GINEBRA (28 de marzo de 2024) – El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió hoy sus conclusiones sobre Chile, después de examinar al Estado parte en su última sesión.

Las conclusiones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como aspectos positivos. Los aspectos más destacados incluyen:

El Comité observó con preocupación que un gran número de violaciones de derechos humanos se cometieron en el contexto de un “estallido social” debido al uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza y ​​la brutalidad por parte de la policía y las fuerzas armadas. Lamentó que sólo unos pocos casos hayan sido tramitados formalmente y hayan dado lugar a condenas. El Comité instó a Chile a establecer un mecanismo de control para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las operaciones de aplicación de la ley, asegurar la rendición de cuentas en todos los niveles, garantizar que las víctimas reciban reparaciones integrales y considerar adoptar una ley sobre reparaciones integrales.

Si bien acogió con satisfacción las medidas adoptadas por Chile en favor de la igualdad de género, el Comité, sin embargo, reflejó su preocupación por la ausencia de una legislación integral contra la discriminación que garantice explícitamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y por el hecho de que aún no se ha logrado la paridad a nivel electoral, como así como la persistencia de brechas salariales y otras desigualdades. Exhortó a Chile a intensificar sus esfuerzos para finalizar proyectos legislativos que garanticen explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres, continuar sus esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública y eliminar las desigualdades salariales entre hombres y mujeres.

Las conclusiones anteriores, oficialmente conocidas como Observaciones finales, ya están disponibles en la página de la sesión.

Información publicada en ACNUDH

Santiago, 29 enero 2024.- A partir de la detección de antecedentes penales de algunos beneficiarios de pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social de 2019, se han generado diversos debates y confusiones. Ello, acompañado de discursos estridentes, acusaciones múltiples y una buena dosis de aprovechamiento político.

Para organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos resulta necesario relevar algunos aspectos clave. En primer lugar, es indudable que en Chile se cometieron violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, tal como consta en diversos informes de organismos nacionales e internacionales, contabilizándose más de 8.000 víctimas y 400 casos de trauma ocular. La gran mayoría de los casos permanece impune, sus víctimas no han sido reconocidas ni tampoco reparadas. En segundo lugar, es un principio fundamental del derecho internacional que los Estados se encuentran obligados a reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas de no repetición, especialmente cuando se trata de crímenes ejecutados por agentes del Estado.

Más allá de lo insuficiente que resulta la reparación de una parte de las víctimas (419) al  otorgar “pensiones de gracia”, en lugar de reparaciones integrales definidas con base en una Comisión Calificadora de casos que no se ha conformado, preocupa que en la actualidad se plantee una regresión en dicha medida. La opción que en su momento se adoptó, nunca se presentó vinculada a un requisito como la inexistencia de antecedentes penales, que por lo demás la ley de pensiones de gracia tampoco ha exigido en sus 40 años de vigencia.

Preocupa especialmente que al conocerse los ilícitos cometidos por algunos beneficiarios de estas pensiones, se ponga el foco de atención únicamente en lo reprochable de sus conductas, desvirtuando la gravedad y sistematicidad de los hechos ocurridos en 2019, la responsabilidad de los agentes del Estado y las deudas que el Estado mantiene con las víctimas. La propuesta de revisar y revocar algunas pensiones, desconoce las obligaciones que corresponden al Estado en orden a reparar las violaciones a los derechos humanos, obligación que deriva del comportamiento de sus agentes y del daño causado, y no de la buena conducta que hayan mantenido quienes resultaron agredidos.

En Chile se han violado gravemente los derechos humanos de miles de personas, durante la dictadura cívico militar y también en democracia. La ausencia de políticas integrales de verdad, memoria, justicia y reparación redunda en impunidad y favorece su repetición. De ahí que resulte necesario fortalecer el compromiso de todos los poderes y órganos del Estado con la dignidad humana, la vigencia plena de los derechos humanos y el sistema democrático, y la adopción de políticas integrales de reparación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género – Corporación Humanas

Diversas sociedades del mundo civil pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para discutir las violaciones de DD.HH tras el 18-O.

Diversas organizaciones pidieron una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto para discutir, las violaciones de Derechos Humanos en Chile constatadas por la Comisión Interamericana y diferentes entidades internacionales.

Entre ellas, se encuentra la Casa Común, Corporación Humanas, Abofem, la Comisión Chilena de DD.HH y Opción. Se suman otras agrupaciones adherentes que han expresado que es necesario que se revise esta situación en el país. Además de hacer un seguimiento de las recomendaciones realizadas.

Lorena Fries, de Corporación Humanas, sostuvo que “a pesar de los informes internacionales con recomendaciones que se dirigieron al Estado, estos han tenido muy poco avance. Y es peor: lo que hemos visto es que se ha mantenido y sostenido en el tiempo estas violaciones a los derechos humanos”.

Por su parte, Fernando Atria, de la Casa Común, explicó que “el seguimiento de las recomendaciones hechas por la propia CIDH en 2019, junto a los sucesos posteriores hasta hoy muestran la mantención de una policía que no respeta los derechos de manifestantes».

«Además de un gobierno permisivo con su actuar. Procesos prolongados a presos de la rebelión social con privación de libertad y escasas pruebas. Detenciones y presiones a periodistas y medios de comunicación”, añadió Atria.

Una conversación necesaria

Además, desde Abofem, señalaron que “firmamos la solicitud de audiencia realizada, toda vez que la situación de derechos humanos en Chile. En particular, la situación de las mujeres y los casos de violencia y abuso sexuales cometidos por agentes del Estado ha sido crítica en el contexto de manifestaciones sociales a causa del estallido social”.

Para completar, desde Opción indicaron que “durante los primeros meses de este año se han cerrado más de 3000 causas, sin investigar. Se ha disminuido dramáticamente el presupuesto para reparación y la policía vuelve a provocar daños oculares”.

Cerrando esta solicitud, Carlos Margotta, de la Comisión Chilena de DD.HH., recordó que “el pasado 18 de Octubre, en el marco de la conmemoración del primer año del estallido social, un joven poblador, Aníbal Villarroel, fue asesinado por Carabineros. Le dispararon mientras ejercía su legítimo derecho a la manifestación”.

Publicado por Radio Concierto