Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.

Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.

Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.

Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.

Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.

El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.

Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.

*Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en Cooperativa el 06 de julio, 2026

La reciente declaración de un diputado y candidato presidencial, en la que afirma sin titubeos que volvería a apoyar un golpe de Estado en Chile —incluso conociendo sus consecuencias—, es un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe relativizarse. No es un exabrupto aislado ni una simple provocación de campaña: es una manifestación abierta de negacionismo, una banalización de crímenes atroces y un atentado directo contra la memoria histórica, los derechos humanos y la convivencia democrática.

Chile vivió una dictadura civil-militar que dejó heridas profundas, muchas de las cuales siguen abiertas. Según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Valech, al menos 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, más de 38.000 fueron víctimas de prisión política y tortura, y cientos de miles se vieron forzadas al exilio. Las víctimas incluyen a niñas, niños, mujeres, hombres, personas mayores, estudiantes, campesinos, sindicalistas, profesionales.

La represión fue sistemática y generalizada: detenciones ilegales, centros clandestinos de tortura, violencia político-sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, exilio y relegación. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que han sido condenados por organismos internacionales y por la comunidad internacional.

Frente a este brutal historial lleno de evidencia, las palabras dichas no solo constituyen una afrenta ética y política: son un acto de violencia simbólica contra las víctimas, sus familias, muchas de las cuales —como recuerda la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos— aún no han recibido verdad, justicia ni reparación. Más de 1.100 personas permanecen desaparecidas. Sus cuerpos siguen sin ser devueltos. Su memoria no puede ser negada ni ultrajada en el debate público.

No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente. Chile se prepara para un nuevo ciclo electoral, y la democracia no puede ser puesta en riesgo por liderazgos que trivializan el sufrimiento colectivo o que promueven abiertamente la ruptura institucional como herramienta política. La historia no se puede usar como propaganda ni convertirse en botín electoral.

Resulta inaceptable que un candidato presidencial utilice su tribuna para legitimar hechos que destruyeron el Estado de derecho, eliminaron libertades, clausuraron el Congreso y silenciaron a la ciudadanía mediante el terror. La banalización del mal, como advirtió Hannah Arendt, se encarna en la capacidad de transformar lo inaceptable en rutina, de vestir la barbarie con lenguaje técnico o neutral. Eso es precisamente lo que hacen estas declaraciones.

También hacemos un llamado al periodismo, al mundo académico, a la sociedad civil y a la ciudadanía a no dejar pasar este tipo de discursos como parte del “colorido” electoral. No se trata de libertad de expresión, sino de apología de crímenes internacionales. No todo vale en campaña.

La memoria no divide: une a quienes creemos en la democracia, la justicia y los derechos humanos. Recordar es un acto de responsabilidad política y ética. El dolor de una sociedad no se banaliza. Nunca más.

Por Paula Salvo del Canto, presidente de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en El Mostrador, el 09 de julio de 2025

A 51 años del golpe de Estado, Chile merece sanar sus heridas y fortalecer su institucionalidad democrática.

El Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual gobierno constituye una oportunidad de demostrar con hechos a las y los familiares de detenidos desaparecidos que el Estado de Chile y a través de él, todos y todas nosotras, nos hacemos cargo de hacer todo lo posible por encontrar la respuesta a la pregunta que por 51 años han esperado: ¿Dónde están? Encontrar esta respuesta debería ser un clamor nacional.

La memoria es un cuidado colectivo, ya que nos permite no volver a recorrer caminos que han provocado tanto daño en la esencia nacional. La memoria del país se construye y se disemina a través de espacios concretos que se transforman en símbolos de esa memoria y que deben ser preservados. La memoria permite también responder colectivamente a aquellos discursos que intentan relativizar el horror vivido y reivindicar a figuras que solo deben ser repudiadas por la violencia ejercida contra miles de personas en el país. El Nunca Más debería ser un clamor nacional.

Los horrorosos hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar fueron realizados con el poder del Estado, aquel que las generaciones anteriores construyeron para gestionar el bien común y fortalecer a nuestra nación. Ello nos daña a todas y todos, y nos sigue dañando cuando conocemos hechos que nos muestran aún en democracia que nuestro Estado no ha logrado retomar, sin retrocesos, la senda del bien común y no de unos pocos. Las reformas para fortalecer la eficacia y autonomía de los poderes del Estado son urgentes y deberían ser un clamor nacional.

En estos días recordamos también a las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia política sexual por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en cuyo reconocimiento y reparación el país sigue en deuda, como lo sigue también con las miles de mujeres víctimas de violencia en el país. El establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición no solo permiten enfrentar la generalizada impunidad que ha caracterizado estos crímenes, sino que también contribuyen a una cultura de respeto a los derechos humanos y a la prevención de la violencia contra las mujeres, tratándose de medidas urgentes para evitar su repetición en el tiempo. La erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas debería ser un clamor nacional.

Vienen tiempos de elecciones y la violencia, los discursos de odio y la degradación de la política debieran quedar fuera de la ecuación. Las diferencias deben ser planteadas  sin efectismos engañosos, sino con honestidad, de modo que la población pueda optar por los caminos de desarrollo que legítimamente los distintos sectores políticos ofrecen al país. Más y mejor democracia debería convertirse en un clamor nacional.

Por: Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

Columna publicada en diario electrónico de Radio Universidad de Chile el 10 de septiembre, 2024

Santiago, 29 enero 2024.- A partir de la detección de antecedentes penales de algunos beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, se han generado diversos debates y confusiones. Ello, acompañado de discursos estridentes, acusaciones múltiples y una buena dosis de aprovechamiento político.

Para organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos resulta necesario relevar algunos aspectos clave. En primer lugar, es indudable que en Chile se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, tal como consta en diversos informes de organismos nacionales e internacionales, contabilizándose más de 8.000 víctimas y 400 casos de trauma ocular. La gran mayoría de los casos permanece impune, sus víctimas no han sido reconocidas ni tampoco reparadas. En segundo lugar, es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados se encuentran obligados a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas de no repetición, especialmente cuando se trata de crímenes ejecutados por agentes del Estado.

Más allá de lo insuficiente que resulta la reparación de una parte de las víctimas (419) al  otorgar “pensiones de gracia”, en lugar de reparaciones integrales definidas con base en una Comisión Calificadora de casos que no se ha conformado, preocupa que en la actualidad se plantee una regresión en dicha medida. La opción que en su momento se adoptó, nunca se presentó vinculada a un requisito como la inexistencia de antecedentes penales, que por lo demás la ley de pensiones de gracia tampoco ha exigido en sus 40 años de vigencia.

Preocupa especialmente que al conocerse los ilícitos cometidos por algunos beneficiarios de estas pensiones, se ponga el foco de atención únicamente en lo reprochable de sus conductas, desvirtuando la gravedad y sistematicidad de los hechos ocurridos en 2019, la responsabilidad de los agentes del Estado y las deudas que el Estado mantiene con las víctimas. La propuesta de revisar y revocar algunas pensiones, desconoce las obligaciones que corresponden al Estado en orden a reparar las violaciones a los derechos humanos, obligación que deriva del comportamiento de sus agentes y del daño causado, y no de la buena conducta que hayan mantenido quienes resultaron agredidos.

En Chile se han violado gravemente los derechos humanos de miles de personas, durante la dictadura cívico militar y también en democracia. La ausencia de políticas integrales de verdad, memoria, justicia y reparación redunda en impunidad y favorece su repetición. De ahí que resulte necesario fortalecer el compromiso de todos los poderes y órganos del Estado con la dignidad humana, la vigencia plena de los derechos humanos y el sistema democrático, y la adopción de políticas integrales de reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas

01 de septiembre, 2023.- En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en línea con los anuncios realizados por el Ejecutivo en torno a una agenda legislativa en materia de derechos  humanos, organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para presentar una propuesta de agenda legislativa a impulsar.

En el encuentro participaron Corporación Humanas, ONG Leasur, Casa de Memoria José Domingo Cañas y Corporación Opción, en representación de la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, donde expresaron que es indispensable que exista un compromiso de carácter transversal,  por parte del poder Ejecutivo y Legislativo, respecto de las medidas necesarias para avanzar en justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. 

Entre los proyectos priorizados por la Articulación se encuentran 8 iniciativas, entre ellas, un mecanismo de carácter permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para la identificación y reconocimiento de víctimas, con una unidad especializada a cargo del adecuado registro de los relatos de las personas víctimas de violencia sexual. También la derogación del Decreto Ley de Amnistía,  ya que esta norma sigue siendo parte del ordenamiento jurídico nacional y es invocada permanentemente por quienes defienden a los agentes estatales y perpetradores encausados en procesos por crímenes de lesa humanidad. 

Se suma la iniciativa que busca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, con un llamado a que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. También se priorizó el proyecto de tipificación de la desaparición forzada por su pertinencia en lo que refiere a hechos ocurridos en dictadura, como en el período posterior a ella. Al tipificarla, se pueden establecer penas que sean proporcionadas a la extrema gravedad de este delito.

Para la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es importante el levantamiento del secreto de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, para dar acceso a los tribunales de justicia a los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante esa instancia. Además, es necesaria la  compatibilidad Valech con otros beneficios y pensiones para permitir a los/as beneficiarios/as de pensiones de reparación de violaciones a los derechos humanos acceder al monto completo de la pensión garantizada universal, algo que actualmente no es compatible.

Las representantes también expresaron al ministro Elizalde la necesidad de una Ley Integral de Memoria que contribuya a las garantías de no repetición, inexistentes hasta el momento en nuestro país, que entienda la memoria como un derecho que el Estado debe proteger y garantizar, la que debe considerar el reconocimiento explícito de las violaciones a los Derechos Humanos que se han producido en el país, como parte del derecho a la verdad. Y, por último, el reconocimiento de la violencia política sexual, a través de una fecha conmemorativa, que tome en cuenta el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos, y específicamente de la tortura, en las mujeres. “Reconocer a las sobrevivientes constituye un significativo símbolo para avanzar en medidas de reparación colectiva”, expresan en la propuesta.

La Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es una red de organizaciones de la sociedad civil que promueve los derechos humanos y contribuye a una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto a dichos derechos.

Revisa la propuesta de la Articulación de DDHH

Hornos de Lonquen. Foto de Luis Navarro

A menos de un mes de la conmemoración de la interrupción de la democracia en Chile, la sexta edición del Festival OH! Santiago dentro de los casi 160 espacios de apertura, prepara más de 26 lugares en los que se pueden reconocer vestigios de una de las fechas más difíciles para la historia de nuestro país. 

En su tarea por trazar zonas y circuitos que nos representen como una diversidad de habitantes de un mismo territorio, el encuentro que durará 10 jornadas desde el 17 al 27 de agosto próximo, propone distintas miradas para reconocer los sitios de un Chile que cambió a partir del 11 de septiembre de 1973. 

Lugares que siguen en pie y otros que han resignificado su valor simbólico para reinstalarse en la ciudad, la programación de OH! Stgo 2023, coincidirá con la Conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, marcando un precedente para el futuro que hoy conocemos. La ciudad aún guarda barrios, viviendas y calles de un proyecto país que se fue gestando desde los años 20 con un diseño único entre las ciudades latinoamericanas a ojos del mundo para convertirse en otro diametralmente distinto. La ciudad ha dejado pistas de ese cambio.

Dentro de los casi 160 espacios en 52 comunas de la Región Metropolitana, OH! Stgo propone explorar nuestra región desde diferentes perspectivas, conectándonos con las diferentes capas de historia que construyen nuestro territorio y reflexionando sobre el valor de la memoria en el habitar contemporáneo.

Como un adelanto de esta programación, dos actividades conmemorativas comienzan este fin de semana. En la Galería Metropolitana  se inaugurará el sábado 12 de agosto la video instalación “NUNCA +” del cineasta Pedro Órdenes, cuyo proyecto busca rescatar testimonios de un grupo de 13 exiliados chilenos en Suecia que sobrevivieron la prisión y la tortura ocasionadas por agentes del Estado.

Ese mismo día, el Centro de Arte de Cerrillos, estrenará la exhibición  “Atmósferas de terror” de la agencia de investigación inglesa, Forensic Architecture, curada por la investigadora chilena Joselyne Contreras.  

Además, entre el 17 y 27 de agosto, abrirán sitios íconos de memoria como el Estadio Nacional, Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Su valor testimonial y recordatorio a la violación sistemática de los derechos humanos, los hacen un imprescindible en los recorridos que conmemorarán la fecha. 

HORNOS DE LONQUÉN

Hornos de Lonquén fue un lugar donde se encontraron por primera vez, restos de detenidos desaparecidos en Chile en 1978. Fue un hallazgo que cambió para siempre la cara del régimen militar chileno a la luz pública, pues estas personas habían sido detenidas en la localidad de Isla de Maipo en 1973 y se desconocía su paradero.

En marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos, esto hizo que el sitio se transformara en un lugar de peregrinaje para los parientes y amigos de los quince ejecutados. 

Para Magdalena Novoa, co-fundadora de OH! Stgo y co-directora de Fundación Aldea, entender el rol pedagógico de la memoria y los derechos humanos en la construcción de una ciudad democrática es fundamental y agrega: “es por eso, que incorporamos al sitio de memoria Hornos de Lonquén al festival, a pesar de que hoy no es accesible al público ni a los familiares de las víctimas. Este sitio nos recuerda los compromisos de reparación y memoria que adquirimos como país en el marco de la justicia transicional y que aún tenemos pendiente. En particular, los que se relacionan con nuestros entornos. Al no poder mostrar el sitio, hemos hecho una serie de acciones para recordarlo. Por ejemplo, incluir su reseña en la guía, seleccionar espacios que cuentan con exposiciones sobre lo que sucedió en Lonquén, y gestionar un programa y traslado para que la Agrupación de familiares de víctimas de Lonquén visite espacios y recorridos del OH! Stgo”.

MEMORIA Y CIUDAD

Adicionalmente, el festival ofrecerá rutas alternativas que rescatan, desde otra perspectiva, la antigua cara de Santiago y su accidentada transición al presente. Algunas de ellas son visitas por el Barrio Huemul, Villa La Reina, Villa Eneas Gonel Moral y Villa San Luis, entre otros. Así, además de visitar su arquitectura, museos, comunidades y sedes, la evocación de la memoria de éstos y otros lugares, impulsará una reflexión necesaria sobre cómo cuidamos los entornos que habitamos; la transformación de sus espacios y las diversas formas con las que construimos comunidad.

Estos son algunos de los recorridos y visitas que el Festival OH! Stgo presenta para conmemorar los 50 años del golpe de Estado:

Proyectos urbanos de Santiago 1920-1973:

• Condominio de Edificios KPD: viviendas sociales construidas en 1978 por la empresa KPD, renombrada por el régimen militar como Viviendas Económicas Prefabricadas que funcionó hasta el 1982.
• Población La Victoria:  es la primera toma organizada en Chile y América Latina. Fue fundada en 1957 cuando 1200 familias tomaron sus terrenos.
• Villa Eneas Gonel Moran Conchalí: El 23 de septiembre de 1963, se inició la construcción de este proyecto a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI), en terrenos utilizados para tareas agrícolas.
• Barrio Unión de Cooperativas Peñaflor: Asociado a la presencia de la fábrica de zapatos Bata en Peñaflor desde 1939, la vida sindical y comunitaria marcó el destino de cientos de familias que autoconstruyeron sus viviendas, se asentaron en este barrio y que hoy son parte del patrimonio urbano de la comuna.

Museos y Casas de Memoria:

• Centro Cultural Espacio Matta – Mural «El Primer Gol del Pueblo Chileno» La Granja: Recorridos guiados por el mural restaurado que conmemora el gobierno de Salvador Allende.
• Cementerio General – Rutas Sociedad y Arquitectura y Derechos Humanos: Explora este sitio icónico que alberga mausoleos emblemáticos y monumentos en memoria de víctimas de la dictadura.
• Museo Nacional de Bellas Artes – Centro de Documentación Il Posto: Descubre la colección de arte contemporáneo y documentos históricos relacionados con la historia de Chile.
• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Un espacio dedicado a la memoria y reflexión sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
• Memorial de Paine y Paseo de la Memoria: proyecto colaborativo entre las y los familiares de los 70 campesinos de Paine ejecutados y desaparecidos en dictadura.

Lugares de tortura y resistencia:

• Embajada de Italia y Memorial Lumi Videla: Visita la casona que albergó asilados políticos y honra la memoria de Lumi Videla, víctima de la dictadura.
• Ex-Venda Sexy (Irán 3037): Recorrido por el sitio de detención y tortura que busca ser convertido en un museo de sitio y memoria.
• Ex Clínica Santa Lucía: Conoce la historia de esta antigua casona que se transformó en un centro de detención y tortura durante la dictadura.
• Ex Medialuna de Maipú, Plaza de los Toros: Explora el lugar que fue utilizado como centro de detención y tránsito en la época de la dictadura.

Resistencia cultural:

• Población La Victoria y Señal 3 La Victoria: Descubre la historia de la primera toma organizada en Chile y el canal comunitario que nació en su interior.
• Plaza Baquedano y Bellavista durante la dictadura: Recorre cafés, restaurantes y bares que sirvieron como espacios de resistencia cultural durante la dictadura.
• Fundación Salvador Allende: Explora la casona que fue usada para espionaje telefónico y ahora promueve valores de justicia social y libertad.
• Recorrido con JVV Parque Forestal: Se visitarán edificios emblemáticos como el actual Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, antigua sede UNCTAD (1972), luego Edificio Portales en dictadura y la sede de la campaña del «No».

OH! Stgo 2023 es una oportunidad única para sumergirse en la historia de Chile, honrando la memoria de quienes lucharon por un país más justo y democrático. 

Para más detalles sobre horarios, inscripciones y recorridos, visita la página oficial del festival en www.ohstgo.cl. 

En el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado la encuesta Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, arroja resultados alarmantes: un 36% de las personas encuestadas señala que “los militares tenían razón en dar el golpe de Estado en 1973“. Este momento es uno de los más trágicos y oscuros de nuestra historia, que cobró vidas, víctimas de tortura y de violencia política sexual, separó y exilió familias e inició una dictadura que se extendió por 17 años.

Si bien esta cifra aparece como paradójica en el marco de esta conmemoración, nos preguntamos si no es precisamente el transcurso del tiempo el que pone al golpe de Estado a una distancia tal que nos impide apreciar su gravedad con nitidez. Así como los espejos retrovisores advierten que los objetos están más cerca de lo que parecen, parece necesaria una advertencia respecto de ciertos hechos históricos.

Quienes hoy somos personas de 33 o menos años hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarnos en el marco de un régimen democrático. En la misma encuesta observamos un dato que revela el desconocimiento de lo vivido en aquella época como posible causa de su justificación: ante la consulta por su conocimiento sobre el golpe de Estado, un 32% de las personas encuestadas declara saber poco o nada, y esta cifra se eleva a un 36% en el tramo de los 36 a 52 años, y hasta un 41% en el rango de los 18 a 35 años.

Siendo la democracia el pilar fundamental de la sociedad, y el respeto y garantía de los derechos humanos condición necesaria de nuestra existencia y desarrollo, cifras como las develadas deben ponernos en alerta y llamarnos a la reflexión sobre las acciones necesarias para consolidar y proteger nuestro régimen democrático, promoviendo su conocimiento y valoración.

La memoria cobra hoy aún más importancia. Recordar los horrores del pasado es necesario para honrar a quienes perdieron la vida, para celebrar la de quienes sobrevivieron a sus vejámenes y, además, para conocer y reconocer lo que hoy vemos con distancia y que nos despojó de la democracia, de nuestros derechos humanos y de nuestra propia libertad. Finalmente, para tomar conciencia de que nada justifica que se levanten las armas en contra de los habitantes de un país y se ponga en suspenso el ejercicio de los derechos más básicos.

Es por ello que este año las expectativas están puestas en una conmemoración que esté a la altura de lo ocurrido y del riesgo que supone para la democracia su desconocimiento. Esto requiere, además, señales claras respecto de la importancia del reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

Debemos comprender nuestra historia, ser conscientes de que Chile no siempre ha sido como lo conocemos, con democracia y respeto a los derechos humanos. Solo así lograremos articular nuestros esfuerzos colectivos para evitar que se repitan los graves hechos del pasado.

Publicada el 02 de junio, 2023.-

En marzo, las feministas conmemoramos la lucha histórica de las mujeres trabajadoras parar ser reconocidas como sujetas de derecho y ser libres de toda forma de opresión y violencia. Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, pues coincide con los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.

El hito de los 50 años representa una oportunidad para evaluar nuestro proceso de justicia transicional y visibilizar el rol que hemos jugado las mujeres en el devenir político de estas décadas.

Las mujeres pusieron el cuerpo y lideraron la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura a través de las organizaciones de familiares que, sin descanso, han exigido verdad, justicia y reparación. De igual modo, las organizaciones de mujeres y feministas contribuyeron a la recuperación de la democracia impulsando movilizaciones pacíficas y masivas, como el Caupolicanazo de 1983, denunciando la falta de democracia en el país y en la casa.

Una vez finalizada la dictadura, las organizaciones feministas desplegaron distintas estrategias para que la experiencia de las mujeres durante la represión no quedara obturada en un relato neutro y totalizante.

En efecto, la violencia político sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura ha sido un secreto a voces muy difícil de nombrar e incorporar en la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. La cultura machista normaliza estas agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, minimizando su importancia y generando, en las sobrevivientes, sentimientos de vergüenza y culpa que impiden sacarla a la luz.

A pesar de estas barreras, son muchísimas las sobrevivientes que han alzado la voz para denunciar ocurrido. Así lo recogió la Comisión Valech I:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pág. 291).

El carácter sistemático y generalizado de la violencia sexual devela su propósito disciplinador en tanto castigo a aquellas mujeres que dejaron el espacio privado socialmente asignado para salir al ámbito público y político. Esta transgresión al cuerpo y la sexualidad cometida por agentes del Estado conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, no solo a las víctimas directas, acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado, que ninguna mujer debe contravenir. Por lo tanto, busca disuadir la participación política de mujeres pues en el orden de género tradicional lo público-político es un espacio que no les corresponde.

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional. Así, por ejemplo, organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios representan un significativo aporte en la elaboración de la verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas interpuso en 2010 las primeras querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas, en un contexto de bajísima judicialización de este tipo específico de delitos. Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil, y luego de más de 13 años de litigio las sobrevivientes siguen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a la impunidad endémica de la violencia sexual y haga realidad una justicia que ha sido esquiva por tantas décadas.

La valentía de las sobrevivientes de violencia político sexual para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los Derechos Humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido. Estos seis meses que restan para la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar representan una oportunidad para reconocer a las sobrevivientes en su calidad de defensoras de Derechos Humanos y sentar bases sólidas de garantías de no repetición. La gravedad de la violencia político sexual nos exige no sólo no olvidar, sino también mantenernos alertas y activas frente a una violencia que contra las mujeres no ha acabado.

Referencias

• Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago, Chile. Extraído de http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf
• Fundación Instituto de la Mujer & Corporación Humanas (2005). Memorias de Ocupación: violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Extraído de https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544022.html

Por Mariela Infante Erazo
Socióloga. Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Columna de opinión publicada en Descentrados 

Mantener esta conmemoración es parte de la disputa por la historia y memoria. Nos ayuda a recordar que los mayores niveles de libertad y autonomía de los que hoy gozamos se los debemos a otras mujeres que nos antecedieron, que tomaron conciencia de esta situación y fueron capaces de verla no como la consecuencia obvia de una pretendida desventaja biológica, si no como una construcción social injusta que era posible transformar mediante la organización y movilización feminista. Nos recuerda también que cada logro debe ser defendido pues los retrocesos están a la vuelta de la esquina cuando se trata de los derechos de las mujeres.

Sin desmerecer los avances de las últimas décadas, la discriminación persiste a pesar de los discursos de buena voluntad, y demuestra que la igualdad de género es todavía una utopía difícil de alcanzar. Las estadísticas parecen congeladas en el tiempo y reiteran con porfía que nuestras condiciones materiales de vida son las más precarias porque tenemos menos oportunidades de insertarnos en el mercado laboral formal, nos concentramos en los trabajos con peores condiciones y nos pagan menos. Eso cuando logramos que nos paguen, porque el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres dentro de sus familias cuidando vitalmente de otros seres humanos durante la infancia, vejez o enfermedad y que sostiene el mundo, no es reconocido, remunerado ni visto como un trabajo propiamente tal.

Lejos del elitismo o individualismo, el feminismo que prima hoy en las organizaciones que impulsan la movilización del 8 de marzo, es como dice Nancy Fraser, “un feminismo para el 99%”, es decir, un pensamiento y práctica de emancipación para todas las mujeres y disidencias, especialmente las que enfrentan mayor explotación y violencia. Entiende que la causa feminista está ligada a la agenda medio ambiental y la protección de los bienes comunes de la naturaleza, a un modelo económico alternativo enfocado en la sostenibilidad de la vida, a un Estado social que garantice prestaciones y derechos universales y a un marco de respeto y reconocimiento de los seres humanos en toda su diversidad étnica-racial, de género, etc.

La movilización del 8 de marzo es, por lo tanto, pasado, presente y futuro. Es reconocer lo que le debemos a una genealogía de mujeres que nos legaron mejores condiciones de vida. Resistir las diversas opresiones que siguen cruzando nuestras vidas y entenderlas de forma interconectada. Avanzar en un mundo para que todas las que vengan desarrollen su vida en autonomía, libres de miedo y de necesidad.

*Mariela Infante, socióloga e investigadora de Corporación Humanas.

Columna publicada en La Tercera