Una visión reduccionista de la seguridad ignora que la respuesta inmediata, debe complementarse con prevención, protección de las personas más débiles y fortalecimiento del tejido social.  No basta con castigar: es necesario reparar a las víctimas y reconstruir la confianza en las instituciones. La paz social no se construye solamente con armas y castigos, sino con inversión social, participación ciudadana y cohesión comunitaria.

En esta línea, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto de 2025 en Ciudad de México planteó una mirada desde los cuidados para asegurar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad de aquellas que viven en situaciones de conflicto. Inspirada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, este compromiso subraya que para que exista la paz y seguridad, se requiere siempre prevención, protección, participación y reparación frente a las violencias.

El cuidado no es un asunto privado, sino político y de seguridad. Entendido así, la seguridad no se reduce a la presencia policial, sino a garantizar condiciones de vidas dignas – trabajo, salud, vivienda, educación- que previenen las violencias y el delito. En contextos de crimen organizado y conflictos territoriales, las redes comunitarias de cuidado, lideradas principalmente por mujeres, son la primera línea de defensa ante la ausencia estatal. El cuidado redefine la seguridad desde el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo: porque sostiene que la paz se gesta en los territorios y con comunidades cohesionadas en torno al cuidado mutuo. Sin cuidados ni políticas públicas pertinentes con participación de la ciudadanía, sólo se reproducen las violencias que sufren grupos específicos.

Una agenda de seguridad desde los cuidados parte de las necesidades territoriales y la participación ciudadana. No hay soluciones únicas: algunas comunidades requerirán iluminación, transporte seguro, retenes de carabineros, programas de prevención de drogas, y oportunidades laborales en zonas postergadas. Reorientar el gasto público hacia políticas preventivas y comunitarias, fortalecer el acceso a derechos y la protección de los defensores/as y dirigentes/as territoriales son pasos claves. La ampliación del Sistema Nacional de Cuidados, con recursos para el cuidado colectivo y la participación social, es también una inversión en seguridad y bienestar.

A días de la publicación del nuevo Plan de Acción Nacional (PAN) de Chile sobre Mujeres, Paz y Seguridad, esperamos que las políticas y las para cumplir con la Resolución 1325, también aborden los conflictos internos que enfrentan las mujeres. Es clave garantizar protección frente a las violencias -en especial a dirigentas y defensoras de derechos- y garantizar su participación en medidas preventivas y reparatorias ante la violencia con un enfoque de cuidados.

El cuidado es un pilar fundamental para la seguridad: sin cuidados no hay paz y una seguridad sostenible debe medirse por el bienestar colectivo. No habrá paz ni seguridad duraderas si no reconocemos y distribuimos los cuidados colectivos, como una responsabilidad social compartida, porque lo que afecta a las personas más vulnerables también compromete mi  mi seguridad.

Por Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas 

Publicada en El Mostrador el 31 de agosto de 2025.- 

En la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron un acuerdo histórico que refuerza el multilateralismo, reconoce el cuidado como derecho humano y compromete medidas concretas en democracia paritaria, financiamiento y derechos sexuales y reproductivos.

A 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México en 1975, los Estados de la región se reunieron nuevamente en Ciudad de México para aprobar el Compromiso de Tlatelolco. Este documento constituye la hoja de ruta hacia una década de acción (2025–2035) para acelerar la igualdad sustantiva de género y construir la sociedad del cuidado como paradigma regional.

El Compromiso reconoce que la actual organización social de los cuidados es injusta y desigual, y que ha recaído históricamente sobre las mujeres, niñas y adolescentes, en particular indígenas y afrodescendientes. Frente a ello, se establece que el cuidado es un derecho humano autónomo y un bien público, y se llama a los Estados a garantizar políticas, marcos normativos y sistemas integrales que reconozcan, redistribuyan y profesionalicen el trabajo de cuidados.

Entre sus principales acuerdos, se destacan:

• Democracia paritaria: impulsar medidas que garanticen la representación igualitaria de las mujeres en todos los poderes del Estado y en los más altos niveles de decisión.

• Derechos sexuales y reproductivos: asegurar acceso universal a la salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, y servicios de aborto seguros y de calidad donde la legislación lo permita.

• Prevención y erradicación de violencias: abordar todas las formas de violencia de género, incluyendo la violencia digital, el feminicidio, la esterilización forzada, el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

• Financiamiento: avanzar en presupuestos con perspectiva de género, políticas fiscales progresivas y cooperación internacional que aseguren recursos sostenibles para políticas de igualdad.

• Cambio climático y cuidados: integrar la perspectiva de género en políticas ambientales y reconocer el rol de las mujeres defensoras ambientales y comunitarias.

• Rol de la sociedad civil: el documento reconoce el papel histórico de las organizaciones feministas y de mujeres como motor de cambios estructurales en la región.

El Compromiso de Tlatelolco reafirma que alcanzar la igualdad sustantiva requiere voluntad política, financiamiento y participación activa de mujeres y diversidades. Con Colombia como próxima sede en 2028, la región proyecta una agenda transformadora hacia 2035.

Keren Ordoñez, de 29 años de edad y originaria de Veracruz, lleva más de 9 años injustamente privada de su libertad en Apizaco, Tlaxcala. 

Ginebra, 8 de abril de 2025 – La OMCT, la Red SOS-Tortura y organizaciones de derechos humanos exigen la libertad de Keren S. Ordoñez Hernández, víctima de tortura.

Descripción de la situación:

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red SOS-Tortura expresa profunda preocupación por diversas violaciones a derechos humanos documentadas por la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProJuárez (Centro Prodh), en perjuicio de la Sra. Keren Selsy Ordoñez Hernández.

De acuerdo con la información rigurosamente documentada por el Centro Prodh, el 11 de diciembre de 2015, todavía convaleciente por un parto por cesárea, la Sra. Keren Selsy Ordoñez y su hija recién nacida fueron detenidas en el estado de Veracruz por policías ministeriales del estado de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal, sin orden de detención.

Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y apuntándoles con armas las subieron a un vehículo oficial sin explicarles el motivo de su detención. Durante las siguientes 11 horas, Keren fue sometida a golpes, asfixia y amenazas de agresión física, matar o desaparecer a su hija, a quien mantuvieron en “calidad de detenida” a pesar de tener días de nacida.

Durante ese tiempo, se obtuvieron las pruebas ilícitas que hasta hoy son utilizadas para mantenerla en prisión, entre las que se encuentra una declaración que le obligaron a firmar sin permitirle leer. Supo posteriormente que se trataba de una declaración ministerial confesando su participación en el secuestro del que fue acusada.

Tras la detención, las autoridades mostraron en los medios a la Sra. Ordoñez Hernández, presentada como integrante de un grupo criminal, y difundiendo su nombre; todo ello afectando su presunción de inocencia.

Keren no contó con una defensa adecuada, ya que el abogado público que la representó al inicio del proceso penal le aconsejó que se reservara su derecho a declarar, diciendo que él le asesoraría y le diría cuándo hacerlo, lo que nunca sucedió. Las autoridades tomaron en cuenta las pruebas obtenidas mediante tortura y se basaron en estereotipos de género para dictar una sentencia en su contra de 50 años de prisión, por un delito que no cometió.

En el caso de la hija de Keren, no se tomó en cuenta el interés superior de la niñez, ni hubo acciones inmediatas para salvaguardar la salud e integridad física y emocional de la bebé. Según se informa, la abuela de la niña la buscó durante 14 días, sin conocer su suerte ni paradero; y sin que ninguna autoridad les informara de su situación. Cuando la niña le fue entregada, la encontró en muy malas condiciones de salud.

Además de los alegados actos de tortura y detención arbitraria, la situación de vulnerabilidad de la detenida no fue considerada en ningún momento del proceso penal. La Sra. Ordoñez Hernández estaba convaleciente de nueve meses de embarazo de alto riesgo y de una cesárea reciente y se encontraba en estado de puerperio, y había sido detenida junto a su hija de un mes, ambas en una situación de especial vulnerabilidad y precariedad socioeconómica, específicamente frente a sus captores.

Keren Ordoñez no solo no recibió todos los servicios adecuados en relación con el puerperio, sino además fue sometida a violencia de género mientras estaba detenida con su hija, sufrió tortura delante de la niña, sin saber lo que le estaba pasando, y posteriormente le fue arrebatada durante su detención.

Después de analizar detenidamente el caso, desde la OMCT y la Red SOS-Tortura se considera que el Estado mexicano, y en particular los agentes responsables de la detención de la Sra. Ordoñez Hernández, así como de la integración de su expediente y su juzgamiento, han violado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por México, y en particular a sus artículos 2, 6, 7, 9, 10 y 14.

Desde 2021, el Centro Prodh, organización parte de la Red SOS-Tortura y la ONU-DH han documentado y acompañado su caso. Gracias a un amparo que Keren obtuvo a su favor, un Tribunal Federal ordenó reponer su proceso; por lo que ahora hay una segunda oportunidad de que el Poder Judicial de Tlaxcala juzgue con perspectiva de género, tome en cuenta las irregularidades y las graves violaciones a derechos humanos de las que fue víctima Keren y dicte una sentencia absolutoria para que ella consiga su libertad.

Por todo lo anteriormente descrito,

Solicitamos que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, integrada por la Magistrada Marisol Barba Pérez, Magistrado Pedro Sánchez Ortega, y Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, ésta última ponente encargada de la resolución, revoque la sentencia condenatoria en contra de Keren que le impuso una pena de 50 años de prisión y, en su lugar, dicte otra en la que le devuelva su libertad, por falta de pruebas suficientes en su contra y con base en su obligación de excluir pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, así como de juzgarcon perspectiva de derechos humanos y de género.

Urgimos a las autoridades de administración y procuración de justicia, reconocer los daños y violaciones causadas en perjuicio de la menor de edad, AFHO, hija de la Sra. Selsy Ordoñez, quien tenía 1 mes de nacida en el momento de los actos señalados, fue declarada en calidad de detenida y que actualmente tiene 9 años y se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la situación actual de su madre.

Solicitamos a las autoridades de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a investigar y sancionar a los responsables por las violaciones a las salvaguardas fundamentales durante la detención arbitraria de Keren Ordoñez y la tortura cometida en su contra.

Llamamos con urgencia a las autoridades de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a garantizar la seguridad, integridad física y el bienestar psicológico de la Sra. Keren Ordoñez y de su hija.

Invitamos a las organizaciones integrantes de la Red SOS-Tortura y aliadas, a sumarse a la campaña de change Liberen a Keren.

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Ciudad de México, 6 de septiembre de 2023.- Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE y otras organizaciones locales hemos encabezado una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto

La Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar.

Con esta resolución, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud. Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal.

Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Desde GIRE confiamos en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Publicado en el sitio web de GIRE