Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.  

Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.  

Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos. 

Firman: 

Internacionales

1.     Centro de Derechos Reproductivos
2.     CIVICUS Alianza Global 
3.     Federación Internacional por los Derechos Humanos  (FIDH)
4. International Service for Human Rights (ISHR)
5.     Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

 Regionales

6.   Amnistía Internacional   Oficina Regional de las Américas
7.   Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
8.   Grupo de pueblos indígenas de la ILC-ALC – América Latina y el Caribe
9.   Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra – ILC – América Latina y el Caribe
10.   Plataforma Mujeres y Derechos a Tierra y Territorios de la ILC LAC – América Latina y el Caribe
11.   Plataforma Regional De Agricultura – América Latina y el Caribe
12.   Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
13.   Red Territorios de Vida TICCA Latinoamérica (ICCA Consortium) – América Latina

Locales

14.   Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
15.   Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS – Bolivia
16.   Environmental Defender Law Center – Brasil
17.   Corporación Humanas – Chile
18.   Observatorio Ciudadano – Chile
19.   Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
20.   Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) – Colombia
21.   Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
22.   Coalición Nacional Por la Tierra Ecuador – Ecuador
23.   Movimiento Mujeres Luna Creciente – Ecuador
24.   Manuel Eduardo Peralta Antamba – Ecuador
25.   Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
26.   Runa Ayllullakta Comunidad Amazónica Cordillera de Cóndor Mirador – Ecuador
27.   Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador – Ecuador
28.   Fundación Hermandad Integrada por la Solidaridad del Inmigrante (FHISI) – Ecuador
29.   Fundación Arupo – Ecuador
30.   Amazon Frontlines – Estados Unidos
31.   Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Estados Unidos
32.   Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)   – Estados Unidos
33.   Robert F. Kennedy Human Rights – Estados Unidos
34.   Central de organizaciones indígenas maya Ch’orti’ Nuevo Día – Guatemala
35.   Red de Mujeres del Trifinio HOSAGUA Guatemala – Guatemala
36.   Centro Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
37.   Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación – Honduras
38.   Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) – Mesoamérica
39.   Consultora Solidaria – México
40.   Mujeres Indígenas por ciarena – México
41.   Fundación para la Justicia – México
42.   Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
43.   Congreso General indigena Maje Embera Drua – Panama
44.   Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco – Paraguay
45.   Asociación Pro Derechos Humanos – Peru
46.   Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra – Perú
47.   DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú
48.   Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD) – Perú
49.   Fundación Étnica Integral – Republica dominicana
50.   Mesa nacional para las migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD) – República Dominicana
51.   Articulación Nacional Campesina  (ANC) – República Dominicana

A días de la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la discusión en Chile se cruza con los esfuerzos por avanzar en el Congreso Nacional del proyecto de ley que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. En este escenario, las voces de expertas feministas ponen sobre la mesa no solo las implicancias legales, sino también el trasfondo social, sanitario y cultural.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Laura Bartolotti, coordinadora de incidencia de Corporación Humanas, subraya la importancia de que el gobierno haya dado inicio a esta discusión, pese al retraso respecto a lo prometido en la Cuenta Pública de 2024.

En vísperas de un nuevo ciclo electoral, la experta hizo un llamado claro a los aspirante a La Moneda y al Congreso Nacional: “Sería ideal que los candidatos, tanto presidenciales como parlamentarios, pudieran tomar conciencia de cuál es la relevancia que tienen los derechos sexuales y reproductivos. No es un tema menor, tiene un apoyo ciudadano importante y Chile está más que preparado para hacer este debate sin sesgos ideológicos”.

Así, defendió que el proyecto de aborto del Gobierno debe seguir avanzando y no sufrir contratiempos o restricciones dependiendo del sector político que gane la elección de noviembre. “Es bueno que el debate del aborto haga reflexionar a los tomadores de decisión respecto a qué violencia están sufriendo las mujeres embarazadas”, señaló.

Aborto como política pública, no imposición ideológica

“Nos parece muy importante que se inicie este debate. El año 2018 avanzamos en despenalizar en tres causales el aborto y la idea es que podamos ir avanzando hacia una despenalización social y una legalización del aborto por plazo en el mediano y largo plazo. Las organizaciones de la sociedad civil sabemos que puede ser un tema incómodo, Chile ha demostrado cierto conservadurismo respecto a temas que pueden tocar lo valórico”, expuso al ser consultada.

El debate sobre el aborto, enfatizó Bartolotti, no puede reducirse a una agenda exclusiva de los movimientos feministas ni a ninguna mirada netamente ideológica. “Detrás de la demanda del aborto, no solamente hay una demanda feminista, sino que también está directamente relacionado con el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, también con la reparación ante la violencia en el caso de mujeres que sufren embarazos producto de violación”, postuló.

“Acá no se le está imponiendo a nadie hacer abortos ni a un profesional de salud que vaya en contra de sus creencias religiosas. Lo que queremos es que se garantice sin discriminación el acceso a una prestación de salud que lamentablemente en Chile está en el Código Penal”, argumentó, agregando que nuestro país “es bastante conservador en su reglamentación del aborto”.

Una realidad social que requiere urgencia

“El debate en torno al aborto tiene un trasfondo mucho más importante detrás, que tiene que ver con el acceso a las políticas públicas sexuales y reproductivas. Y también tiene que ver con las maternidades deseadas y con qué sociedad de cuidados queremos crear”, complementó al respecto Bartolotti.

La experta insistió en que el aborto debe ser abordado como una política pública de salud. “No estamos hablando de un tema de nicho, sino que estamos hablando de una realidad social que viven muchas mujeres. Que en estos momentos no tienen las condiciones socioeconómicas, físicas, de salud, para continuar un embarazo, y el Estado no puede obligarlas a continuar un embarazo que vaya a perjudicar tanto sus proyectos de vida, su salud, etc. Y que todas tengan el derecho a decidir y recibir sobre todo una atención de salud digna”, recalcó Bartolotti.

Los casos recientes de fallas en anticonceptivos entregados por el sistema público, que derivaron en embarazos no deseados, son ejemplo de cómo la precariedad institucional golpea directamente a las mujeres. Por ello, Bartolotti remarcó la importancia del aborto como política para solucionar problemas de salud pública.

“La idea es que las mujeres que van a abortar, y que lo van a hacer de cualquier forma, no sean estafadas con pastillas falsas. Que puedan recurrir a un servicio médico en caso de una emergencia sin que las criminalicen, sin que las vayan a denunciar por un delito. Asimismo, desde el punto de vista de la actual ley de tres causales, es muy exigente respecto a hacer un aborto por la situación de riesgo vital de la madre. O sea, la mujer tiene que estar prácticamente al borde de la muerte para que haya un aborto”, sostuvo la experta.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, 25 de septiembre 2025.-

En la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron un acuerdo histórico que refuerza el multilateralismo, reconoce el cuidado como derecho humano y compromete medidas concretas en democracia paritaria, financiamiento y derechos sexuales y reproductivos.

A 50 años de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México en 1975, los Estados de la región se reunieron nuevamente en Ciudad de México para aprobar el Compromiso de Tlatelolco. Este documento constituye la hoja de ruta hacia una década de acción (2025–2035) para acelerar la igualdad sustantiva de género y construir la sociedad del cuidado como paradigma regional.

El Compromiso reconoce que la actual organización social de los cuidados es injusta y desigual, y que ha recaído históricamente sobre las mujeres, niñas y adolescentes, en particular indígenas y afrodescendientes. Frente a ello, se establece que el cuidado es un derecho humano autónomo y un bien público, y se llama a los Estados a garantizar políticas, marcos normativos y sistemas integrales que reconozcan, redistribuyan y profesionalicen el trabajo de cuidados.

Entre sus principales acuerdos, se destacan:

• Democracia paritaria: impulsar medidas que garanticen la representación igualitaria de las mujeres en todos los poderes del Estado y en los más altos niveles de decisión.

• Derechos sexuales y reproductivos: asegurar acceso universal a la salud integral, incluida la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral, y servicios de aborto seguros y de calidad donde la legislación lo permita.

• Prevención y erradicación de violencias: abordar todas las formas de violencia de género, incluyendo la violencia digital, el feminicidio, la esterilización forzada, el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

• Financiamiento: avanzar en presupuestos con perspectiva de género, políticas fiscales progresivas y cooperación internacional que aseguren recursos sostenibles para políticas de igualdad.

• Cambio climático y cuidados: integrar la perspectiva de género en políticas ambientales y reconocer el rol de las mujeres defensoras ambientales y comunitarias.

• Rol de la sociedad civil: el documento reconoce el papel histórico de las organizaciones feministas y de mujeres como motor de cambios estructurales en la región.

El Compromiso de Tlatelolco reafirma que alcanzar la igualdad sustantiva requiere voluntad política, financiamiento y participación activa de mujeres y diversidades. Con Colombia como próxima sede en 2028, la región proyecta una agenda transformadora hacia 2035.

El panel fue moderado por Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Directora General de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público de Paraguay, y contó con la participación de la senadora nacional Lilian Samaniego, la jueza Dra. Vivian López, la diputada nacional Rocío Vallejo, la directora de políticas de género del Tribunal Superior de Justicia Electoral Laura Garbett, y la presidenta de Corporación Humanas (Chile), Paula Salvo del Canto.

Durante su intervención, Paula Salvo advirtió que la violencia política de género “no es un fenómeno aislado, sino estructural”, y que se manifiesta en campañas de desprestigio, denuncias falsas y presiones institucionales que buscan inhibir la participación pública de las mujeres.

“No basta con las normas: hacen falta protocolos, formación y mecanismos efectivos de atención. Las mujeres siguen sin encontrar rutas claras cuando enfrentan estos ataques”, sostuvo. La presidenta de Corporación Humanas también llamó a fortalecer alianzas entre sociedad civil, academia e instituciones públicas para generar respuestas integrales: “La democracia plena no será posible mientras las mujeres sigan siendo expulsadas simbólica o materialmente de los espacios de poder”.

Desde una perspectiva regional, las panelistas coincidieron en que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino una práctica estructural que limita el acceso igualitario al poder y a la justicia. Se identificaron formas comunes de exclusión, como campañas de desprestigio, cuestionamientos sobre la legitimidad de las mujeres en cargos públicos, invisibilización mediática y obstáculos institucionales que muchas veces no reconocen esta violencia como tal.

En este sentido, las participantes subrayaron la necesidad de fortalecer protocolos institucionales con enfoque de género, así como promover la capacitación especializada en violencia política dirigida a jueces, operadores de justicia, órganos electorales y partidos políticos.

El seminario fue una iniciativa del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Propuso una mirada crítica y constructiva sobre las respuestas del sistema penal paraguayo frente a las distintas formas de violencia contra mujeres y niñas. A través de cuatro paneles temáticos, se analizaron los vacíos normativos, las barreras en la judicialización y las estrategias para avanzar hacia un sistema de justicia eficaz, sensible y garantista de derechos humanos.

Revisa los paneles completos aquí

Santiago 21 de julio, 2025.- En el marco de la visita oficial a Chile de Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Corporación Humanas sostuvo una reunión para compartir antecedentes, diagnósticos y recomendaciones sobre la situación nacional en esta materia, desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.

Durante el encuentro, se entregó una minuta que recoge la trayectoria de trabajo de Corporación Humanas en el ámbito nacional e internacional, así como observaciones sobre el contexto actual de criminalización de la protesta y los desafíos pendientes para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la reunión, especialmente por parte de mujeres, defensoras ambientales, lideresas indígenas, activistas migrantes y jóvenes.

Corporación Humanas cuenta con más de dos décadas de experiencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, participando activamente en el sistema internacional de derechos humanos. Ha presentado informes ante comités como el de Derechos Humanos de la ONU y la CEDAW, y colabora con redes regionales como la Articulación Regional Feminista y plataformas como Nada Sin Nosotras. Su trabajo ha contribuido a visibilizar violaciones a los derechos en contextos de protesta, migración y violencia político-sexual.

La organización destacó la importancia de adoptar un enfoque interseccional y transfeminista en la protección del derecho a la protesta, tal como se expresa en el informe regional elaborado junto al CELS en 2022. Asimismo, se expresó especial preocupación por el contenido del proyecto de ley sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), actualmente en tramitación en el Congreso Nacional.

Corporación Humanas alertó sobre las omisiones del proyecto en aspectos esenciales, como la incorporación del principio de proporcionalidad, la distinción entre armamento letal y menos letal, y la necesidad de resguardar la prohibición de tortura y el uso de la fuerza contra personas detenidas. Además, se enfatizó la urgencia de garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, participación de la sociedad civil y transparencia mediante informes periódicos y auditorías independientes.

La organización reiteró que toda normativa sobre uso de la fuerza debe alinearse con los estándares internacionales en la materia, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza (1990) y la guía de Naciones Unidas sobre armas menos letales (2020).

“En un momento de riesgo para el ejercicio de derechos en América Latina, es fundamental que los mecanismos internacionales escuchen y recojan las experiencias de las organizaciones feministas. La protesta social no puede seguir siendo criminalizada; es una herramienta legítima para exigir justicia”, señalaron desde Corporación Humanas.

La minuta entregada a la Relatora Gina Romero se encuentra disponible aquí, como contribución al fortalecimiento de los estándares internacionales para la protección del derecho a la reunión pacífica y la protesta social desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.

La reciente declaración de un diputado y candidato presidencial, en la que afirma sin titubeos que volvería a apoyar un golpe de Estado en Chile —incluso conociendo sus consecuencias—, es un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe relativizarse. No es un exabrupto aislado ni una simple provocación de campaña: es una manifestación abierta de negacionismo, una banalización de crímenes atroces y un atentado directo contra la memoria histórica, los derechos humanos y la convivencia democrática.

Chile vivió una dictadura civil-militar que dejó heridas profundas, muchas de las cuales siguen abiertas. Según los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Comisión Valech, al menos 3.200 personas fueron ejecutadas o desaparecidas, más de 38.000 fueron víctimas de prisión política y tortura, y cientos de miles se vieron forzadas al exilio. Las víctimas incluyen a niñas, niños, mujeres, hombres, personas mayores, estudiantes, campesinos, sindicalistas, profesionales.

La represión fue sistemática y generalizada: detenciones ilegales, centros clandestinos de tortura, violencia político-sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, exilio y relegación. Crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que han sido condenados por organismos internacionales y por la comunidad internacional.

Frente a este brutal historial lleno de evidencia, las palabras dichas no solo constituyen una afrenta ética y política: son un acto de violencia simbólica contra las víctimas, sus familias, muchas de las cuales —como recuerda la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos— aún no han recibido verdad, justicia ni reparación. Más de 1.100 personas permanecen desaparecidas. Sus cuerpos siguen sin ser devueltos. Su memoria no puede ser negada ni ultrajada en el debate público.

No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente. Chile se prepara para un nuevo ciclo electoral, y la democracia no puede ser puesta en riesgo por liderazgos que trivializan el sufrimiento colectivo o que promueven abiertamente la ruptura institucional como herramienta política. La historia no se puede usar como propaganda ni convertirse en botín electoral.

Resulta inaceptable que un candidato presidencial utilice su tribuna para legitimar hechos que destruyeron el Estado de derecho, eliminaron libertades, clausuraron el Congreso y silenciaron a la ciudadanía mediante el terror. La banalización del mal, como advirtió Hannah Arendt, se encarna en la capacidad de transformar lo inaceptable en rutina, de vestir la barbarie con lenguaje técnico o neutral. Eso es precisamente lo que hacen estas declaraciones.

También hacemos un llamado al periodismo, al mundo académico, a la sociedad civil y a la ciudadanía a no dejar pasar este tipo de discursos como parte del “colorido” electoral. No se trata de libertad de expresión, sino de apología de crímenes internacionales. No todo vale en campaña.

La memoria no divide: une a quienes creemos en la democracia, la justicia y los derechos humanos. Recordar es un acto de responsabilidad política y ética. El dolor de una sociedad no se banaliza. Nunca más.

Por Paula Salvo del Canto, presidente de Corporación Humanas

Columna de opinión publicada en El Mostrador, el 09 de julio de 2025

Como feministas del sur, no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza, ni frente a los retrocesos democráticos que se extienden por el mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la criminalización de la protesta, la persecución de defensoras y defensores, y el cerco informativo, constituyen amenazas directas al ejercicio de las libertades fundamentales y a la vigencia del derecho internacional.

El genocidio en Gaza ha cobrado la vida de millones de personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Las imágenes que logran romper el cerco mediático nos enfrentan a una tragedia que exige acción urgente. Gestos como el de Greta Thunberg y la flotilla humanitaria, aunque simbólicos, son profundamente políticos y reflejan el clamor global por un alto al fuego y por justicia. La deportación de activistas humanitarias debe ser denunciada como parte del silenciamiento de quienes defienden el derecho a la vida y la paz.

No podemos dejar de mirar también lo que ocurre en África y Asia, donde mujeres y niñas enfrentan violencias extremas como la mutilación genital, el matrimonio forzado, la trata, la negación del acceso a derechos básicos y los feminicidios. Estas crisis nos interpelan a defender con más fuerza la inclusión de la perspectiva de género en la política internacional y en la resolución de conflictos armados.

En Centroamérica, también observamos con alarma el debilitamiento del estado de derecho, la criminalización de organizaciones sociales y feministas, y las graves restricciones a la libertad de prensa, como en Nicaragua. La militarización de la seguridad, como en El Salvador, ha derivado en detenciones masivas y arbitrariedades que afectan de forma desproporcionada a comunidades vulnerables, incluidas mujeres, juventudes y personas migrantes.

En Estados Unidos, las redadas migratorias y la declaración de estados de emergencia en ciudades como Los Ángeles refuerzan una política de criminalización de la migración que debe cesar. La dignidad no tiene fronteras.

Miramos con preocupación los atentados recientes en Colombia, que debilitan el camino hacia la paz con justicia social, y también las restricciones en Turquía y otras regiones donde mujeres, defensoras y diversidades sexuales enfrentan condiciones críticas para ejercer sus derechos más básicos.

Hoy más que nunca, reafirmamos que la paz, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional no son negociables. Las guerras, los autoritarismos y las políticas de odio no son el camino de la justicia ni de la convivencia.

Las organizaciones feministas hemos sostenido históricamente que no hay paz sin justicia, ni democracia sin derechos humanos para todas las personas. El impacto diferenciado de estas crisis sobre mujeres y niñeces debe estar en el centro de cualquier análisis o respuesta internacional.

Desde Chile, como parte de los movimientos feministas del sur global, alzamos la voz por una comunidad internacional que no tema decir: no al genocidio, no a la impunidad, no al silencio. Porque la dignidad será global, o no será.

Por Fabiola Gutiérrez, encargada de Comunicaciones, Corporación Humanas.

Columna de opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 17 de junio, 2025.- 

La discusión sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), ley que regula el actuar de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como de las Fuerzas Armadas en ciertas circunstancias, entró en su etapa decisiva. Tras intensos debates en el Senado, el proyecto pasó a tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Este avance legislativo es crucial para el país, pero también trae consigo enormes responsabilidades: aprobar una regulación que proteja a las personas, asegurar la actuación legítima de las policías y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

La necesidad de contar con una ley sobre uso de la fuerza es indiscutible. Organizaciones de derechos humanos como el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Relatoría Especial para la Tortura de Naciones Unidas han señalado que regular este ámbito no solo profesionaliza la labor de los agentes estatales, sino que además fortalece el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva de los derechos humanos una normativa clara es imprescindible para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas. Desde la perspectiva policial, brinda certezas y protege a los funcionarios en el cumplimiento de su deber, dándoles reglas claras en contextos de alta presión.

Sin embargo, el peligro es real: por las características de este proyecto y el contexto político que lo rodea, la «mano ancha» con las policías es una tentación demasiado grande. El asesinato de tres carabineros en Cañete en abril de 2024 y el clima de inseguridad han impulsado una agenda de seguridad donde la proporcionalidad y la cautela parecen quedar en segundo plano.

En la discusión de Sala del Senado se eliminaron artículos críticos: se rechazó la incorporación explícita del principio de proporcionalidad, se suprimió la instrucción de no disparar directamente al rostro, cabeza o torso con armamento menos letal y se aprobaron normas que refuerzan presunciones de justificación del uso de la fuerza al estilo «Naín-Retamal”.

Este retroceso es sumamente grave. La regulación del uso de la fuerza no puede entenderse como un «cheque en blanco» para actuar sin límites. Al contrario, los estándares internacionales -como el «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» (1979), los «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego» (1990) y las «Guidance on Less-Lethal Weapons» de Naciones Unidas (2020)- exigen que toda intervención estatal cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.

Estas reglas y principios internacionales no son nuevos en la función de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y ya se encuentran instaladas a nivel administrativo, por ejemplo, en el Decreto N° 8 del Ministerio de Defensa de 2020 o en la Circular 1832 de 2019 de Carabineros de Chile.

El principio de proporcionalidad no es un obstáculo para el actuar policial: es su principal defensa, porque lejos de inhibir la acción de los agentes, entrega parámetros claros para tomar decisiones difíciles, le otorga legitimidad frente a la ciudadanía y los protege de sanciones arbitrarias. Su eliminación no solo vulnera los derechos de las personas, expone también a los propios funcionarios y funcionarias policiales.

Además, suprimir normas que impidan disparar a zonas vitales, como el rostro o el torso, contradice directamente las recomendaciones de Naciones Unidas. Se trata de salvaguardas mínimas para evitar lesiones irreversibles o muertes en contextos de control de orden público.

En esta etapa crítica de discusión legislativa, hay una responsabilidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de corregir estos graves retrocesos, y de ser necesario, de la Comisión Mixta que eventualmente se conforme.

Pero, si el Congreso no logra enmendar los aspectos más problemáticos del texto, se debe hacer uso del veto presidencial. Así lo permiten las atribuciones constitucionales, y así lo exige la obligación internacional del Estado de Chile de garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la protesta pacífica.

Legislar sobre el uso de la fuerza es legislar sobre los límites del poder del Estado. Y cuando se trata de esos límites, la premura nunca puede justificar la imprudencia. Más aún en un país cuya historia reciente -marcada por las violaciones sistemáticas, generalizadas y masivas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y los abusos documentados en el estallido social- exige que toda regulación sobre la fuerza estatal esté guiada por un compromiso irrestricto con el respeto y garantía de los derechos humanos y las obligaciones contraídas por Chile, en esta materia.

Escriben: Paula Salvo Del Canto, Presidenta de Corporación Humanas y Hernando Silva Nériz, Co-director del Observatorio Ciudadano.

Columna publicada en El Desconcierto, el 02 de mayo de 2025

Esta norma, que otorga amplias facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional. A partir de ahora, estas organizaciones deberán obtener la “conformidad previa” del Estado para implementar proyectos y actividades, lo que subordina su labor a la autorización estatal y atenta directamente contra su autonomía e independencia.

Además, la ley califica como “infracción muy grave” el supuesto “uso indebido” de fondos de cooperación cuando estos se destinen a brindar asesoría, asistencia o financiamiento a acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, que cuestionen al Estado peruano. Es decir, cualquier organización que represente o apoye legalmente a personas o comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos podría ser sancionada. En caso de cometer una infracción grave, la APCI podrá imponer sanciones económicas desproporcionadas, de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$720,000), y suspender o cancelar el registro de dichas organizaciones.

La promulgación de esta norma se enmarca en una preocupante tendencia regional de cierre del espacio cívico, en el que varios gobiernos han impulsado normativas que imponen requisitos administrativos y financieros desproporcionados, dificultando el acceso al financiamiento, además de otorgar amplios poderes de control a entes estatales. Estas medidas, lejos de fomentar la transparencia, han sido utilizadas como instrumentos de censura y represión. Casos emblemáticos como los de Nicaragua, donde miles de organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018; Venezuela, con la reciente aprobación de una ley que otorga al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones; y Paraguay, con la Ley N.º 7.363 de 2024, que impone restricciones arbitrarias a las entidades sin fines de lucro, son ejemplos de esta tendencia. En este contexto, la ley recientemente promulgada en Perú se suma a una peligrosa deriva regional que debe ser enfrentada con urgencia.

Reiteramos nuestra solidaridad con las organizaciones peruanas que hoy ven amenazada su existencia y su importante labor. Hacemos un llamado firme a la comunidad internacional, a los órganos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, y a los gobiernos de la región a continuar pronunciándose y actuando ante esta grave regresión. Proteger el espacio cívico es esencial para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en América Latina.

Firman:

• Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas – Paraguay
• Akahata – Equipo de trabajo en sexualidades y géneros – Argentina
• América Diversa Inc – Estados Unidos
• Amnistía Internacional – Global
• Apuesta Solidaria AC – México
• Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) – México
• Asociación ALFIL – Ecuador
• Asociación comunitaria víctimas defensa derecho de productores Agropecuario de Corozal Sucre – Colombia
• Asociación Nomadesc – Colombia
• Asociación Otras Voces – Colombia
• Asociación Panambi – Paraguay
• Asociación Panameña de personas Trans (APPT) – Panamá
• Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos – El Salvador
• ASPIDH – El Salvador
• ATTTA Red Nacional – Argentina
• Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. – México
• Centro de Derechos Reproductivos – América Latina y el Caribe
• Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM) – Ecuador
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
• Centro de Promoción y Defesa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) – Perú
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
• CLADEM – Regional
• CMP Flora Tristán – Perú
• CODHES – Colombia
• Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) – Colombia
• Colectivo por la Igualdad de Género – Piura – Perú
• Colectivo Unidad Color Rosa – Honduras
• Colombia Diversa – Colombia
• Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
• Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Colombia
• Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala – Guatemala
• Coordinación Colombia -Europa – Estados Unidos – Colombia
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – Perú
• Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia – Paraguay
• Corporación Humanas – Chile
• COTRAVETD – República Dominicana
• DEMUS – Perú
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) – Honduras
• Equipo Jurídico por los Derechos Humanos – Honduras
• Espacio Público – Venezuela
• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) – Internacional
• Féminas Perú – Perú
• Fundación Arcoiris – México
• Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) – Perú
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF) – Regional
• Fundación para la Justicia – México
• Generación Orgullo Asociación por la Diversidad Sexual y de Género – Perú
• GRUFIDES – Perú
• Grupo Interdisciplinario GIDH – Colombia
• Humanidad Vigente Corporación Jurídica – Colombia
• IFEX-ALC – Regional
• Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos – Regional
• Las Karahuayllas – Asoc. Mujeres Transformando Vidas – Perú
• Lesbianas Independientes Feministas Soc-LIFS – Perú
• Movimiento Autónomo de Mujeres – Nicaragua
• Movimiento Homosexual de Lima – Perú
• Movimiento Homosexual de Lima – Unidad de Lesbianas y Bisexuales – Perú
• Mujeres Libres COLEM, AC – México
• OTRANS-RN – Guatemala
• Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) – Venezuela
• Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) – México
• Red de mujeres organizada del distrito de Carabayllo – Perú
• Red Mexicana de Mujeres Trans A.C. – México
• Rosa Rabiosa – Perú
• Secretaria Ejecutiva del Sipinna Estado de Aguascalientes – México
• Servicio Internacional para los Derechos Humanos – Estados Unidos
• Sindicato Amanda Jofre – Chile
• Synergía – Iniciativas por los Derechos Humanos – Regional
• Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe – América Latina y el Caribe
• Transvida – Costa Rica