El lunes 9 de agosto de 2021, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados ha rechazado legislar en torno a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas, iniciativa promovida por organizaciones de mujeres y feministas en 2018 frente a las falencias de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales (Ley No 21.030). Por 7 votos en contra y 6 a favor, dicha instancia ha negado resguardar un mínimo de dignidad a quienes deciden abortar (Boletín Legislativo No 12.038-34).

EXISTE abundante evidencia acerca de que la criminalización del aborto no impide ni disuade a las mujeres de realizarlo, pero sí profundiza las desigualdades sociales (Organización Mundial de la Salud, 2012). Además, numerosos organismos internacionales han relevado que los Estados no deben aplicar sanciones penales a quienes se sometan a un aborto ni a los proveedores de servicios médicos que las ayuden, pues la penalización fuerza a las mujeres a recurrir a abortos en condiciones de riesgo (Comité de Derechos Humanos, 2019). La criminalización del aborto no solo es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino también una manifestación de la violencia de género, constitutiva de una violación a los derechos humanos (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2017).

EXISTEN hace décadas guías e instructivos elaborados por organismos competentes que garantizan procesos de abortos seguros, entre ellos la OMS, CLACAI y FIGO, además de toda la evidencia levantada por las redes de acompañantes de aborto en Latinoamérica y el mundo.

No existen razones epidemiológicas ni de salud para negar el acceso garantizado al aborto seguro y legal, que además es de bajísimo costo. Lo que EXISTE es misoginia, desinformación, criminalización, estigma y desprotección de la salud.