Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.  

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.  

Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. 

Firman: 

Internacionales

1.     Centro de Derechos Reproductivos
2.     CIVICUS Alianza Global 
3.     Federación Internacional por los Derechos Humanos  (FIDH)
4. International Service for Human Rights (ISHR)
5.     Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 Regionales

6.   Amnistía Internacional   Oficina Regional de las Américas
7.   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
8.   Grupo de pueblos indígenas de la ILC-ALC – América Latina y el Caribe
9.   Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra – ILC – América Latina y el Caribe
10.   Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios de la ILC LAC – América Latina y el Caribe
11.   Plataforma Regional De Agricultura – América Latina y el Caribe
12.   Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
13.   Red Territorios de Vida TICCA Latinoamérica (ICCA Consortium) – América Latina

Locales

14.   Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
15.   Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS – Bolivia
16.   Environmental Defender Law Center – Brasil
17.   Corporación Humanas – Chile
18.   Observatorio Ciudadano – Chile
19.   Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
20.   Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) – Colombia
21.   Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
22.   Coalición Nacional Por la Tierra Ecuador – Ecuador
23.   Movimiento Mujeres Luna Creciente – Ecuador
24.   Manuel Eduardo Peralta Antamba – Ecuador
25.   Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
26.   Runa Ayllullakta Comunidad Amazónica Cordillera de Cóndor Mirador – Ecuador
27.   Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
28.   Fundación Hermandad Integrada por la Solidaridad del Inmigrante (FHISI) – Ecuador
29.   Fundación Arupo – Ecuador
30.   Amazon Frontlines – Estados Unidos
31.   Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Estados Unidos
32.   Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)   – Estados Unidos
33.   Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
34.   Central de organizaciones indígenas maya Ch’orti’ Nuevo Día – Guatemala
35.   Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA Guatemala – Guatemala
36.   Centro Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
37.   Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Honduras
38.   Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mesoamérica
39.   Consultora Solidaria – México
40.   Mujeres Indígenas por ciarena – México
41.   Fundación para la Justicia – México
42.   Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
43.   Congreso General indigena Maje Embera Drua – Panama
44.   Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco – Paraguay
45.   Asociación Pro Derechos Humanos – Peru
46.   Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú
47.   DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú
48.   Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) – Perú
49.   Fundación Étnica Integral – Republica dominicana
50.   Mesa nacional para las migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD) – República Dominicana
51.   Articulación Nacional Campesina  (ANC) – República Dominicana