Estudio violencia digital en plataformas sociales
Ser política en Twitter: violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes

Santiago, julio 2021.- El estudio Ser política en twitter: violencia política de género en redes sociales a candidatas constituyentes fue realizado por Corporación Humanas en colaboración con Interpreta, en el marco de Juntas en Acción con el apoyo de la Unión Europea en Chile. Se analizaron las cuentas de Twitter de 428 candidatas a la Convención en 13 distritos del país y los escaños reservados para pueblos indígenas. El objetivo fue identificar y categorizar manifestaciones de violencia política dirigidas hacia mujeres y disidencias sexuales que fueron candidatas en el período que comprende entre el 11 de enero (inscripción de candidaturas) y el 13 de mayo de 2021 (cierre de campaña).

La investigación se orientó a visibilizar la violencia de género que se ejerce y difunde en redes sociales, particularmente aquella que enfrentan las mujeres y disidencias, pues dicha violencia contribuye a menoscabar el goce o ejercicio de sus derechos políticos, desincentivando la participación política de las mujeres en general.

El realizó un análisis interseccional para dar cuenta de las diferentes formas de violencia que enfrentan mujeres y disidencias por su edad, origen étnico o racial, conocimientos, experiencia política, entre otros. En esa línea, los resultados tienen como objetivo problematizar la violencia política de género e incidir en el debate público para que se tomen acciones de prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

Resultados del estudio

El estudio clasificó las diferentes manifestaciones de violencia en dos grandes categorías: expresiones discriminatorias y desprestigio. A partir de la definición de cada una de sus dimensiones, se seleccionaron palabras claves cuyo significado coincidiera con la descripción. A partir de dicha clasificación se observó el tipo de interacción que se generaba en torno a candidatas feministas y/o disidencias sexuales.

Por una parte, se analizaron las menciones a 63 candidatas feministas, identificando que en 6.246 se evidenciaba algún tipo de violencia explícita. De este total, 69% son expresiones discriminatorias y el 31% es desprestigio.

Como era esperable, las alusiones a roles y mandatos de género suben en este grupo y llegan al 8% de menciones. El principal insulto es loca o histérica, apelando a la falta de sumisión y obediencia que tienen éstas respecto a la construcción social de “la buena mujer”.

Del total de 18 candidatas que se auto identifican como disidencias sexuales de manera pública, se registraron 1.022 menciones violentas. En estas candidaturas se observaron también ofensas centradas en roles y mandatos de género que llegan al 10%, debido principalmente a insultos que tienen que ver con su orientación sexual o identidad de género.

Respecto a candidatas jóvenes y mayores, el menosprecio de capacidades es la expresión discriminatoria más prevalente (47%) y se centra en la falta de experiencia, trayectoria y conocimientos. En el caso de las candidatas que se desempeñan como académicas, se seleccionó a 5 que registraron 307 menciones violentas, aludiendo principalmente al menosprecio de capacidades y burlas que ponían en duda sus conocimientos disciplinarios.

En el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes las expresiones racistas son mayoritarias y aluden a prejuicios que estigmatizan a los pueblos indígenas y les asignan características negativas generalizadas, en particular al pueblo mapuche con acusaciones de terrorismo.

¿Quiénes enfrentan con violencia a las candidatas?

El resultado indica que, con independencia del partido político de la candidata, se trata generalmente de hombres (70%), identificados políticamente con la derecha en su mayoría.

Mariela Infante, socióloga de Corporación Humanas, advierte que “las amenazas, violencia y hostigamientos que recientemente ha denunciado la presidenta Elisa Loncon y otras constituyentes debe alertarnos para generar estrategias ‘hacia afuera’ de la Convención que visibilicen la violencia política de género y eviten su reproducción en redes sociales y otros espacios. En esta línea se enfoca la campaña ‘Dale unfollow a la violencia política de género’, de manera de dejar de normalizar y reproducir estas agresiones cuyo fin es deslegitimar a través de estereotipos de género a las mujeres, negando su pertenencia y competencia en la esfera política.

De la misma forma, es imprescindible establecer medidas “hacia adentro” de la Convención a través de la aprobación de un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género durante el funcionamiento y la suscripción del compromiso impulsado por la Articulación Territorial Feminista Elena Caffarena que invita a todas y todos los constituyentes a sumarse al desafío común de generar espacios libres de violencia de género, concluye la investigadora

«Internet es un espacio hostil para las niñas y mujeres y este estudio entrega evidencia que esto no es sólo una sensación, sino que es una realidad. La investigación devela, una vez más, que cuando levantamos la voz, sea en internet o en cualquier parte, las mujeres somos maltratadas. Desde Juntas en Acción estamos comprometidas con el fin de todo tipo de violencia de género, incluida la violencia política digital, por eso nos parece relevante, más aún en el marco del proceso constituyente, que se visibilice y se avance en educación y políticas públicas que permitan erradicar este tipo de violencia», Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción.

En consecuencia, la identificación de diversas expresiones de violencia política de género contra las candidatas seleccionadas en el estudio, representa un llamado de atención para prevenir que otras formas de violencia sigan afectándolas en tanto constituyentes electas.

Link al estudio

DESCARGAR ESTUDIO

Lo hemos dicho: la aprobación del proyecto es urgente, pero antes es necesario que éste incluya tres puntos fundamentales para asegurar su efectividad: garantizar las obligaciones del Estado y sus instituciones; asegurar la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y contar con un presupuesto adecuado.

Se trata de indicaciones que requieren mayores recursos y, por ende, son prerrogativas exclusivas del Ejecutivo. El gobierno ha manifestado que este proyecto es su prioridad y hoy le pedimos que lo demuestre con hechos. Las vidas de las niñas y mujeres de Chile no tienen precio.

Jessica González

Directora del Centro de Liderazgo de ComunidadMujer

Victoria Hurtado

Vicepresidenta Corporación Humanas

Claudia Núñez

Coordinadora Plataforma Juntas en Acción

Carta publicada en La Tercera 

Plataforma Juntas en Acción, junto a 37 organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres, manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia.

Santiago, 27 mayo 2020.- En momentos en que el país enfrenta una crisis sanitaria y un preocupante aumento de denuncias por casos de violencia de género, organizaciones por los derechos de las mujeres manifiestan su preocupación por el debate legislativo que actualmente se lleva a cabo en torno al proyecto sobre el derecho a una vida libre de violencia.

A través de una declaración enviada a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, las organizaciones reiteraron su llamado a dar urgente prioridad a este tema y “contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia y defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país”.

El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, presentado por la Presidenta Michelle Bachelet y que actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado, ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, durante este proceso se han levantado una serie de debilidades de la iniciativa, manifestadas por las organizaciones, para las cuales se han ofrecido alternativas y diversas soluciones.

En la declaración, firmada por casi cuarenta organizaciones, entre ellas Corporación Humanas, ComunidadMujer, Fundación Instituto de la Mujer, Red de Investigadoras, Mujeres del Pacífico, Corporación La Morada, Corporación MILES y Ni Una Menos Chile, se manifiesta una valoración por el debate legislativo del proyecto “por la oportunidad que ofrece de ajustar la legislación chilena a los estándares internacionales en la materia”. Por lo mismo, agregan, “esperamos que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género del Senado y el Gobierno, avancen hacia mandatos claros, específicos y exigibles en la definición de las obligaciones de los organismos públicos en materia de prevención de la violencia de género, investigación y sanción de los crímenes, protección, atención y reparación de las víctimas”, tal como mandatan los tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile.

En la declaración, las organizaciones plantean, también, su preocupación por la inadmisibilidad de las indicaciones realizadas por las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón orientadas a incorporar las obligaciones del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que el gobierno rechazó patrocinar. Asimismo, preocupan los recursos para combatir la violencia de género, ya que también se declararon inadmisibles las indicaciones de estas mismas senadoras para que se contemple un presupuesto para la implementación de la ley, sin que hasta ahora exista una solución alternativa por parte del Ejecutivo.

Finalmente, la declaración pide incluir a la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley, dado que son estas organizaciones las que “han impulsado por años diversas iniciativas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa”.

Lee la declaración AQUÍ.

Corporación Humanas
ComunidadMujer
Juntas en Acción
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, RS
Centro de Estudios de la Mujer, CEM
Departamento de Género Universidad Diego Portales
Descentralizadas
Fundación Instituto de la Mujer
Ingeniosas
Laboratoria
La Rebelión del Cuerpo
Mujeres del Pacífico
Niñas Valientes
Observatorio contra el Acoso Chile, OCAC
Observatorio de Género y Equidad, OGE
Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO
Red de Investigadoras

ADHIEREN:
Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH)
Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM)
Asociación de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMENG)
Asociación Yo Cuido
Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (CEGECAL)
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM)
Colegio de Matronas y Matrones de Chile
Comisión Nacional de Género del Colegio de Periodistas de Chile
Corporación La Morada
Corporación MILES
Coordinadora Poder Decidir
Familia es Familia
Fundación Latinoamericana de Innovación Social
ONG Acción Mujer y Madre
ONG ESE:O Escritura para liderar
Ni Una Menos Chile
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
Red Docente Feminista
Secretaría de Mujeres Inmigrantes
Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores