Los anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de presentar proyectos de ley relativos al sistema nacional de apoyos y cuidados, igualdad salarial y legalización del aborto, representan buenas noticias para avanzar en derechos de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres somos diversas y enfrentamos formas agravadas de discriminación, restricción de derechos y violencia de género debido a factores que exacerban nuestra vulnerabilidad. Este es el caso de las más de 800 mil mujeres y niñas migrantes que habitan en Chile, por lo que resulta preocupante la total ausencia de propuestas y medidas orientadas a protegerlas en la cuenta pública presidencial.

Las migrantes en condición irregular enfrentan mayores riesgos, pues están más expuestas a vivir explotación laboral y sexual, no tienen acceso a salud, a seguridad social ni a viviendas dignas y deben pagar arriendos altísimos por el sólo hecho de no contar con sus papeles al día. Dado que en sus países de origen les resulta prácticamente imposible acceder a la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile y debido al colapso del Servicio Nacional de Migración que exige esperar por años una respuesta que les permita acceder a un RUT y tener derechos en el país, resulta urgente mejorar los procesos de regularización.

Desde el año 2021, la legislación establece que las mujeres extranjeras serán protegidas en todas las etapas del proceso migratorio para no ser discriminadas ni violentadas debido a su género. Para lograr este objetivo, se explicita que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia de intrafamiliar (VIF) y víctimas de trata o tráfico de personas, tendrán un trato especial y podrán optar a visados de residencia temporal por razones humanitarias.

No obstante, estas disposiciones enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos para implementarse. Así, en el año 2022 se entregaron 77 visas a embarazadas, 21 visas a víctimas de trata o tráfico de personas y sólo una a víctimas de VIF.

La dificultad para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan optar a visas radica en que son los Tribunales de Familia o el Ministerio Público las entidades encargadas de calificar la condición de víctima y requerir el visado. Dichos organismos pasan por alto su deber de proteger a las denunciantes y requerir la documentación que les permitiría, por ejemplo, trabajar formalmente, sustentar a sus familias, pagar un arriendo justo y alcanzar autonomía económica, que se constituye como un factor protector ante la violencia de género.

Por otra parte, el reducido número de permisos de residencia temporal otorgados a embarazadas se explica porque aquellas mujeres que ingresaron al país por pasos no habilitados están excluidas de optar a estos visados humanitarios. Por ello, se ven forzadas a permanecer en condición irregular mientras cursan sus embarazos, lo que exacerba los riesgos para la vida y salud de sus hijas e hijos y de ellas mismas.

Avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres migrantes requiere de voluntad política y medidas de corto y mediano plazo. En lo inmediato, acciones administrativas ágiles como la modificación del Decreto 177 que regula el otorgamiento de permisos de residencia temporal, resulta imprescindible. En el mediano plazo, impulsar un proceso de regularización extraordinario que propicie la integración e inclusión social de las personas migrantes es el camino para establecer las condiciones de una migración regular, segura y ordenada en el país.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas, columna publicada en Radio Universidad de Chile el 06 de junio de 2024

De acuerdo al informe que aborda la temática, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia, subrayó la Subdirectora de Corporación Humanas Chile, Victoria Hurtado, para dar comienzo al conversatorio. En la instancia mencionaron varias aristas para entender las violencias que sufren las mujeres y el por qué está fallando la prevención en los distintos países de Latinoamérica, además, de cómo hacer políticas públicas de prevención de violencias contra las mujeres.

Uno de los temas sobre la prevención de violencias hacia las mujeres que se abordaron durante el conversatorio fueron las políticas públicas generadas por los Estados. Si bien son un gran avance para el movimiento feminista, existe la concepción errónea de que solo con ellas las violencias hacia las mujeres se van a erradicar. Por ejemplo, en el ámbito judicial, la integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) México, Norma Don Juan Pérez mencionó que “en México está suscrito a muchos tratados, convenios, ha generado políticas, legislaciones, programas, sin embargo, no se detienen las violencias (…) Nosotras le decimos obesidad legislativa porque leyes hay muchas. Es importante, pero no es suficiente. E incluso, a veces solo se queda en la Constitución, pero ni siquiera hay una ley reglamentaria que permita aterrizarla”.

A lo anterior, se agregó que estas políticas son creadas desde la idea de que hay un solo tipo de mujer homogénea. “Hay que entender más bien la violencia desde la complejidad. De las múltiples formas de violencia y cómo la viven las mujeres en su diversidad” dijo la coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Paola Yañez-Inofuentes.

La violencia que vive una mujer en las zonas urbanas no es la misma que vive una mujer en las zonas rurales; lo mismo pasa con las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes. “El caso de Brasil, que es uno de los pocos países que ha ido desagregando la violencia etnia-raza, se observa que las mujeres blanco-mestizas son asesinadas en su mayoría dentro del hogar, mientras que las mujeres negras-afrodescendientes, la mayor incidencia de asesinatos está en el espacio público, es decir, en las calles. No en el hogar”, afirmó la coordinadora Yañez-Inofuentes. Entonces, “cómo vamos a tener y pensar la legislación sobre prevención de violencia dentro del hogar cuando unas mujeres sufren mayores grados de violencia en la calle”, añadió.

Las legislaciones que tienen los países sobre la violencia y su prevención, en consecuencia, no son integrales y están pensadas, por ejemplo, para el ámbito urbano. No se piensa en las mujeres de las periferias o de las zonas rurales que experimentan otras situaciones. Y, desde la perspectiva de Paola Yañez-Inofuentes, “uno de los principales desafíos legislativos de los países es pensar en todas las mujeres”.

Si bien en documentos de política pública de los países de la región mencionan la interseccionalidad para abarcar todas las problemáticas de las mujeres, esto no se vivencia en la práctica. En la observación hecha por la directora de Corporación Humanas Colombia, Adriana Benjumea, respecto a su país, “en las leyes no hay un significado concreto de qué significa esa violencia contra mujeres afrodescendientes, palenqueras o negras. Las feministas hemos puesto en evidencia cómo algunos gobiernos se han apropiado del lenguaje, pero para nada se refleja en las políticas públicas de prevención y atención de la violencia”, sentenció.

Durante el conversatorio se ahondó sobre la utilización del concepto anterior en las políticas públicas de cada país, más otros como la interculturalidad y los estados plurinacionales. Para la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, el concepto interculturalidad ha sido utilizado con una intención política que terminó despolitizando la palabra. “No se trata de que traduzcas mi lengua indígena. La interculturalidad se trata de diálogos horizontales. De que es válida tu visión, como mi visión del mundo”, apuntó.

Los gobiernos utilizan esos conceptos para “reconocer” a la diversidad, sin embargo, cuando hacen políticas públicas de prevención, “se sigue manteniendo la idea de que somos un solo sujeto. Una nación mestiza”, dijo Paola Yañez-Inofuentes.

Entonces, ¿cómo abarcar la prevención de violencias hacia las mujeres? La violencia hacia las mujeres no debe ser abordada sólo a partir de un número. En el conversatorio señalaron que no importaba si eran 100 mil casos de desaparecidas o 20. La violencia no debe existir. Cosa que también se critica a los gobiernos ya que si no afecta a una población importante no es considerado grave.

También, es necesario abandonar el pensamiento de que con la sanción está resuelto el problema y reconocer nuestra responsabilidad social en la violencia hacia las mujeres. En ese sentido, la directora de Humanas Colombia, Adriana Benjumea, quien además coordina la Articulación Regional Feminista, mencionó: “Somos sociedades racistas, clasistas, transfóbicas y xenófobas. Le hemos quitado grandeza y dignidad a la palabra indio o negro y han sido ubicadas en un lenguaje despectivo y desconocedor de derechos humanos. No hemos trabajado lo suficiente en educarnos como sociedad para eliminar realmente la discriminacion”.

Además, puntualizó que, sin este reconocimiento, la unión entre las mujeres del continente va a ser difícil “si se considera que es un problema a las mujeres afro o que las mujeres venezolanas que transitan nuestros países son un problema. Pues ahí empezamos perdiendo y el patriarcado nos gana”, finalizó.

El conversatorio puntualizó justamente en el tema educacional para la prevención de las violencias hacia las mujeres ya que, a nivel regional, es escuálido en todos los países, vale decir, que el aporte a la prevención es nula y perpetua discriminación. Respecto a eso, la integrante de CONAMI, Norma Don Juan Pérez, comentó sobre la población indígena en las escuelas, afirmando que “no se reconocen nuestras visiones y formas de ser y estar en el mundo.  No se va reconociendo las especificidades de las distintas poblaciones, nuestros distintos lenguajes y nuestras distintas formas de comunicarnos”.

Por último, realizar políticas públicas de prevención lo suficientemente estructurales, significa pensar desde los márgenes hacia el centro, “es en los márgenes donde se refleja la estructura de las desigualdades”, dijo la coordinadora Paola Yañez-Inofuentes. Se deben tomar las desigualdades que están fuera e ir trabajando hacia el centro. “Urge pensar precisamente desde esto, el margen. Desde la periferia, lo rural e ir pensando en soluciones para transformar esas realidades”, concluyó.

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