“¿Usted cree que eso es un derecho?”, preguntó el agente de migración de Panamá que revisó mi pasaporte. “Sí, señor. Así lo creo”, respondí. “Yo tengo mis dudas”, dijo mientras tomaba mis huellas dactilares. Selló mi documento y me dejó pasar con la mirada amenazante. Así nos ha recibido Panamá a las personas que asistimos a la VII Conferencia por el derecho al aborto que organiza el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI). Un encuentro que ha agrupado a cientos de organizaciones, profesionales de la salud, abogadas, periodistas y activistas para dialogar, debatir y compartir la situación del derecho de las mujeres a tener un aborto seguro, público y gratuito en toda la región.

Aunque los avances son notorios y muy importantes. Ahí están las legislaciones de Argentina, México o Colombia como ejemplo, las amenazas son constantes y los grupos antiderechos no descansan. Es importante no apartar la vista de otras realidades que nos devuelven a una región todavía insegura, violenta y desigual para abortar en la mayoría de países. En palabras de la activista Morena Herrera, de El Salvador: “Hay que empujar todas para que ninguna se quede atrás”. Es decir, lograr mejores condiciones en los lugares más restrictivos, tomando como ejemplo a quienes han logrado la despenalización.

En Latinoamérica, todavía existen países en los que una mujer no puede abortar aunque haya sido violada, corra peligro su vida o el feto tenga malformaciones. Estos son Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Surinam y Jamaica, de acuerdo a información del Centro para los Derechos Reproductivos.

Pero no es lo único. Durante la conferencia, más de 26 organizaciones presentaron el informe Leyes y Sombras. Regulación del aborto en Latinoamérica, que revela que existe toda una gama de grises en muchos de los países que permiten abortar por determinadas causales que al final acaban poniendo obstáculos para que esto suceda. Si algo hemos aprendido sobre las leyes en la región es que hay una larga distancia entre su redacción y su aplicación. Un impedimento para que las mujeres puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Este es el caso de Guatemala, Perú o Costa Rica. También sucede en Venezuela, donde las legislaciones son más restrictivas y solo despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la embarazada corran peligro. Paraguay es otro de los países seriamente afectados por estas restricciones y donde las mujeres son sometidas a embarazos forzados.

También sucede en Panamá, el país de los rascacielos y el desarrollo económico, que continúa a la zaga en esa cuestión. En Panamá, las mujeres tienen que pasar por una comisión multidisciplinaria para poder abortar. Solo les daré un dato más: desde 2018, el Comité de la ONU por los Derechos del Niño recomendó que Panamá despenalizara el aborto para proteger precisamente los derechos de las niñas y las adolescentes. En 2021, el 14% de los nacimientos fueron de niñas madres, según la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA). También en ese año se cometieron más de 6.000 delitos sexuales, la mayoría contra niñas y jóvenes.

Otros países como Chile, Ecuador o Brasil incorporan en sus códigos penales las variables de violación o inviabilidad del feto. Sin embargo, el informe señala que ningún país, ni siquiera los que tienen despenalizado el aborto hasta un número determinado de semanas, reconocen de manera plena la voluntad de las mujeres tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), los movimientos de mujeres y feministas, al margen de los prejuicios de los grupos conservadores y religiosos. “Vivimos en democracias demasiado frágiles, tomadas por la arbitrariedad y eso es un campo de cultivo para que los grupos ultras avancen para imponer una manera particular de ver este problema”, señala Susana Chávez, directora de CLACAI.

Ante retos como estos, el avance de la telemedicina y de los grupos de acompañamiento para abortar en casa con medicamentos se está convirtiendo en la alternativa de miles de mujeres que viven lejos de un hospital o en lugares muy restrictivos. No es algo que digan solo las feministas, también lo señala la OMS en sus Directrices para la atención del aborto. “El aborto médico ha revolucionado el acceso a la atención para el aborto de calidad en todo el mundo. Los medicamentos que se emplean para provocar el aborto pueden administrarse de forma segura y eficaz en un establecimiento de salud o autoadministrarse en otro lugar (por ejemplo, en el hogar) si se cuenta con una fuente de información precisa y con medicamentos de calidad garantizada”.

Es por eso que es importante sacar al aborto de las estigmatización y hablar de él desde otras perspectivas como la salud pública, la autonomía y los derechos humanos. El mismo día que se cumplía un año de la anulación de la sentencia en Estados Unidos Roe vs Wade, que garantizaba el derecho al aborto desde 1973, cientos de mujeres se reunían en Centroamérica para seguir con esa misma lucha. En palabras de la activista salvadoreña Morena Herrera: “Estamos en escenarios difíciles en varios países. Sin embargo, veo una fuerza que avanza, generando información, evidencia científica y confirmación de que trabajar y luchar por la justicia reproductiva es la mejor posibilidad del bienestar para todas las personas”.

Me quedo con otra frase de ella: “No todo pasa por las leyes. La despenalización de las conciencias, la información y el acceso a las redes de acompañamiento también salva la vida de las mujeres”.

Publicado por El País. Panamá 25 de junio de 202.

Hace 5 años entró en vigencia la ley N° 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal y violación). Hasta agosto del presente año, según información recopilada por Corporación Humanas vía Ley de Transparencia, un 43% de los/as  médicos/as obstetras contratados/as en hospitales públicos son objetores/as de conciencia en la causal de violación, mientras que en el caso de riesgo vital de la mujer o inviabilidad fetal hay un 15,3% y 23,1%, respectivamente.

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A nivel nacional, hay 1338 obstetras contratados/as en los establecimientos de salud pública que están habilitados para realizar la interrupción del embarazo en 3 causales (ley IVE). Del  total anterior, 576 (43%) profesionales se acogen a la objeción de conciencia si la causal invocada es el embarazo producto de una violación. Por otro lado, 309 (23,1%) obstetras se declaran objetores en la causal inviabilidad fetal y en el caso de embarazos de riesgo vital, son 205 (15,3%) funcionarios. 

Al hacer un análisis en profundidad, se da cuenta de que en todos los hospitales públicos que realizan este procedimiento (68) la causal con mayor objeción es el embarazo producto de una violación. Inclusive, hay 4 establecimientos en donde todos/as los/as obstetras son objetores en la misma causal. Siendo estos el Hospital de Cauquenes y el Hospital de Constitución ubicados en la Región del Maule; y el Hospital de Pitrufquén y el Hospital de Lautaro de la Región de la Araucanía.

Es particularmente grave que en el Hospital de Cauquenes todo el equipo -médicos/as obstetras, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos- que está habilitado para hacer la interrupción del embarazo es objetor de conciencia en las tres causales. Es decir, ninguna mujer o niña que se atiende en ese hospital puede acceder en ese establecimiento a la interrupción que está asegurada por ley.  

A 5 años de la entrada en vigencia de la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la activista de la Asamblea por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, realiza un análisis respecto a la implementación de ley: “Cuenta con deficiencias de base estructurales como, por ejemplo, que no se pueda entregar información a las mujeres, a las personas, a las pacientes, la existencia de la objeción institucional, lo limitado de los plazos para la tercera causal y más”.

En esa misma línea, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, menciona que esta ley contiene barreras y obstáculos que “dificultan que las mujeres y las niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que define la ley IVE”, como lo es la falta de información sobre la ley. Por otro lado, la abogada señala que esta misma falta de información ocurre en los propios equipos de salud pues “desconocen los alcances de esta ley y la responsabilidad que se les asigna”. 

Para la abogada también es preocupante que a las mismas usuarias no se les informe sobre este derecho. “Es bastante grave que una política pública tan relevante no se difunda adecuadamente, que no existan campañas como en otros temas de salud”, señala. Asimismo, considera urgente que los equipos de salud tengan capacitación y que se enfatice en la atención primaria, ya que son los recintos con mayor cercanía de la población.

En la actualidad, de acuerdo a la información obtenida por Ley de Transparencia, los únicos hospitales públicos que no tienen obstetras objetores en ninguna causal son: el Hospital de San Carlos en la Región de Ñuble, el Hospital de Curanilahue de la Región del Biobío y el Hospital de Puerto Aysén de la Región de Aysén.

El equipo médico 

Para realizar la interrupción del embarazo en sus 3 causales se necesita un equipo conformado por: un/a médico/obstetra, anestesista, profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos. Al igual que el caso de el/la obstetra, los otros funcionarios de salud también pueden abstenerse de hacer el procedimiento quirúrgico, por lo tanto, aunque un establecimiento de salud tenga obstetras no objetores, si el resto del equipo es objetor tampoco se puede hacer la interrupción del embarazo. 

Un ejemplo de lo anterior es la situación del Hospital de Vallenar (Región de Atacama) y el Hospital de Lautaro (Región de la Araucanía), en donde todos/as los/as anestesistas son objetores de conciencia en las 3 causales.  Según el artículo 119 ter del Código Sanitario¹, en estos casos los establecimientos de salud deben derivar de “forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción”.

Continuando con el desglose de información, se observa que el resto del equipo que participa en el procedimiento de interrupción del embarazo también presenta una tasa de mayor objeción de conciencia en la causal de violación. Vale decir, los médicos/as anestesistas muestran un 21,4% de objeción en la causal de violación mientras que los profesionales no médicos/as y los/as técnicos/as paramédicos representan un 15,6% y un 12,9% respectivamente.  

Pero, ¿por qué la violación es la causal con más objeción de conciencia? En el Informe de Monitoreo Social sobre el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo  y a la Salud Sexual y Reproductiva en Tiempos de Coronavirus 2020, producido por la Mesa Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, explica que existen múltiples factores por lo cual la violación es la causal con mayor objeción, entre algunas de ellas, los juicios valóricos que hacen los/as funcionarios/as de salud. El informe señala que “en las primeras dos causales el diagnóstico que valida las causales es acreditado por el propio personal médico, mientras que en la tercera ‘la carga de la prueba’ recae en la palabra de la mujer, la que genera profunda desconfianza”, provocando que los y las profesionales rechacen o se retracten de efectuar el aborto en esta causal. 

Incluso, en el informe, una psicóloga perteneciente a la unidad Alto Riesgo Obstétrico (ARO) de un hospital de la zona centro del país, dice que “hay un número -de ginecólogos- que no objetan, pero que terminan siendo igual de vulneradores con las mujeres, que les ponen en duda, que expresan comentarios religiosos como para tratar de que cambien su opinión, a pesar de que no son objetores de conciencia en papel”. 

Acceso a la ley N° 21.030

Los artículos 119 ter y 119 quater del Código Sanitario han dificultado el acceso a la ley de interrupción del embarazo en tres causales debido a que en el primero se consagra la objeción de conciencia, ya sea para el equipo que se desempeña en el pabellón y/o el establecimiento de salud privado, mientras que en el segundo, se prohíbe “la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios, o de medios, prestaciones técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción del embarazo en las causales del inciso primero del artículo 119”. Un ejemplo de esto es que las clínicas que realicen este procedimiento no pueden promover información sobre este derecho. 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe Especial de Fiscalización Focalizada: Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo, realizado por el Consejo para la Transparencia en 2021, de los 107 organismos prestadores de la red de salud² que fueron fiscalizados y que están vinculados al ejercicio de este derecho, no se pudo acceder a los protocolos de atención en 1 de cada 3 organismos. Asimismo, los protocolos no están “disponibles de manera permanente para quien esté interesado” en la página de Transparencia Activa. 

La integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina considera la prohibición de entrega de información como algo gravísimo, pues en otros casos como enfermedades crónicas, los servicios de salud difunden información sobre los síntomas, prevención, etc. Esta situación desde la perspectiva de la activista “no se puede excluir la interrupción del embarazo porque involucra -de alguna manera- situarla dentro de la ley en un lugar de clandestinidad y eso atenta contra los derechos de las mujeres y de todas las personas”.  

Los protocolos 

De los 107 establecimientos de salud fiscalizados en el informe del Consejo por la Transparencia, solo 44 servicios reportaron sus respectivos protocolos de atención. Ahora bien, el documento constata que fueron entregados 58 protocolos, ya que hay organismos que cuentan con más de uno. No obstante, conocer si se está realizando una efectiva implementación de estos es una problemática que aún es difícil de comprobar. 

El monitoreo creado por la mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia relata testimonios de las capacitaciones de los/as funcionarias/os de la atención primaria de salud (APS) y de la atención secundaria de salud. Respecto a la primera, una matrona de la zona centro del país dice: 

«Yo en el tiempo que llevo, jamás he recibido una instrucción del servicio de salud, ni de nivel municipal, en relación al tema (…) solo hemos recibido ese material educativo que eran estos carteles y los flyers, pero no hemos recibido ni capacitaciones ni una orientación específica a nivel del servicio de salud«.

En general, apunta el informe, la capacitación se ha centrado en la atención secundaria y no en los y las funcionarias de la primera. Una situación preocupante puesto que las mujeres, cuando buscan atención ginecológica, muchas veces ingresan por el sistema  primario de salud. Y, al final, «los equipos de atención primaria no necesariamente cuentan con la preparación para informar, guiar y derivar a una paciente”, dice el documento.

Las capacitaciones al personal de salud son clave para las mujeres que quieran acceder a este derecho. “Hay mujeres que pudiendo haber constituido una causal no pudieron decidir sobre una interrupción del embarazo porque quién las atendió no les entregó la información o se las presentó como una opción”, narra el informe. Es más, una psicóloga de la unidad ARO de la zona sur cuenta:

“En el sur del país se relata el caso de una joven atendida en APS con un embarazo por violación y donde el equipo tardíamente se dio cuenta que podía haber accedido a la IVE. Pasa que los médicos, la verdad, no conocían nada de la ley, pero nada. Es como que la pega, la ley IVE es de la matrona, cuando evidentemente causal 3 es una causal que le puede llegar a un técnico paramédico un fin de semana o al psicólogo o a cualquiera”.

Si bien existe un mayor enfoque en las capacitaciones del sector secundario de la salud y se ha avanzado en mayor profundización en capacitación y cursos sobre la ley o que se relacionen con la misma, el monitoreo señala que hay funcionarios que reconocen la necesidad de «no tan solo manejar información técnica, sino también comprender la importancia de la empatía y la parte emocional de un proceso como este». Una trabajadora social ARO de la zona sur comenta:

“Fue muy polémica esta ley entonces todavía hay personas que tienen eso de criticar, que no se sabe bien qué es lo que se hace. Yo creo que la capacitación, concientizar, en ser empático. Nuestras capacitaciones que hacemos en conjunto con la psiquiatra van enfocadas en poder tocar ese lado sensible de las personas porque es fácil hablar de afuera, cuesta mucho ponerse en los zapatos de la otra persona”.

Lo que pudo ser y lo que viene por delante

Al igual que distintas problemáticas de nuestro país, la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales pudo tener cambios sustanciales con la propuesta constitucional del 2022. Siomara Molina explica que en el caso de la objeción de conciencia “es algo que tendría que haberse regulado mediante un proceso legislativo”, mientras que la  prohibición de la publicidad “podría eventualmente haber cambiado, pero es algo que tendríamos que haber intencionado desde otros lugares para que ocurriera, ya sea desde la institucionalidad pública o desde la sociedad civil”. La activista destaca que la propuesta de texto constitucional del 2022 creaba un marco para avanzar hacia la despenalización del aborto, pero que “no establecía una regulación detallada, porque eso es materia de ley”.

En cuanto a las negociaciones que se están dando en el Congreso para un nuevo proceso constituyente, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, dice que los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales vigentes en el país fueron parte de los acuerdos mínimos de la «denominada hoja en blanco ya definida en el acuerdo del 2019 y en las reformas constitucionales que habían materializado dichos acuerdos».  Y que dentro de estos derechos humanos protegidos están los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, se entiende que los derechos sexuales y reproductivos «no deberían depender del contenido o texto expreso» de la nueva propuesta si se mantienen estos tratados como parte de los acuerdos.

 1 Art. 119 ter inc. 1: “El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. (Biblioteca Nacional del Congreso).

² Prestadores de salud, según el informe Especial de Fiscalización Focalizada, Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo: 52 Hospitales Autogestionados; 4 Hospitales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile; 16 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud; 29 Servicios de Salud; 6 Organismos de la Administración Central del Estado.

³ Atención Secundaria: Corresponde a los establecimientos que brindan atención ambulatoria y sólo a pacientes que hayan sido derivados desde el nivel primario o tras consultar las Unidades de Emergencia, cuando el profesional de la salud ha determinado que requiere atención de mayor complejidad.

Por Danitza Soto, periodista del equipo de comunicaciones de Corporación Humanas 

“Nos sentimos postergadas”. Esta frase resume de forma significativa las muchas conversaciones sostenidas, tanto con usuarias como con funcionarias del sistema público de Salud en el segundo monitoreo social a la ley de interrupción del embarazo (IVE) en tres causales y el acceso a salud sexual y reproductiva.

Es la segunda vez que la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia realizan este ejercicio de fiscalización ciudadana. Esta vez, se realizó junto a seis organizaciones en distintas localidades: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos. 

El primer monitoreo fue en 2019, a poco más de un año de implementada la ley, y develó la ausencia de información sobre la ley a las mujeres y la comunidad; una preocupante falta de información y capacitación del propio personal de salud; la objeción de conciencia como un obstáculo para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; y, finalmente, la afectación del derecho de decisión de quienes estuvieran enfrentando un embarazo en alguna de las causales permitidas por ley.

En esta oportunidad nos propusimos monitorear lo que ocurrió con la atención de salud sexual y reproductiva (SSR) y el acceso al aborto legal durante el pandémico 2020. Es entendible que la crisis requiriera una serie de adecuaciones para responder a la emergencia y disminuir las situaciones de riesgo de contagio para pacientes y personal de salud, pero el monitoreo arroja una opinión bastante generalizada entre usuarias y equipos, en que en los primeros meses hubo bastante caos, sin información clara para las usuarias, pero tampoco de directrices adecuadas desde las autoridades para los propios centros de atención. 

De hecho, recién en junio de 2020 se conocen las orientaciones para el manejo de casos COVID en gestantes, donde se indica que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal en el embarazo de mujeres con COVID positivo y con patologías respiratorias severas, y en octubre se adoptan las orientaciones técnicas de continuidad de atención en SSR en el contexto de la pandemia.

Los resultados muestran que, en los seis territorios monitoreados, la realización de interrupciones voluntarias del embarazo se mantuvo durante la pandemia, pero los problemas y obstáculos identificados en el monitoreo de 2019 no se han superado, y en algunos casos se han producido retrocesos en la atención. 

Es grave la ausencia de información sobre el aborto legal, sobre todo cuando se conoce del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres y niñas en los peores meses de la pandemia. En las entrevistas, las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios, y no como resultado de la difusión de una política de salud. 

En la red asistencial, la objeción de conciencia se mantiene como una barrera para acceder al aborto legal, así como la obstrucción de profesionales que no se declaran objetores, pero que tramitan pidiendo mayores evaluaciones de las necesarias, o felicitan a las mujeres por sus embarazos o hacen comentarios religiosos a ver si cambian de opinión. 

En la atención de salud sexual y reproductiva, los déficits previos a la crisis sanitaria se han agudizado debido a la discontinuidad en las atenciones, la orientación de no ir a un establecimiento de salud salvo situaciones de emergencia o sospecha de COVID, así como el temor al contagio de las propias mujeres que evitaron acercarse a los consultorios. 

La atención de salud estuvo centrada en las gestantes -control prenatal y parto- y el o la recién nacida. Luego de semanas se retomó la entrega de anticonceptivos, no sin dificultades, tal como mostró la tardía información sobre lotes de anticonceptivos defectuosos que fueron distribuidos en la red asistencial. Las demás prestaciones como papanicolaous, mamografías, y manejo de infecciones de transmisión sexual, se suspendieron y sólo se han ido retomando recientemente. El personal de salud expresa temor respecto del impacto de estas postergaciones sobre la mortalidad y enfermedad de las mujeres –por ejemplo, cánceres no detectados a tiempo. 

Un grupo particularmente afectado es el de adolescentes y jóvenes: cerradas las escuelas, los internados y los espacios amigables en la red de salud, faltaron estrategias para mantener el contacto y la información con esta población. Veremos consecuencias en su salud sexual y reproductiva, en violencia sexual y en embarazos no deseados.

El monitoreo también da señales respecto de otras deficiencias de la atención en salud sexual y reproductiva a poblaciones específicas con necesidades particulares, como las personas en situación de discapacidad y la comunidad LGBTI+, a quienes claramente no ha incorporado el sistema de salud. 

A las mujeres y personas gestantes con discapacidad se las infantiliza en su sexualidad, y se las excluye, pues no hay información pensada en términos de accesibilidad universal, ni personal capacitado para entregarla. Por su parte, son muy escasos los establecimientos y profesionales que dan respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las lesbianas y las personas trans. 

En todos los territorios, las usuarias declararon haber vivido situaciones de maltrato en la atención. Particularmente durante la juventud, adolescencia o durante el parto. 

Finalmente, las entrevistas expresan que lo que se ha podido hacer en acceso al aborto en tres causales y en atención en salud sexual y reproductiva ha dependido en mucho del compromiso de los equipos de salud y de las mismas mujeres de esos equipos. Si bien se agradecen las voluntades de profesionales que tienen un interés por resguardar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, esto debería ser una garantía estatal.

En suma, los hallazgos del monitoreo son preocupantes y debieran llevar a acciones urgentes de parte del Ministerio de Salud. 

Descarga aquí el Informe completo del Segundo Monitoreo Social

Descarga aquí el Resumen Ejecutivo

Accede al proyecto de ley Modifica el Código Penal, para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación Boletín N°12038-34

“Como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, me he puesto a disposición de las organizaciones feministas que han dedicado su vida a la pelea por un aborto libre y seguro para todas. Junto a ellas y a las parlamentarias mocionantes, hemos decidido iniciar formalmente la tramitación del proyecto que presentamos hace algunos años y que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Comenzará este miércoles 13 de enero y esperamos despachar lo antes posible a la sala” comentó la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini.

Por su parte, Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, señaló que “nos parece muy importante que el parlamento reanude el debate sobre derechos sexuales y reproductivos a más de dos años de la presentación del proyecto sobre despenalización del aborto. Esta discusión debe darse de cara a la ciudadanía que demanda cambios constitucionales y legales en materia de derechos de las mujeres y las niñas”.

Así mismo Gloria Maira, coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile declaró que “consideramos que descriminalizar la decisión de las mujeres es fundamental en el respeto de nuestra dignidad y derechos. No hay avances sustantivos en la igualdad si el ejercicio de la autonomía reproductiva es objeto de sanción penal. Esperamos que el debate dentro y fuera del parlamento que produzca la tramitación legislativa contribuya a visualizar la intrínseca relación entre el respeto de la libertad y autonomía personal y de los derechos humanos de las mujeres con el fortalecimiento de la democracia, mayor justicia y mejores vidas”.

Cabe destacar que las diputadas autoras del proyecto que fue ingresado el 2018; Maite Orsini, Karol Cariola, Camila Vallejo, Daniella Cicardini, Cristina Girardi, Claudia Mix, Natalia Castillo, Emilia Nuyado, Camila Rojas y Gael Yeomans presentarán el proyecto en la Comisión de Mujer, a la que también está citada la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

La diputada de Comunes, Camila Rojas planteó que “así como en Argentina, en Chile también tenemos que avanzar en la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Queremos que esta discusión se tome el debate nacional, que el derecho de las mujeres a decidir ante casos tan cotidianos como que falle el anticonceptivo, se discuta en las casas”.

En la misma línea, la diputada Karol Cariola (PC) apoyó la idea y planteó que «no corresponde que una mujer corra el riesgo de ir a la cárcel cuando decide interrumpir su embarazo dentro de las primeras 14 semanas por otras razones. Esto es algo de lo que el Estado chileno debe hacerse cargo, por eso es importante llevar adelante este proyecto. Argentina dio una tremenda lección a América Latina y el mundo respecto de la importancia de escuchar las necesidades y las demandas de las mujeres organizadas».

Por su parte, la diputada Claudia Mix (Comunes) aseguró que “lo sucedido en Argentina tiene que ser un ejemplo a seguir en todo el continente. Por eso es muy importante reactivar esta discusión y avanzar en la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. Las mujeres merecemos tener el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos sin que se nos criminalice. Penalizar el aborto es avalar la clandestinidad y la inseguridad, es perpetuar la desigualdad y no reconocer a las mujeres como sujetas de derecho que tienen soberanía sobre sus cuerpos».

La diputada Camila Vallejo, jefa de la bancada comunista, agregó que «no podemos esperar a la redacción de una Nueva Constitución para abrir este debate. Las 3 causales son insuficientes para miles de mujeres que tienen necesidad de interrumpir sus embarazos por el motivo que sea y el Estado debe responderles descriminalizando su decisión»

Finalmente, la diputada Daniella Cicardini (PS) aseguró que «creemos que es el momento necesario para reimpulsar ese debate en nuestro país, entendiendo que el contexto ha cambiado, que las mujeres levantaron también con fuerza la demanda por igualdad y sus derechos sexuales durante el estallido social, y logramos el hito histórico de la paridad en la nueva Constitución, por lo que no hay razones para postergar más y no avanzar en su aprobación».

]]> https://www.humanas.cl/con-el-aborto-legal-en-argentina-la-marea-verde-avanza-en-chile-la-camara-de-diputadas-y-diputados-discutira-la-despenalizacion/ Fri, 08 Jan 2021 12:23:45 +0000 http://www.humanas.cl/?p=20258

A poco más de una semana de la incorporación del aborto como derecho en Argentina, las fichas del tablero de la ampliación de derechos en América Latina y el Caribe empiezan a moverse. En Chile, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género fijó la fecha para discutir el proyecto de ley de despenalización presentado en 2018 por un conjunto de parlamentarias y preparado por Corporación Humanas. El 13 de enero comienza el debate.