con los anhelos que tenemos hace años. Esta es la oportunidad para que la ciudadanía sea incidente ante el Consejo Constitucional”, sostiene Catalina Gutiérrez, directora de La Neta.

La Neta, el medio digital de Corporación Humanas, es parte fundamental de esta campaña, entregando información oportuna y actualizada sobre el proceso constituyente, con el fin de promover que la ciudadanía vote informada en el plebiscito de salida.

La campaña #DejémosloPorEscrito no sólo tendrá difusión en redes sociales y su sitio web (www.dejemosloporescrito.cl), sino que también contará con un enfoque territorial, en diversas actividades articuladas con organizaciones de distintos lugares de nuestro país, donde la ciudadanía podrá hacerse parte y promover lo que les gustaría dejar por escrito en la nueva Constitución.

Tenemos una oportunidad, ¡súmate y #DejémosloPorEscrito en la nueva Constitución!

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Una imprescindible: La participación ciudadana en el proceso constitucional

Fabiola Gutierrez — Wed, 07 Jun 2023 18:59:08 +0000

El actual proceso constitucional, que culminará en el mes de diciembre de 2023 con un plebiscito de salida, cuenta con varias etapas, órganos y funciones.

Su reglamento, contempla tres organismos: la Comisión Experta, que desarrolló un anteproyecto de texto constitucional; el Consejo Constitucional, que aprobará el texto propuesto, pudiendo modificarlo previamente y el Comité Técnico de Admisibilidad, que actuará como árbitro cuando se produzcan requerimientos sobre las indicaciones que infrinjan las normas o los principios establecidos.

Junto con estos tres órganos, se establece en el artículo 153 de la Constitución Política el funcionamiento de una entidad técnica interinstitucional -la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana- cuyo mandato es desarrollar la participación ciudadana a través de distintos mecanismos: Audiencias Públicas, Iniciativas Populares de Norma, Diálogos Ciudadanos y Consulta Ciudadana.

Este mandato de participación en todo lo relativo al diseño, coordinación, implementación y sistematización está a cargo de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con universidades acreditadas y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Toda esta regulación jurídica, de un tema tan relevante como es el de darnos un nuevo marco constitucional, se enfrenta a una dura realidad: un bajo conocimiento del proceso actual, el avance de discursos y prácticas autoritarias lejanas a un “momento constitucional virtuoso”; el retroceso en la creencia que el espacio público es esencialmente deliberativo y de construcción de ideas y proyectos, un individualismo exacerbado, desconfianza en las instituciones y una percepción de inseguridad ciudadana. Estos elementos son el caldo de cultivo perfecto para que la participación no esté en la prioridad número uno de la ciudadanía.

Los procesos históricos dan cuenta que, sin una ciudadanía activa, incidente, deliberando, proponiendo, exigiendo, reivindicando y manifestándose los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y estructurales se estancan. De ahí la relevancia que la ciudadanía se involucre en el proceso constitucional a través de las distintas instancias de participación que se han dado a conocer por la Secretaría para la Participación, toda vez que en los procesos constitucionales pasados las organizaciones de la sociedad civil fueron claves para las instancias participativas, tanto desde un ámbito institucional como también desde la arista civil.

Las mujeres sabemos lo que significa no acceder de manera paritaria a los puestos de poder, la ausencia de autonomía sobre nuestros cuerpos, estar de manera mayoritaria a cargo de las tareas de cuidado, el vivir cotidianamente múltiples y renovadas experiencias de violencia y sabemos cómo las luchas se han transformado en reconocimientos que nos permiten avanzar en derechos.

Participar para que en la nueva Constitución se incluyan los valores y derechos mínimos que deben estar presente en una sociedad, es hacer sentido de la capacidad que tenemos como ciudadanía de influir en una agenda colectiva que nos favorezca y que a la vez entregue las condiciones sociales necesarias para concretar los propios proyectos de vida.

Hacer uso de las acciones político-participativas directas, en cualquier lugar y espacio es una forma de poner límites concretos al aislamiento y fragmentación que estamos viviendo y de profundizar los espacios democráticos, es mostrar con acciones concretas que es posible trascender la idea de una ciudadanía pasiva, que vota cada cierto tiempo; para ser parte de una ciudadanía crítica, que practica la oposición y la resistencia a un modelo injusto y opresivo, que debe ser redefinido.

*Paula Salvo es abogada de Corporación Humanas.

Columna publicada en La Neta el 05 de junio de 2023.-

Mecanismos para la participación ciudadana en el Proceso Constitucional: inscripciones y fechas

Fabiola Gutierrez — Wed, 24 May 2023 15:45:35 +0000

Cada vez estamos más cerca del inicio de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso constitucional. Por esto, queremos compartir la información necesaria para que la ciudadanía pueda ser parte de este suceso histórico: la redacción de una nueva Constitución para Chile.

24 de mayo, 2023.- El próximo 7 de junio es el inicio del proceso de participación ciudadana a lo largo de todo el país. Esta instancia estará a cargo de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, casas de estudio que a principios de marzo conformaron la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana (https://www.secretariadeparticipacion.cl/), órgano encargado de gestionar que la ciudadanía logre incidir en el debate constitucional El proceso busca ser representativo, por lo que todas las universidades acreditadas del país, serán parte de él durante el mes que este se llevará a cabo.

Desde el 7 de junio hasta el 7 de julio, se desarrollarán las 4 instancias de participación ciudadana. Cabe mencionar que todo lo que se proponga sobre el texto constitucional en estos mecanismos no puede infringir las 12 bases institucionales establecidas en el Acuerdo por Chile.

Iniciativa Popular de Norma: La ciudadanía podrá hacer enmiendas o modificaciones al anteproyecto presentado por el Comité de Expertos/as. Las iniciativas deben estar relacionadas con los temas del texto propuesto y se necesitarán 10 mil firmas como mínimo para presentar una indicación al documento. El 18 de junio se cierra el plazo para el ingreso de iniciativas, mientras que el 21 de junio se inicia el plazo para la recolección de firmas, proceso que cerrará el 5 de julio.
Audiencias Públicas: Las personas expondrán sus puntos de vista respecto a los temas tratados en el anteproyecto frente al Consejo Constitucional, en el que pueden exponer representantes de la sociedad civil o participar de forma individual. Las audiencias públicas se podrán solicitar desde el 7 al 14 de junio para su calendarización e iniciarán el 30 de junio hasta el 1 de julio, en todas las universidades acreditadas en el país. Para que posteriormente, el 3 de julio se de inicio a las Audiencias ante el Consejo Constitucional.
Diálogos Ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos: La ciudadanía conversará sobre el anteproyecto y sus comentarios serán enviados al Consejo Constitucional. El 9 de junio inicia el primer ciclo de Diálogos Ciudadanos Convocados vía zoom, los cuales serán los viernes por la tarde, sábados y domingos mañana y tarde. Mientras que los Diálogos Autoconvocados, contarán con una metodología y plataforma propia para enviar el registro de los encuentros autoconvocados, para que finalmente todas las opiniones recogidas sean analizadas y entregadas al Consejo Constitucional. Recuerda que el proceso de inscripción para los Diálogos Ciudadanos Convocados inició el 15 de mayo por la plataforma yo.quieroparticipar.cl
Consulta Ciudadana: Es el mecanismo de participación individual a través de una encuesta digital, la que estará disponible desde el 7 de junio para que las personas puedan opinar sobre las normas del anteproyecto.

La Secretaría de Participación Ciudadana realizará los talleres “Fórmate para participar” en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en universidades regionales el miércoles 31 de mayo. Mientras que el siguiente taller será el jueves 8 de junio, con lugar a definir .

Los requisitos para inscribirse en los mecanismos de participación ciudadana son: ser mayor de 14 años, residir en Chile y contar con tu Clave Única.

Información preparada por Yazmín Contreras y Yareta González, estudiantes en práctica de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.