“Sería un derecho que está por sobre otras situaciones y deja de tener un carácter excepcional, deja de estar circunscrito a una situación en particular y le da un carácter de generalidad: puede eventualmente ser utilizado por distintos grupos y bajo distintos supuestos para eximirse de otras obligaciones de carácter legal que pesen sobre ellos”. Este lunes 4 de septiembre, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Proceso Constitucional 2023 aprobó la enmienda que permite reconocer la objeción de conciencia personal e institucional como un derecho fundamental en la nueva Constitución. ¿Qué significa esto? La respuesta de la abogada Luz Reidel.

Con 8 votos a favor y 4 en contra, este lunes 4 de septiembre se aprobó la enmienda que permite la objeción de conciencia personal e institucional en la nueva Constitución, un tema controversial que ha sido blanco de críticas en el marco de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y establece la apelación a objeción de conciencia en el personal médico.

Según un informe de Corporación Humanas, hasta enero de 2023 al menos un 43% de los obstetras contratados/as en hospitales públicos habilitados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es objetor de conciencia en la causal violación. Otras cifras muestran la obstrucción del derecho a la IVE que produce la apelación a la objeción de conciencia, la cual, en este segundo proceso constitucional busca ir más allá.

Durante la jornada del lunes, la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos del Proceso Constitucional 2023 aprobó la idea de reconocer la objeción de conciencia individual e institucional en un “derecho fundamental”: ¿Qué diferencia hay en relación al actual marco legal y qué implicaría esto?

Para la abogada de Corporación Humanas Luz Reidel, la principal diferencia que hay entre el marco legal actual sobre objeción de conciencia y el que propone la enmienda- que deberá ser votada por el pleno y de aprobarse formaría parte del nuevo proyecto de constitución- tiene que ver con dos cosas.

“El marco legal actual sobre objeción de conciencia en lo que refiere a la interrupción voluntaria del embarazo (la Ley 21.030) resguarda el carácter excepcional que debe tener la institución de la objeción de conciencia, que se deriva de la libertad de conciencia, pero que no está reconocido en el ámbito internacional como un derecho en sí mismo, sino como una institución particular que permite a ciertas personas bajo determinados supuestos a abstenerse o eximirse del cumplimiento de una obligación que le impone la ley”, indica.

“Lo que propone la enmienda constitucional es elevar la objeción de conciencia a un derecho fundamental, es decir, que va a ser un derecho que, en caso de aprobarse en el pleno, está por sobre otras situaciones y deja de tener un carácter excepcional, es decir, deja de estar circunscrito únicamente a la interrupción voluntaria del embarazo o a una situación en particular y le da un carácter de generalidad”, agrega.

Con ello, la objeción de conciencia podría ser utilizada “por distintos grupos y bajo distintos supuestos para eximirse de otras obligaciones de carácter legal que pesen sobre ellos”, lo cual puede “generar una situación muy compleja en términos de cumplimiento de la ley y el Estado de Derecho”.

“Puede traer consecuencias muy preocupantes y muy graves no sólo en el ámbito del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, las niñas y las adolescentes”, subraya la abogada.

Al ser considerada un derecho fundamental, tendría jerarquía constitucional. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, en el caso particular del aborto, si un médico apela objeción de conciencia frente a una mujer que solicita la aplicación de la IVE, al tener rango constitucional ambos derechos “se encuentran a la misma altura o en la misma jerarquía”. Así, al momento de resolver una contraposición como esta se podrían generar “mayores dificultades”, explica la especialista.

Nota publica en El Mostrador 

Una de las primeras preguntas que se realiza en la encuesta Casen es quién tiene la “jefatura del hogar”. “Es una declaración tradicional que se hace al inicio de las encuestas (y censos) para ayudar a vincular a los distintos miembros del hogar con uno de sus integrantes”, explica David Bravo, economista y director del CEEL UC. “Básicamente es una pregunta que tiene por objeto que la persona que está respondiendo pueda enumerar de manera adecuada a los miembros del hogar y que ponga un referente de esas personas”, añade.

Aunque se trata de una definición autodeclarativa, vale decir, que depende de quién responda, y los criterios que ocupe para determinar quién es la cabeza de ese hogar, en los últimos 32 años prácticamente se ha duplicado la proporción de hogares que declara tener una mujer como jefa de hogar. Si en 1990 el 20,2% de los hogares tenía a una jefa de hogar, en 2022 el 47,7% tiene un liderazgo femenino, según cifras Casen.

En 2022, a partir de los datos de esta encuesta (que incluye el trimestre noviembre 2022 a enero 2023), había siete millones de hogares en el país. De ellos, un 47,7% tenía a una mujer declarada como jefa de hogar, es decir, un total de 3,34 millones de hogares, mientras que 3,66 millones de hogares tenían a un hombre declarado como jefe de hogar (52,3%).

Según Bravo, a medida que los patrones culturales van cambiando, pareciera ser también lo que está detrás. Así se demuestra con “esta mayor autodeclaración como jefas de hogar en el caso de las mujeres”.

Eduardo Pino, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Magallanes, explica que el que la mujer sea la que lleve el hogar en la familia no es necesariamente un fenómeno nuevo. “En nuestro país la mayor parte de las familias monoparentales es liderada por una mujer, adoptando la responsabilidad de criar y educar a los hijos sola. Lo que ha cambiado gradualmente con el tiempo son los prejuicios que la sociedad evaluaba de una mujer sola, ya que a pesar del sacrificio de enfrentar las dificultades sin ayuda, se valoraba la estructura de una familia tradicional”, añade Pino.

Uno de los factores que han hecho que las mujeres se consideren como jefas de hogar es la mayor independencia económica. “Esto está estrechamente relacionado con la mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo”, señala Manuel Ortiz, director del doctorado de Psicología de la Universidad de La Frontera.

A pesar de que tanto hombres como mujeres tienen las mismas habilidades para conducir un hogar, posiblemente las diferencias que se observan se deben a patrones de socialización y de crianza, donde se enseña a los hombres a tener un rol más pasivo en relación con las tareas del hogar.

En la medida en que los patrones de socialización y de crianza propendan hacia la distribución equitativa de roles y responsabilidades en el hogar y también en el mundo del trabajo, es posible que se vea a más hombres haciendo labores del hogar.

Sin embargo, “las presiones asociadas al estereotipo de lo que una mujer debe hacer, lamentablemente siguen estando presentes puertas adentro”, añade el académico UFRO. Durante el confinamiento esto se pudo observar con más fuerza: a las labores del hogar se sumó el teletrabajo para las mujeres.

La redistribución de las labores de cuidado “no puede seguir siendo algo que corresponda solo a las mujeres”, dice Luz Reidel, abogada de Corporación Humanas. Debe redistribuirse de manera equitativa entre hombres y mujeres, y es por eso que debemos avanzar hacia un modelo que nos permita redistribuir las labores de cuidado entre las familias y el espacio público.

“Porque en la medida en que no avanzamos hacia ese lugar, no estamos avanzando en igualdad para todas las personas”, añade.

Reidel explica que el mayor conflicto al definir el concepto de “liderazgo” en este caso tiene que ver con la multiplicidades de deberes y de tareas que las mujeres realizan en la actualidad: “Lamentablemente, vemos que dada esta multiplicidad de roles en que persiste esta visión tradicional que impone a las mujeres los roles que dicen relación con los cuidados de la familia, de quienes requieren cuidados, con las tareas domésticas, esto lo ejercen de manera sumamente desproporcionada”.

Lo que, en definitiva, según Reidel, ralentiza el proceso de incorporación de la mujer a este tipo de posiciones de liderazgo. Además, el concepto de liderazgo “es algo que tenemos que transformar también hacia un enfoque en los derechos de las mujeres de ocupar espacios de poder y de toma de decisiones, porque más allá de hacerlo o no, las mujeres tenemos el derecho de participar en estos espacios en igualdad de condiciones”.

Según el INE, solo el 52,7% de las mujeres que está en edad de trabajar lo hace. Diferente al 73,8% de los hombres. El 96,6% reconoce, además, que los motivos son principalmente razones familiares permanentes (sólo un 1,7% de los hombres da esa razón), es decir, tener que realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en sus hogares. Mientras que para los hombres la principal razón es estar estudiando (38,4%).

Además, otros datos muestran que las mujeres destinan 5,94 horas promedio en ocio y vida social, los hombres dedican 6,43 horas al día, una diferencia diaria de 0,49 horas (29,4 minutos), lo que en una semana suma 3,43 horas.

A pesar de los números, ¿ha mutado realmente el rol de la mujer en los hogares chilenos durante los últimos 20 años?

“Los roles que cumplen las mujeres están multiplicados”, señala Reidel. Porque el rol tradicional que cumplen las mujeres dentro de los hogares, que ha sido asignado en base a estereotipos de género, como hacerse cargo del cuidado de la familia y del hogar, “no ha cambiado de manera sustantiva en las últimas cifras con las que contamos, que nos muestran que las mujeres se dedican desproporcionadamente a las labores de cuidado versus el tiempo que dedican los hombres”.

Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, explica que depende de los hogares, ya que hoy claramente existe mayor conciencia del concepto de corresponsabilidad, “pero esto se da principalmente en los sectores más acomodados”. En estos segmentos es casi impensable que la mujer no trabaje debido a los costos y estándares de vida. “Eso ha generado que las parejas tengan que también hacerse responsables, de manera más balanceada, de los hijos, de los colegios, de la casa”, añade.

En los contextos vulnerables, sin embargo, se ha avanzado de forma muy distinta. “Como fundación, hemos visto que muchas mujeres al estar solas no tienen opciones de emplearse o emprender, por no tener alternativas de cuidado para los hijos. Tampoco acceden a empleos formales, porque no pueden cumplir horarios. Otras, estando en pareja, tampoco trabajan porque deben cuidar a los niños. La autonomía financiera es clave para que las mujeres seamos libres y esto en los contextos vulnerables, lamentablemente, es mucho más complejo”.

La mayor apertura e incorporación de mujeres a los espacios universitarios, académicos, y laborales ha significado que las mujeres asumen roles a su quehacer cotidiano, “lo cual no implica necesariamente que los roles típicos asociados a hombres y mujeres hayan cambiado”, dice Ortiz.

“Me inclino a pensar que más bien las mujeres han mantenido su rol tradicional”, añade el académico, y a este le han sumado mayor participación en el mundo profesional, lo cual, ciertamente, va en detrimento de ella, pues uno puede observar situaciones como la “sobrecarga del rol”, que se asocia a peores resultados en salud mental y física. Entonces, eso significa que las mujeres han sumado roles, sin que eso necesariamente haya implicado que los hombres lo hayan hecho.

Para reducir la brecha en cuanto a los roles, lo primero que se debe hacer, de acuerdo a Reidel, es generar un cuestionamiento respecto de dónde viene esta imposición de roles para poder modificarlo. Es decir, se debe favorecer que existan los cambios socioculturales, para que la sociedad completa comprenda e interiorice que hombres y mujeres son iguales. “Que debemos tener las mismas oportunidades y, en definitiva, se nos deben reconocer y asegurar los mismos derechos. ¿Qué requiere esto? Por una parte, una política de Estado”, enfatiza la abogada.

Asimismo, uno de los pasos para avanzar en ello es valorar y reconocer, en definitiva, las labores de cuidado y el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. “Todavía estamos en una sociedad en que ese tipo de trabajos son asociados a otros valores y no al dinero, y no se encuentran reconocidos, una tarea que carece de todo prestigio social y debemos avanzar hacia esa valoración y hasta ese reconocimiento”, enfatiza la abogada.

¿Se podría esperar un aumento en las jefaturas de hogar por parte de las mujeres? Bravo afirma que “sí, vamos a ir caminando hacia un mayor emparejamiento en la declaración de jefatura de hogar. Precisamente, porque los hogares con cónyuge van a seguir aumentando”. De hecho, dentro de muy poco, la mitad de los hogares en Chile serán liderados por una mujer.

Reportaje publicado en La Tercera

Publica el 18 de agosto de 2023.-

Aunque sólo han pasado tres meses desde la elección de quienes integran el Consejo Constitucional, el recuerdo de la franja electoral parece muy difuso. Atrás han quedado las promesas de solucionar los problemas de seguridad que hizo en ese momento el Partido Republicano y que contribuyeron a que sean mayoría en el Consejo, y con ello, a una alta visibilidad y conocimiento público de este partido.

Hoy estas promesas parecen haber sido un caballo de Troya utilizado para ingresar a los espacios institucionales y emprender así una arremetida en contra de derechos legalmente reconocidos, develando una agenda cuyas prioridades ponen en peligro la autonomía y la vida de las mujeres. Ya lo hicieron con las enmiendas presentadas por el partido en el proceso constitucional y recientemente  su presidente dobló la apuesta para el ámbito legislativo: “Cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales que creemos atenta a la vida”.

Esta propuesta contrasta con la opinión que la mayoría de las personas manifiesta en relación al tema. En la encuesta publicada recientemente por el Centro de Estudios Públicos, apenas un 19% de las personas se manifiesta en contra del aborto en cualquier caso, un 49% señala que debe estar permitido sólo en situaciones  especiales y se triplicó el porcentaje de quienes indican que debe ser una opción para las mujeres en cualquier circunstancia , alcanzando un 30%. Es decir, sumando las dos últimas alternativas, casi un 80% de quienes viven en Chile consideran que las mujeres tienen el derecho de decidir respecto de sus cuerpos y sus embarazos.

La postura del Partido Republicano respecto de la ley de interrupción del embarazo en tres causales debe poner en alerta no sólo a los movimientos feministas y de mujeres, sino a una sociedad completa que se pronuncia de manera consistente en favor de estos avances. Si no queremos enfrentarnos a retrocesos tan dramáticos como lo vivido en Estados Unidos con la derogación, a 50 años de su dictación, del fallo de la Corte Suprema que permitía a las mujeres abortar de manera legal, es momento de tomarnos en serio la irrupción de sectores ultraconservadores que buscan activamente despojarnos de los derechos que nos han sido reconocidos y asumir que esto es una posibilidad cierta si no tomamos la responsabilidad de impedirlo.

En escenarios como el actual, en que el tema de la seguridad acapara la conversación, no es de extrañar que se dejen de lado cuestiones que, siendo también prioritarias, parecen menos apremiantes precisamente por encontrarse garantizadas en la ley. Sin embargo, antes de que sea demasiado tarde y se instale en el Congreso una mayoría conservadora que impulse retrocesos significativos para los derechos de las mujeres y que son además valorados por la población, es necesario tomar conciencia de una realidad alarmante: el objetivo de derogar la ley de aborto en tres causales se traduce, en palabras sencillas, en la intención de perseguir, criminalizar y encarcelar a las niñas y mujeres que decidan interrumpir  su embarazo si han sido violadas, cuando su vida corra peligro o cuando la vida del feto sea inviable. La promesa, finalmente, es condenar a esas mujeres a abortar de manera clandestina e insegura.

Por Luz Reidel Wagner, abogada de Corporación Humanas en diario electrónico de Radio Universidad de Chile 

Santiago 01 de agosto, 2023

La actual Constitución asegura el derecho a la vida y mandata a la ley a proteger la vida del que está por nacer. Si bien esta disposición se invocó como un obstáculo para introducir modificaciones que permitieran la interrupción voluntaria del embarazo, en el año 2017 el Tribunal Constitucional despejó toda duda al señalar que la protección del no nacido no debe redundar en una desprotección ni sobreprotección a la persona de la mujer gestante, en tanto que el feto o embrión no tiene el mismo estatus y, por tanto, no le asisten los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas. Gracias a ello entró en vigencia la ley que, si bien no soluciona del todo la vulneración de derechos que significa para las mujeres la criminalización del aborto, ha permitido desde su entrada en vigencia que miles hayan accedido a este procedimiento de manera segura.

Hoy, la protección del no nacido, la forma que ésta adopte, su estatus legal y las consecuencias para la vida y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres se han convertido en un terreno de disputa en el proceso constitucional. El anteproyecto aprobado por la Comisión Experta, con representación de todos los sectores políticos, propone asegurar a todas las personas el derecho a la vida, sin otra mención adicional. Mientras que las bancadas de oposición del Consejo Constitucional proponen enmiendas que apuntan a explicitar la protección del que está por nacer, un matiz que es relevante para la autonomía reproductiva de las mujeres y para la subsistencia de la ley 21.030.

La propuesta, además de regresiva, contradice lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y también lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autorizado para la interpretación de los tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile, que al interpretar el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos (frecuentemente aludida para justificar normas como la que se pretende introducir al texto constitucional) es categórica al señalar que la protección de la vida prenatal es gradual e incremental –y no absoluta– de la vida prenatal y que el embrión no puede ser entendido como persona (caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica).

Ya conocemos retrocesos en materia de derechos de las mujeres en nuestra historia. Mientras que un presidente democristiano, Eduardo Frei Montalva, fue quien impulsó la distribución de anticonceptivos y la modificación del Código Sanitario para facilitar el acceso al aborto terapéutico que existía desde 1931 en nuestro país, la dictadura introdujo medidas restrictivas a distintos niveles para retroceder en derechos de las mujeres: primero a nivel constitucional con el mandato de protección legal del que está por nacer, y luego con la modificación al Código Sanitario que prohibió completamente la interrupción del embarazo.

En cualquier democracia que se precie de serlo, escribir una nueva Constitución debe ser una oportunidad para reconocer y garantizar derechos a todas y todos. Que el nuevo texto constitucional obstaculice o intente retroceder en logros legales tan importantes como la ley de interrupción voluntaria del embarazo es algo inadmisible para una sociedad democrática como la nuestra, pues pone en peligro no sólo la autonomía de las mujeres, sino también derechos tan básicos como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y psicológica.

En el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado la encuesta Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, arroja resultados alarmantes: un 36% de las personas encuestadas señala que “los militares tenían razón en dar el golpe de Estado en 1973“. Este momento es uno de los más trágicos y oscuros de nuestra historia, que cobró vidas, víctimas de tortura y de violencia política sexual, separó y exilió familias e inició una dictadura que se extendió por 17 años.

Si bien esta cifra aparece como paradójica en el marco de esta conmemoración, nos preguntamos si no es precisamente el transcurso del tiempo el que pone al golpe de Estado a una distancia tal que nos impide apreciar su gravedad con nitidez. Así como los espejos retrovisores advierten que los objetos están más cerca de lo que parecen, parece necesaria una advertencia respecto de ciertos hechos históricos.

Quienes hoy somos personas de 33 o menos años hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarnos en el marco de un régimen democrático. En la misma encuesta observamos un dato que revela el desconocimiento de lo vivido en aquella época como posible causa de su justificación: ante la consulta por su conocimiento sobre el golpe de Estado, un 32% de las personas encuestadas declara saber poco o nada, y esta cifra se eleva a un 36% en el tramo de los 36 a 52 años, y hasta un 41% en el rango de los 18 a 35 años.

Siendo la democracia el pilar fundamental de la sociedad, y el respeto y garantía de los derechos humanos condición necesaria de nuestra existencia y desarrollo, cifras como las develadas deben ponernos en alerta y llamarnos a la reflexión sobre las acciones necesarias para consolidar y proteger nuestro régimen democrático, promoviendo su conocimiento y valoración.

La memoria cobra hoy aún más importancia. Recordar los horrores del pasado es necesario para honrar a quienes perdieron la vida, para celebrar la de quienes sobrevivieron a sus vejámenes y, además, para conocer y reconocer lo que hoy vemos con distancia y que nos despojó de la democracia, de nuestros derechos humanos y de nuestra propia libertad. Finalmente, para tomar conciencia de que nada justifica que se levanten las armas en contra de los habitantes de un país y se ponga en suspenso el ejercicio de los derechos más básicos.

Es por ello que este año las expectativas están puestas en una conmemoración que esté a la altura de lo ocurrido y del riesgo que supone para la democracia su desconocimiento. Esto requiere, además, señales claras respecto de la importancia del reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

Debemos comprender nuestra historia, ser conscientes de que Chile no siempre ha sido como lo conocemos, con democracia y respeto a los derechos humanos. Solo así lograremos articular nuestros esfuerzos colectivos para evitar que se repitan los graves hechos del pasado.

Publicada el 02 de junio, 2023.-

La abogada Luz Reidel de la Corporación Humanas, explica que «el caso tiene relevancia, pues nos da la oportunidad de visibilizar casos que forman parte de manera muy lamentable de la cotidianidad de las mujeres en sus trabajos». Sobre la liviandad que algunos han planteado por tratarse solo de «chistes» de doble sentido, Reidel dice que «si bien tienen culturalmente cierto arraigo, son cosas que hay que erradicar»

La Segunda contactó a Comunidad Mujer y académicas afines a estos temas, pero se excusaron de opinar. Desde La Morada y el Centro de Estudios de la Mujer se solicitó el envío de un correo electrónico con la consulta, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Noticia publicada en La Segunda, jueves 01 de junio de 2023.-

Uno de los aspectos más destacados, tanto a nivel nacional como internacional, de la primera etapa del proceso constituyente fue la paridad de género en la Convención Constitucional. Gracias al intenso trabajo de organizaciones feministas y de mujeres, académicas y parlamentarias, tuvimos una primera elección que aseguró la integración equilibrada entre mujeres y hombres.

Pese a la relevante participación que las mujeres convencionales tuvieron en ese período, la paridad del órgano no alcanzó a permear su representación en los medios de comunicación durante el debate constitucional. Luego del plebiscito volvimos muy pronto a lo acostumbrado: paneles de expertos y políticos con una alta predominancia masculina.

Con la firma del “Acuerdo por Chile” para un nuevo proceso constituyente, se mantiene y profundiza la invisibilización de las lideresas políticas. En la extensa negociación muchas mujeres tuvieron un rol protagónico, sin embargo las portadas nuevamente nos presentaron fotos solo de varones, como si se tratara de un acuerdo entre hombres, lo que generó críticas tanto en redes sociales como pronunciamientos de la Ministra de la Mujer y el Presidente de la República, reprochando el abordaje de los medios.

Este último episodio es una contradicción incluso con el propio texto del Acuerdo, que plantea una integración paritaria de la Comisión Experta y un Consejo Constitucional con “paridad de entrada y de salida”, pero es a la vez un triste recordatorio del peligro constante que corre la visibilidad pública y la participación política de las mujeres.

En este escenario, y reconociendo que la paridad no se ha plasmado institucionalmente en nuestro país, hay que recordar que la paridad de salida no admite dobles interpretaciones, pues exige la incorporación de mecanismos de corrección que aseguren una integración equilibrada entre mujeres y hombres en el órgano constituyente.

Estos mecanismos vienen a reparar un déficit democrático sumamente relevante de nuestra institucionalidad, pues los órganos de representación política no reflejan, ni de lejos, la distribución demográfica entre hombres y mujeres, y demostraron su efectividad en la elección de las convencionales constituyentes.

Al aplicar la corrección algunas mujeres con mayor votación debieron ser reemplazadas por varones, para preservar el equilibrio de género. Que más mujeres resulten votadas es un efecto de las reglas de paridad aplicadas, ya que los partidos políticos postulan a candidatas más competitivas, en contraste a lo que ocurre con las leyes de cuotas solo en la conformación de las listas, donde suelen incorporarse a mujeres como “acompañantes” de sus pares hombres.

A raíz de esto hay quienes, aunque antes nunca abogaron por la participación política de las mujeres, hoy argumentan falazmente en contra de estos mecanismos acusando que perjudican a las mujeres. Lo cierto es que de no ser por las fórmulas de corrección el resultado en caso alguno hubiera beneficiado a las candidaturas de mujeres. Esto bien lo saben las candidatas y los movimientos feministas y de mujeres que defienden e impulsan la paridad, quienes no reclamaron por la corrección, entendiendo que era necesaria para el bien mayor que había sido alcanzado: un órgano integrado de manera equilibrada.

Los mismos mecanismos para alcanzar la paridad deben formar parte de la redacción de la reforma constitucional que recoja el acuerdo político por un nuevo proceso constituyente. Así han dado su palabra las fuerzas políticas que lo firmaron y, en definitiva, es un compromiso que debiera ser transversal en nuestra sociedad, en los medios de comunicación y en la política: asegurar la participación de las mujeres es alcanzar un mínimo intransable para avanzar hacia una democracia plena.

Por Luz Reidel Wagner, abogada de Corporación Humanas en La Tercera 

Lo que pasó. Durante la tarde de ayer lunes, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción dictó sentencia contra Carlos González, de 75 años, como el autor del delito de femicidio íntimo contra su esposa en la comuna de San Pedro de la Paz.

Los hechos se remontan al 15 de diciembre de 2020, cuando el hombre asesinó a su esposa en la vivienda que compartían en el sector Michaihue de la comuna. La mujer había denunciado al agresor por violencia intrafamiliar ante Carabineros y  solicitado acompañamiento legal y psicológico.

El caso marca un hito pues se trata del primero en la Región del Biobío que se investiga usando las herramientas de la Ley Gabriela.

Fallo. En definitiva, el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción condenó a Carlos González a la pena de 17 años de cárcel por el delito de femicidio íntimo. Además, se estableció una indemnización de 50 millones de pesos por daño moral al hijo del matrimonio.

Ley Gabriela. El 2 de marzo de 2020 se promulgó la denominada Ley Gabriela, en homenaje póstumo a la joven Gabriela Alcaíno Donoso, asesinada junto a su madre por su pololo el 12 de junio de 2018.

La Ley Gabriela está destinada a sancionar la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos que amplían el concepto de femicidio a los casos en que ocurre fuera de una relación afectiva -femicidio por causa de género- y el femicidio íntimo que incorpora la relación de pareja con el autor del delito, habiendo existido o no convivencia. De igual modo incorpora la figura de la violación con femicidio.

Los culpables podrán ser condenados con penas desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir de 15 años y un día a 40 años.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional a fines de 2018 tras una moción presentada por las parlamentarias Karol Cariola, Camila Vallejo, Gael Yeoman, Marcela Sabat, Cristina Girardi, Maya Fernández, Daniella Cicardini, Gabriel Silber, Jaime Tohá y Víctor Torres. Además, la iniciativa contó con el respaldo del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La abogada de la Corporación Humanas, Luz Reidel, detalló la importancia de la puesta en marcha de la Ley Gabriela.

“Hasta la aplicación de esta ley en el año 2020 cualquier feminicidio que se realizara fuera de las hipótesis de convivencia, eran sancionados como homicidio simple u homicidio común, quedando invisibilizada la violencia en el pololeo y cualquier de relación afectiva fuera de la convivencia (…) Esta ley incorpora dos distintas hipótesis, por una parte, la violencia en razón de género y además, el femicidio en razón de relaciones afectivas distintas de la convivencia en pareja”, sostuvo.

Publicado en Súbela 

Hace algunas semanas fuimos testigos de los dichos transfóbicos emitidos por el diputado Gonzalo de la Carrera en contra de la diputada Emilia Schneider, primera parlamentaria trans de nuestro país. Luego, en el punto de prensa posterior al hecho, él mismo calificó de “feminazis» a las diputadas que manifestaban su apoyo a la parlamentaria afectada.

Si bien es esperable que se manifieste el disenso entre quienes participan del debate político, afirmaciones como las expresadas por el parlamentario escapan a lo que podemos entender como una opinión legítima en este contexto y corresponden a dichos manifiestamente discriminatorios que impiden sostener un diálogo democrático saludable. La erradicación de este tipo de conductas supone un desafío necesario para alcanzar una democracia plena.

La incorporación de las mujeres y diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisión política se ha enfrentado históricamente a obstáculos que aún son muy difíciles de franquear. Si bien se han adoptado medidas legislativas que buscan asegurar la participación de las mujeres en el Congreso, como la Ley 20.840, que establece una cuota de género en las candidaturas, y se ha instalado en el debate la necesidad de avanzar hacia leyes que aseguren la paridad en estos y otros órganos políticos, se trata de medidas insuficientes si, al acceder a estos espacios, nos vemos enfrentadas a ejercicios de violencia política de género, manifestada, entre otras formas, a través de discursos que menoscaban nuestra identidad, nuestras capacidades y nuestras convicciones políticas.

Esta particular manifestación de la violencia de género es propia de una sociedad como la nuestra, que ha relegado históricamente a las mujeres a la esfera de lo privado y ha aceptado la violencia como mecanismo de disciplinamiento. La incorporación de las mujeres y las diversidades sexogenéricas en los espacios de toma de decisiones públicas exacerba la violencia de aquellos que buscan restringirla, ya que cuando ocurren este tipo de hechos la víctima directa no es la única afectada, pues la violencia es observada por otras mujeres que ven cómo sus pares que deciden participar del debate político son atacadas.

A raíz de los hechos recientes se alzaron voces desde distintos sectores exigiendo una modificación al Reglamento de Ética de la Cámara que agrave las sanciones para este tipo de conductas. Además, el Ejecutivo anunció que se pondría urgencia al proyecto, actualmente en tramitación, que busca incorporar como causal de remoción de los parlamentarios el incurrir en actos de violencia.

Si bien una condena transversal cuando ocurren hechos de esta naturaleza es necesaria, pues envía un mensaje de que son inaceptables en nuestra sociedad, una respuesta punitiva es insuficiente para disuadir a futuros agresores de incurrir en conductas como la descrita y no da cuenta de la magnitud y el carácter estructural de la problemática.

Una democracia plena requiere de la participación de todas, todos y todes en los espacios donde se toman las decisiones y para resguardar este objetivo es indispensable erradicar la violencia política de género. Para ello, además de las sanciones a hechos concretos, es indispensable y urgente que se diseñen e implementen políticas públicas que fomenten una cultura de participación democrática, que erradiquen los estereotipos de género, que prevengan las manifestaciones de violencia y que fiscalicen la actuación de las autoridades públicas.

Columna de opinión de Luz Reidel en El Mostrador