El informe “Hablemos de aborto en Chile: narrativas, tensiones y sentidos del debate público (2024-2025)” analiza cómo los medios de comunicación y distintos actores/as políticas han construido marcos argumentativos que, lejos de situar el debate en la salud pública y la autonomía de las mujeres, recurren a apelaciones moralistas, religiosas y a la desinformación para deslegitimar la necesidad de garantizar un acceso seguro al aborto. Estas estrategias discursivas no sólo obstaculizan el avance legislativo, sino que también impiden el  pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas gestantes. 

El estudio, basado en un análisis cualitativo de más de sesenta noticias y en el seguimiento del debate en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, identifica patrones narrativos que contribuyen a invisibilizar las experiencias y necesidades reales de las mujeres. Entre ellos destacan la reproducción de mitos, la priorización de prejuicios por sobre la evidencia científica y la minimización de las problemáticas asociadas  a embarazos no deseados y a la salud reproductiva. 

El informe advierte sobre el riesgo de que la agenda pública continúe postergando temas que son centrales para la autonomía, por la justicia social y el ejercicio de derechos, reforzando una discusión moralizada que se aleja de estándares internacionales y del enfoque de derechos humanos. 

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A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

Lunes 02 de junio, 2025.- Durante los primeros días de junio, el Gobierno ingresó oficialmente a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo por plazos. Esta iniciativa representa un paso fundamental en el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, más allá del limitado marco actual de las tres causales.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Corporación Humanas, APROFA, Miles Chile, Abofem, Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Ginecólogas Chile, se hicieron presentes en el Congreso Nacional para respaldar esta iniciativa legislativa. Nuestra abogada y vocera, Laura Bartolotti, estuvo presente en Valparaíso junto a otras defensoras de derechos, destacando la importancia de abrir un debate que reconozca la realidad de miles de mujeres y niñas en Chile.

“Creemos que el proyecto de ley debe discutirse con seriedad y responsabilidad. Esperamos que las y los parlamentarios de la Comisión de Salud y de Constitución pongan el tema en tabla y convoquen a especialistas y a la sociedad civil a debatir en base a evidencia desde un enfoque de derechos, salud pública y vida libre de violencia. No se puede seguir postergando esta discusión por prejuicios o posturas ideológicas que desconozcan la realidad de miles de mujeres y niñas”, señaló Bartolotti.

Uno de los puntos que ha generado inquietud es que el proyecto no fue derivado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, lo que podría limitar el enfoque integral que esta discusión requiere. Desde Corporación Humanas seguiremos observando con atención la tramitación legislativa y promoviendo la participación activa de organizaciones sociales en el proceso.

“Las barreras que hoy enfrentan las mujeres, incluso para acceder al aborto en las tres causales vigentes, vulneran gravemente sus derechos. Este proyecto busca responder a esa realidad, reconociendo que ninguna mujer debe ser obligada a continuar un embarazo que ponga en riesgo su integridad o bienestar”, agregó nuestra vocera.

¿En qué consiste el proyecto?

El mensaje del Ejecutivo reconoce que, si bien la ley N° 21.030 fue un avance, su implementación ha presentado serias dificultades en el acceso a la prestación. Por eso, la propuesta actual busca también remover obstáculos que impiden o dilatan innecesariamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en concordancia con los compromisos internacionales en derechos humanos asumidos por Chile.

El proyecto contempla cuatro artículos permanentes y dos transitorios. Entre los principales aspectos que regula:

– Permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, a petición de la mujer, adolescente o niña embarazada.

– El Ministerio de Salud deberá dictar las normas técnicas que regulen esta prestación.

– La voluntad debe expresarse según las mismas reglas la actual legislación del aborto. Se reconoce el derecho a recibir información veraz, completa y oportuna.

– Se mantiene la objeción de conciencia personal e institucional según lo señalado en el Código Sanitario.

– El Estado tiene el deber de implementar medidas necesarias para garantizar el acceso efectivo a la prestación y a la información.

– Se modifica el Código Sanitario, reconociendo la interrupción voluntaria del embarazo como parte de las funciones profesionales de la matronería, permitiendo además indicar, usar y prescribir los medicamentos necesarios para esta atención.

Desde Corporación Humanas valoramos este avance legislativo como una oportunidad para ampliar derechos, resguardar la salud y la autonomía de las personas gestantes y garantizar un Estado que no imponga maternidades forzadas. Seguiremos impulsando el debate público con base en la evidencia, el derecho y el compromiso con una maternidad libre, segura y deseada.

Las sociedades democráticas evolucionan, dialogan y avanzan en reconocimiento de derechos, especialmente cuando sus clases políticas escuchan las necesidades de las personas. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de los derechos de quienes sufren en secreto y soledad. La maternidad no deseada para las mujeres es todavía un tabú. En Chile abandonar tu salud y tus proyectos de vida por un embarazo no deseado o inoportuno es una obligación legal.

No importa si no tienes cómo llegar a fin de mes, si sufres de violencia de pareja, si la carga de cuidados se vuelve insostenible, si no resistes los dolores o estás enferma y el embarazo solo va a empeorar tu calidad de vida. No importa si no has accedido a salud sexual y reproductiva ni educación sexual integral para prevenir un embarazo. No importan tus circunstancias económicas, sociales, ni familiares o si tu salud mental está deteriorada. Tampoco importa la inexistencia de apoyo social si te encuentras en un estado de vulnerabilidad extrema.

El Estado exige que llegues a término con ese embarazo, pero al mismo tiempo te expone a la discriminación laboral si eres madre o a cuidar sin seguridad social. Ni siquiera importa que los niños y niñas cuyos padres no pueden cuidarlos vean vulnerados sus derechos más básicos por el propio Estado.

Estas realidades no se mencionan en el debate. En su lugar se construyen caricaturas sobre el aborto para evitarlo a toda costa. Se dice que hay temas más importantes que legislar o debatir -aunque veamos proyectos de ley para proteger las olas del surf- o que se propone con fines electorales. Los proyectos de vida de las mujeres parecen no tener suficiente valor para un debate político serio y técnico.

¿Por qué estás necesidades no quieren ser escuchadas en el Parlamento? ¿Por qué las mujeres no podemos exigir disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental en torno a la reproducción? ¿Por qué no se habla de maternidades deseadas y en condiciones dignas?

El aborto ya ocurre en Chile, con barreras de acceso para quienes logran probar una causal legal extrema (la violación, el riesgo para la vida o inviabilidad después del parto). Y ocurre también en la clandestinidad, sin garantías ni justicia social, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Quienes no encajan en las causales de la ley 21.030 se ven forzadas a abortar en la ilegalidad, asumir embarazos no deseados o a enfrentar procesos judiciales injustos.

Legislar sobre el aborto no obliga a nadie a abortar, pero sí garantiza que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura y legal. Hoy, las mujeres más vulnerables enfrentan riesgos, estigmas y cárcel por el hecho de no asumir la imposición legal de terminar un embarazo perjudicial para sus vidas.

Necesitamos un debate serio y empático sobre el aborto, basado en derechos y evidencia. Una conversación que ponga en el centro a las personas y la dignidad de la vida, y no las ideologías ni creencias religiosas.

Invitamos a todas las personas a conversar, informarse y exigir que el Parlamento escuche estas realidades. Legislar sobre aborto es legislar para la calidad de vida y la dignidad de las mujeres que hoy no tienen voz.

Columna publicada en El Mostrador el 29 de mayo de 2025.-