Con base en la mayoría electoral obtenida en la votación de consejeros y consejeras en mayo pasado, el Partido Republicano ha impuesto su ideario político, contando con amplio respaldo de los partidos de Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli). Pero el hecho de contar con amplia mayoría circunstancial no reviste a su propuesta de la legitimidad que requiere una Constitución para regir a un país completo.

Uno de los aspectos más críticos que presenta la propuesta es la falta de garantías a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, diversidades sexuales, migrantes, pueblos indígenas, y al conjunto de derechos sociales (como salud, trabajo y educación) y ambientales, entre otros. Con preocupación se observa que, en lugar de avanzar en la protección de las personas, se imponen restricciones y retrocesos importantes. La Constitución que proponen los Republicanos y Chile Vamos se desentiende de las necesidades de la ciudadanía y no permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes habitan Chile.

La propuesta constitucional restringe los derechos laborales de mujeres y hombres, y no ofrece reales garantías al derecho a la salud ni a la seguridad social, pues para ello no basta enunciar la libertad de elección. Por lo demás, la anunciada protección a la propiedad de los fondos de pensiones obstaculizará el pago de las deudas de pensiones alimenticias que afecta a miles de niños y niñas en el país.

Para las mujeres, el texto resulta particularmente negativo. De acuerdo a la ideología republicana, y de los partidos políticos que la apoyan, las mujeres deben permanecer relegadas en el espacio privado y seguir desempeñando solas las tareas domésticas y de cuidado, sin reconocimiento ni retribución. Para este sector político, las mujeres no deben contar con garantías para participar en la vida social y política ni acceder a cargos públicos, pese a la evidencia internacional sobre la importancia de medidas afirmativas para asegurar la participación de mujeres en espacios de decisión. Tampoco les preocupa la vivencia cotidiana de violencia de género a que están expuestas las mujeres y las niñas, pues rechazaron incluir normas orientadas a su prevención y sanción.

Durante la discusión constitucional también se ha transparentado que los representantes del Partido Republicano, y parte de los partidos políticos que los apoyan, buscan derogar o restringir la ley sobre aborto en tres causales. De ahí su iniciativa para consagrar la protección de «quien está por nacer». Además, el reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia -que sólo debiera tener rango legal en carácter estrictamente excepcional- permitirá que profesionales o clínicas puedan rechazar determinadas atenciones de salud sexual y reproductiva e incluso negar el acceso a información y a métodos anticonceptivos ampliamente requeridos por mujeres y adolescentes. Además, bajo la propuesta de nueva Constitución, se multiplicarán los obstáculos para que niñas, niños y adolescentes puedan recibir educación sexual integral, fundamental para protegerse de la violencia sexual.

Dado lo avanzado del proceso, gran parte de la propuesta constitucional está lista y sólo las últimas observaciones están siendo revisadas por la Comisión Mixta, previo a su votación en el Consejo. Se trata de un texto que responde sólo a las ideas de un determinado sector, además de implicar retrocesos en materia de derechos humanos. Lamentablemente no contamos con una propuesta de Constitución que incluya y proteja a todas y todos.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Columna publicada el 19 de octubre en Cooperativa