En los últimos días, un grupo de parlamentarios presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar penalmente las llamadas “falsas denuncias” de abuso sexual y establecer mecanismos de reparación para las personas acusadas. La iniciativa se presenta como una respuesta a supuestos abusos del sistema, pero omite una pregunta central: ¿qué efectos tendría una norma así en el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia sexual y de género?

Denunciar violencia de género ya es, en sí mismo, un proceso difícil, riesgoso y muchas veces revictimizante. Las mujeres enfrentan miedo, dependencia económica, presiones familiares, estigmatización social y una profunda desconfianza en las instituciones. En ese contexto, introducir la amenaza de una sanción penal por “denuncia falsa” agrega una capa adicional de riesgo: no solo hay que denunciar la violencia, sino también evitar que el sistema interprete la denuncia como falsa si no logra acreditarse.

Desde los estándares internacionales, este enfoque es profundamente problemático. Así lo ha advertido recientemente el MESECVI, mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, al señalar que existe una diferencia fundamental entre una denuncia falsa y una denuncia no probada. La denuncia falsa exige dolo, es decir, la intención consciente de mentir, algo excepcional. En cambio, la mayoría de las denuncias que no terminan en condena no son falsas, sino el resultado de investigaciones deficientes, falta de pruebas disponibles o fallas estructurales del sistema penal.

Confundir estas situaciones no solo es jurídicamente incorrecto, sino profundamente injusto. En la práctica, este tipo de iniciativas trasladan el costo de la ineficacia estatal a las propias mujeres. Cuando una investigación fracasa, el problema deja de ser la falta de debida diligencia del Estado y pasa a ser la conducta de quien denunció. Desde una perspectiva feminista, esto invierte el foco del problema: en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para investigar bien, se castiga a quienes buscan protección.

Además, estas propuestas generan un fuerte efecto disuasivo. El mensaje implícito es claro: “Si no puedes probarlo, mejor no denuncies”. En contextos donde la violencia sexual y de género ya está ampliamente subdenunciada, este tipo de normas profundizan el silencio y refuerzan la impunidad. No se trata de un efecto colateral, sino de una consecuencia previsible de sistemas que descreen de las mujeres y priorizan la protección del denunciado por sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

No es casual que estos proyectos se sostengan en estereotipos misóginos persistentes: la idea de que las mujeres denuncian por venganza, celos o beneficio personal. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario. Las denuncias falsas son estadísticamente marginales, mientras que la violencia sexual es un fenómeno masivo y estructural. Desplazar el foco hacia un problema sobredimensionado no fortalece la justicia; debilita la respuesta institucional frente a la violencia.

El estándar internacional es claro. Tal como señala el MESECVI, la prioridad de los Estados debe ser mejorar la investigación penal, garantizar la debida diligencia, erradicar estereotipos de género en el sistema de justicia y asegurar que denunciar no sea un riesgo, sino un derecho efectivo. Penalizar las denuncias falsas no protege la justicia: la debilita, refuerza la impunidad y aleja a las mujeres del sistema que debería protegerlas.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada el 24 de diciembre en El Mostrador

Washington, D.C., 13 de noviembre de 2024. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), expresa su preocupación ante la denuncia de violación por parte de un ex alto responsable del gobierno de Chile contra una funcionaria bajo su autoridad. El Comité de Expertas ha recibido información sobre el caso que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, denunciado por violación sexual y otros abusos de poder por parte de una funcionaria bajo su mando, incluyendo un posible uso indebido de recursos públicos para obstruir el proceso de investigación.

Ante la denuncia presentada, el Comité reconoce la colaboración de las autoridades chilenas en los procedimientos relacionados con la investigación y permanecerá atento a que esta se lleve a cabo con transparencia y celeridad, respetando el debido proceso, aplicando el principio de debida diligencia reforzada y, al mismo tiempo, asegurando la protección y evitando la revictimización de la denunciante.

En este sentido, el Comité de Expertas refuerza la necesidad de que las investigaciones, tanto judiciales como administrativas, se lleven a cabo de manera diligente, para garantizar el esclarecimiento de los hechos, la posible sanción correspondiente y la reparación a que haya lugar en favor de la denunciante.

Las Expertas tienen a la vista que, de acuerdo con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en […]: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

En el contexto del caso, el Comité de Expertas también reconoce al Estado chileno los avances en legislación y políticas públicas que avanzan en esta línea, como la recientemente aprobada Ley 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, la cual establece obligaciones para el Estado en la materia e incorpora modificaciones a los procedimientos judiciales, incorporando como fuente especial de interpretación las disposiciones de la Convención de Belém do Pará. Asimismo, valora el reconocimiento como garantía explicita de salud las agresiones sexuales agudas, lo cual permite que ante estos delitos pueda brindarse una canasta de prestaciones mínimas de atención integral.

Por otro lado, el Comité de Expertas subraya la importancia de aplicar el principio del consentimiento en los procesos de investigación y juzgamiento de casos de violencia sexual, como un elemento central para identificar un acto de abuso o violación.

En su Recomendación General nº3 sobre la figura del consentimiento en casos de violencia sexual contra las mujeres por razones de género, este Comité destaca que, de manera recurrente, los abusos sexuales se producen cuando las relaciones están marcadas por asimetrías de poder utilizadas por los generadores de violencia para someter a las víctimas. Es por ello que, el consentimiento queda viciado o anulado cuando existe, entre otros elementos, coacción, temor a la violencia y/o abuso de poder.

Por lo expuesto en dicha recomendación general, las Expertas señalan que: “a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esté imposibilitada de dar un consentimiento libre. c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la violencia sexual. d) El consentimiento no podrá inferirse cuando exista una relación de poder que obligue a la víctima al acto por temor a las consecuencias del mismo, aprovechando un entorno de coacción”.

A la luz de lo anterior, este Comité hace un llamado a las más altas autoridades del Estado chileno a seguir actuando conforme al principio de debida diligencia reforzada, consagrado en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, garantizando la protección de la presunta víctima y evitando cualquier forma de revictimización a lo largo del proceso. Asimismo, insta al Estado de Chile a incorporar de manera expresa el principio del consentimiento en su legislación penal, procedimientos judiciales, protocolos de investigación y políticas educativas y públicas. En línea con la Recomendación Nº 6 del Comité de Expertas del MESECVI, se enfatiza la importancia de eliminar los estereotipos de género que afectan la integridad del sistema de justicia, asegurando que no interfieran en las estrategias de prevención, el contacto inicial con mujeres que denuncian, la investigación, el juicio y el proceso posterior.

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, a través de su Comité de Expertas, se pone a disposición del Estado de Chile para cualquier apoyo técnico que pudiera requerir en la materia.

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El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal. 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022. La participación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en una serie de reuniones y eventos de alto nivel regional en Buenos Aires, Argentina, se cerró con acuerdos para avanzar en los trabajos sobre el llamado “síndrome de alienación parental” y las violencias que afectan a las mujeres de la región, en particular, la trata de mujeres migrantes y la violencia digital hacia niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, se llegó a compromisos para mejorar y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia como pieza clave para reducir los femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe.

En primer lugar el Comité de Expertas, órgano rector de MESECVI, llevó a cabo su XIX Reunión. Por otro lado, las Expertas participaron en un encuentro regional de alto nivel sobre justicia y género, coorganizado por el MESECVI con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Suprema Corte de Justicia de México y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

SAP, trata y violencia digital, acuerdos de la XIX Reunión del Comité de Expertas

Durante la XIX Reunión del Comité, que contó con la participación de veinte de las Expertas (1), se definió la agenda de trabajo para el 2023. A través de las sesiones de reflexión y debate, las Expertas acordaron las líneas estratégicas.

En particular, expresaron su preocupación y la urgencia de trabajar en frenar el uso extendido en la región del “síndrome de alienación parental” (SAP), un concepto sin base científica que está siendo utilizado para deslegitimar las denuncias de las mujeres por violencia en su contra y hacia sus hijas e hijos.

El Comité también acordó enfocar sus actividades en la relación entre mujeres migrantes y violencia, incluyendo las situaciones de trata; y la violencia digital contra mujeres, adolescentes y niñas.

Se aprobaron además una serie de informes sobre refugios (casas de acogida) para mujeres víctimas de violencia en la región, así como una recomendación general respecto a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad por razones de género.

Esta reunión se da en el marco de la IV Ronda de Evaluación Multilateral sobre los avances en la implementación de la Convención de Belém do Pará. En este sentido, el Comité se comprometió a avanzar con la estrategia de trabajo con los países del Caribe anglófono para iniciar la recopilación de información, desarrollando en paralelo un proceso de acompañamiento y formación para apoyar a los Estados Parte en esta tarea.

Justicia y género, del enfoque punitivo al abordaje integral del femicidio/feminicidio

El lunes 14 y martes 15, el Palacio de Justicia de Argentina fue el escenario para convocar a las máximas autoridades judiciales de Argentina, México, Chile, Perú y la región, junto con representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y academia para el evento: “Del enfoque punitivo a un abordaje integral: Estrategias y desafíos en la
prevención, atención, investigación, sanción y reparación del femicidio/feminicidio en América Latina”.

“En este espacio de justicia que nos acoge debemos luchar por los derechos de las mujeres y hablar de una de las mayores injusticias: los feminicidios”, expresó la Presidenta del Comité de Expertas, Marcela Huaita, en sus palabras de apertura.

Las políticas públicas para el acceso a la justicia estuvieron en el corazón del debate, ahondando en la idea de que la prevención del femicidio/feminicidio no se agota en lo punitivo, sino que requiere de una verdadera mirada integral hacia el fenómeno.

En este sentido, la Ministra Andrea Muñoz, Presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, insistió en el rol clave de las y los operadores de justicia y la necesidad de desarrollar una formación permanente, masiva y obligatoria para la transformación cultural de los poderes judiciales.

Durante la segunda jornada del encuentro, se llevó a cabo un trabajo de capacitación y acompañamiento a los poderes judiciales provinciales de Argentina. Al término de esta actividad se acordó continuar fortaleciendo las capacidades de operadoras y operadores de justicia a través de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Junta Federal de Cortes Supremas de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JeFeJus).

1 El encuentro contó con la participación presencial y virtual de las Expertas del CEVI de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.