La regla de cuotas contenida en el inciso quinto del artículo 4 de la Ley N° 18.700 fue incorporada el año 2015, aplicada por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017 y llega a su fin el año 2029. Esta medida afirmativa fue muy importante para aumentar la representación de mujeres en el Congreso Nacional, sin embargo, el balance a la fecha es que ha sido insuficiente para superar la subrepresentación histórica de las mujeres en la política.

En 1990, las mujeres representaban solo el 6% de los escaños en el Congreso Nacional y 20 años después, en 2010, ese número aumentó solamente a 14,9%. Luego de las elecciones de 2017, cuando se aplicó por primera vez la ley de cuotas, la representación de mujeres aumentó al 21,2%, pero luego de las elecciones de 2021 las mujeres solo llegaron a ser el 29,4%, constatando un claro estancamiento.

A esto se suma que la ley solamente considera este mecanismo para las elecciones parlamentarias, dejando fuera otros órganos colegiados, como los consejos regionales y concejos municipales, donde también se evidencia una brecha importante en representación política de mujeres, llegando solo al 35,2% y 33,4%, respectivamente.

Los espacios de representación política debieran ser expresión de sus sociedades, y en Chile, las mujeres representan el 51,5%. Esta brecha es preocupante y nos alerta sobre las barreras de entrada, pero también sobre la calidad de nuestra democracia, porque cuando las mujeres no están siendo parte de los espacios de toma de decisiones, hay otros hablando y decidiendo por ellas. Por ello, velar por la representación equitativa entre hombres y mujeres es velar también por una mejor democracia.

En ese sentido, ante el término del plazo de implementación de la ley de cuotas, es valorable el proyecto de ley ingresado el pasado 6 de mayo por el Ejecutivo. Este considera: i) una reforma constitucional para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la ley electoral; ii) la ampliación de la aplicación de la regla de cuotas a las elecciones regionales y locales; iii) una modificación a la ley electoral entregando un mandato de posición de las mujeres en las listas electorales, garantizando que ningún sexo supere el 60%, que siempre encabece una mujer, alternando luego sucesivamente con candidaturas de hombres, ya que las barreras de entrada se encuentran muchas veces en los mismos partidos políticos, al inscribir candidaturas de mujeres en posiciones desmejoradas dentro de las listas y solo para cumplir con la cuota.

Con todo, este proyecto de ley es un paso más en un camino mucho más largo. Se requiere seguir avanzando en medidas que no solo faciliten la representación equitativa, sino que garanticen la representación paritaria, de 50-50. Es necesario, además, mirar experiencias valiosas, como la de México, para implementar fórmulas de paridad también en la elección de cargos unipersonales. Y, por cierto, se requiere de acciones efectivas frente a las distintas formas de violencia política de género, ya que muchas veces las barreras no solo están para la entrada a las instituciones, sino en las instituciones mismas, mermando el ejercicio pleno del derecho a la participación política.

Por Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas

Columna publicada en El Mostrador, jueves 15 de mayo de 2025.- 

Las elecciones municipales y regionales de 2024 evidenciaron una cuestión que debiese ser motivo de preocupación para cualquier demócrata: La baja proporción de candidaturas de mujeres propuestas por los partidos políticos, y la disminución de mujeres electas en alcaldías (de 17,1% en 2021 a 16,2% en 2024), además del 100% de gobernadores regionales hombres. Sin embargo, tras la propuesta de modificaciones electorales, han sido escasas las voces que han relevado la necesidad de reformas para la participación política equilibrada de mujeres y hombres.

Para contribuir a contrarrestar las barreras partidarias y estructurales a la participación política de las mujeres, la reforma electoral de 2015 (ley 20.840) incorporó cuotas de género obligatorias para las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías, que permitieron -como es ampliamente conocido- que en la elección de 2017 las diputadas aumentaran de 15,8% a 22,6%, y, a 35,5% en la elección de 2021, mientras en el Senado se eligiera 26,1% de mujeres en 2017 y 22,2% en 2021. No obstante, se trata de una medida transitoria, prevista únicamente hasta la elección parlamentaria de 2029.

En tanto, a partir de 2018 se debatió una moción que incorporaba cuotas de género a las elecciones municipales y regionales. La iniciativa fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2019, y en el Senado, la sala la aprobó en noviembre de 2020 quedando posteriormente estancada y no se volvió a debatir.

Además, es conocido que en los dos procesos constituyentes que tuvieron lugar en 2021 y en 2023 se adoptaron mecanismos que permitieron asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las candidaturas, sino también en los resultados, siendo la paridad política una de las temáticas abordadas en ambas propuestas constitucionales.

Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, los partidos desconocieron del todo el debate previo y solo incluyeron en minoría a mujeres candidatas en las listas municipales y regionales, con los resultados conocidos. Queda en evidencia entonces que, en ausencia de reglas mínimas para la participación política de mujeres, su omisión es posible y ajustada a la legalidad vigente. Es precisamente eso lo que debiera ser una preocupación para los y las demócratas en el país, que la ausencia de mujeres en la competencia y resultados electorales resulte admisible y legal. De ahí la urgencia de reformas que aseguren la participación de mujeres y hombres en todos los procesos electorales que tengan lugar en el país.

Más allá de la relevancia que puedan tener las propuestas parlamentarias para modificar algunas reglas del sistema electoral en relación al número y primacía de los partidos políticos vigentes, cabe la pregunta legítima sobre lo que constituye o define el sentido profundo de la democracia. Hasta ahora las reglas no han permitido la participación política equilibrada de mujeres y hombres, y ya viene siendo tiempo que el debate se enfoque en las medidas necesarias para que la mitad de la población, las mujeres, participen en igualdad de condiciones en cargos de toma de decisión.

Columna publicada en Cooperativa, martes 07 de enero, 2025