A 51 años del golpe de Estado, Chile merece sanar sus heridas y fortalecer su institucionalidad democrática.

El Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el actual gobierno constituye una oportunidad de demostrar con hechos a las y los familiares de detenidos desaparecidos que el Estado de Chile y a través de él, todos y todas nosotras, nos hacemos cargo de hacer todo lo posible por encontrar la respuesta a la pregunta que por 51 años han esperado: ¿Dónde están? Encontrar esta respuesta debería ser un clamor nacional.

La memoria es un cuidado colectivo, ya que nos permite no volver a recorrer caminos que han provocado tanto daño en la esencia nacional. La memoria del país se construye y se disemina a través de espacios concretos que se transforman en símbolos de esa memoria y que deben ser preservados. La memoria permite también responder colectivamente a aquellos discursos que intentan relativizar el horror vivido y reivindicar a figuras que solo deben ser repudiadas por la violencia ejercida contra miles de personas en el país. El Nunca Más debería ser un clamor nacional.

Los horrorosos hechos cometidos durante la dictadura cívico-militar fueron realizados con el poder del Estado, aquel que las generaciones anteriores construyeron para gestionar el bien común y fortalecer a nuestra nación. Ello nos daña a todas y todos, y nos sigue dañando cuando conocemos hechos que nos muestran aún en democracia que nuestro Estado no ha logrado retomar, sin retrocesos, la senda del bien común y no de unos pocos. Las reformas para fortalecer la eficacia y autonomía de los poderes del Estado son urgentes y deberían ser un clamor nacional.

En estos días recordamos también a las miles de mujeres que fueron víctimas de violencia política sexual por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en cuyo reconocimiento y reparación el país sigue en deuda, como lo sigue también con las miles de mujeres víctimas de violencia en el país. El establecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición no solo permiten enfrentar la generalizada impunidad que ha caracterizado estos crímenes, sino que también contribuyen a una cultura de respeto a los derechos humanos y a la prevención de la violencia contra las mujeres, tratándose de medidas urgentes para evitar su repetición en el tiempo. La erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas debería ser un clamor nacional.

Vienen tiempos de elecciones y la violencia, los discursos de odio y la degradación de la política debieran quedar fuera de la ecuación. Las diferencias deben ser planteadas  sin efectismos engañosos, sino con honestidad, de modo que la población pueda optar por los caminos de desarrollo que legítimamente los distintos sectores políticos ofrecen al país. Más y mejor democracia debería convertirse en un clamor nacional.

Por: Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

Columna publicada en diario electrónico de Radio Universidad de Chile el 10 de septiembre, 2024

Santiago, 29 enero 2024.- A partir de la detección de antecedentes penales de algunos beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, se han generado diversos debates y confusiones. Ello, acompañado de discursos estridentes, acusaciones múltiples y una buena dosis de aprovechamiento político.

Para organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos resulta necesario relevar algunos aspectos clave. En primer lugar, es indudable que en Chile se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, tal como consta en diversos informes de organismos nacionales e internacionales, contabilizándose más de 8.000 víctimas y 400 casos de trauma ocular. La gran mayoría de los casos permanece impune, sus víctimas no han sido reconocidas ni tampoco reparadas. En segundo lugar, es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados se encuentran obligados a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas de no repetición, especialmente cuando se trata de crímenes ejecutados por agentes del Estado.

Más allá de lo insuficiente que resulta la reparación de una parte de las víctimas (419) al  otorgar “pensiones de gracia”, en lugar de reparaciones integrales definidas con base en una Comisión Calificadora de casos que no se ha conformado, preocupa que en la actualidad se plantee una regresión en dicha medida. La opción que en su momento se adoptó, nunca se presentó vinculada a un requisito como la inexistencia de antecedentes penales, que por lo demás la ley de pensiones de gracia tampoco ha exigido en sus 40 años de vigencia.

Preocupa especialmente que al conocerse los ilícitos cometidos por algunos beneficiarios de estas pensiones, se ponga el foco de atención únicamente en lo reprochable de sus conductas, desvirtuando la gravedad y sistematicidad de los hechos ocurridos en 2019, la responsabilidad de los agentes del Estado y las deudas que el Estado mantiene con las víctimas. La propuesta de revisar y revocar algunas pensiones, desconoce las obligaciones que corresponden al Estado en orden a reparar las violaciones a los derechos humanos, obligación que deriva del comportamiento de sus agentes y del daño causado, y no de la buena conducta que hayan mantenido quienes resultaron agredidos.

En Chile se han violado gravemente los derechos humanos de miles de personas, durante la dictadura cívico militar y también en democracia. La ausencia de políticas integrales de verdad, memoria, justicia y reparación redunda en impunidad y favorece su repetición. De ahí que resulte necesario fortalecer el compromiso de todos los poderes y órganos del Estado con la dignidad humana, la vigencia plena de los derechos humanos y el sistema democrático, y la adopción de políticas integrales de reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas

01 de septiembre, 2023.- En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y en línea con los anuncios realizados por el Ejecutivo en torno a una agenda legislativa en materia de derechos  humanos, organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, para presentar una propuesta de agenda legislativa a impulsar.

En el encuentro participaron Corporación Humanas, ONG Leasur, Casa de Memoria José Domingo Cañas y Corporación Opción, en representación de la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, donde expresaron que es indispensable que exista un compromiso de carácter transversal,  por parte del poder Ejecutivo y Legislativo, respecto de las medidas necesarias para avanzar en justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. 

Entre los proyectos priorizados por la Articulación se encuentran 8 iniciativas, entre ellas, un mecanismo de carácter permanente para la calificación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos para la identificación y reconocimiento de víctimas, con una unidad especializada a cargo del adecuado registro de los relatos de las personas víctimas de violencia sexual. También la derogación del Decreto Ley de Amnistía,  ya que esta norma sigue siendo parte del ordenamiento jurídico nacional y es invocada permanentemente por quienes defienden a los agentes estatales y perpetradores encausados en procesos por crímenes de lesa humanidad. 

Se suma la iniciativa que busca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, con un llamado a que el Estado de Chile ratifique la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. También se priorizó el proyecto de tipificación de la desaparición forzada por su pertinencia en lo que refiere a hechos ocurridos en dictadura, como en el período posterior a ella. Al tipificarla, se pueden establecer penas que sean proporcionadas a la extrema gravedad de este delito.

Para la Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es importante el levantamiento del secreto de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, para dar acceso a los tribunales de justicia a los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante esa instancia. Además, es necesaria la  compatibilidad Valech con otros beneficios y pensiones para permitir a los/as beneficiarios/as de pensiones de reparación de violaciones a los derechos humanos acceder al monto completo de la pensión garantizada universal, algo que actualmente no es compatible.

Las representantes también expresaron al ministro Elizalde la necesidad de una Ley Integral de Memoria que contribuya a las garantías de no repetición, inexistentes hasta el momento en nuestro país, que entienda la memoria como un derecho que el Estado debe proteger y garantizar, la que debe considerar el reconocimiento explícito de las violaciones a los Derechos Humanos que se han producido en el país, como parte del derecho a la verdad. Y, por último, el reconocimiento de la violencia política sexual, a través de una fecha conmemorativa, que tome en cuenta el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos, y específicamente de la tortura, en las mujeres. “Reconocer a las sobrevivientes constituye un significativo símbolo para avanzar en medidas de reparación colectiva”, expresan en la propuesta.

La Articulación de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos es una red de organizaciones de la sociedad civil que promueve los derechos humanos y contribuye a una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto a dichos derechos.

Revisa la propuesta de la Articulación de DDHH

En el año en que se conmemoran 50 años del golpe de Estado la encuesta Barómetro de la Política CERC – MORI 1987 – 2023, arroja resultados alarmantes: un 36% de las personas encuestadas señala que “los militares tenían razón en dar el golpe de Estado en 1973“. Este momento es uno de los más trágicos y oscuros de nuestra historia, que cobró vidas, víctimas de tortura y de violencia política sexual, separó y exilió familias e inició una dictadura que se extendió por 17 años.

Si bien esta cifra aparece como paradójica en el marco de esta conmemoración, nos preguntamos si no es precisamente el transcurso del tiempo el que pone al golpe de Estado a una distancia tal que nos impide apreciar su gravedad con nitidez. Así como los espejos retrovisores advierten que los objetos están más cerca de lo que parecen, parece necesaria una advertencia respecto de ciertos hechos históricos.

Quienes hoy somos personas de 33 o menos años hemos tenido la oportunidad de nacer, crecer y desarrollarnos en el marco de un régimen democrático. En la misma encuesta observamos un dato que revela el desconocimiento de lo vivido en aquella época como posible causa de su justificación: ante la consulta por su conocimiento sobre el golpe de Estado, un 32% de las personas encuestadas declara saber poco o nada, y esta cifra se eleva a un 36% en el tramo de los 36 a 52 años, y hasta un 41% en el rango de los 18 a 35 años.

Siendo la democracia el pilar fundamental de la sociedad, y el respeto y garantía de los derechos humanos condición necesaria de nuestra existencia y desarrollo, cifras como las develadas deben ponernos en alerta y llamarnos a la reflexión sobre las acciones necesarias para consolidar y proteger nuestro régimen democrático, promoviendo su conocimiento y valoración.

La memoria cobra hoy aún más importancia. Recordar los horrores del pasado es necesario para honrar a quienes perdieron la vida, para celebrar la de quienes sobrevivieron a sus vejámenes y, además, para conocer y reconocer lo que hoy vemos con distancia y que nos despojó de la democracia, de nuestros derechos humanos y de nuestra propia libertad. Finalmente, para tomar conciencia de que nada justifica que se levanten las armas en contra de los habitantes de un país y se ponga en suspenso el ejercicio de los derechos más básicos.

Es por ello que este año las expectativas están puestas en una conmemoración que esté a la altura de lo ocurrido y del riesgo que supone para la democracia su desconocimiento. Esto requiere, además, señales claras respecto de la importancia del reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos.

Debemos comprender nuestra historia, ser conscientes de que Chile no siempre ha sido como lo conocemos, con democracia y respeto a los derechos humanos. Solo así lograremos articular nuestros esfuerzos colectivos para evitar que se repitan los graves hechos del pasado.

Publicada el 02 de junio, 2023.-

En marzo, las feministas conmemoramos la lucha histórica de las mujeres trabajadoras parar ser reconocidas como sujetas de derecho y ser libres de toda forma de opresión y violencia. Este año, la conmemoración adquiere un carácter especial, pues coincide con los 50 años del golpe cívico-militar de 1973.

El hito de los 50 años representa una oportunidad para evaluar nuestro proceso de justicia transicional y visibilizar el rol que hemos jugado las mujeres en el devenir político de estas décadas.

Las mujeres pusieron el cuerpo y lideraron la defensa de los Derechos Humanos durante la dictadura a través de las organizaciones de familiares que, sin descanso, han exigido verdad, justicia y reparación. De igual modo, las organizaciones de mujeres y feministas contribuyeron a la recuperación de la democracia impulsando movilizaciones pacíficas y masivas, como el Caupolicanazo de 1983, denunciando la falta de democracia en el país y en la casa.

Una vez finalizada la dictadura, las organizaciones feministas desplegaron distintas estrategias para que la experiencia de las mujeres durante la represión no quedara obturada en un relato neutro y totalizante.

En efecto, la violencia político sexual cometida contra las mujeres detenidas durante la dictadura ha sido un secreto a voces muy difícil de nombrar e incorporar en la memoria común sobre los efectos que la dictadura cívico-militar tuvo en el país. La cultura machista normaliza estas agresiones y las mantiene ocultas como expresión de violencia, minimizando su importancia y generando, en las sobrevivientes, sentimientos de vergüenza y culpa que impiden sacarla a la luz.

A pesar de estas barreras, son muchísimas las sobrevivientes que han alzado la voz para denunciar ocurrido. Así lo recogió la Comisión Valech I:

“Esta Comisión recibió el testimonio de 3.399 mujeres, correspondiendo al 12,5% de los declarantes. Más de la mitad de ellas estuvieron detenidas durante 1973. Casi todas las mujeres dijeron haber sido objeto de violencia sexual sin distinción de edades y 316 dijeron haber sido violadas. No obstante, se estima que la cantidad de mujeres violadas es muy superior a los casos en que ellas relataron haberlo sido, por las consideraciones anteriores y porque existen numerosos testimonios de detenidos que señalan haber presenciado violaciones, cometidas en una gran cantidad de recintos de detención. La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado. Cabe señalar respecto a estas últimas que 229 mujeres que declararon ante esta Comisión fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas dijeron haber sido violadas. Debido a las torturas sufridas, 20 abortaron y 15 tuvieron a sus hijos en presidio.” (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pág. 291).

El carácter sistemático y generalizado de la violencia sexual devela su propósito disciplinador en tanto castigo a aquellas mujeres que dejaron el espacio privado socialmente asignado para salir al ámbito público y político. Esta transgresión al cuerpo y la sexualidad cometida por agentes del Estado conlleva un mensaje dirigido a todas las mujeres, no solo a las víctimas directas, acerca de su rol subordinado y circunscrito al espacio privado, que ninguna mujer debe contravenir. Por lo tanto, busca disuadir la participación política de mujeres pues en el orden de género tradicional lo público-político es un espacio que no les corresponde.

A pesar de la regla tácita de silencio que rodea este tipo de crímenes, las organizaciones feministas han realizado una importante contribución para situar la violencia sexual como crimen de lesa humanidad a nivel internacional y nacional. Así, por ejemplo, organizaciones como La Morada, el Instituto de la Mujer y Corporación Humanas llevaron a cabo proyectos de investigación orientados a visibilizar las condiciones socio-culturales que facilitan y mantienen oculta la violencia sexual. Esos estudios representan un significativo aporte en la elaboración de la verdad histórica, sistematizando y difundiendo los testimonios de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual como método de tortura.

En el ámbito de la justicia, Corporación Humanas interpuso en 2010 las primeras querellas por violencia sexual como tortura ante los tribunales. Estas acciones judiciales tienen como propósito reconocer las violaciones a los derechos humanos que vivieron las mujeres, por el hecho de ser tales, y obtener reparaciones adecuadas, en un contexto de bajísima judicialización de este tipo específico de delitos. Dada la escasa relevancia que se le asigna a la tortura en general, y a la violencia sexual en particular, el camino judicial no ha sido fácil, y luego de más de 13 años de litigio las sobrevivientes siguen a la espera de una sentencia firme que ponga fin a la impunidad endémica de la violencia sexual y haga realidad una justicia que ha sido esquiva por tantas décadas.

La valentía de las sobrevivientes de violencia político sexual para hablar sobre sus experiencias y judicializar sus casos, con el objetivo de visibilizar esta violación a los Derechos Humanos y de contribuir a que a otras mujeres no corran la misma suerte, son actos de resistencia política, porque se orientan a superar el silencio y el olvido. Estos seis meses que restan para la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar representan una oportunidad para reconocer a las sobrevivientes en su calidad de defensoras de Derechos Humanos y sentar bases sólidas de garantías de no repetición. La gravedad de la violencia político sexual nos exige no sólo no olvidar, sino también mantenernos alertas y activas frente a una violencia que contra las mujeres no ha acabado.

Referencias

• Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005). Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago, Chile. Extraído de http://www.bcn.cl/bibliodigital/dhisto/lfs/Informe.pdf
• Fundación Instituto de la Mujer & Corporación Humanas (2005). Memorias de Ocupación: violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Extraído de https://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544022.html

Por Mariela Infante Erazo
Socióloga. Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género

Columna de opinión publicada en Descentrados 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2022. La participación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) en una serie de reuniones y eventos de alto nivel regional en Buenos Aires, Argentina, se cerró con acuerdos para avanzar en los trabajos sobre el llamado “síndrome de alienación parental” y las violencias que afectan a las mujeres de la región, en particular, la trata de mujeres migrantes y la violencia digital hacia niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, se llegó a compromisos para mejorar y fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia como pieza clave para reducir los femicidios/feminicidios en América Latina y el Caribe.

En primer lugar el Comité de Expertas, órgano rector de MESECVI, llevó a cabo su XIX Reunión. Por otro lado, las Expertas participaron en un encuentro regional de alto nivel sobre justicia y género, coorganizado por el MESECVI con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Suprema Corte de Justicia de México y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

SAP, trata y violencia digital, acuerdos de la XIX Reunión del Comité de Expertas

Durante la XIX Reunión del Comité, que contó con la participación de veinte de las Expertas (1), se definió la agenda de trabajo para el 2023. A través de las sesiones de reflexión y debate, las Expertas acordaron las líneas estratégicas.

En particular, expresaron su preocupación y la urgencia de trabajar en frenar el uso extendido en la región del “síndrome de alienación parental” (SAP), un concepto sin base científica que está siendo utilizado para deslegitimar las denuncias de las mujeres por violencia en su contra y hacia sus hijas e hijos.

El Comité también acordó enfocar sus actividades en la relación entre mujeres migrantes y violencia, incluyendo las situaciones de trata; y la violencia digital contra mujeres, adolescentes y niñas.

Se aprobaron además una serie de informes sobre refugios (casas de acogida) para mujeres víctimas de violencia en la región, así como una recomendación general respecto a la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad por razones de género.

Esta reunión se da en el marco de la IV Ronda de Evaluación Multilateral sobre los avances en la implementación de la Convención de Belém do Pará. En este sentido, el Comité se comprometió a avanzar con la estrategia de trabajo con los países del Caribe anglófono para iniciar la recopilación de información, desarrollando en paralelo un proceso de acompañamiento y formación para apoyar a los Estados Parte en esta tarea.

Justicia y género, del enfoque punitivo al abordaje integral del femicidio/feminicidio

El lunes 14 y martes 15, el Palacio de Justicia de Argentina fue el escenario para convocar a las máximas autoridades judiciales de Argentina, México, Chile, Perú y la región, junto con representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y academia para el evento: “Del enfoque punitivo a un abordaje integral: Estrategias y desafíos en la
prevención, atención, investigación, sanción y reparación del femicidio/feminicidio en América Latina”.

“En este espacio de justicia que nos acoge debemos luchar por los derechos de las mujeres y hablar de una de las mayores injusticias: los feminicidios”, expresó la Presidenta del Comité de Expertas, Marcela Huaita, en sus palabras de apertura.

Las políticas públicas para el acceso a la justicia estuvieron en el corazón del debate, ahondando en la idea de que la prevención del femicidio/feminicidio no se agota en lo punitivo, sino que requiere de una verdadera mirada integral hacia el fenómeno.

En este sentido, la Ministra Andrea Muñoz, Presidenta de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, insistió en el rol clave de las y los operadores de justicia y la necesidad de desarrollar una formación permanente, masiva y obligatoria para la transformación cultural de los poderes judiciales.

Durante la segunda jornada del encuentro, se llevó a cabo un trabajo de capacitación y acompañamiento a los poderes judiciales provinciales de Argentina. Al término de esta actividad se acordó continuar fortaleciendo las capacidades de operadoras y operadores de justicia a través de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Junta Federal de Cortes Supremas de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JeFeJus).

1 El encuentro contó con la participación presencial y virtual de las Expertas del CEVI de Argentina, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.