Las organizaciones e instituciones abajo firmantes expresamos nuestro profunda preocupación respecto a la eventual aprobación de modificaciones a la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería y otros cuerpos, que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución chilena y diversos instrumentos de DDHH, ratificados por Chile, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entre otros y, representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de personas migrantes, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA) y al principio de no discriminación en el acceso a estos.

Estas modificaciones legalizan prácticas discriminatorias y punitivas hacia sectores amplios de la población migrante, afectando particularmente a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad y exclusión, como la niñez migrante y personas sin opción de regularización en Chile, aun sin antecedentes de delitos.

Nuestras principales preocupaciones incluyen:

• Regresividad en los derechos fundamentales de las personas migrantes

El proyecto transgrede la obligación de progresividad y no regresividad en materia de derechos fundamentales de las personas, que obliga a los Estados a ir avanzando en la cobertura de los derechos sociales y sus prestaciones, de manera creciente y que no se pueda retroceder en los logros que se han alcanzado en protección de las personas.

• Incorporación de causales amplias y de difícil determinación para expulsión, rechazo y revocación de permisos de residencia que pudieran exacerbar la xenofobia

El proyecto incorpora en diversos artículos (88, 90 y 129) nuevas causales de rechazo y revocación de permisos de residencias, como sentencias condenatorias por faltas o basadas en el concepto de “incivilidad”, que no genera certezas respecto a las conductas sancionadas, por ejemplo: ruidos molestos, la gestión de la basura, el comercio ambulante, etc. Esta propuesta es desproporcionada y generará una doble sanción en una amplia diversidad de faltas o delitos menores y una carga desmesurada a los órganos de justicia y públicos respecto a la aplicación de la norma, que repercutirá en una mayor irregularidad migratoria o exacerbación de la xenofobia.

• Discriminación en el acceso al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes o hijos de migrantes irregulares

El proyecto contempla la priorización de estudiantes nacionales en el acceso a la educación por sobre estudiantes migrantes (art. 17), estableciendo una vulneración al principio de no discriminación establecido en la propia Constitución chilena y en todos los instrumentos internacionales de DD.HH. que si se implementara, significaría un grave retroceso en las garantías de educación para niñas, niños y adolescentes.

• Barreras de acceso al derecho a la salud y a la educación

El proyecto de ley establece un condicionamiento a niños, niñas y personas adultas migrantes irregulares de enrolarse en el Registro Civil para acceder al sistema de salud (art. 15) y de educación (art. 17), estableciéndose además que la información del enrolamiento estará disponible para las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia (art. 165) y permitirá que el Servicio Nacional de Migraciones actúe en términos migratorios y sancionatorios. Este condicionamiento agravará la exclusión en salud y educación de niños, niñas y personas migrantes adultas. Esta propuesta no sólo es contraria a recomendaciones hechas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud sino, además, es perjudicial para el avance de las políticas sanitarias del país.

• Vulneración del principio de presunción de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley

El proyecto contempla modificaciones a la expulsión de personas que se encuentran en un proceso judicial (art. 135), permitiendo la expulsión de migrantes con causas pendientes por simples delitos, si así lo decide el Subsecretario del Interior, sin la necesidad de que el proceso judicial concluya. Esta medida vulnera el principio de presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, otorgando prioridad a medidas administrativas frente al derecho al debido proceso que asegura la Constitución a todas las personas sin distinción.

• Restricciones en el acceso a la nacionalidad

Los requisitos adicionales para la nacionalización, como el aumento del tiempo de residencia (de 5 a 7 años) y la obligatoriedad de una prueba de cultura y educación cívica chilena, dificultan que los migrantes puedan naturalizarse. Estas medidas privilegian el derecho de los ciudadanos chilenos a una identidad exclusiva y restringen a migrantes que buscan integrarse a la sociedad.

• Derogación del principio de no criminalización de la migración

Es lamentable que el proyecto de ley pretenda derogar el principio de no criminalización de la migración establecido en el artículo 9, que establece que la migración irregular no es constitutiva de delito y transformar la migración en un asunto sancionable, dejando desprotegidos a las personas que se han visto obligadas a migrar por razones humanitarias y no han podido acceder a refugio por razones ajenas a su voluntad y hoy se encuentran en situación irregular. Al condicionar la migración a “procedimientos establecidos”, el nuevo artículo permite la penalización indirecta de quienes migran, independientemente de las razones de su desplazamiento. Esto abre la puerta a restricciones en derechos básicos y refuerza una visión punitiva que ignora la dignidad y las circunstancias de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas migrantes.

• Sanciones a personas que asistan a personas migrantes en situación irregular

El proyecto de ley contempla la imposición de multas y penas elevadas a quienes asisten a personas migrantes en situación de irregularidad. Por ejemplo, establece sanciones para quienes faciliten el transporte o la entrada de personas migrantes sin documentos, que podrían castigar a personas o instituciones de ayuda humanitaria que asisten a migrantes en situación vulnerable, limitando el derecho de estos migrantes a recibir asistencia y aumentando su exposición a situaciones de riesgo. También se imponen multas a quienes arrienden bienes raíces urbanos a personas migrantes que se encuentren en condición migratoria irregular (modificación al Artículo 19 bis de la ley N° 18.101).

• Vulneración al derecho al trabajo de las personas migrantes

El proyecto de ley establece un retroceso en el reconocimiento de derechos laborales independientemente de la situación migratoria (art. 14), vulnerando el derecho al trabajo sin discriminación establecida en la Constitución Política de la República (Art. 19 N°2 y N°16) y diversos tratados internacionales.

• Discriminación en la protección de niños, niñas y adolescentes por la situación migratoria de sus padres

El proyecto de ley, permite la expulsión de niños y niñas no acompañados bajo ciertas circunstancias e incluso la expulsión indirecta en razón de la situación migratoria de sus padres, circunstancia contraria a la jurisprudencia actual que ha promovido la unidad familiar, cómo a diversos avances en la agenda de derechos de la infancia en el país, como la ley Nº 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a firmar este comunicado y rechazar públicamente estas modificaciones, que violan principios fundamentales de derechos humanos y el respeto a la dignidad y protección de las personas migrantes.

¡Tu apoyo es fundamental para frenar estas medidas y defender los derechos de las personas migrantes en Chile!

Firman

Organización Migrantas

Corporación Colectivo Sin Fronteras

Amnistía Internacional Chile
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP

Coordinadora Feminista 8M

Corporación La Morada

Corporación Humanas

Los anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de presentar proyectos de ley relativos al sistema nacional de apoyos y cuidados, igualdad salarial y legalización del aborto, representan buenas noticias para avanzar en derechos de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres somos diversas y enfrentamos formas agravadas de discriminación, restricción de derechos y violencia de género debido a factores que exacerban nuestra vulnerabilidad. Este es el caso de las más de 800 mil mujeres y niñas migrantes que habitan en Chile, por lo que resulta preocupante la total ausencia de propuestas y medidas orientadas a protegerlas en la cuenta pública presidencial.

Las migrantes en condición irregular enfrentan mayores riesgos, pues están más expuestas a vivir explotación laboral y sexual, no tienen acceso a salud, a seguridad social ni a viviendas dignas y deben pagar arriendos altísimos por el sólo hecho de no contar con sus papeles al día. Dado que en sus países de origen les resulta prácticamente imposible acceder a la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile y debido al colapso del Servicio Nacional de Migración que exige esperar por años una respuesta que les permita acceder a un RUT y tener derechos en el país, resulta urgente mejorar los procesos de regularización.

Desde el año 2021, la legislación establece que las mujeres extranjeras serán protegidas en todas las etapas del proceso migratorio para no ser discriminadas ni violentadas debido a su género. Para lograr este objetivo, se explicita que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia de intrafamiliar (VIF) y víctimas de trata o tráfico de personas, tendrán un trato especial y podrán optar a visados de residencia temporal por razones humanitarias.

No obstante, estas disposiciones enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos para implementarse. Así, en el año 2022 se entregaron 77 visas a embarazadas, 21 visas a víctimas de trata o tráfico de personas y sólo una a víctimas de VIF.

La dificultad para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan optar a visas radica en que son los Tribunales de Familia o el Ministerio Público las entidades encargadas de calificar la condición de víctima y requerir el visado. Dichos organismos pasan por alto su deber de proteger a las denunciantes y requerir la documentación que les permitiría, por ejemplo, trabajar formalmente, sustentar a sus familias, pagar un arriendo justo y alcanzar autonomía económica, que se constituye como un factor protector ante la violencia de género.

Por otra parte, el reducido número de permisos de residencia temporal otorgados a embarazadas se explica porque aquellas mujeres que ingresaron al país por pasos no habilitados están excluidas de optar a estos visados humanitarios. Por ello, se ven forzadas a permanecer en condición irregular mientras cursan sus embarazos, lo que exacerba los riesgos para la vida y salud de sus hijas e hijos y de ellas mismas.

Avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres migrantes requiere de voluntad política y medidas de corto y mediano plazo. En lo inmediato, acciones administrativas ágiles como la modificación del Decreto 177 que regula el otorgamiento de permisos de residencia temporal, resulta imprescindible. En el mediano plazo, impulsar un proceso de regularización extraordinario que propicie la integración e inclusión social de las personas migrantes es el camino para establecer las condiciones de una migración regular, segura y ordenada en el país.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas, columna publicada en Radio Universidad de Chile el 06 de junio de 2024

Las  organizaciones que integran la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos presentan los desafíos legislativos que esperan sean considerados en la tercera Cuenta Pública.

Mayo 2024.- Corporación Humanas y la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos hicieron entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric, de los Desafíos Legislativos en Derechos Humanos a considerar en su tercera Cuenta Pública.

 En lo que respecta a derechos de las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil pusieron acento en el proyecto de ley de reforma a la sociedad conyugal, esperando que el mandatario anuncie que mantendrá la urgencia de discusión inmediata para que Chile dé cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Recordaron que esta reforma es parte del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonia Arce Esparza.

Si bien valoran la aprobación del proyecto de ley que protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se espera que el Ejecutivo impulse medidas legislativas y administrativas para hacerlo efectivo, con los recursos presupuestarios que se requieren para su implementación.

En materia de salud sexual y reproductiva hay especial atención en que el presidente anuncie el patrocinio al proyecto de ley sobre parto respetado y violencia ginecobstétrica, conocido como Ley Adriana, así como la asignación de presupuesto para su materialización.

Sobre la agenda de seguridad y derechos humanos las organizaciones observan con preocupación el proyecto de ley que establece reglas de uso de la  fuerza para el personal de las  fuerzas  de  orden y  seguridad  pública y  de las  fuerzas armadas, pues perdió su sentido original de prevenir la violencia institucional y proteger de a los grupos más vulnerables. En este punto, se espera que el Ejecutivo reitere su compromiso de prevenir, investigar y sancionar el uso desproporcionado de la fuerza en concordancia con sus obligaciones internacionales en la materia.

Del mismo modo, señalan que es un imperativo que existan medidas de seguridad  pública con enfoque de derechos humanos y de género, impulsando políticas que incluyan las necesidades y experiencias de las mujeres. Se espera que sean incorporadas a los espacios de toma de decisiones y de acción para darles un rol protagónico en el diseño e implementación de soluciones sostenibles y duraderas en materia de seguridad.

En  su  tercera  Cuenta  Pública  el  Presidente  de  la  República  debe reforzar  su compromiso con los derechos humanos de las personas migrantes para su  protección plena, sin discriminación, manifestando su rechazo a iniciativas legislativas  que tipifican como delito el ingreso irregular al país y vulneran el debido proceso y el principio de no devolución en los procedimientos de expulsión. También se espera un proceso extraordinario de regularización migratoria y el anuncio de  campañas de sensibilización orientadas a frenar los discursos de odio.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad se requiere contar con sistemas de protección social, especialmente en el ámbito de la salud, inclusivos y accesibles para personas con discapacidad, basados en su consentimiento libre e informado.

En materia de verdad, justicia, memoria, reparación  y garantías de no repetición, las organizaciones llaman a crear un mecanismo de carácter  permanente  para  la  calificación  de  víctimas  de  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos. En la misma línea, impulsar iniciativas legislativas destinadas a dar acceso a los documentos, testimonios y antecedentes  aportados  por  las  víctimas en las Comisiones sobre Prisión Política y Tortura. Y finalmente, presentar  un proyecto de Ley de Memoria Integral  que garantice este derecho y que proteja los Sitios de Memoria recuperados y  por recuperar.

Sobre derechos sociales y cuidados la atención estará puesta en que se presente un proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidados, dotado de recursos  presupuestarios  para  su  implementación a lo largo del territorio nacional. Además, que se mantenga el impulso a la Reforma del Sistema de Pensiones y a la Ley Integral sobre Personas Mayores.

El Presidente debe reafirmar su compromiso con los derechos de niños y niñas y adolescentes, impulsando la  discusión del proyecto de ley  sobre prisión preventiva y cumplimiento de sentencias de mujeres embarazadas y madres, en resguardo del interés superior de niños y niñas.

Finalmente, se espera que el mandatario anuncie el ingreso de un proyecto de ley  que reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y su protección reforzada.

Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos

Corporación Humanas

Centro de Estudios de la Mujer (CEM)

Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS)

Corporación Colectivo Sin Fronteras

 Corporación Opción

Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

Litigación Estructural para América del Sur, LEASUR ONG

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Observatorio de Género y Equidad (OGE)

Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC)

Red Nacional Organizaciones Migrantes y Promigrantes

Comunicado publicado en El Mostrador

]]> https://www.humanas.cl/el-avance-de-politicas-migratorias-regresivas-en-el-continente-falta-de-canales-de-regularizacion-accesibles-militarizacion-de-fronteras-y-control-de-la-migracion/ Thu, 08 Jun 2023 19:02:17 +0000 https://www.humanas.cl/?p=21995  

Crédito de la foto: Pablo Rojas Madariaga

Santiago 08 de junio, 2023.- La situación migratoria regional actual es inédita, tanto por el crecimiento exponencial de los migrantes que viven en la región, como por la reconfiguración de las dinámicas migratorias en la que países que tradicionalmente casi no recibían migrantes comenzaron a hacerlo.

En este escenario emergen políticas securitarias y restrictivas que buscan controlar los flujos migratorios. Estas prácticas que parecían estar limitadas a los países del norte, avanzan sin demasiada oposición hacia nuestra región y, año tras año, corren el límite de lo habilitado. Mientras la situación de quienes buscan llegar a Estados Unidos se encrudece, la militarización de las fronteras sudamericanas aparece cada vez más naturalizada.

Desde finales de febrero cientos de migrantes, en su mayoría de Venezuela, Haití y Colombia, que residían en Chile se vieron obligados a dejar el país. Ello, por los altos costos de vida y el endurecimiento de la política migratoria -en particular la falta de canales para regularizarse y los proyectos de reforma legislativa que criminalizan la migración irregular-.

El gobierno de Chile decretó el despliegue militar al norte del país. Con ello, amplió las atribuciones y deberes de las FF. AA, habilitando controles de identidad y detención de personas en situación irregular o que hayan cometido o se crea que buscan cometer un acto ilícito para ponerlas a disposición de las policías.

La situación se agravó aún más cuando la salida del territorio chileno se vio impedida por la prohibición del gobierno de Perú de ingresar al país alegando falta de documentación. En este contexto, Dina Boluarte decretó el estado de emergencia y la militarización de las fronteras apelando a razones de orden interno y de seguridad nacional. Entre otras cosas, la declaración del estado de emergencia restringe y/o suspende el ejercicio de los derechos de libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Regularización migratoria: una tarea regional

La militarización de las fronteras es la respuesta inmediata de los gobiernos a un problema estructural que viene caracterizado a la región en los últimos años: la falta de mecanismos de regularización accesibles y permanentes.

Lejos de frenar la migración, la escasez de opciones para acceder a una residencia legal sólo aumenta la irregularidad y la vulneración de derechos. El acceso a la salud, la educación, a una vivienda adecuada, a derechos laborales y a la protección social se ven obstaculizados sin un estatus legal. Además, agudiza la violencia y vulnerabilidad a grupos de especial protección como Niños, Niñas y Adolescentes y comunidad LGBTIN+.

El despliegue de Fuerzas Armadas para contener estos flujos profundiza los conflictos y aumenta la situación de vulnerabilidad de esta población. La falta de herramientas y formación adecuadas para este tipo de tareas y el riesgo de uso excesivo de la fuerza ponen en peligro los derechos humanos de las personas migrantes.

Una política migratoria orientada a la inclusión, protección y no discriminación debe fortalecer los procedimientos ordinarios y permanentes de regularización. Los mecanismos de regularización extraordinarios que proliferaron en la región en los últimos años deben implementarse sólo en situaciones de emergencia y enlazar sin fisuras hacia procedimientos ordinarios y soluciones duraderas.

La respuesta que se pueda dar en este sentido no depende sólo de los Estados que están directamente involucrados. La migración sur-sur es, sobre todo, un fenómeno regional; las medidas adoptadas en cada país impacta en la movilidad hacia otros territorios. La responsabilidad, por lo tanto, es colectiva y debe guiarse por los tratados de derechos humanos y los principios de solidaridad que caracterizan a la integración regional.

La historia de la integración regional sudamericana tiene uno de sus hitos en los acuerdos alcanzados en política migratoria. Los acuerdos de residencia del Mercosur y de la Comunidad Andina han sido reconocidos internacionalmente por su alto nivel de protección de los derechos de las personas migrantes. A través de estos acuerdos, los Estados respondieron a los flujos migratorios desde un enfoque de derechos, con procedimientos amplios y permanentes. Sin embargo, la recuperación de esta historia exige de una enorme voluntad política que apueste a construir una respuesta regional y coordinada.

Es urgente reemplazar este modelo securitario y restrictivo de las migraciones que está avanzando por uno basado en el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. La detención y criminalización deben ser sustituidas por políticas de regularización amplias y accesibles y garantías para ejercer el derecho a solicitar asilo.

Organizaciones firmantes:

Argentina:

• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
• Comisión Argentina para. Refugiados y Migrantes (CAREF)
• Centro de participación popular monseñor Enrique Angelelli
• Red Nacional de Líderes Migrantes de la Argentina

Brasil:

• Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas
• Conectas Direitos Humanos

Chile:

• Observatorio Ciudadano
• Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes
• Movimiento Acción Migrante
• Brigada Migrante Feminista
• Colectivo sin Fronteras
• Organización Migrantas
• Centro Cultural y de Información El Monte
• Clínica jurídica de migrantes y refugiados UDP
• Observatorio de Género y Equidad
• Observatorio de Violencia Institucional de Chile (OVIC)
• Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile
• Fundación Incidencia
• Foro de migración del honorable senado chile
• Coordinadora Feminista Peñalolén
• Corporación Humanas

Colombia:

• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento–CODHES
• Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR)

Ecuador:

• Acción Ecológica
• CEDHU Ecuador

EEUU:

• Haitian Bridge Alliance
• Center for Democracy in the Americas (CDA)

Honduras:

• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

México:

• Casa Tochan – Tochan Sueños y Realidades AC
• América sin muros
• Sin Fronteras IAP
• Asylum Access México (AAMX) A.C.
• Colectivo para el desarrollo transnacional de Michoacán (CODETMIC)

Perú:

• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
• Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Venezuela:

• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

Regional (América Latina y El Caribe):

• Red Jesuita con Migrantes (RJM-LAC)
• Programa para América Latina y el Caribe. Centro de Derechos Reproductivos

Adhesiones a título personal:

• Adrián Ramírez López, por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Limeddh
• María Elena López Gallardo – Sicsal, México
• Natalia Del Valle Rojas – UNAM, México
• Martha Angélica Robles
• Miriam Yolilitzin Morelos Ariza
• Gisela P. Zapata -l CEDEPLAR/UFMG, Brasil
• Mara Tissera Luna – consultora independiente para UNICEF y agencias y ONGs internacionales
• Valentina Rabasa Jofre – UNAM, México
• David Woluwoouliyúu – Organización Nacional Indígena de Colombia y Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Chile.
• Valeria España – Académica, México
• Antonia Mardones – Académica, Universidad de Chile
• Stephanie López Villamil – Red de Politólogas
• Manuel Eugenio Gándara Carballido, Académico Brasil.
• Maria Villarreal – UNIRIO-DICIMI
• Andrea Bolaños Vargas – ECO DDHH

18 de mayo, 2023.- La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Fundación Colunga, realizó un encuentro para periodistas respecto al rol que poseen los medios de comunicación al informar sobre migración, teniendo en cuenta el contexto actual del país.   

El seminario fue moderado por José Luis Santa María, director del diario La Tercera, y contó con la presencia de la periodista Constanza Santa María, el sociólogo Eugenio Tironi, la académica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Ingrid Bachmann, quienes compartieron sus impresiones respecto al tema tanto a nivel nacional como internacional. 

Respecto al tratamiento de la migración, surgen distintas visiones, ya que desde la perspectiva académica y de investigación se plantea la interpelación a los medios de informar sin sesgo y con perspectiva en torno al uso de datos.

Desde las y los representantes de medios tradicionales se acoge el argumento, pero se agrega que los medios de comunicación deben ser los encargados de informar sobre los hechos y así mismo, preocuparse de no perder audiencias. Es en este sentido donde se crea una dicotomía entre la importancia de entregar información y la relevancia o interés público que “debe” tener la información entregada. 

La información entregada por los medios: ¿Son todos los hechos relevantes?

Gonzalo Fanjul, investigador en políticas y activista español, comentó la relevancia de la buena información como garantía del cambio social. Aunque ante esto plantea una problemática: el acceso a una “buena información” o de calidad, muchas veces está relacionada al elitismo. 

La periodista de Televisión Nacional Constanza Santa María reconoció que la sociedad apunta a los medios como los responsables de la imagen que la ciudadanía tiene en la relación entre seguridad y migración. Pero también planteó que actualmente las personas se informan en su mayoría por redes sociales.

La académica Ingrid Bachmann,  sostuvo que se debe poner especial atención a la potente desinformación que enfrentan actualmente, debido a que este tipo de práctica se centra en “un buen relato, que finalmente es el que atrapa a la audiencia”. Desde aquí también nace el cuestionamiento de ¿Qué pasa cuándo las personas no quieren ser informadas?

Entre las y los panelistas se concluye que no tan sólo es importante ver el contenido y el tratamiento que se le da a la información, sino que también es relevante reconectar a la audiencia con la misma.

Nota preparada por Yazmín Contreras y Yareta González, estudiantes en práctica de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado