La llegada de Judith Marín al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comienza a perfilar uno de los primeros focos de tensión del próximo Gobierno de José Antonio Kast. Secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), conservadora y ligada al mundo evangélico, Marín ha cuestionado públicamente la permanencia del mismo ministerio en el que ahora ha sido designada. Ese cruce entre institucionalidad y convicciones explica por qué organizaciones feministas ya encendieron las alertas, las que –por cierto– se activaron hace varios meses, dados los constantes ataques desde la derecha hacia dicha secretaría de Estado.

En julio de 2017, tras casi dos años y medio de tramitación, la Ley de Aborto en tres causales enfrentaba su prueba de fuego. En medio de la votación en el Senado un grupo de jóvenes evangélicos irrumpió en las tribunas, rezando y cantando, en oposición a la ley, hasta que Carabineros intervino y los desalojó.

Entre los carteles, uno destacaba por su tamaño: “Vuélvete a Cristo”, se leía. Lo sostenía Judith Marín, la misma que hoy asume como ministra. Frente a la cámara gritaba su consigna: “¡Vuélvanse a Cristo!”.

Una derecha “real y sin mezcla”

La futura ministra tiene 30 años. Es profesora de Castellano y Filosofía por la Universidad de Santiago (USACH) y se desempeña como la actual secretaria general del PSC. Antes de llegar al partido, militó en Renovación Nacional, siendo electa como concejala de San Ramón entre 2021 y 2024. En ese entonces, se desempeñaba como asesora del diputado Eduardo Durán (RN), hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, otrora una de las figuras más poderosas del evangelismo chileno y que en 2019 fue expulsado de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, tras ser acusado de malversación de fondos y lavado de activos del dinero de la iglesia.

Pero el lazo entre política y religión comenzó tiempo atrás. Durante su etapa universitaria, Marín fue parte de las “Águilas de Jesús”, un movimiento estudiantil evangélico con fuerte presencia política, fundado hace ya unos 25 años en la Universidad de Concepción por Héctor Muñoz y Francesca Muñoz, quienes hoy son alcalde de Concepción y diputada por la misma ciudad, respectivamente. El matrimonio de los Muñoz (no hay parentesco entre ellos) es parte fundacional del Partido Social Cristiano (PSC). De hecho, Héctor Muñoz es el vicepresidente del partido.

“Soy una mujer de fe. Sí, soy cristiana, y no tengo ningún problema en decirlo porque no me avergüenzo del evangelio”, dijo en octubre pasado en “24 Debates”. “Nuestro país está atravesando una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca los hijos de Dios tenemos que levantarnos”, aseveró, en medio de su campaña como diputada por el distrito 12.

Aunque no resultó electa, obteniendo solo el 2,5% de los votos, su figura marcó presencia en la “nueva derecha”, como se define su colectividad, el cual indica en su página web que “el Partido Social Cristiano es la nueva derecha en Chile. Una derecha que entiende los desafíos del país y está dispuesta a enfrentarlos con propuestas innovadoras y eficaces. Somos la derecha del cambio real, del compromiso con las personas, del respeto por la vida y los valores cristianos que nos unen”. Entre sus principios, señala que “creemos en un país con bases jurídicas y culturales cristianas”.

El PSC, de hecho, ha construido su identidad sobre una agenda valórica clara: oposición al aborto, defensa de la “familia natural”, y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. El partido llevó adelante la acusación constitucional contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila, por presuntas irregularidades en Junaeb y por “controversias” relativas a la guía de sexualidad afectiva, libelo que fue rechazado.

Marín defendió abiertamente el rol de las iglesias y de las familias en la educación, en el programa “En todas partes hay un cristiano”, afirmando que “nadie defiende los valores cristianos si no es cristiano”. Para ella, el partido busca “ser luz, ser sal” y sentar precedentes frente a lo que considera injerencias del Estado.

En esa instancia marcó su postura, aseverando que lo valórico es “la vida del que está por nacer desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural entre un hombre y una mujer como núcleo fundamental de la sociedad y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos”.

Los reparos

Sin embargo, desde el mundo del feminismo y los derechos humanos el nombramiento despierta una serie de recelos, dado el perfil conservador de la futura ministra de una cartera que, en general, ha tenido una impronta muy distinta.

Paula Salvo del Canto, presidenta de Corporación Humanas, centro de estudios de DD.HH. y justicia de género, dice al respecto que “quien encabece el ministerio tiene el deber de actuar con lealtad institucional hacia su mandato legal y hacia los estándares democráticos de igualdad”.

El conflicto se vuelve más evidente al revisar las propias declaraciones de Marín sobre el Ministerio de la Mujer. En agosto pasado, consultada por los planes de Kast –quien en 2021 propuso suprimir dicha cartera–, Marín planteó evaluar su fusión o incluso su eliminación.

“Si hoy nos preguntamos cuál realmente es la utilidad del ministerio, yo creo que por ahí es donde debiésemos comenzar. ¿Funciona de manera efectiva?”, se preguntó en Puranoticia, agregando que “fusionar” podía ser “un buen concepto”.

Desde Corporación Humanas señalan que ese punto es crítico: “La institucionalidad en materia de mujeres no es un adicional del Estado, sino el resultado de décadas de construcción democrática”. A juicio de Salvo, el riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino “el vaciamiento silencioso: menos prioridad política, menos presupuesto, menos capacidad de incidencia”.

Javiera Canales, directora de Miles, organización que promueve los derechos sexuales y reproductivos, tiene una lectura más directa: “Cuando el Ministerio de la Mujer queda en manos de una figura que no ha defendido activamente su rol, el mensaje es que la igualdad de género deja de ser una prioridad estratégica del Gobierno”.

El cruce entre convicciones religiosas y gestión pública es lo que preocupa a Margarita Peña, vocera de la Coordinadora 8M. “Es grave que un partido confesional, que no separa religión y política, esté a cargo de esta cartera”, advierte. “Nos hace retroceder más de un siglo en el consenso de separar Iglesia y Estado”, agrega.

El contexto no es menor. El nuevo Gobierno asumirá tres días después del 8 de marzo, una fecha que históricamente ha marcado la relación entre el poder político y el movimiento feminista.

Para Humanas, ese momento puede ser una oportunidad: una señal temprana de respeto institucional y apertura al diálogo. Para Miles, será un período de observación y vigilancia democrática.

La Coordinadora 8M, en cambio, anticipa un escenario de confrontación: “Nos declaramos en alerta. El perfil de Marín representa una afrenta a demandas levantadas por millones de mujeres y disidencias. Este 8M volveremos a ser multitudes en las calles, afirmando que no estamos dispuestas a dar ni un paso atrás”.

No se trata solo de un nombre. Tampoco de una ministra en particular. El conflicto es más profundo: qué lugar tendrán los derechos de las mujeres en un Gobierno que llega con una agenda conservadora, confesional y dispuesta a reordenar –o debilitar– la institucionalidad que los sostiene.

Noticia publicada en El Mostrador, 21 de enero 2026.-