El miércoles 28 de enero debía discutirse y votarse en general el proyecto de ley de aborto por plazos en la Cámara de Diputados, sin embargo, una vez más esta cita se postergó.

Con esto se vuelve a detener un debate esencial y se mantiene intacta una situación que afecta diariamente la vida, la salud y la dignidad de quienes requieren acceder a este derecho.

La magnitud de esta omisión es real. Cuando el Estado dilata, quienes pagan el costo son mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar, especialmente quienes viven en mayor precariedad, quienes han sufrido violencia, y quienes no pueden acceder a información ni a atención segura a tiempo.

Esta postergación exige responsabilidad política transversal. La democracia no se mide sólo por lo que se aprueba o rechaza, sino también por la capacidad de dar debate y tomar decisiones. Evadir la votación es eludir el deber de representar, deliberar y responder ante el país.

Aún en este escenario, nuestra posición es de futuro: la urgencia permanece, porque la realidad no espera. Es por ello que exigimos al Ejecutivo, a las bancadas y partidos, compromiso público de asistencia y participación efectiva en la tramitación de este proyecto y que se garantice un proceso legislativo transparente, con participación y sin dilaciones injustificadas.

Mantenemos la esperanza de que en el próximo período legislativo se enmiende el camino, y se salde esta deuda impostergable.

Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto
Javiera Canales, Corporación Miles
Ingrid Villena, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir
Paula Salvo, Corporación Humanas
Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad
Bárbara Sepúlveda, ABOFEM
Libertad Vidal, @corporacion_fucsia
MIRA Observatorio Legislativo Feminista
@mira.observatorio
La Rebelión del Cuerpo

Carta al director publicar en El Mostrador, publicada el 22 de febrero de 2026.- 

La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comienza a perfilar uno de los primeros focos de tensión del próximo Gobierno de José Antonio Kast. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), conservadora y ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la permanencia del mismo ministerio en el que ahora ha sido designada. Ese cruce entre institucionalidad y convicciones explica por qué organizaciones feministas ya encendieron las alertas, las que –por cierto– se activaron hace varios meses, dados los constantes ataques desde la derecha hacia dicha secretaría de Estado.

En julio de 2017, tras casi dos años y medio de tramitación, la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su prueba de fuego. En medio de la votación en el Senado un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando, en oposición a la ley, hasta que Carabineros intervino y los desalojó.

Entre los carteles, uno destacaba por su tamaño: “Vuélvete a Cristo”, se leía. Lo sostenía Judith Marín, la misma que hoy asume como ministra. Frente a la cámara gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”.

Una derecha “real y sin mezcla”

La futura ministra tiene 30 años. Es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como la actual secretaria general del PSC. Antes de llegar al partido, militó en Renovación Nacional, siendo electa como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese entonces, se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno y que en 2019 fue expulsado de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, tras ser acusado de malversación de fondos y lavado de activos del dinero de la iglesia.

Pero el lazo entre política y religión comenzó tiempo atrás. Durante su etapa universitaria, Marín fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace ya unos 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, quienes hoy son alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad, respectivamente. El matrimonio de los Muñoz (no hay parentesco entre ellos) es parte fundacional del Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, Héctor Muñoz es el vicepresidente del partido.

“Soy una mujer de fe. Sí, soy cristiana, y no tengo ningún problema en decirlo porque no me avergüenzo del evangelio”, dijo en octubre pasado en “24 Debates”. “Nuestro país está atravesando una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca los hijos de Dios tenemos que levantarnos”, aseveró, en medio de su campaña como diputada por el distrito 12.

Aunque no resultó electa, obteniendo solo el 2,5% de los votos, su figura marcó presencia en la “nueva derecha”, como se define su colectividad, el cual indica en su página web que “el Partido Social Cristiano es la nueva derecha en Chile. Una derecha que entiende los desafíos del país y está dispuesta a enfrentarlos con propuestas innovadoras y eficaces. Somos la derecha del cambio real, del compromiso con las personas, del respeto por la vida y los valores cristianos que nos unen”. Entre sus principios, señala que “creemos en un país con bases jurídicas y culturales cristianas”.

El PSC, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la “familia natural”, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El partido llevó adelante la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, por presuntas irregularidades en Junaeb y por “controversias” relativas a la guía de sexualidad afectiva, libelo que fue rechazado.

Marín defendió abiertamente el rol de las iglesias y de las familias en la educación, en el programa “En todas partes hay un cristiano”, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, el partido busca “ser luz, ser sal” y sentar precedentes frente a lo que considera injerencias del Estado.

En esa instancia marcó su postura, aseverando que lo valórico es “la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural entre un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Los reparos

Sin embargo, desde el mundo del feminismo y los derechos humanos el nombramiento despierta una serie de recelos, dado el perfil conservador de la futura ministra de una cartera que, en general, ha tenido una impronta muy distinta.

Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, centro de estudios de DD.HH. y justicia de género, dice al respecto que “quien encabece el ministerio tiene el deber de actuar con lealtad institucional hacia su mandato legal y hacia los estándares democráticos de igualdad”.

El conflicto se vuelve más evidente al revisar las propias declaraciones de Marín sobre el Ministerio de la Mujer. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast –quien en 2021 propuso suprimir dicha cartera–, Marín planteó evaluar su fusión o incluso su eliminación.

“Si hoy nos preguntamos cuál realmente es la utilidad del ministerio, yo creo que por ahí es donde debiésemos comenzar. ¿Funciona de manera efectiva?”, se preguntó en Puranoticia, agregando que “fusionar” podía ser “un buen concepto”.

Desde Corporación Humanas señalan que ese punto es crítico: “La institucionalidad en materia de mujeres no es un adicional del Estado, sino el resultado de décadas de construcción democrática”. A juicio de Salvo, el riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino “el vaciamiento silencioso: menos prioridad política, menos presupuesto, menos capacidad de incidencia”.

Javiera Canales, directora de Miles, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, tiene una lectura más directa: “Cuando el Ministerio de la Mujer queda en manos de una figura que no ha defendido activamente su rol, el mensaje es que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del Gobierno”.

El cruce entre convicciones religiosas y gestión pública es lo que preocupa a Margarita Peña, vocera de la Coordinadora 8M. “Es grave que un partido confesional, que no separa religión y política, esté a cargo de esta cartera”, advierte. “Nos hace retroceder más de un siglo en el consenso de separar Iglesia y Estado”, agrega.

El contexto no es menor. El nuevo Gobierno asumirá tres días después del 8 de marzo, una fecha que históricamente ha marcado la relación entre el poder político y el movimiento feminista.

Para Humanas, ese momento puede ser una oportunidad: una señal temprana de respeto institucional y apertura al diálogo. Para Miles, será un período de observación y vigilancia democrática.

La Coordinadora 8M, en cambio, anticipa un escenario de confrontación: “Nos declaramos en alerta. El perfil de Marín representa una afrenta a demandas levantadas por millones de mujeres y disidencias. Este 8M volveremos a ser multitudes en las calles, afirmando que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.

No se trata solo de un nombre. Tampoco de una ministra en particular. El conflicto es más profundo: qué lugar tendrán los derechos de las mujeres en un Gobierno que llega con una agenda conservadora, confesional y dispuesta a reordenar –o debilitar– la institucionalidad que los sostiene.

Noticia publicada en El Mostrador, 21 de enero 2026.-

La columna “La gran feminización de la sociedad” presenta como amenaza transformaciones que, en rigor, responden a compromisos democráticos y jurídicos largamente asumidos por los Estados. Plantear la ampliación de derechos y la mayor participación de las mujeres como un riesgo para el Estado de derecho supone invertir el problema: lo que debilita la democracia no es la inclusión, sino la exclusión persistente.

La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones no ha sido un fenómeno natural ni circunstancial, sino una forma estructural de desigualdad. En ese contexto, los mecanismos orientados a garantizar participación equilibrada -incluidas las políticas de paridad- no constituyen privilegios ni concesiones ideológicas, sino herramientas para hacer efectivo el principio de igualdad sustantiva.

Los estándares internacionales en derechos humanos son claros. Una democracia que excluye sistemáticamente a la mitad de la población carece de legitimidad plena. Así lo ha reafirmado el Comité CEDAW, al establecer que la representación equilibrada de las mujeres es una condición para la vigencia del Estado de derecho y para la adopción de decisiones públicas más justas y responsables.

El debate, entonces, no es si “lo femenino” amenaza la ley, sino si estamos dispuestos a sostener democracias que continúan operando sobre desigualdades estructurales que el propio derecho internacional exige remover.

Paula Salvo Del Canto – Directora Corporación Humanas

Fabiola Gutiérrez – Coordinadora de Comunicaciones Corporación Humanas

Jennifer Alfaro – Coordinadora Estudios y Litigio Estratégico Corporación Humanas

Carta al director, publicada el 13 de enero de 2026. El Mercurio

Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

Con la participación especial de Mon Laferte, Francisca Valenzuela, Paola Molina, Natalia Valdebenito, LasTesis, Bailarllorar y más artistas invitadas, el Festival LIBRES invita a celebrar y reflexionar en torno a la libertad, la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes.

Durante la jornada —que se extenderá desde las 16:00 hasta las 20:00 horas— el público podrá recorrer stands de organizaciones feministas, participar en talleres y actividades interactivas, y disfrutar de una programación diversa que combina música, humor, arte y conversación.

“Este festival nace porque queremos liberarnos del estigma que rodea al aborto y del silencio que le impone a quienes abortan. Creemos que con las conversaciones que se dan en torno a la cultura, la música y el humor podemos avanzar hacia la despenalización social del aborto”
— Siomara Molina, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto

El Festival LIBRES nace desde la autogestión, la esperanza y la convicción de que el aborto es un tema de salud pública que debe abordarse de manera libre, abierta y democrática. A través de la cultura, el humor y la creatividad, busca abrir conversaciones ciudadanas, reforzar la solidaridad social y proyectar un futuro de mayor libertad y dignidad para todas.

Organizan: Asamblea Permanente por el Aborto, Corporación Humanas, Coordinadora Feminista 8M, Amnistía Internacional Chile, Corporación Miles, La Rebelión del Cuerpo, ABOFEM, La Mancha de Chile, Lastesis, Acuerpamientx Feminista de Puente Alto, Corporación Fucsia, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista La Grupa – Collipulli, Asociación Ginecólogas Chile y la organización Intransigentes.

El caso llegó incluso a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde familiares de una de las víctimas solicitaron impedirle volver a referirse al tema. En paralelo, diputados de la UDI han emitido más de 300 oficios pidiendo información sobre sus contratos, honorarios y presentaciones. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lo ha descrito con claridad: se trata de una persecución política, que usa el aparato institucional para vigilar y amedrentar a una mujer.

Conviene detenerse aquí. No estamos frente a una simple discusión sobre los límites del humor. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Como recordó el rector Carlos Peña en su columna reciente, “una cosa es el deber moral o la prudencia de no decir algo, y otra muy distinta es que el Estado o un tribunal puedan sancionar jurídicamente a quien lo dice”. La frontera legítima de la libertad de expresión no está en la incomodidad, ni en el mal gusto, sino en el discurso de odio: aquel que incita a la violencia y amenaza la seguridad de personas o grupos.

Si aceptamos que un chiste o una frase —por torpe que sea— pueda terminar perseguida judicialmente, corremos el riesgo de abrir la puerta a la censura y a la autocensura, donde artistas o comediantes midan cada palabra bajo la amenaza de sanción.

Lo que agrava aún más la situación es que la Corte de Apelaciones de La Serena dictará una orden de no innovar que, en la práctica, constituye un caso de censura previa. Tanto la Constitución chilena como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben expresamente este tipo de medidas: toda restricción legítima debe ser siempre posterior a lo expresado, nunca impedir de antemano que alguien hable. Este tipo de prohibiciones ambiguas no solo son inconstitucionales, también sientan un precedente peligroso para el humor, la crítica y la democracia misma.

Pero hay algo más. Cuando la persona en cuestión es una mujer, las consecuencias se amplifican. Natalia Valdebenito no enfrenta únicamente críticas legítimas: es blanco de un acoso sistemático que incluye cuestionar su trayectoria, su trabajo y los montos que recibe por sus presentaciones. Ese escrutinio no es neutro; responde a un patrón conocido de violencia digital de género que busca disciplinar a las mujeres que opinan en el espacio público. Lo hemos visto en periodistas, en políticas y en activistas: mientras más visible y crítica es su voz, más intensa es la reacción que busca silenciarlas.

Reconocer el dolor de las familias de los mineros es indispensable. Nadie puede restar importancia a esa sensibilidad. Pero una cosa es el legítimo debate social sobre lo que se considera aceptable, y otra muy distinta es judicializar la expresión artística. En democracia, las tensiones se resuelven con más diálogo, más discusión y más ideas, no con persecuciones ni censuras.

Una democracia madura no necesita perseguir a sus comediantes en los tribunales. Lo que necesita es más capacidad de debatir sin linchar, de disentir sin destruir, de escuchar sin convertir la diferencia en una amenaza.

Por Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 04 de septiembre, 2025.- 

Ciudad de México, 13 de agosto 2025.- En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la realización de foros paralelos ha posibilitado la reunión de feministas de todos los países de la región.

En este caso, la militarización, la guerra y otras amenazas a los derechos de las mujeres y a las defensoras de las mujeres, fue el tema central del foro “Seguridad que cuida, paz que transforma” en el que defensoras de derechos humanos apuntaron las claves feministas para la construcción de paz en el mundo.

Laura Bartoloti, coordinadora de incidencia y litigio de la organización Humanas de Chile, condenó que las políticas de militarización emprendidas en algunos países agudizan la violencia contra las mujeres, por ello, la propuesta feminista se dirigió a potenciar el autocuidado y cuidado colectivo así como impulsar una mirada de seguridad desde los territorios descentralizado y su cuidado.

En su intervención, Orfe Castillo, defensora mexicana coordinadora de Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica , cuestionó el sistema colonialista, capitalista, extractivista y patriarcal cuya base radica en la explotación de la tierra y de las mujeres en el que los países invierten en armas y tanques de guerra lejos de poner recursos al bienestar y cuidado de sus poblaciones.

“Las personas ceden su libertad en aras de la seguridad” señaló Castillo al narrar las políticas criminalizadoras y punitivistas que avanzan en la región y en el mundo como lo es el genocidio en Palestina o el avance de la derecha en países como El Salvador.

En el foro participó también Rosa Emilia Salamanca, lideresa feminista, directora de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE) de Colombia, país con una larga historia de guerra y resolución en el que las feministas han estado presentes en la construcción de paz con nuevas formas de seguridad, “¿Seguridad con control patriarcal o cuidado con enfoque feminista?”, apuntó.

La coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Marusia López analizó el ejercicio de poder que pone en riesgo la paz, “¿a servicio de quién están los grupos de poder? López ha observado en la región el uso de la violencia como mecanismo de control social.

Respecto al Sistema Nacional de Cuidados, Marusia López destacó que no puede existir mientras las mujeres y las comunidades se encuentren bajo amenaza, muestra de ello es la criminalización de las organizaciones, las defensoras de derechos humanos, así como el asesinato de las buscadoras.

De acuerdo con Aleida Quintana coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en México de 2012 a mayo 2025, se cometieron 13 mil 351 agresiones contra 3 mil 744 defensoras y 308 organizaciones o grupos. En este mismo periodo de tiempo 88 compañeras defensoras han sido lamentablemente asesinadas. El riesgo de feminicidio ha incrementado de forma alarmante para algunas defensoras, durante los últimos 5 años, hemos documentado 15 casos de feminicidio de buscadoras.

Propuestas feministas

El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoció el cuidado como un derecho humano, en este contexto Laura Bartoloti exigió a los Estados de la región construir la seguridad de sus países desde los cuidados, no con armas.

Para Orfe Castillo, se requiere “una paz rebelde y transformadora” que coloque en el centro de la seguridad la vida y para ello es necesario un cambio cultural que reconozca la lucha de los pueblos como el caso de la Organziación Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en defensa de su territorio.

Rosa Emilia Salamanca compartió el gran debate complejo de la seguridad en su país sea por la presencia del crimen y militares, la movilización y otros tantos elementos que fragmentan la discusión. Sin embargo, su propuesta de seguridad es colocar en el centro de la construcción de paz la visión integral: física, psicológica, espiritual, digital, etcétera.

Marusia López coincidió en la necesidad de pensar en el derecho al buen vivir, desde una perspectiva de paz con justicia y dignidad, con responsabilidad social, donde el trabajo de cuidados no es un mandato estereotipado para las mujeres y donde la Protección Integral Feminista acompaña a las defensoras amenazadas.

Con el marco de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la prevención de conflictos, la construcción de paz y la consolidación de la seguridad, incorporar el cuidado como eje estratégico no es solo una necesidad ética, sino una condición para garantizar una seguridad integral, sostenible y transformadora. Frente a los Estados militarizados, “el cuidado es una herramienta de protección viva”, señaló Aleida Quintana.  Para la defensora, es necesario construir entornos seguros para vivir y para proteger a quienes nos protegen: las defensoras.

Por CIMAC Noticias 

En una carta dirigida al presidente de la Comisión, diputado Patricio Rosas, y a sus integrantes, y con copia a las ministras de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, y Secretaría General de la Presidencia, las organizaciones enfatizan la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice el acceso al aborto hasta las 14 semanas de gestación de forma oportuna, informada, legal y segura.

“El actual sistema de tres causales, si bien representó un avance, no responde a la totalidad de situaciones que enfrentan las mujeres y niñas, dejándolas expuestas a riesgos sanitarios, criminalización y múltiples vulneraciones a sus derechos”, señalan.

Las firmantes demandan que el debate legislativo incorpore evidencia científica, los estándares internacionales de derechos humanos y la participación de expertos/as y organizaciones con trayectoria en salud pública y derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, destacan que esta discusión debe reconocer el aborto como un asunto de salud pública, justicia social y autonomía.

“El Estado tiene la obligación de remover las barreras que impiden a mujeres y niñas desarrollar plenamente sus proyectos de vida y decidir sobre su maternidad”, agregan, solicitando a la Comisión de Salud garantizar un debate plural, informado y respetuoso.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Corporación Humanas, Corporación Miles, Asamblea por el Derecho a Decidir, Médicas Feministas Chile (MEDIFEM), ABOFEM, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Amnistía Internacional Chile,, entre otras.

El proyecto de ley de aborto legal por plazos, ingresado recientemente al Congreso, representa una oportunidad histórica para saldar una deuda pendiente con la salud y los derechos reproductivos en el país.

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