El caso llegó incluso a la Corte de Apelaciones de La Serena, donde familiares de una de las víctimas solicitaron impedirle volver a referirse al tema. En paralelo, diputados de la UDI han emitido más de 300 oficios pidiendo información sobre sus contratos, honorarios y presentaciones. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres lo ha descrito con claridad: se trata de una persecución política, que usa el aparato institucional para vigilar y amedrentar a una mujer.

Conviene detenerse aquí. No estamos frente a una simple discusión sobre los límites del humor. Lo que está en juego es el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática. Como recordó el rector Carlos Peña en su columna reciente, “una cosa es el deber moral o la prudencia de no decir algo, y otra muy distinta es que el Estado o un tribunal puedan sancionar jurídicamente a quien lo dice”. La frontera legítima de la libertad de expresión no está en la incomodidad, ni en el mal gusto, sino en el discurso de odio: aquel que incita a la violencia y amenaza la seguridad de personas o grupos.

Si aceptamos que un chiste o una frase —por torpe que sea— pueda terminar perseguida judicialmente, corremos el riesgo de abrir la puerta a la censura y a la autocensura, donde artistas o comediantes midan cada palabra bajo la amenaza de sanción.

Lo que agrava aún más la situación es que la Corte de Apelaciones de La Serena dictará una orden de no innovar que, en la práctica, constituye un caso de censura previa. Tanto la Constitución chilena como la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben expresamente este tipo de medidas: toda restricción legítima debe ser siempre posterior a lo expresado, nunca impedir de antemano que alguien hable. Este tipo de prohibiciones ambiguas no solo son inconstitucionales, también sientan un precedente peligroso para el humor, la crítica y la democracia misma.

Pero hay algo más. Cuando la persona en cuestión es una mujer, las consecuencias se amplifican. Natalia Valdebenito no enfrenta únicamente críticas legítimas: es blanco de un acoso sistemático que incluye cuestionar su trayectoria, su trabajo y los montos que recibe por sus presentaciones. Ese escrutinio no es neutro; responde a un patrón conocido de violencia digital de género que busca disciplinar a las mujeres que opinan en el espacio público. Lo hemos visto en periodistas, en políticas y en activistas: mientras más visible y crítica es su voz, más intensa es la reacción que busca silenciarlas.

Reconocer el dolor de las familias de los mineros es indispensable. Nadie puede restar importancia a esa sensibilidad. Pero una cosa es el legítimo debate social sobre lo que se considera aceptable, y otra muy distinta es judicializar la expresión artística. En democracia, las tensiones se resuelven con más diálogo, más discusión y más ideas, no con persecuciones ni censuras.

Una democracia madura no necesita perseguir a sus comediantes en los tribunales. Lo que necesita es más capacidad de debatir sin linchar, de disentir sin destruir, de escuchar sin convertir la diferencia en una amenaza.

Por Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicaciones de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, el 04 de septiembre, 2025.- 

Washington D.C. – En cumplimiento de la recomendación 48 del informe país «Situación de Derechos Humanos en Chile», publicado en enero de 2022, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Chile entre los días 18 y 21 de marzo y en el marco del Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Situación De Derechos Humanos en Chile (MESECH). En misión liderada por el Comisionado José Luis Caballero Ochoa como Relator país para Chile y equipos técnicos de la Secretaría, la RELE participó de sesiones de gran utilidad para monitorear la situación de la libertad de expresión en el país. La Relatoría Especial anuncia su disponibilidad para recibir información adicional para la elaboración de su informe y formular recomendaciones.

El Relator se reunió con la Ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo Dowling, así como con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública y con diversas autoridades del Estado. En esta oportunidad, el Relator también estuvo presente en el Acto de firma del Acuerdo de Cumplimiento del Caso 12.799 (Caso Radio Estrella). La Relatoría Especial agradece el apoyo prestado por la Cancillería a través de su División de Derechos Humanos, y valora las facilidades para la realización de la visita. La Relatoría Especial recibió información valiosa sobre el derecho a la libertad de expresión, las medidas adoptadas y en curso para garantizarlo y los desafíos que aún subsisten en la materia. El Relator se entrevistó con el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en América del Sur, Jan Jarab, y su equipo técnico.

La Relatoría recibió información de periodistas y comunicadores; representantes y directivas de medios de comunicación nacionales y comunitarios; la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil que hacen seguimiento a situación de la libertad de expresión en internet y que luchan contra la discriminación de género, sexual, racial, étnica y por origen nacional. Esta oficina reconoce los esfuerzos y acciones de distintas entidades de la sociedad civil comprometidas con la promoción y defensa de la libertad de expresión para gestionar actividades y reuniones en el marco de esta visita oficial. El Relator agradece a las personas activistas, periodistas y defensores de derechos humanos que atendieron a las sesiones de trabajo y presentaron sus informes, relatos y testimonios ante la delegación.

El Relator Especial urge a las autoridades a continuar tomando acciones sobre los reportes de violencias contra periodistas en el país, referidas principalmente al crimen organizado y su despliegue expansivo en el pasado reciente. De forma protagónica y como una honda herida en el periodismo chileno, el Relator resalta el asesinato de la periodista Francisca Sandoval en el contexto de una protesta en 2022, donde si bien existe información pública sobre el avance en el proceso penal y la próxima realización del juicio oral en contra del acusado, la RELE recibió denuncias de insatisfacción sobre el alcance de las investigaciones y escuchó reproches sobre no auscultar suficientemente omisiones institucionales que pudieran haber facilitado el crimen. De igual forma la Relatoría hace un llamado al esclarecimiento de reportes sobre abusos de las fuerzas de seguridad pública.

Entre otras, la RELE registra alegaciones y casos en los que se decantan responsabilidades sobre interceptaciones telefónicas y espionaje a periodistas, así como reportes sobre la activación y permanencia de procesos penales contra periodistas que han investigado sobre asuntos de interés público. A las denuncias de periodistas se suman medios comunitarios y algunas organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de grupos históricamente discriminados que también enfrentan procesos judiciales que consideran están orientados a limitar el alcance de su voz en el debate público. Las querellas judiciales activadas en contra estos grupos de personas también producirían un particular efecto de autocensura.

Para la preparación de este comunicado, las autoridades del Estado han señalado que ven con preocupación las denuncias recibidas por la Relatoría. En relación con los procesos judiciales contra periodistas, el Estado señaló que, de acuerdo con la información disponible, algunas de las denuncias interpuestas contra periodistas y comunicadores por parte de particulares o autoridades locales, quienes se han sentido afectadas por la labor periodística o de comunicaciones, han sido declaradas inadmisibles por los tribunales de justicia. En relación con las denuncias sobre interceptaciones telefónicas y espionaje, las autoridades del Estado han señalado que estas situaciones se han ventilado en la justicia, registrándose al menos la imputación en contra de un juez por autorizar intervenciones de este tipo, así como de un exoficial de inteligencia del Ejército.

El Estado de Chile ha manifestado su disposición a levantar constructivamente información objetiva sobre estos asuntos con el fin de identificar situaciones de afectaciones a la libertad de expresión, información y prensa y adoptar medidas apropiadas, dentro del marco del estado de derecho y la protección, garantía y promoción de los derechos humanos.

Por otro lado, en lo que respecta a la diversidad y el pluralismo en el periodismo, se reiteraron las consideraciones sobre la concentración de medios de comunicación, sus implicancias en la libertad de expresión y en el derecho a una sociedad informada. Pese a que se reconoce la existencia de políticas del Estado orientadas a la reserva del espectro radioeléctrico, el Relator recibió quejas sobre la concentración de una gran parte de las concesiones en pocos actores. Según se indicó en la delegación, la regulación vigente estimularía mantener indefinidamente en el tiempo las principales concesiones de frecuencias comerciales bajo una misma administración. En diálogos sobre pluralidad se indicó que la participación en medios de comunicación no necesariamente refleja la diversidad de la sociedad chilena. La RELE destaca con particular preocupación los reportes sobre la vigencia de facultades en las autoridades locales que podrían derivar en el cierre de radios comunitarias. Según se indicó, la sola existencia de estas facultades ya genera autocensura que afecta a la confianza para la difusión de algunos contenidos ante el temor a represalias.

En materia de Acceso a la Información pública, la Relatoría ha reconocido la actuación de los órganos garantes chilenos. No obstante, durante la visita esta Oficina conoció de reportes sobre alegadas restricciones a pedidos de acceso a la información y la reiterada prórroga de los plazos de respuesta. También informó sobre los desafíos para una operación plena del Consejo de Transparencia durante meses debido a la demora en la designación de personas consejeras cuando algunas posiciones quedaron vacantes, esto habría dificultado que la arquitectura institucional prevista pudiera responder adecuadamente a operatividad del órgano a las controversias cotidianas.

El Relator Especial registra positivamente que Chile ha dispuesto de espacios para enrutar desafíos conectados con el ambiente digital a través de la instalación de la Comisión contra la Desinformación, una instancia activada por el Ministerio de Ciencia conforme a metodologías previas en las que el Estado acude a la academia y la sociedad civil para discutir y entender desafíos de país. La RELE toma nota de las críticas de distintos sectores sobre la Comisión y considera relevantes los análisis producidos por este mecanismo. Tras una escucha abierta con los integrantes de la Comisión, el Relator Especial valora tanto el proceso como el resultado que atiende el estado de la conversación y registra el especial cuidado que la Comisión y sus integrantes dieron al derecho a la libertad de expresión. Si bien las críticas tuvieron un efecto valioso en tanto elevaron la observación social sobre el trabajo de la Comisión -y por lo tanto abonaron a la calidad de proceso y del resultado- también es cierto que algunos actores relevantes tomaron distancia de una conversación que les implica y donde su opinión y participación es importante.

La Relatoría anima a que el Estado, junto con las partes interesadas, puedan avanzar en el debate sobre la adopción las recomendaciones de la Comisión contra la Desinformación y formular las mejores prácticas que puedan abordar los distintos retos para garantizar la libertad de expresión en línea, incluso de grupos históricamente silenciados. Sobre este aspecto, durante la visita, se reportó sobre la difusión de mensajes estigmatizantes en línea, que propician el acoso y el hostigamiento, los cuales pueden manifestarse en expresiones de discriminación y violencia por origen étnico-racial, situación socioeconómica, género y sexualidad, identidad política y origen regional.

La RELE aprovecha esta ocasión para valorar la iniciativa del Estado chileno de ser sede del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo de 2024, con el tema «La Prensa por el Planeta: el Periodismo ante la Crisis Ambiental», comprometiendo a sus instituciones y representantes en la difusión de estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. Finalmente, la Relatoría informa sobre la apertura de un proceso de recepción de información adicional, que se extiende hasta el 31 de mayo, a partir del cual procederá a analizar la información recibida y elaborará su informe sobre la situación de la libertad de expresión en el país.

La Oficina invita a las entidades y organizaciones a enviar información, la cual puede ser remitida por correo electrónico: cidhexpresion@oas.org.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Comunicado publicado el 20 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

El 3 de mayo se conmemoró el día mundial de la libertad de prensa y se ha puesto en el debate público la importancia de la libertad de expresión para la democracia y las complejas situaciones, como amenazas, acoso, hostigamiento y ataques, que viven las comunicadoras para el ejercicio de este derecho.

Constantemente vemos cómo las mujeres con voz pública (ya sean políticas, comunicadoras o defensoras de Derechos Humanos) son objetivo de trolls, doxeo, amenazas, acoso digital, difusión de fake news y cuestionamientos a su trabajo y vidas privadas, siempre con sesgos de género. Esto no sólo queda en la virtualidad, ya que esta violencia tiene efectos “offline”: las mujeres ven afectada su salud física y mental, su vida personal, social, laboral y familiar y, lo más grave de todo, hay ataques que se concretan más allá del mensaje en redes sociales.

Un informe realizado por ONU Mujeres, con testimonios de 15 países de América Latina y Caribe, sobre violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública y su impacto en la libertad de expresión (2022) señala que 80% de las entrevistadas limita su participación en redes sociales y un 40% se autocensura y evita escribir sobre temas que son de su pertinencia por esta violencia.

En una declaración reciente, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) realizó un llamado a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa para defender los derechos humanos de las mujeres, sobre todo de aquellas que no tienen voz. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación frente al aumento de actos de violencia en contra de periodistas y defensoras a lo largo de la región que es ejercida por personas en posiciones de autoridad públicas o privadas, lo que conlleva un creciente proceso de silenciamiento y autocensura.

En línea con el informe de ONU Mujeres, advierte que las manifestaciones de violencia apuntan directamente a acallar la voz pública de las mujeres disidentes, en especial la de aquellas que buscan poner en la agenda pública la igualdad de género, el respeto a las diversidades, las denuncias frente a las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales. Hace un llamado a la acción no sólo a los Estados, sino que a los medios de comunicación, las plataformas digitales y la opinión pública en su conjunto, ya que es en estos espacios donde las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos ejercen su labor, y a su vez reciben la mayor parte de los ataques.

Más allá de la afectación para quienes son objetivo directo de estos ataques sistemáticos, la violencia de género en línea tiene un efecto disciplinador, al lograr que otras mujeres se resten de espacios de debate y de difundir su opinión o trabajo para no vivir las mismas situaciones. Cabe recordar que hoy en día las redes sociales son el principal medio para la discusión pública y que estas son un espacio cada vez más hostil para las mujeres.

En conclusión, la violencia de género en línea vulnera el derecho a una vida libre de violencia, silencia a las mujeres y socava su derecho a la libertad de expresión, al obstaculizar su participación en el ecosistema digital. Esto tiene un impacto directo en la calidad de nuestra democracia, al reducir la pluralidad de miradas y voces en la agenda pública. Es necesario y urgente tomarle el peso a este tipo de violencia, no minimizar su impacto sobre la vida de las mujeres (y sobre la democracia) y tomar medidas integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

Por Luna Grado, periodista y Fabiola Gutiérrez, encargada de comunicaciones de Corporación Humanas 

Columna publicad en Braga El Mostrador el 09 de mayo de 2023