Una visión reduccionista de la seguridad ignora que la respuesta inmediata, debe complementarse con prevención, protección de las personas más débiles y fortalecimiento del tejido social.  No basta con castigar: es necesario reparar a las víctimas y reconstruir la confianza en las instituciones. La paz social no se construye solamente con armas y castigos, sino con inversión social, participación ciudadana y cohesión comunitaria.

En esta línea, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto de 2025 en Ciudad de México planteó una mirada desde los cuidados para asegurar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad de aquellas que viven en situaciones de conflicto. Inspirada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, este compromiso subraya que para que exista la paz y seguridad, se requiere siempre prevención, protección, participación y reparación frente a las violencias.

El cuidado no es un asunto privado, sino político y de seguridad. Entendido así, la seguridad no se reduce a la presencia policial, sino a garantizar condiciones de vidas dignas – trabajo, salud, vivienda, educación- que previenen las violencias y el delito. En contextos de crimen organizado y conflictos territoriales, las redes comunitarias de cuidado, lideradas principalmente por mujeres, son la primera línea de defensa ante la ausencia estatal. El cuidado redefine la seguridad desde el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo: porque sostiene que la paz se gesta en los territorios y con comunidades cohesionadas en torno al cuidado mutuo. Sin cuidados ni políticas públicas pertinentes con participación de la ciudadanía, sólo se reproducen las violencias que sufren grupos específicos.

Una agenda de seguridad desde los cuidados parte de las necesidades territoriales y la participación ciudadana. No hay soluciones únicas: algunas comunidades requerirán iluminación, transporte seguro, retenes de carabineros, programas de prevención de drogas, y oportunidades laborales en zonas postergadas. Reorientar el gasto público hacia políticas preventivas y comunitarias, fortalecer el acceso a derechos y la protección de los defensores/as y dirigentes/as territoriales son pasos claves. La ampliación del Sistema Nacional de Cuidados, con recursos para el cuidado colectivo y la participación social, es también una inversión en seguridad y bienestar.

A días de la publicación del nuevo Plan de Acción Nacional (PAN) de Chile sobre Mujeres, Paz y Seguridad, esperamos que las políticas y las para cumplir con la Resolución 1325, también aborden los conflictos internos que enfrentan las mujeres. Es clave garantizar protección frente a las violencias -en especial a dirigentas y defensoras de derechos- y garantizar su participación en medidas preventivas y reparatorias ante la violencia con un enfoque de cuidados.

El cuidado es un pilar fundamental para la seguridad: sin cuidados no hay paz y una seguridad sostenible debe medirse por el bienestar colectivo. No habrá paz ni seguridad duraderas si no reconocemos y distribuimos los cuidados colectivos, como una responsabilidad social compartida, porque lo que afecta a las personas más vulnerables también compromete mi  mi seguridad.

Por Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas 

Publicada en El Mostrador el 31 de agosto de 2025.- 

La Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad (Red LAMPS) celebró su III Encuentro en Bogotá, Colombia, del 25 al 27 de febrero de 2025. Este espacio reunió a 45 mujeres de ocho países: Brasil, Colombia, Chile, España, Honduras, México, Paraguay y Venezuela y así como de diásporas latinoamericanas. Todas las participantes trabajan por la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos con una mirada feminista y territorial. Una delegación del ICIP, miembro de la Red LAMPS desde su creación en 2020, también participó en el evento.

La Red LAMPS tiene por objetivo contribuir desde una perspectva feminista a generar conocimiento crítico, acción colectiva e innovación en torno a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en América Latina. Para la Red, el cuidado y el diálogo son herramientas fundamentales para avanzar hacia un horizonte de paz y democracia.

Además de afianzar la identidad colectiva y política de la Red, su agenda y cadena de incidencia, el encuentro respondió al propósito de compartir reflexiones, experiencias y propuestas entorno al diálogo con enfoque feminista. También sentó las bases para el desarrollo de un informe sobre la aplicación de la resolución 1325 en América Latina con motivo de los 25 años de su adopción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

A través de encuentros como este, la Red busca articular esfuerzos regionales y globales para generar incidencia en políticas públicas y promover espacios de participación activa de mujeres en escenarios de toma de decisiones.

Encuentros institucionales

Representantes de distintas embajadas, de instituciones internacionales y del mismo gobierno colombiano asistieron a la última sesión del encuentro, mostrando su interés por el enfoque y metodologías de la Red y compartiendo su compromiso con la agenda mujeres paz, paz y seguridad.

El Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), miembro de la Red LAMPS desde su creación, coorganizó el evento junto con la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE). Esta colaboración refleja el compromiso del ICIP con el fortalecimiento de redes de paz y la promoción de iniciativas feministas en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos.

Para más información sobre la Red y sus iniciativas, se puede visitar su sitio web: red-lmps.org.

Publicado por Instituto Catalán Internacional para la Paz , el 03 de marzo de 2025.

Las elecciones municipales y regionales de 2024 evidenciaron una cuestión que debiese ser motivo de preocupación para cualquier demócrata: La baja proporción de candidaturas de mujeres propuestas por los partidos políticos, y la disminución de mujeres electas en alcaldías (de 17,1% en 2021 a 16,2% en 2024), además del 100% de gobernadores regionales hombres. Sin embargo, tras la propuesta de modificaciones electorales, han sido escasas las voces que han relevado la necesidad de reformas para la participación política equilibrada de mujeres y hombres.

Para contribuir a contrarrestar las barreras partidarias y estructurales a la participación política de las mujeres, la reforma electoral de 2015 (ley 20.840) incorporó cuotas de género obligatorias para las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías, que permitieron -como es ampliamente conocido- que en la elección de 2017 las diputadas aumentaran de 15,8% a 22,6%, y, a 35,5% en la elección de 2021, mientras en el Senado se eligiera 26,1% de mujeres en 2017 y 22,2% en 2021. No obstante, se trata de una medida transitoria, prevista únicamente hasta la elección parlamentaria de 2029.

En tanto, a partir de 2018 se debatió una moción que incorporaba cuotas de género a las elecciones municipales y regionales. La iniciativa fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2019, y en el Senado, la sala la aprobó en noviembre de 2020 quedando posteriormente estancada y no se volvió a debatir.

Además, es conocido que en los dos procesos constituyentes que tuvieron lugar en 2021 y en 2023 se adoptaron mecanismos que permitieron asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las candidaturas, sino también en los resultados, siendo la paridad política una de las temáticas abordadas en ambas propuestas constitucionales.

Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, los partidos desconocieron del todo el debate previo y solo incluyeron en minoría a mujeres candidatas en las listas municipales y regionales, con los resultados conocidos. Queda en evidencia entonces que, en ausencia de reglas mínimas para la participación política de mujeres, su omisión es posible y ajustada a la legalidad vigente. Es precisamente eso lo que debiera ser una preocupación para los y las demócratas en el país, que la ausencia de mujeres en la competencia y resultados electorales resulte admisible y legal. De ahí la urgencia de reformas que aseguren la participación de mujeres y hombres en todos los procesos electorales que tengan lugar en el país.

Más allá de la relevancia que puedan tener las propuestas parlamentarias para modificar algunas reglas del sistema electoral en relación al número y primacía de los partidos políticos vigentes, cabe la pregunta legítima sobre lo que constituye o define el sentido profundo de la democracia. Hasta ahora las reglas no han permitido la participación política equilibrada de mujeres y hombres, y ya viene siendo tiempo que el debate se enfoque en las medidas necesarias para que la mitad de la población, las mujeres, participen en igualdad de condiciones en cargos de toma de decisión.

Columna publicada en Cooperativa, martes 07 de enero, 2025

Uno de los más comentados ha sido el anuncio de la presentación de un proyecto de ley sobre aborto legal. Los derechos de las mujeres y las niñas, y los derechos sexuales y reproductivos, vuelven a estar en el centro del debate político y social, retomándose la discusión sobre su condición de sujetas de derechos.

Sin embargo, las desmedidas reacciones resultan preocupantes. Todo el país fue testigo de la falta de respeto cívico en que incurrió un grupo de parlamentarios y parlamentarias, que luego de escuchar este anuncio -que no resultó de su agrado- se retiró del Salón de Honor del Congreso Nacional. Otro grupo de legisladores anticipó enérgicamente su rechazo a un proyecto de ley que todavía no se ha presentado, en circunstancias que su rol de representantes de la ciudadanía incluye precisamente debatir, argumentar, proponer y decidir sobre las iniciativas sometidas a su conocimiento. Pareciera que desde algunos sectores políticos se buscara cancelar o cerrar un debate antes de que este tenga lugar. Un tercer grupo de congresistas y representantes políticos, en tanto, ha descalificado el debate, argumentando que no es oportuno o desvía la discusión de otros temas más importantes.

Todo lo anterior genera gran alarma, ya que devela la desconexión y desinterés frente a la realidad de las mujeres y niñas que requieren interrumpir sus embarazos en condiciones dignas y adecuadas, sin poner en riesgo su salud y su vida.

Es de conocimiento público que la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobada en 2017, no ha sido suficiente. Esto no solo por su acotada aplicación respecto a las múltiples situaciones en que se encuentran quienes desean abortar, sino también por la regulación amplia de la objeción de conciencia que obstaculiza este derecho.

Más allá de las polémicas, se trata de un debate necesario, que fortalecerá la institucionalidad democrática del país.

Esperamos que la discusión legislativa que tendrá lugar sobre el aborto legal durante el segundo semestre de 2024 garantice la pluralidad, ofrezca espacio a diversas posiciones e incorpore la voz de las mujeres.

Columna publicada en Radio Cooperativa el 04 de junio de 2024.-

Foto Revista Paula, La Tercera

Han pasado ya dos años desde que los talibanes se hicieron con el control de Afganistán, tiempo durante el cual han impuesto el ataque más completo, sistemático y sin parangón contra los derechos de las mujeres y las niñas. A través de más de 50 edictos, órdenes y restricciones, los talibanes no han dejado ningún aspecto de la vida de las mujeres sin tocar, ninguna libertad a salvo. Han creado un sistema basado en la opresión masiva de las mujeres que se considera, con razón y de forma generalizada, un apartheid de género.

El trabajo de ONU Mujeres en Afganistán está anclado en nuestra relación con las mujeres afganas. En repetidas ocasiones las he escuchado directamente de ellas, incluso durante mi misión a Afganistán a principios de este año. Me han hablado a mí y al mundo de las formas en que estas acciones son equivocadas, crueles y, en última instancia, contraproducentes. Menosprecian a las mujeres y a las niñas de Afganistán, y al pueblo afgano al que arrebatan su contribución.

Esta flagrante violación de los derechos básicos, derechos con los que la comunidad internacional ha proclamado sin ambigüedades su compromiso, nos perjudica a todos y cada uno de nosotros en toda la familia humana. Estas son nuestras hermanas. Están sufriendo. No podemos ni debemos aceptarlo. Debe terminar ahora.

A pesar de estos retos, las mujeres afganas también me dicen que no se rendirán ni claudicarán. Seguirán liderando la lucha contra su opresión. Frente a las circunstancias más hostiles, denuncian las violaciones, prestan servicios vitales, poseen y gestionan empresas y dirigen organizaciones de mujeres. Su valentía debe inspirarnos para una acción mayor, su ejemplo para una determinación renovada.

Pido a todos los actores que se unan a nosotros para apoyar a las mujeres afganas en todos los sentidos, elevando sus voces, prioridades y recomendaciones, financiando los servicios que tan desesperadamente necesitan, apoyando sus empresas y organizaciones. Insto a la comunidad internacional a que siga ejerciendo toda la presión y empleando todos los medios a su alcance para presionar en favor del cambio, incluso respondiendo al llamamiento de la comunidad humanitaria y financiando plenamente el llamamiento humanitario para Afganistán.

Insto a los talibanes a que reconsideren y sopesen el coste de estos actos para el presente y el futuro de Afganistán. Y reitero el compromiso firme e inquebrantable de ONU Mujeres con las mujeres y las niñas de Afganistán.

En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.

Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.

La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional

La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.

Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.

Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad  de sociedades más seguras, finaliza Infante.

Otros expositores sobre uso de la fuerza

También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.

La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.

Revisa la exposición ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas

Revisa el documento de la exposición 

]]> https://www.humanas.cl/especialistas-en-dd-hh-manifiestan-preocupacion-por-el-desconocimiento-de-la-violencia-sexual-en-el-estallido/ Thu, 20 Oct 2022 19:11:01 +0000 https://www.humanas.cl/?p=21433 Representantes del mundo de los DD.HH aseveraron que la falta de justicia en los casos de violencia sexual no ocurre por la falta de veracidad de los hechos sino por las falla del sistema de justicia y la falta de correción por parte del Estado.

El evento, que se inicia a las 16:00 horas y es organizado conjuntamente con el municipio de Cerro Navia y el apoyo de UNDEF, ha convocado a 50 mujeres de la comuna para conversar sobre la agenda de género que promueven las organizaciones feministas y el trabajo que desarrollan las constituyentes al interior de la Convención como una forma de acercar sus debates y deliberaciones a la ciudadanía fortaleciendo así una comunicación democrática, diversa y plural.

Las organizaciones que hacen parte de la iniciativa: Corporación Humanas, el Centro de Estudios de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad – reunidas en la plataforma Nada Sin Nosotras- tienen una vasta experiencia para articular a organizaciones feministas y de mujeres, capacitar, elaborar e implementar diálogos y conversaciones que permitan una participación incidente en el proceso constitucional que vive Chile.

Revisa el programa:

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