Las sociedades democráticas evolucionan, dialogan y avanzan en reconocimiento de derechos, especialmente cuando sus clases políticas escuchan las necesidades de las personas. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de los derechos de quienes sufren en secreto y soledad. La maternidad no deseada para las mujeres es todavía un tabú. En Chile abandonar tu salud y tus proyectos de vida por un embarazo no deseado o inoportuno es una obligación legal.

No importa si no tienes cómo llegar a fin de mes, si sufres de violencia de pareja, si la carga de cuidados se vuelve insostenible, si no resistes los dolores o estás enferma y el embarazo solo va a empeorar tu calidad de vida. No importa si no has accedido a salud sexual y reproductiva ni educación sexual integral para prevenir un embarazo. No importan tus circunstancias económicas, sociales, ni familiares o si tu salud mental está deteriorada. Tampoco importa la inexistencia de apoyo social si te encuentras en un estado de vulnerabilidad extrema.

El Estado exige que llegues a término con ese embarazo, pero al mismo tiempo te expone a la discriminación laboral si eres madre o a cuidar sin seguridad social. Ni siquiera importa que los niños y niñas cuyos padres no pueden cuidarlos vean vulnerados sus derechos más básicos por el propio Estado.

Estas realidades no se mencionan en el debate. En su lugar se construyen caricaturas sobre el aborto para evitarlo a toda costa. Se dice que hay temas más importantes que legislar o debatir -aunque veamos proyectos de ley para proteger las olas del surf- o que se propone con fines electorales. Los proyectos de vida de las mujeres parecen no tener suficiente valor para un debate político serio y técnico.

¿Por qué estás necesidades no quieren ser escuchadas en el Parlamento? ¿Por qué las mujeres no podemos exigir disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental en torno a la reproducción? ¿Por qué no se habla de maternidades deseadas y en condiciones dignas?

El aborto ya ocurre en Chile, con barreras de acceso para quienes logran probar una causal legal extrema (la violación, el riesgo para la vida o inviabilidad después del parto). Y ocurre también en la clandestinidad, sin garantías ni justicia social, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Quienes no encajan en las causales de la ley 21.030 se ven forzadas a abortar en la ilegalidad, asumir embarazos no deseados o a enfrentar procesos judiciales injustos.

Legislar sobre el aborto no obliga a nadie a abortar, pero sí garantiza que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura y legal. Hoy, las mujeres más vulnerables enfrentan riesgos, estigmas y cárcel por el hecho de no asumir la imposición legal de terminar un embarazo perjudicial para sus vidas.

Necesitamos un debate serio y empático sobre el aborto, basado en derechos y evidencia. Una conversación que ponga en el centro a las personas y la dignidad de la vida, y no las ideologías ni creencias religiosas.

Invitamos a todas las personas a conversar, informarse y exigir que el Parlamento escuche estas realidades. Legislar sobre aborto es legislar para la calidad de vida y la dignidad de las mujeres que hoy no tienen voz.

Columna publicada en El Mostrador el 29 de mayo de 2025.- 

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2023.- Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE y otras organizaciones locales hemos encabezado una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto

La Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar.

Con esta resolución, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud. Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal.

Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Desde GIRE confiamos en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Publicado en el sitio web de GIRE 

A cinco años de la entrada en vigor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Chile, que permite abortar en caso de riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación, no se han superado aún muchos de los obstáculos de su implementación y los resultados quedan lejos de ser los esperados.

Cuando se promulgó la norma, se calculó que daría respuesta a unos 2.550 casos al año, pero las cifras están muy por debajo de esta estimación.

Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos. El 31 % fueron por riesgo para la madre, el 49 % por inviabilidad fetal y el 20 % por violación. En 2021, el año con los registros más altos, se realizaron 672 y durante el primer semestre de 2022, 276.

Ante tal recuento y tras las alertas de una incorrecta ejecución de la ley por parte de organizaciones que observan y vigilan su puesta en práctica, los ministerios de la Mujer y Salud anunciaron una revisión del reglamento y la implementación de la norma.

Obstáculos para el acceso al aborto en Chile

«Existen barreras que dificultan que las mujeres y niñas afectadas por alguna de las tres causales puedan acceder a la atención de salud que la ley IVE define», sostiene Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas.

Entre los principales obstáculos que mencionan las expertas se destacan la poca información sobre la ley y los derechos que reconoce, incluso de los propios equipos de salud.

«Hemos tenido una administración [del Gobierno anterior de Sebastián Piñera] que estaba en contra de esta ley y no le interesaba que se conociera», indica Lidia Casas, fundadora de la Mesa Acción por el Aborto.

Las analistas también apuntan a una falta de capacitación de los profesionales sobre los procedimientos; el estigma social con el que carga el aborto; la ausencia de mecanismos de fiscalización efectivos; y la falta de regulación de la objeción de conciencia.

El 47 % de los obstetras del sistema público son objetores de conciencia en caso de violación, según datos publicados en la prensa chilena proporcionados por la Ley de Transparencia.

«Existe una normalización de la violencia sexual por parte de los proveedores de salud», apunta la directora de la Corporación Miles, Javiera Carrera.

Otro dato que las expertas destacan es que solo el 14% del total de IVE se realizaron en un centro de salud privado, un porcentaje que cae aún más en la causal de violación (3%) y que se convierte en ínfimo cuando esta circunstancia afecta a menores: en cinco años, el sector privado solo ha realizado la IVE a dos menores por violación.

«Hay una fuerte presencia del conservadurismo en el mundo de la salud de los espacios más de élite. El sector privado no tiene fiscalización del Estado y pone sus propias normas», indica Siomara Molina, integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.

Batalla en las instituciones

Recientemente, el Partido Republicano ha presentado un proyecto para derogar la ley de la IVE y aumentar las penas a las mujeres que la realicen.

«Desde 2012 a 2021 ingresaron ante el Ministerio Público 1.430 nuevos casos por delito de aborto y de las personas formalizadas (69,5%) o posteriormente condenadas (57%) la mayoría son mujeres», señala Camila Maturana.

Para los detractores, como Constanza Schneider, presidenta de Siempre por la Vida, «la implementación de la ley de las tres causales dio pie a que se persiga una legislación completamente permisiva». La dirigente se refiere al artículo de la propuesta de nueva Constitución que garantizaba los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto.

La ciudadanía rechazó el nuevo texto en el plebiscito del 4 de septiembre, por lo que, por ahora, los avances en esta materia quedaron congelados.

«Según las encuestas, solo un 8% de las personas se movilizaron a votar rechazo por estar en contra de la agenda de género, por lo que en ningún caso se pierde la posibilidad para seguir avanzando», sostiene Javiera Canales.

Para Maturana, el recorrido debería darse al margen del proceso constituyente que está a punto de reanudarse.

«Los derechos sexuales y reproductivos, en tanto a derechos humanos consagrados en los tratados internacionales vigentes en Chile, son vinculantes para el país y no debieran depender del contenido de una nueva Constitución», explica.

El Gobierno presenta una ley

La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, ha anunciado que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y cambiar así la ley que entró en vigor hace cinco años.

En declaraciones a la televisión CNN Chile, Orellana ha revelado que ya se han iniciado «las conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos».

La meta es definir «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más, porque al menos digamos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones», afirmó.

La ministra ha criticado, asimismo, el proyecto promovido por dos diputados del conservador Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, que con el apoyo de la Iglesia y grupos de ultraderecha, pretende prohibir el aborto en Chile.

«Quiero ser bien clara: no hay lugar para propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave», ha recalcado.

Nota de Meritxell Freixas para EFE