A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

Revisa el reportaje completo realizado por 24 horas.

Una visión reduccionista de la seguridad ignora que la respuesta inmediata, debe complementarse con prevención, protección de las personas más débiles y fortalecimiento del tejido social.  No basta con castigar: es necesario reparar a las víctimas y reconstruir la confianza en las instituciones. La paz social no se construye solamente con armas y castigos, sino con inversión social, participación ciudadana y cohesión comunitaria.

En esta línea, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada del 12 al 15 de agosto de 2025 en Ciudad de México planteó una mirada desde los cuidados para asegurar los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad de aquellas que viven en situaciones de conflicto. Inspirada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, este compromiso subraya que para que exista la paz y seguridad, se requiere siempre prevención, protección, participación y reparación frente a las violencias.

El cuidado no es un asunto privado, sino político y de seguridad. Entendido así, la seguridad no se reduce a la presencia policial, sino a garantizar condiciones de vidas dignas – trabajo, salud, vivienda, educación- que previenen las violencias y el delito. En contextos de crimen organizado y conflictos territoriales, las redes comunitarias de cuidado, lideradas principalmente por mujeres, son la primera línea de defensa ante la ausencia estatal. El cuidado redefine la seguridad desde el sostenimiento de la vida y el bienestar colectivo: porque sostiene que la paz se gesta en los territorios y con comunidades cohesionadas en torno al cuidado mutuo. Sin cuidados ni políticas públicas pertinentes con participación de la ciudadanía, sólo se reproducen las violencias que sufren grupos específicos.

Una agenda de seguridad desde los cuidados parte de las necesidades territoriales y la participación ciudadana. No hay soluciones únicas: algunas comunidades requerirán iluminación, transporte seguro, retenes de carabineros, programas de prevención de drogas, y oportunidades laborales en zonas postergadas. Reorientar el gasto público hacia políticas preventivas y comunitarias, fortalecer el acceso a derechos y la protección de los defensores/as y dirigentes/as territoriales son pasos claves. La ampliación del Sistema Nacional de Cuidados, con recursos para el cuidado colectivo y la participación social, es también una inversión en seguridad y bienestar.

A días de la publicación del nuevo Plan de Acción Nacional (PAN) de Chile sobre Mujeres, Paz y Seguridad, esperamos que las políticas y las para cumplir con la Resolución 1325, también aborden los conflictos internos que enfrentan las mujeres. Es clave garantizar protección frente a las violencias -en especial a dirigentas y defensoras de derechos- y garantizar su participación en medidas preventivas y reparatorias ante la violencia con un enfoque de cuidados.

El cuidado es un pilar fundamental para la seguridad: sin cuidados no hay paz y una seguridad sostenible debe medirse por el bienestar colectivo. No habrá paz ni seguridad duraderas si no reconocemos y distribuimos los cuidados colectivos, como una responsabilidad social compartida, porque lo que afecta a las personas más vulnerables también compromete mi  mi seguridad.

Por Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas 

Publicada en El Mostrador el 31 de agosto de 2025.- 

Ciudad de México, 13 de agosto 2025.- En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la realización de foros paralelos ha posibilitado la reunión de feministas de todos los países de la región.

En este caso, la militarización, la guerra y otras amenazas a los derechos de las mujeres y a las defensoras de las mujeres, fue el tema central del foro “Seguridad que cuida, paz que transforma” en el que defensoras de derechos humanos apuntaron las claves feministas para la construcción de paz en el mundo.

Laura Bartoloti, coordinadora de incidencia y litigio de la organización Humanas de Chile, condenó que las políticas de militarización emprendidas en algunos países agudizan la violencia contra las mujeres, por ello, la propuesta feminista se dirigió a potenciar el autocuidado y cuidado colectivo así como impulsar una mirada de seguridad desde los territorios descentralizado y su cuidado.

En su intervención, Orfe Castillo, defensora mexicana coordinadora de Asociadas por lo Justo JASS Mesoamérica , cuestionó el sistema colonialista, capitalista, extractivista y patriarcal cuya base radica en la explotación de la tierra y de las mujeres en el que los países invierten en armas y tanques de guerra lejos de poner recursos al bienestar y cuidado de sus poblaciones.

“Las personas ceden su libertad en aras de la seguridad” señaló Castillo al narrar las políticas criminalizadoras y punitivistas que avanzan en la región y en el mundo como lo es el genocidio en Palestina o el avance de la derecha en países como El Salvador.

En el foro participó también Rosa Emilia Salamanca, lideresa feminista, directora de Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE) de Colombia, país con una larga historia de guerra y resolución en el que las feministas han estado presentes en la construcción de paz con nuevas formas de seguridad, “¿Seguridad con control patriarcal o cuidado con enfoque feminista?”, apuntó.

La coordinadora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, Marusia López analizó el ejercicio de poder que pone en riesgo la paz, “¿a servicio de quién están los grupos de poder? López ha observado en la región el uso de la violencia como mecanismo de control social.

Respecto al Sistema Nacional de Cuidados, Marusia López destacó que no puede existir mientras las mujeres y las comunidades se encuentren bajo amenaza, muestra de ello es la criminalización de las organizaciones, las defensoras de derechos humanos, así como el asesinato de las buscadoras.

De acuerdo con Aleida Quintana coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, en México de 2012 a mayo 2025, se cometieron 13 mil 351 agresiones contra 3 mil 744 defensoras y 308 organizaciones o grupos. En este mismo periodo de tiempo 88 compañeras defensoras han sido lamentablemente asesinadas. El riesgo de feminicidio ha incrementado de forma alarmante para algunas defensoras, durante los últimos 5 años, hemos documentado 15 casos de feminicidio de buscadoras.

Propuestas feministas

El pasado 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoció el cuidado como un derecho humano, en este contexto Laura Bartoloti exigió a los Estados de la región construir la seguridad de sus países desde los cuidados, no con armas.

Para Orfe Castillo, se requiere “una paz rebelde y transformadora” que coloque en el centro de la seguridad la vida y para ello es necesario un cambio cultural que reconozca la lucha de los pueblos como el caso de la Organziación Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en defensa de su territorio.

Rosa Emilia Salamanca compartió el gran debate complejo de la seguridad en su país sea por la presencia del crimen y militares, la movilización y otros tantos elementos que fragmentan la discusión. Sin embargo, su propuesta de seguridad es colocar en el centro de la construcción de paz la visión integral: física, psicológica, espiritual, digital, etcétera.

Marusia López coincidió en la necesidad de pensar en el derecho al buen vivir, desde una perspectiva de paz con justicia y dignidad, con responsabilidad social, donde el trabajo de cuidados no es un mandato estereotipado para las mujeres y donde la Protección Integral Feminista acompaña a las defensoras amenazadas.

Con el marco de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la prevención de conflictos, la construcción de paz y la consolidación de la seguridad, incorporar el cuidado como eje estratégico no es solo una necesidad ética, sino una condición para garantizar una seguridad integral, sostenible y transformadora. Frente a los Estados militarizados, “el cuidado es una herramienta de protección viva”, señaló Aleida Quintana.  Para la defensora, es necesario construir entornos seguros para vivir y para proteger a quienes nos protegen: las defensoras.

Por CIMAC Noticias 

En la red asistencial, los hospitales de Chillán y San Carlos, son los principales recintos médicos donde se práctica este procedimiento, en caso de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.

La región ha mantenido una tendencia de abortos por tres causales relativamente estable, desde 2019 a 2023, sin variaciones significativas, aunque sí hubo un repunte en 2023. En detalle, reportó las siguientes interrupciones de la gestación: 22 (2019), 14 (2020), 21 (2021), 12 (2022) y 31 (2023), de acuerdo al periodo registrado por las estadísticas territoriales de la Biblioteca del Congreso Nacional.

En ese último año, la causal por violación encabezó las cifras con 12 abortos, inviabilidad fetal con 11 y peligro para la vida de la madre 8 en total.

Para el director (s) del Servicio de Salud Ñuble, Álex Paredes, la Ley (IVE) ha representado un avance fundamental en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes

“No se trata solo de garantizar el acceso a una prestación de salud segura, sino también de resguardar la dignidad, autonomía y el derecho a decidir en situaciones profundamente complejas. Como sistema público de salud, nuestro compromiso es brindar una atención oportuna y respetuosa, acompañando a cada persona con empatía y sin juicios”, dijo.

A la fecha, y desde que se promulgó la Ley 21.030, el mayor número de casos, a nivel local, ha ingresado al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, con más del 80% de éstos. En dicho establecimiento se han realizado 124 interrupciones del embarazo, de las cuales 56 han sido por la primera causal (riesgo vital de la madre), seguidas de la segunda causal (inviabilidad fetal) con 37 casos, y finalmente 31 por la tercera causal (violación).

Si bien no se tuvo acceso actualizado a los rangos etarios de las usuarias, a 2023 se estableció que en la tercera causal, por violación, seis de cada 10 mujeres son menores de 18 años de las atendidas en el complejo asistencial, lo que evidencia la cruda realidad de la violencia sexual sobre niñas y jóvenes.

“Mujeres, niñas y personas gestantes tienen derecho a estar informadas y a recibir una atención de salud digna y respetuosa en todo momento. Esta certificación otorga mayor confianza a quienes acceden a este derecho, y refleja el compromiso y profesionalismo de nuestros equipos clínicos, que resguardan el acceso oportuno e informado, brindando un acompañamiento respetuoso durante todo el proceso, que comienza con la constitución de la causal, según lo establece la ley. A partir de ese momento se ofrece acompañamiento psicosocial y se implementan las acciones necesarias, según la decisión de la persona, independiente de si opta o no por interrumpir su embarazo”, indicó Luz María Morán, directora del hospital de Chillán.

Nueva regulación

La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a cumplir con una obligación legal o mandato. En el contexto de la ley IVE, un funcionario de salud puede optar a no realizar el aborto en tres causales, por ser contrario a sus convicciones morales, éticas o religiosas. Sin embargo, esta objeción no puede ser utilizada para negar la atención médica necesaria o para impedir que otras personas realicen el procedimiento.

Recientemente el Diario Oficial publicó un nuevo reglamento que no elimina esta figura, pero establece requisitos más estrictos para garantizar que no se transforme en una limitación de acceso. Cada establecimiento deberá tener siempre disponible a un profesional no objetor, y deberá derivar con prontitud en caso contrario.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Constanza Sánchez, explicó que el nuevo marco normativo busca que, el lugar donde habita una mujer no sea una barrera para acceder a una atención oportuna y que la información sea completa y transparente.

“Es muy importante que exista, con este nuevo reglamento, la elaboración de un protocolo de determinación estándar para todos los establecimientos por parte del Minsal, y que siempre tiene que haber un profesional disponible para realizar el procedimiento en cualquiera de las tres causales y los otros lineamientos que permitan dar continuidad a la atención y que ésta sea siempre oportuna, porque el tiempo acá es muy importante, y sin costo adicional, evitando que ellas tengan que deambular entre los centros de salud. Muchas veces también ir a otra región, ya sabiendo que están en una situación tan compleja”, explicó.

En la práctica, la objeción de conciencia no ha reportado dificultades para las mujeres que han optado por el aborto bajo las causales estipuladas, según lo informado por la autoridad, ya que no han recibido denuncias, aunque admitió que esta modificación a la normativa surge a raíz de los obstáculos que han enfrentado ellas en otros territorios.

“Si bien acá nosotros y Ñuble, personalmente, a nuestra Seremi, no llegó ninguna mujer con ese problema, pero sabemos que a nivel central sí. Entonces, esa fue una gran razón por la cual el equipo del Ministerio impulsó esta modificación. Con este nuevo reglamento, las mujeres sabrán si quien las atiende es objetor de conciencia y los establecimientos de salud contarán con un protocolo de reasignación y derivación, que en este caso elabora el Minsal, para que se opere de manera igualitaria en todas las regiones”, dijo la seremi.

Según el Servicio de Salud, del total de profesionales de salud en Ñuble, 167 se han manifestado como objetores de conciencia, de los cuales 65 son profesionales médicos y 102 no médicos.

Desde el sector, aseguraron, que en vista de lo anterior, existe una planificación médica para entregar atención a aquellas mujeres que se acogen a la ley 21.030. Asimismo, recalcaron que se ha reforzado la difusión de información clara y accesible sobre los derechos de estas.

“Es importante señalar que los Hospitales de Chillán y San Carlos disponen de turnos que aseguran la cobertura ante los requerimientos que surjan y que estén disponibles de llamado ante una resolución de manera urgente. En general, excepto la Causal 1, puede tener cierto rango de tiempo para ejecutar la interrupción del embarazo, no así si se presenta un riesgo materno inminente”, indicó Ivette Retamal Jelvez, matrona asesora del Programa Salud Sexual y Reproductiva del SSÑ.

“Nuestro foco como institución es asegurar que nuestros establecimientos entreguen una atención digna, oportuna y libre de discriminación. Para ello, hemos fortalecido la formación de equipos clínicos, establecido derivaciones asistidas desde la atención primaria y regulado el uso de la objeción de conciencia para que no se transforme en una barrera estructural”, añadió.

Objeción de conciencia en la mira

De acuerdo a un estudio difundido en junio por la Corporación Humanas, elaborado en 2024, en el Hospital de Chillán, de 29 contrataciones de obstetras; 17,2% son objetores en riesgo vital, 24,1% en viabilidad fetal y 62,1% en caso de violación. Una realidad opuesta se reflejó en el hospital de San Carlos, donde de 11 contrataciones, ningún médico especialista es objetor de conciencia en las tres causales.

A nivel nacional, la tercera causal es la que presentó mayor negativa por parte del personal de salud desde la implementación de la ley IVE. Ñuble reportó 45,0% de objeciones en este ítem, de un total de 40 contrataciones, ocupando el octavo lugar entre regiones.

La abogada de la Corporación Humanas, Laura Bartolotti, calificó importante la cantidad de objetores de conciencia en el principal complejo asistencial de Ñuble, no solo porque están presentes en las tres situaciones que estipula la ley, sino porque supera el 50% en circunstancias de violación.

“El hospital de San Carlos, en la misma región, es uno de los cuatro hospitales de Chile que es un ejemplo muy positivo ya que no cuenta con objetores de conciencia, por lo tanto, no hay ninguna brecha o barrera para el acceso al aborto en tres causales, para niñas y mujeres. Sin embargo que existan objetores en Chillán y sus alrededores, sí genera una brecha importante para las niñas, sobre todo, para las víctimas de delitos sexuales que requieran un aborto por la ley IVE, ya que puede demorar el acceso y la derivación a otros especialistas que no son objetores”, analizó.

A juicio de la profesional de Humanas, la mayor cantidad de objetores de conciencia en la causal de violación se puede explicar por sesgos o prejuicios de género, que terminan impactando aún más a las víctimas de este delito.

“No creer que una mujer requiere una prestación de salud como el aborto, luego de ser víctima de un delito tan grave y dañino para la integridad de las personas como es la violencia sexual también genera revicitimización cuando las mujeres y niñas se enfrentan con brechas o dilaciones en el acceso. No solo el Estado está generado una dilación a una prestación de salud o falta de prestación para que la niña se recupere, sino también está incumplimiento con sus deberes internacionales a garantizar una vida libre de violencia de las niñas tanto en su prevención, protección como en la reparación a las víctimas de violencia, sobre todo sexual. Establecer barreras para el aborto, también es una especie de violencia ginecobstétrica que ha sido reforzada en la ley integral 21.675, que establece el deber de los organismos del Estado, especialmente del Minsal, a no realizar una revicitimización secundaria”, manifestó.

En respuesta, desde el hospital Herminda Martín aseguraron que las pacientes han recibido atención en las tres causales, sin que se requiera, hasta ahora ser trasladadas a otros puntos del país.

“En cualquiera de las tres causales, la red asistencial, en todos sus niveles: atención primaria, de especialidades y de urgencia, está coordinada para entregar atención integral y acompañamiento a las personas que lo requieran. En caso de ser necesaria una derivación entre establecimientos, ésta se realiza de manera oportuna y coordinada, asegurando la confidencialidad y continuidad de la atención. Hasta la fecha, no hemos derivado a ninguna usuaria fuera de la región, todas han sido atendidas en nuestro establecimiento. Cada atención está plenamente garantizada”, indicó la directora Luz María Morán.

En ese sentido, destacaron que el Hospital de Chillán es uno de los nueve establecimientos del país destacados por Observadoras de la Ley de Aborto (OLA) por su compromiso con los estándares de atención en la aplicación de la Ley N.º 21.030.

Pese a que esta figura jurídica excepcional es aplicada en el recinto asistencial de Chillán, con mayor porcentaje en caso de agresión sexual, desde el Colegio Médico de Ñuble sostuvieron que no ha sido una barrera para que las mujeres ejerzan este derecho.

“Se le entrega la información necesaria y hasta donde nosotros conocemos la objeción de conciencia no ha sido un obstáculo para que se aplique esta Ley. La razón de esto es que, aunque efectivamente el aborto supone para nuestra profesión un dilema ético donde no existe una sola posición al respecto y existen médicos que son objetores de conciencia, también hay también médicos que no lo son. Hay informes al respecto y al menos hasta el año 2019, en línea con los datos de otras regiones del país, aproximadamente un 60% de los gineco-obstetras, considerando el Hospital Herminda Martín y el Hospital San Carlos, se consideraban objetores”, sostuvo el presidente del gremio, Guillermo Pavés.

Respecto a la mayor negativa a practicar el procedimiento por violación, el médico explicó que “en la primera causal la interrupción del embarazo se efectúa para salvar la vida de la madre y en la segunda causal se trata de una concepción que es inviable por lo cual el médico está actuando dentro de lo que se puede considerar que corresponde al actuar médico o Lex-artis. En el caso del aborto por la causal de violación el caso es distinto y existe un dilema ético innegable. Se trata de un embarazo viable y que no supone un riesgo para la vida de la madre. Dadas estas condiciones donde no existe patología alguna que haga necesario un aborto esto quedaría fuera de lo que se puede considerar que corresponde a la práctica médica. Por supuesto que todos los médicos, objetores o no, comprendemos que un embarazo producto de una violación supone una situación dramática y terrible”.

Menores violadas

Si bien la causal por violación es la que concentra la menor cantidad de abortos realizados en el hospital de Chillán desde la implementación de la ley, llama la atención que a 2023, seis de cada 10 mujeres, eran menores de 18 años.

“Se da por factores culturales, y donde lamentablemente nuestra región no está exenta de eso, porque hace generaciones atrás, la violencia sexual es algo que muchas veces se normalizó y no se denunció. Acá también hay patrones culturales, como es el machismo. Nuestro objetivo, por supuesto, es erradicar este tipo de violencia, que es una obligación que tiene el Estado, y con todas las herramientas que puede intervenir”, explicó la seremi de la Mujer, Constanza Sánchez.

Para combatir este delito contra las mujeres, desde el Estado se han articulado estrategias de prevención contra la violencia y de educación sexual.

“Estamos haciendo como Ministerio prevención, por ejemplo, llegar con campañas preventivas, en cómo abordar la violencia en el pololeo y cómo nos ayuda a detectar variables a tiempo y a erradicarlas en este rango etario, en la adolescencia. Tenemos conocimiento que el Ministerio de Educación también está haciendo campañas preventivas en lo que es la educación sexual integral, ya que sabemos como niños adolescentes pueden necesitar patrones, si son víctimas de un abuso”, dijo.

Noticia publicada en La Discusión de Chillán, el 12 de julio de 2025.-

Lunes 02 de junio, 2025.- Durante los primeros días de junio, el Gobierno ingresó oficialmente a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo por plazos. Esta iniciativa representa un paso fundamental en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, más allá del limitado marco actual de las tres causales.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Corporación Humanas, APROFA, Miles Chile, Abofem, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Ginecólogas Chile, se hicieron presentes en el Congreso Nacional para respaldar esta iniciativa legislativa. Nuestra abogada y vocera, Laura Bartolotti, estuvo presente en Valparaíso junto a otras defensoras de derechos, destacando la importancia de abrir un debate que reconozca la realidad de miles de mujeres y niñas en Chile.

“Creemos que el proyecto de ley debe discutirse con seriedad y responsabilidad. Esperamos que las y los parlamentarios de la Comisión de Salud y de Constitución pongan el tema en tabla y convoquen a especialistas y a la sociedad civil a debatir en base a evidencia desde un enfoque de derechos, salud pública y vida libre de violencia. No se puede seguir postergando esta discusión por prejuicios o posturas ideológicas que desconozcan la realidad de miles de mujeres y niñas”, señaló Bartolotti.

Uno de los puntos que ha generado inquietud es que el proyecto no fue derivado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, lo que podría limitar el enfoque integral que esta discusión requiere. Desde Corporación Humanas seguiremos observando con atención la tramitación legislativa y promoviendo la participación activa de organizaciones sociales en el proceso.

“Las barreras que hoy enfrentan las mujeres, incluso para acceder al aborto en las tres causales vigentes, vulneran gravemente sus derechos. Este proyecto busca responder a esa realidad, reconociendo que ninguna mujer debe ser obligada a continuar un embarazo que ponga en riesgo su integridad o bienestar”, agregó nuestra vocera.

¿En qué consiste el proyecto?

El mensaje del Ejecutivo reconoce que, si bien la ley N° 21.030 fue un avance, su implementación ha presentado serias dificultades en el acceso a la prestación. Por eso, la propuesta actual busca también remover obstáculos que impiden o dilatan innecesariamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en concordancia con los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por Chile.

El proyecto contempla cuatro artículos permanentes y dos transitorios. Entre los principales aspectos que regula:

– Permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, a petición de la mujer, adolescente o niña embarazada.

– El Ministerio de Salud deberá dictar las normas técnicas que regulen esta prestación.

– La voluntad debe expresarse según las mismas reglas la actual legislación del aborto. Se reconoce el derecho a recibir información veraz, completa y oportuna.

– Se mantiene la objeción de conciencia personal e institucional según lo señalado en el Código Sanitario.

– El Estado tiene el deber de implementar medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a la prestación y a la información.

– Se modifica el Código Sanitario, reconociendo la interrupción voluntaria del embarazo como parte de las funciones profesionales de la matronería, permitiendo además indicar, usar y prescribir los medicamentos necesarios para esta atención.

Desde Corporación Humanas valoramos este avance legislativo como una oportunidad para ampliar derechos, resguardar la salud y la autonomía de las personas gestantes y garantizar un Estado que no imponga maternidades forzadas. Seguiremos impulsando el debate público con base en la evidencia, el derecho y el compromiso con una maternidad libre, segura y deseada.

Las sociedades democráticas evolucionan, dialogan y avanzan en reconocimiento de derechos, especialmente cuando sus clases políticas escuchan las necesidades de las personas. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de los derechos de quienes sufren en secreto y soledad. La maternidad no deseada para las mujeres es todavía un tabú. En Chile abandonar tu salud y tus proyectos de vida por un embarazo no deseado o inoportuno es una obligación legal.

No importa si no tienes cómo llegar a fin de mes, si sufres de violencia de pareja, si la carga de cuidados se vuelve insostenible, si no resistes los dolores o estás enferma y el embarazo solo va a empeorar tu calidad de vida. No importa si no has accedido a salud sexual y reproductiva ni educación sexual integral para prevenir un embarazo. No importan tus circunstancias económicas, sociales, ni familiares o si tu salud mental está deteriorada. Tampoco importa la inexistencia de apoyo social si te encuentras en un estado de vulnerabilidad extrema.

El Estado exige que llegues a término con ese embarazo, pero al mismo tiempo te expone a la discriminación laboral si eres madre o a cuidar sin seguridad social. Ni siquiera importa que los niños y niñas cuyos padres no pueden cuidarlos vean vulnerados sus derechos más básicos por el propio Estado.

Estas realidades no se mencionan en el debate. En su lugar se construyen caricaturas sobre el aborto para evitarlo a toda costa. Se dice que hay temas más importantes que legislar o debatir -aunque veamos proyectos de ley para proteger las olas del surf- o que se propone con fines electorales. Los proyectos de vida de las mujeres parecen no tener suficiente valor para un debate político serio y técnico.

¿Por qué estás necesidades no quieren ser escuchadas en el Parlamento? ¿Por qué las mujeres no podemos exigir disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental en torno a la reproducción? ¿Por qué no se habla de maternidades deseadas y en condiciones dignas?

El aborto ya ocurre en Chile, con barreras de acceso para quienes logran probar una causal legal extrema (la violación, el riesgo para la vida o inviabilidad después del parto). Y ocurre también en la clandestinidad, sin garantías ni justicia social, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Quienes no encajan en las causales de la ley 21.030 se ven forzadas a abortar en la ilegalidad, asumir embarazos no deseados o a enfrentar procesos judiciales injustos.

Legislar sobre el aborto no obliga a nadie a abortar, pero sí garantiza que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura y legal. Hoy, las mujeres más vulnerables enfrentan riesgos, estigmas y cárcel por el hecho de no asumir la imposición legal de terminar un embarazo perjudicial para sus vidas.

Necesitamos un debate serio y empático sobre el aborto, basado en derechos y evidencia. Una conversación que ponga en el centro a las personas y la dignidad de la vida, y no las ideologías ni creencias religiosas.

Invitamos a todas las personas a conversar, informarse y exigir que el Parlamento escuche estas realidades. Legislar sobre aborto es legislar para la calidad de vida y la dignidad de las mujeres que hoy no tienen voz.

Columna publicada en El Mostrador el 29 de mayo de 2025.- 

‘El Estado debe estar siempre a disposición de la denunciante, sin discriminación, con la debida diligencia’. Laura Bartolotti, Corporación Humanas.

‘No asegura que quienes trabajan en el Poder Ejecutivo, por formar parte de este Gobierno, no incurran en tales acciones’. Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad.

‘Quien debiera estar al centro de mecanismos de intervención, atención, debe ser la víctima’. Marcela del Sol-Hallett, La Cuchara Feminista.

La muerte de la atleta olímpica ugandesa, a manos de su exnovio en Kenia, alerta de los abusos que sufren deportistas en la región por parte de parejas que ansían dinero y se sienten impunes ante la inacción pública

La denuncia no sirvió de nada. “El Gobierno nos ha fallado porque informamos con suficiente antelación sobre su seguridad. Era evidente que su vida estaba en peligro”, dijo su padre, Joshua Cheptegei, a los medios.

El asesinato de la atleta ugandesa ha vuelto a evidenciar el grave problema de la violencia machista en el atletismo profesional en Kenia. Cheptegei no es la primera atleta asesinada. El homicidio de la joven atleta keniana Agnes Tirop en octubre de 2021 conmocionó al país y creó un movimiento por los derechos de las mujeres atletas.

En conversación con 24 horas, la abogada de Corporación Humanas, Laura Bartolotti, dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia sexual o de pareja. Lamentablemente este es un caso más que reafirma la necesidad de seguir trabajando en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Revisar el informe a partir del 1.11 minutos.

Nota publicada el 05 de septiembre, 2024.- 

En materia de prevención de la violencia contra niñas y mujeres, recientemente se promulgó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género tanto en el ámbito público como privado. También fuimos el país anfitrión para la conmemoración de los 30 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

Sin embargo, cuando creíamos que habíamos llegado a ciertos acuerdos sociales y jurídicos para la condena absoluta y transversal a la violencia más grave que sufren niñas, adolescentes y mujeres, especialmente ante vulneraciones a su indemnidad sexual, la realidad política nos demuestra lo contrario: el derecho humano a una vida libre de violencia aún no se encuentra asentado en nuestra clase política.

Pareciera que estos principios éticos y de derechos humanos no son de sentido común en todos los liderazgos, aun cuando nuestra Constitución -a través de los tratados internacionales-, y muchas leyes consagran sanción y protección ante la violencia contra niñas y mujeres. Del mismo modo, existen deberes para todos los agentes del Estado -incluidos parlamentarios y parlamentarias- para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.

Con indignación hemos visto nuevamente que solo la movilización social y, especialmente feminista, logra presionar al saliente presidente de la UDI y senador Javier Macaya, para desdecirse de defender a su padre Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual infantil reiterado. Continuamente la sociedad civil debe estar alerta para que líderes políticos y tomadores de decisiones que representan a la ciudadanía, no minimicen la violencia sexual o de género que sufren niñas y mujeres.

La relación entre la política y la condena a la violencia sexual o de género siempre ha sido incómoda, pero llama la atención que, si bien existe un importante avance legislativo, no existan consensos ideológicos transversales en la política sobre esta problemática.

Cabe preguntarnos si la clase política está capacitada éticamente para defender los derechos mínimos de niñas y mujeres o si existe un compromiso real de los partidos políticos con la prevención de la violencia.

Los actores políticos deben fomentar un compromiso con los derechos humanos y el respeto a la justicia como base de una sociedad democrática. Por ello, las autoridades, independiente de sus posiciones políticas o ideológicas, deben ser las primeras en condenar estas violencias. Ser representante político no solo consiste en una conducta intachable y un desempeño honesto, sino también poner por encima siempre el interés común de la ciudadanía, y que esto se demuestre en los hechos, no sólo en declaraciones.

A días de que se cierren las inscripciones a candidaturas municipales y regionales, los partidos políticos deben dar una señal clara contra la violencia sexual y de género. No se puede esperar, nuevamente, a que las organizaciones feministas levanten las alertas cuando un candidato ha sido denunciado por violencia, o si existen conflictos de intereses que permitan suponer que no trabajará en prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Si nuestras autoridades políticas continúan solo siendo reactivas ante escándalos mediáticos, no avanzaremos en una cultura de prevención de la violencia de género y protección integral a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por Laura Bartolotti, abogada de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en Página 19 (25 de julio de 2024)