Como integrante de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género es un honor estar aquí.

Es claro que la Convención de Belém do Pará ha sido una guía y ha impulsado avances significativos en términos de legislación, planes de acción, estándares internacionales de derechos humanos.

La sociedad civil ha sido y es imprescindible en ese recorrido. Garantizar la sostenibilidad de la sociedad civil debe ser una prioridad.

Pero las promesas normativas no lograron todavía transformar las vidas de demasiadas niñas, jóvenes y mujeres, en particular cuando consideramos toda nuestra diversidad identitaria, subjetiva, territorial.

Hay desafíos que aún se deben abordar:

• El acceso a la justicia y la construcción de un sistema de reparación para las víctimas frente a las distintas formas de violencia, que no solo reparen las injusticias individuales sino que además transformen las condiciones estructurales que sostienen la continua violación de los derechos humanos
• Construir y sostener políticas integrales, que aborden los vínculos profundos que existen entre las distintas formas y expresiones de las violencias y las condiciones estructurales de discriminación: promover políticas integrales de cuidados no es en detrimento de las políticas para la prevención y atención de las violencias, sino una condición necesaria para que las mujeres podamos vivir y desarrollarnos en todos los ámbitos de la vida social, política y económica en condiciones de igualdad. No se trata de agendas en tensión o en competencia, sino de una sinergia indispensable.
• En esa línea, la violencia económica particularmente grave en hogares monomarentales, que impacta en las condiciones de vida actuales y en la pobreza futura de las mujeres mayores, y al mismo tiempo es también un problema para la reproducción intergeneracional de la pobreza.

La tecnología suma nuevas complejidades y tensiones porque la violencia digital está potenciada por la inteligencia artificial: es posible agredir desde el anonimato, suplantar identidades y viralizar contenidos nocivos para los DDHH de las mujeres.

La crisis climática impacta en el desplazamiento de mujeres y niñas, promoviendo escenarios donde se generan situaciones de violencia social o asociadas al crimen organizado, que demandan urgentemente un enfoque diferencial en tanto afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas y las exponen a violencias y situación de discriminación.

En un contexto regional de reiteradas crisis políticas y económicas donde avanzan los movimientos que cuestionan el quehacer de los Estados, la reivindicación de los derechos de las mujeres enfrentan distintas formas de hostigamiento y discursos agraviantes desde las mismas autoridades nacionales.

Los Estados deben sostener y profundizar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, que son jurídicamente exigibles. Con asignación de presupuestos suficientes, transparencia en la gestión, rendición de cuentas a nivel nacional e internacional, y con mecanismos institucionales de adelanto de la mujer sólidos con capacidad técnica, política y económica capaces de liderar los procesos en el marco de su obligación de progresividad y no regresividad.

Los avances de estos 30 años son los cimientos desde los que hay que seguir construyendo, sin retrocesos. La política exterior feminista que abrazan varios países de la región y de otras regiones debe querer decir esto: trabajar para no retroceder.

Como parte de la sociedad civil de Argentina, contamos con eso.