Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, en el programa  #SuperCiudadanos en Súbela conversó sobre la importancia de incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución.

Lo relevante es indicar que se aprobó una norma sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye diversas dimensiones y, una de ellas, es la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que reconoce a las personas como titulares de estos derechos basados en la autonomía respecto del propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción definiendo mandatos claros a los órganos del Estado para garantizar estos derechos y complementado con una norma sobre Educación Sexual Integral.

“Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en general, nos referimos a derechos que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos (…) y una de las críticas a la Constitución del ’80 ha sido precisamente que no los incorpore, entonces se torna relevante que estos derechos humanos estén en la nueva Constitución”, indica Maturana.

Enfatiza que la iniciativa popular «SeráLey» surge desde la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto -que agrupa a una serie de organizaciones a lo largo del territorio nacional- y plantea la protección de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de la iniciativa que primero y en muy pocos días logra superar el umbral de las firmas requeridas que eran 15 mil, lo que demuestra que es un tema relevante para la ciudadanía.

En Chile el movimiento feminista ha logrado llevar a la Convención algo que en otros países no ha existido y que es plantear expresamente que la Interrupción Voluntaria del Embarazo es un derecho, no un privilegio o algo que se pueda restringir de cualquier manera (…) vamos a ver grupos que van a tratar de desacreditar ese avance enorme que se ha dado en el órgano constituyente, precisa la abogada de Corporación Humanas.

Nosotras lo que hacemos es defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, una maternidad voluntaria, a ser la protagonista de su proyecto de vida. Que exista una ley que despenalice o asegure la atención del aborto no obliga ninguna mujer a interrumpir un embarazo. En cambio, cuando tu tienes una ley que criminaliza el aborto sí le estas imponiendo a las niñas, adolescentes y mujeres el miedo y retrasar una atención médica. Queremos derechos sexuales reproductivos plenos, no solo aborto, que las y los niños reciban educación sexual integral, no sexista, que vaya erradicando las prácticas de violencia de género desde la temprana edad, protección frente a la violencia sexual, que las disidencias y diversidades sexuales sean respetadas, protegidas y no enfrenten discriminación. Que la sexualidad sea una fuente de desarrollo personal, concluye Camila Maturana.

¿Qué se aprobó?

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó, en particular, con 113 votos a favor el primer inciso sobre derechos sexuales y reproductivos, y dice relación con que «todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción». En tanto que, el inciso central respecto de la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobado con 108 y en dicho texto se garantizan los derechos sexuales y reproductivos «sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos».

Asimismo, el Pleno aprobó la propuesta que establece una Educación Sexual Integral.

Por Nina Steward, pasante de Corporación Humanas.

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De ahí que en el contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 resulte de la mayor preocupación que la autoridad sanitaria no haya emitido guías clínicas, protocolos o instructivos orientados a garantizar las prestaciones previstas en la ley de aborto en tres causales, incluyendo la información, el diagnóstico y derivación oportunas, y el respeto a la decisión de las mujeres y niñas afectadas. Asimismo, que no se disponga de información pública respecto a las medidas adoptadas para asegurar la continuidad de suministros y medicamentos (AMEU, mifepristone y misoprostol) ni de algún presupuesto especial asignado a ello.

De hecho, en la información sobre las acciones que ha llevado adelante el Ministerio de Salud en materia de género y Covid-19 reportadas en agosto del presente año al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en lo referido a interrupción del embarazo por alguna de las causales legales únicamente se comenta que “la División de Gestión de Redes Asistenciales ha sostenido un trabajo de coordinación permanente con los equipos técnicos locales”, se informan los casos reportados en primer trimestre 2020 indicando que próximamente se dispondrá de información respecto del segundo trimestre, y que “[e]n cuanto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en contexto COVID-19, todas las indicaciones se mantienen, toda vez que su cumplimiento se da en un marco legal”, y se refieren las indicaciones especiales para la constitución de la causal riesgo vital respecto de embarazadas de menos de 22 semanas Covid-19 positivas[3].

Al respecto, cabe señalar que los datos sobre embarazos calificados bajo la ley Nº 21.030 recientemente publicados por el Ministerio de Salud dan cuenta de una significativa disminución en la atención durante el primer semestre del presente año[4], especialmente en establecimientos públicos de salud, al compararlos con la información referida a períodos anteriores[5].

Desde la dictación de la ley hasta el 30 de junio de 2020 se registra un total de 1.813 embarazos calificados en alguna de las tres causales, de los cuales 276 casos corresponden a los primeros seis meses del presente año. En la gran mayoría se enmarcan en la causal inviabilidad de carácter letal (46,8%), en más de un tercio de los casos se trata de embarazos de riesgo vital (36,7%) y en el 16,5%, de embarazos producto de violación (Tabla Nº 1).

Tabla Nº 1. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según período de implementación y causal. Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

Durante el primer semestre de 2020 se registran menos casos IVE que en períodos anteriores, especialmente entre abril y junio, lo que posiblemente se deba a las mayores dificultades de acceso a estas atenciones durante la pandemia por Covid-19. En el primer trimestre del presente año (enero a marzo de 2020) se contabilizan 142 casos y 134 entre abril y junio de 2020. En cambio, en 2019, se registraron 175 casos en primer trimestre y 175 en segundo trimestre. Además, preocupa la disminución observada en las causales riesgo vital e inviabilidad, puesto que de 108 casos de riesgo vital reportados entre enero y junio de 2019 se baja a 73 en mismo período del presente año, y en la causal inviabilidad se disminuyó de 192 a 143 casos, como igualmente constatar un aumento de casos bajo la causal violación, de 50 a 60 (Grafico Nº 1).

Gráfico Nº 1. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según causal. Chile, primer y segundo trimestre años 2019 y 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

De todas maneras cabe consignar que –según informes anteriores de Corporación Humanas– en 2019 se registró un menor número de casos promedio mensuales que en 2018. De hecho, de 66,7 embarazos promedio mensuales calificados bajo alguna de las tres causales entre febrero y diciembre de 2018, se bajó a 64 casos en 2019[6]. En tanto, entre enero y junio de 2020, se reportan 46 casos IVE al mes (Gráfico Nº 2).

Gráfico Nº 2. Embarazos promedio mensuales reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según período de implementación y causal.

Chile, 1º de febrero de 2018 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

La gran mayoría de los casos corresponde a atenciones brindadas en establecimientos públicos de salud. No obstante, se aprecia que en el período más reciente, aumenta la participación del sistema privado, que pasó del 12,0% en 2019 a 18,1% en los meses de enero a junio de 2020, lo que se vincularía con la disminución de casos atendidos en establecimientos públicos durante el presente año (Tabla Nº 2).

Tabla Nº 2. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según tipo de establecimiento de salud, período de implementación y causal. Chile,

1º de enero de 2019 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

En efecto, en el sistema público de salud se registra un promedio mensual de 56,3 casos IVE en 2019 y de 37,5 en los primeros seis meses de 2020, mientras que en establecimientos privados se atendió en promedio 7,7 casos mensuales en 2019 y 8,5 entre enero y junio de este año (Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3. Embarazos promedio mensuales reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según tipo de establecimiento. Chile,

1º de enero de 2019 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

Por último, cabe comentar que desde la dictación de la ley sobre aborto en tres causales, la gran mayoría de mujeres afectadas ha optado por la interrupción del embarazo (84,1%). No obstante, la proporción de quienes deciden abortar presenta una tendencia a la disminución en el tiempo, de 91,4% en los primeros meses de la implementación de la ley Nº 21.030 a 82,0% en el año 2019. Entre enero y junio del presente año, en tanto, esta decisión fue adoptada por el 82,6% de las mujeres (Tabla Nº 3).

Tabla Nº 3. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030, según decisión de interrupción o continuación del embarazo, por período de implementación y causal.

Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

La decisión de mujeres y niñas frente a la interrupción del embarazo presenta algunas variaciones dependiendo de la causal en que se encuentre, siendo más alta en casos de violación (91,3% del total de casos reportados). En tanto, en la causal riesgo vital esta decisión ha sido adoptada por el 86,6% de las afectadas y en casos de inviabilidad por el 79,5% de estas (Gráfico Nº 4).

No obstante, al revisar los casos correspondientes al primer semestre del presente año (2020) se observa una disminución en la decisión de interrupción de embarazos de riesgo vital. Hasta el 31 de diciembre de 2019, el 87,5% de las mujeres optó por abortar en dichos casos, proporción que desciende al 79,5% entre enero y junio de 2020. En tanto, en la causal inviabilidad se aprecia un cierto aumento en cuanto a dicha decisión de interrumpir el embarazo, del 79,3% a 80,4% y en casos de violación, de 91,2% a 91,7%.

Gráfico Nº 4. Embarazos reportados en alguna de las tres causales previstas en la ley Nº 21.030 en que mujer decide interrupción, según período de implementación y causal.

Chile, 23 de septiembre de 2017 a 30 de junio de 2020

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Salud, reportes casos IVE.

[1] República de Chile, Ley Nº 20.030 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237.

[2] Corporación Humanas, Objeción de conciencia en servicios públicos de salud: revisión de cifras actualizadas sobre funcionarios/as públicos/as objetores/as de conciencia a septiembre de 2019. Disponible en: http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2020/01/Informe-Objecion-Conciencia-Cifras-al-2019.pdf; Ministerio de Salud, Funcionarios objetores de conciencia por servicios de salud a septiembre de 2019. Disponible en: https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/.

[3] Ministerio de Salud, Oficio B121 Nº 3201, Informa acciones del Sector Salud en materia de Género y COVID-19, 6 de agosto de 2020.

[4] Ministerio de Salud, Reporte Trimestral Ley IVE actualizado: enero a junio de 2020. Disponible en: https://www.minsal.cl/reporte-trimestral-ley-ive-actualizado-enero-a-julio-de-2020/ (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).

[5] Ministerio de Salud, Archivo de Informes IVE. Disponible para descarga en: https://www.minsal.cl/reporte-trimestral-ley-ive-actualizado-enero-a-julio-de-2020/ (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).

[6] Corporación Humanas, Implementación de la ley nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en Chile: Casos IVE reportados por Ministerio de Salud actualizados a diciembre de 2019, Marzo de 2020. Disponible en: http://www.humanas.cl/wp-content/uploads/2020/07/HUMANAS-Casos-IVE-Reportados-MINSAL-Dic.-2019-.pdf (fecha de revisión: 10 de agosto de 2020).