Sr. Director 

Menos armas, más seguridad para mujeres

Los hechos de violencia ocurridos en estas semanas visibilizan una realidad ineludible: las armas de fuego son el principal medio para perpetrar homicidios, representando el 52,3% del método utilizado en las muertes violentas del año 2023.

La violencia armada está íntimamente relacionada con normas y mandatos de género. En Chile, el 93% de las armas inscritas activas pertenecen a hombres. El impacto de las armas de fuego en la violencia de género es significativo y multifacético, afectando de forma diferenciada a mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La existencia de un arma en el hogar aumenta el riesgo de homicidio, femicidio y suicidio. Además, se emplean para amenazar, coaccionar y ejercer control en situaciones de violencia doméstica y de pareja. Según el Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios, en 2022 se utilizaron armas de fuego en el 11,6% de los femicidios consumados. A partir del registro que elabora la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se observa que esta cifra aumentó a 19% en 2023.

Existe la oportunidad de enmendar el rumbo de las políticas de seguridad y reemplazar un enfoque punitivo de alto costo y escasa efectividad, por un enfoque preventivo que incorpore la perspectiva de género. Resulta urgente fortalecer la protección de mujeres y niñas frente a la violencia armada en el ámbito doméstico o familiar, y prohibir el porte de armas de fuego a denunciados e imputados en causas de violencia intrafamiliar o de género es una medida imprescindible de adoptar por el Congreso.

Mariela Infante Erazo, socióloga de Corporación Humanas

Carta al director publicada en La Tercera, 24 de julio de 2024

]]> https://www.humanas.cl/opinion-mujeres-y-ninas-migrantes-la-urgencia-de-proteger-sus-derechos/ Fri, 07 Jun 2024 12:40:58 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23204  

Los anuncios realizados por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública de presentar proyectos de ley relativos al sistema nacional de apoyos y cuidados, igualdad salarial y legalización del aborto, representan buenas noticias para avanzar en derechos de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres somos diversas y enfrentamos formas agravadas de discriminación, restricción de derechos y violencia de género debido a factores que exacerban nuestra vulnerabilidad. Este es el caso de las más de 800 mil mujeres y niñas migrantes que habitan en Chile, por lo que resulta preocupante la total ausencia de propuestas y medidas orientadas a protegerlas en la cuenta pública presidencial.

Las migrantes en condición irregular enfrentan mayores riesgos, pues están más expuestas a vivir explotación laboral y sexual, no tienen acceso a salud, a seguridad social ni a viviendas dignas y deben pagar arriendos altísimos por el sólo hecho de no contar con sus papeles al día. Dado que en sus países de origen les resulta prácticamente imposible acceder a la documentación requerida para ingresar legalmente a Chile y debido al colapso del Servicio Nacional de Migración que exige esperar por años una respuesta que les permita acceder a un RUT y tener derechos en el país, resulta urgente mejorar los procesos de regularización.

Desde el año 2021, la legislación establece que las mujeres extranjeras serán protegidas en todas las etapas del proceso migratorio para no ser discriminadas ni violentadas debido a su género. Para lograr este objetivo, se explicita que las mujeres embarazadas, víctimas de violencia de intrafamiliar (VIF) y víctimas de trata o tráfico de personas, tendrán un trato especial y podrán optar a visados de residencia temporal por razones humanitarias.

No obstante, estas disposiciones enfrentan diversos problemas administrativos y burocráticos para implementarse. Así, en el año 2022 se entregaron 77 visas a embarazadas, 21 visas a víctimas de trata o tráfico de personas y sólo una a víctimas de VIF.

La dificultad para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan optar a visas radica en que son los Tribunales de Familia o el Ministerio Público las entidades encargadas de calificar la condición de víctima y requerir el visado. Dichos organismos pasan por alto su deber de proteger a las denunciantes y requerir la documentación que les permitiría, por ejemplo, trabajar formalmente, sustentar a sus familias, pagar un arriendo justo y alcanzar autonomía económica, que se constituye como un factor protector ante la violencia de género.

Por otra parte, el reducido número de permisos de residencia temporal otorgados a embarazadas se explica porque aquellas mujeres que ingresaron al país por pasos no habilitados están excluidas de optar a estos visados humanitarios. Por ello, se ven forzadas a permanecer en condición irregular mientras cursan sus embarazos, lo que exacerba los riesgos para la vida y salud de sus hijas e hijos y de ellas mismas.

Avanzar en la protección de los derechos de niñas y mujeres migrantes requiere de voluntad política y medidas de corto y mediano plazo. En lo inmediato, acciones administrativas ágiles como la modificación del Decreto 177 que regula el otorgamiento de permisos de residencia temporal, resulta imprescindible. En el mediano plazo, impulsar un proceso de regularización extraordinario que propicie la integración e inclusión social de las personas migrantes es el camino para establecer las condiciones de una migración regular, segura y ordenada en el país.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas, columna publicada en Radio Universidad de Chile el 06 de junio de 2024

En su presentación, la socióloga valoro que el otorgar rango legal a las reglas de uso de la fuerza ya que representa un importante avance en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado de Chile, permitiendo unificar los criterios de actuación de los agentes de seguridad, profesionalizar su labor, proteger de la violencia institucional a los grupos más vulnerados y prevenir el uso desproporcionado de la fuerza en diferentes contextos.

Al mismo tiempo, indicó que la discusión de este proyecto de ley es sumamente oportuna pues la seguridad pública se ha posicionado como una de las principales prioridades de la ciudadanía. Basta tener a la vista que los índices de temor y preocupación ante la posibilidad de ser víctima de un delito -percepción de inseguridad- se han incrementado de manera exponencial, y son los más altos en 22 años de acuerdo al Índice de Paz Ciudadana del año recién pasado, a pesar de que los delitos de mayor connotación se han reducido sostenidamente en la última década, puntualizó en su exposición Mariela Infante.

La investigadora de Corporación Humanas, sostiene que la seguridad pública es una dimensión específica de un concepto más integral que es la seguridad humana. Por ello, es fundamental que todas las intervenciones estatales, incluyendo la legislación y las políticas públicas, incorporen el enfoque del enfoque de género y de derechos humanos, para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, respecto de las cuales Chile se ha comprometido, como parte de la comunidad internacional

La seguridad con perspectiva de género parte del reconocimiento de que las normas sociales de género y las desigualdades entre hombres y mujeres generan inseguridades interconectadas en los ámbitos público y privado. De esta manera, se reconoce que las experiencias de inseguridad no son homologables, y que las mujeres y niñas enfrentan amenazas y riesgos específicos debido a su género.

Por lo tanto, incorporar el enfoque de género en esta discusión implica reconocer que el sector de seguridad y defensa ha sido diseñado desde una perspectiva masculina, y luego de ese diagnóstico, avanzar en implementar todas las medidas que resulten necesarias para incorporar adecuadamente la participación de las mujeres y los asuntos de género en esta agenda.

Finalmente, sumando a una serie de recomendaciones entregadas a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, Mariela Infante concluyo señalando que regular el uso de la fuerza a través de un instrumento legal es un esfuerzo que va en la dirección correcta, pues la prevención, control y sanción de la violencia policial es uno de los principales desafíos del país en materia de seguridad pública, pues la función policial debe desempeñarse siempre con pleno respeto y protección a los derechos humanos.

Avanzar en una agenda de seguridad con perspectiva de género, que contemple y aborde de manera integral las experiencias y necesidades diferenciadas de las mujeres, y que al mismo tiempo incorpore su participación sustantiva en todos los niveles de toma de decisiones, incluyendo el diseño, implementación y evaluación de todas las políticas, programas, actividades y procesos relacionadas con la materia, ha demostrado ser un factor imprescindible para la construcción, preservación y sostenibilidad  de sociedades más seguras, finaliza Infante.

Otros expositores sobre uso de la fuerza

También expusieron ante las comisiones unidas Camila de la Maza, jefa subrogante de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos; Giannina Mondino, Defensora de la niñez subrogante; y Gabriel Gaspar, cientista político y ex subsecretario de Defensa.

La norma, en primer trámite constitucional, continuará analizándose en una próxima sesión. En la oportunidad, se fijó como plazo para la presentación de indicaciones, el próximo 31 de julio.

Revisa la exposición ante las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas

Revisa el documento de la exposición 

]]> https://www.humanas.cl/por-una-seguridad-con-derechos-humanos/ Tue, 18 Apr 2023 20:38:29 +0000 https://www.humanas.cl/?p=21859

Vamos por mal camino en términos de seguridad pública y el desenfreno de aprobación de normas legales represivas de las últimas semanas nos va a afectar negativamente a corto, mediano y largo plazo.

15-04-2023

Quienes escribimos esta columna somos feministas y defensoras de derechos humanos en Corporación Humanas, una institución de larga trayectoria en Chile en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Además, trabajamos temas de seguridad democrática y somos pacifistas.

Todas estas etiquetas resultan necesarias para justificar una aseveración tan rotunda como la que viene: vamos por mal camino en términos de seguridad pública y el desenfreno de aprobación de normas legales represivas de las últimas semanas nos va a afectar negativamente a corto, mediano y largo plazo. Si fuéramos mujeres migrantes, aún más. Y si quien lee esta columna es indígena o afrodescendiente, podrá mejorar con argumentos el sentido y alcance de lo que escribimos.

Las leyes, las políticas públicas y las instituciones impactan directamente en nuestras vidas, por eso, cuestiones tan fundamentales como la restricción del espacio público y la regulación del uso de la fuerza deben ser objeto del más alto escrutinio público.

Según la última encuesta IPSOS, 7 de cada 10 mujeres ha dejado de salir a la calle luego que oscurece, es decir, enfrentan mayores restricciones en su derecho a circular libremente en el espacio público. Del mismo modo, las mujeres expresan más temor y preocupación a ser víctimas de un delito.

En 2021, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENUSC) daba cuenta que un 71% de las mujeres se siente insegura al caminar en la calle mientras un 53% de los hombres tiene la misma percepción. De acuerdo con los Consejos Regionales de Seguridad, implementados por el actual gobierno, el delito de mayor ocurrencia es el de violencia contra las mujeres y presentan mayores riesgos de violencia policial cuando participan en manifestaciones pacíficas. Los estereotipos de género siguen reforzando que el espacio público no lo podemos habitar de manera segura.

Lejos de estar a la altura de estos desafíos, las medidas para enfrentar estos problemas responden a una agenda de seguridad clásica: aumento de penas para delitos y menos restricciones para el uso de armas de fuego por parte de Carabineros, institución que detenta el monopolio del uso de la fuerza. O sea, continuamos aplicando fórmulas que han demostrado ser ineficaces y muy costosas en lo económico y social en otros países, y que en Chile se vienen aplicando hace años, con escasos resultados.

A lo anterior se suman las declaraciones poco afortunadas de legisladoras/es y autoridades. Un ejemplo es la figura del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, cuyos dichos contribuyen a estigmatizar a las personas migrantes al relacionarlas arbitrariamente con la comisión de delitos, y aumentar su vulnerabilidad a diferentes formas de violencia y discriminación.

Enmendar el camino tiene numerosas complejidades, pero se requiere un principio orientador que entregue alguna certeza: garantizar la seguridad de quienes habitamos este país y mantener el orden público es una obligación del Estado. Cualquier ejercicio de poder tiene un impacto diferenciado en mujeres y hombres, por lo que se debe tener en cuenta una perspectiva de género en su diseño e implementación.

Garantizar la seguridad pública y el uso legítimo de la fuerza estatal debe ser regulado a nivel legal, respetando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Esperamos que la discusión legislativa del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para policías y Fuerzas Armadas sea efectiva tanto en el resguardo del orden público como en la protección del derecho a la vida y la integridad de la ciudadanía.

Incorporar este derecho a nivel constitucional permitirá que los cuidados que necesitamos en la infancia, vejez, enfermedad o casos de discapacidad, dejen de depender de las redes familiares o la capacidad de pago individual, y exista un mandato explícito para que el Estado implemente un sistema nacional, con servicios, infraestructura, financiamiento y medidas de protección social para quienes brindan y requieren cuidados.

Bañar, vestir, alimentar y cuidar a otros seres humanos es un trabajo que históricamente han realizado las mujeres, sin ninguna valoración económica o social. Promover responsabilidades compartidas contribuirá a que las mujeres decidan libremente sobre sus proyectos de vida, tengan mayor autonomía económica y participen de todas las esferas de la sociedad.

No desaprovechemos esta nueva oportunidad para valorar adecuadamente la contribución del trabajo de cuidados a la economía y a la sostenibilidad de la vida. Es un avance civilizatorio para sentar bases de convivencia social en que la interdependencia y solidaridad que nos constituyen se ubiquen al centro de las prioridades colectivas.

Mariela Infante

Socióloga, Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera 

Mantener esta conmemoración es parte de la disputa por la historia y memoria. Nos ayuda a recordar que los mayores niveles de libertad y autonomía de los que hoy gozamos se los debemos a otras mujeres que nos antecedieron, que tomaron conciencia de esta situación y fueron capaces de verla no como la consecuencia obvia de una pretendida desventaja biológica, si no como una construcción social injusta que era posible transformar mediante la organización y movilización feminista. Nos recuerda también que cada logro debe ser defendido pues los retrocesos están a la vuelta de la esquina cuando se trata de los derechos de las mujeres.

Sin desmerecer los avances de las últimas décadas, la discriminación persiste a pesar de los discursos de buena voluntad, y demuestra que la igualdad de género es todavía una utopía difícil de alcanzar. Las estadísticas parecen congeladas en el tiempo y reiteran con porfía que nuestras condiciones materiales de vida son las más precarias porque tenemos menos oportunidades de insertarnos en el mercado laboral formal, nos concentramos en los trabajos con peores condiciones y nos pagan menos. Eso cuando logramos que nos paguen, porque el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres dentro de sus familias cuidando vitalmente de otros seres humanos durante la infancia, vejez o enfermedad y que sostiene el mundo, no es reconocido, remunerado ni visto como un trabajo propiamente tal.

Lejos del elitismo o individualismo, el feminismo que prima hoy en las organizaciones que impulsan la movilización del 8 de marzo, es como dice Nancy Fraser, “un feminismo para el 99%”, es decir, un pensamiento y práctica de emancipación para todas las mujeres y disidencias, especialmente las que enfrentan mayor explotación y violencia. Entiende que la causa feminista está ligada a la agenda medio ambiental y la protección de los bienes comunes de la naturaleza, a un modelo económico alternativo enfocado en la sostenibilidad de la vida, a un Estado social que garantice prestaciones y derechos universales y a un marco de respeto y reconocimiento de los seres humanos en toda su diversidad étnica-racial, de género, etc.

La movilización del 8 de marzo es, por lo tanto, pasado, presente y futuro. Es reconocer lo que le debemos a una genealogía de mujeres que nos legaron mejores condiciones de vida. Resistir las diversas opresiones que siguen cruzando nuestras vidas y entenderlas de forma interconectada. Avanzar en un mundo para que todas las que vengan desarrollen su vida en autonomía, libres de miedo y de necesidad.

*Mariela Infante, socióloga e investigadora de Corporación Humanas.

Columna publicada en La Tercera 

Con ella, Página 19 conversó largamente sobre los derechos humanos de las mujeres, del movimiento feminista y el activo rol que ocupó en la Convención Constitucional como también sobre qué esperan del nuevo proceso instalado hoy en el Congreso Nacional.

-En ese sentido, ¿las mujeres han adquirido más derechos, se mantiene la situación igual o hay retrocesos?

-Si uno ve la agenda legislativa, efectivamente, en los últimos 20 o 30 años, se han aprobado legislaciones que sí son un avance en términos de reconocimiento de derechos de las mujeres. No son perfectas, no solucionan toda la situación de subordinación estructural que existe, pero si se piensa que en los 90s el aborto estaba penalizado bajo toda circunstancia y hoy día, a partir del año 2017, tenemos una ley de 3 causales, que es muy restringida, que tiene obstáculos en su implementación, sí estamos un poco mejor.

También lo que tiene que ver con los espacios de participación de las mujeres. Desde el año 2015 en adelante, distintas legislaciones afirmativas para que haya más mujeres candidatas a los cargos de representación, es un avance importante. Hoy tenemos una ley de femicidio. Antes del 2005, no existía una ley que nombrara la violencia que vivimos las mujeres en lo doméstico. La ley VIF (Violencia Intrafamiliar) es muy insuficiente, tiene muchas limitaciones, ahora se ha anunciado otra ley que la va a reemplazar, que es la Ley Integral de Violencia. Hoy tenemos un gabinete donde la mayoría son ministras, siendo que la realidad en Chile no fue así. Ha habido avances, pero la violencia contra las mujeres sigue siendo grave, estructural, los femicidios son altísimos, la violencia sexual sigue siendo un problema. Tampoco estamos en todos los espacios de decisión, porque la paridad en la Convención Constitucional fue una excepción. También hay una mayor conciencia de las mujeres jóvenes si pensamos en el Mayo del 2018, esa gran movilización de jóvenes feministas.

-En el resultado de la última elección parlamentaria, llegaron por primera vez grupos más extremos y conservadores de la política chilena. La bancada del Partido Republicano expresó su deseo de presentar un proyecto de ley que termine con las 3 causales sobre el aborto. ¿Qué opinión le merece esa propuesta?

-Es una situación muy preocupante y como Corporación Humanas la rechazamos, porque cuando hablamos de aborto, de interrumpir el embarazo en condiciones seguras, básicamente estamos hablando del derecho a la salud, a la privacidad, de muchos derechos que están interconectados. La clandestinidad absoluta del aborto, como pretenden estos proyectos de ley,  son un retroceso que significa  que los abortos seguirán existiendo, pero que se van a realizar de forma clandestina  e insegura, y que van a afectar siempre a las más jóvenes y a las que viven con mayor vulnerabilidad económica. Si una ve las recomendaciones que hacen los órganos de tratados de derechos humanos, órganos que supervisan los 9 tratados que Chile ha suscrito y ratificado de Naciones Unidas, la mayoría de ellos habla de condiciones mínimas como que el aborto tiene que estar legalizado, mínimo despenalizado, es decir, ninguna mujer que aborte debe ir a la cárcel.  Ahora, el Estado de Chile ha estado al debe de cumplir ese mínimo de derechos sexuales y reproductivos.

-Con ese Congreso Nacional, ¿qué viabilidad hay que se apruebe una ley sobre aborto?

– Vemos que es uno de los Parlamentos más fragmentados que hay desde la recuperación de la democracia. Es un Congreso muy complicado, el Gobierno no tiene mayoría, los grupos  progresistas que quieren avanzar  en reconocimiento de los derechos de  las mujeres y disidencias tampoco tienen mayoría.  Hay que negociar con sectores de centro, a veces con líneas mucho más conservadoras, los populismos ahí también son muy peligrosos en términos que también se contraponen a todo lo que tiene que ver con la autonomía física de las mujeres. Es un panorama muy complejo en estos momentos, pero tenemos un Gobierno que se autodenomina feminista, que tienen uno de los programas más avanzados desde 1990 en adelante en términos de cómo concibe a las mujeres sujetas de  derechos y en distintas líneas promete cosas que son relevantes. Se puede avanzar, no necesariamente en el ámbito legislativo, pero sí  en políticas públicas.

-¿Por ejemplo?

-Se puede avanzar en que la actual Ley en 3 causales sea efectivamente implementada, porque uno de los grandes problemas que existe es que hay desinformación.  Hay muchas herramientas administrativas que se pueden impulsar, a nivel de resoluciones de programas de distintos ministerios y que pueden ser un avance para las mujeres y que no requieren de una ley.

-¿Qué perdieron las mujeres, en general, con el rechazo de la propuesta de nueva Constitución?

-Lo que logramos las mujeres en la Convención fue instalar en el debate público, político, una agenda histórica en los derechos de la paridad, el sistema de cuidados, transversalización del enfoque de género, acceso a la justicia con enfoque de género, distintas cuestiones que antes ni siquiera se nombraban. Fue algo súper relevante que aparecieran en los medios de comunicación y se empezaran a discutir estos temas. Creo también que el movimiento feminista ganó mucho al instalar una agenda en la Convención y en la propuesta de nueva Constitución. Entonces, ahí yo veo bastantes logros. Nosotras teníamos expectativas que eso se aprobara porque nos daba una hoja de ruta para avanzar en leyes y políticas que se hicieran realidad con esta Constitución. Perdimos esa hoja de ruta, pero ese borrador nos da ciertas directrices que vamos a trabajar, defender, en un próximo proceso si es que se inicia.

-Desde ese punto de vista, ¿usted cree que hubo o no un problema comunicacional de la misma Convención para dar a conocer estas propuestas?

-Efectivamente hubo un problema de pensar que en uno o dos meses se iba a lograr comunicar un texto tan complejo. Fue un problema que tampoco se da en los últimos meses, sino que viene desde el inicio de la Convención. Termina igual encapsulándose en un mundo muy restringido en donde las personas que tenían un interés directo lo seguían, pero la ciudadanía en general no estaba tan conectada con los debates, con la cuestión sustantiva que allí se discutía. Eso mismo ocurrió con el estallido social donde el mundo político es incapaz de articular ciertas demandas, necesidades de la población, de leer ese fenómeno. Con el proceso constituyente no logramos superar eso. Creo también que vivimos un período de incertidumbre, política y económica, donde las personas no quieren tampoco arriesgar tanto. Al final, el proceso constituyente terminó siendo algo demasiado abstracto.

-Ahora la realidad nos dice que la posibilidad de contar con una nueva propuesta de Constitución está en el Congreso Nacional. ¿Qué esperanza, temores o desafíos tiene usted que se llegue a concretar una propuesta que recoja las banderas del feminismo?

-Nosotras creemos que sería muy complejo que los partidos políticos que están negociando una nueva  propuesta de Convención en el Congreso la dejaran caer. Pensamos que habrá un nuevo proceso, obviamente mucho más limitado que lo que fue el proceso anterior en términos de contenidos, seguramente será una propuesta de Constitución mucho más minimalista. Lo que nosotras estamos trabajando es mantener la paridad y, también que 8 puntos de la agenda feminista sigan estando incorporados en esa nueva propuesta de Constitución.

-¿Cuáles son esos 8 puntos de la agenda feminista?

-Incorporación internacional de los derechos humanos que están en los tratados internacionales; Igualdad sustantiva y no discriminación; Transversalización del enfoque de género; Paridad; Derechos laborales; Cuidados, Violencia de género y Derechos sexuales y reproductivos.

-Por último, ¿cuáles son los desafíos del movimiento feminista en el contexto actual que vivimos?

-Vamos a seguir trabajando para ciudadanizar este proceso. Que ahora sí logre permear la realidad de las personas, los territorios, eso se dejó bastante de lado. Se pensó que solo haciendo un buen texto bastaba para ganar un plebiscito.  No basta con eso, pues las personas tienen que estar involucradas. Tienen que ser parte del debate, ser protagonistas. Muchas veces está solo el titular y se necesita profundizar mucho más. Por ejemplo, qué significa el derecho al cuidado. Muchas sabían que iban a ser reconocidas en el sistema de cuidados, que el Estado ahora iba a tener un rol importante al asumir esas responsabilidades. Otras cosas importantes como el derecho a vivir sin violencia. Probablemente no fueron totalmente difundidas, discutidas, por eso hay que hacer un trabajo comunicacional muy importante. Que sea un proceso realmente ciudadano, donde todas las personas participen y discutamos cómo queremos vincularnos.

Ahora esta línea constitucional no tiene que ser la única, sino también tenemos que trabajar paralelamente en otras cuestiones. A nivel legislativo en el Parlamento hay cuestiones importantes. También creo que se deben instalar otros discursos que vayan más allá de la polémica de turno, fácil, artificial. Por eso mismo, el debate político está muy desprestigiado porque se basa en las descalificaciones, las fake news, la farándula. Tenemos un desafío como organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista, hacer que ese debate político sea mucho más denso y que los derechos de las mujeres, la perspectiva feminista, una perspectiva interseccional, que se entienda que las mujeres sí somos discriminadas, pero que también hay realidades distintas como las mujeres indígenas, en situación de discapacidad, las mujeres mayores, las niñas, las adolescentes. Ir llenando de contenidos un espacio público con la argumentación feminista y con los derechos humanos. No hay que perder el pulso de lo que pasa, de la calle. El proceso pasado le ocurrió un poco eso, tenía poco tiempo de trabajo, se encerraron los últimos 6 meses y eso fue fatal.

Por Patricio Martínez Torres, Periodista y Director de Página 19.