La seguridad ciudadana se ha transformado en la principal preocupación de las personas en Chile. Según diversos estudios de opinión, el temor a ser víctima de un delito alcanza la cifra más alta registrada en los últimos 23 años. Sin embargo, en lugar de enfrentar este desafío a enfoques probados, basados en evidencia y centrados en la prevención, este temor se ha utilizado para impulsar políticas populistas de “mano dura”, tales como proyectos de ley que promueven una mayor flexibilización en el porte de armas de fuego, aumentando así su circulación. Este tipo de medidas son problemáticas pues podrían provocar un aumento de los niveles de violencia de género, provocando más delitos y representan un retroceso en derechos humanos.

Si bien Chile es uno de los países más seguros a nivel regional en América Latina, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes aumentó desde 4,6 en el año 2021 hasta 6,7 en en año 2022. Reforzado por la atención de los medios de comunicación, esto ha generado una gran alarma pública sobre la delincuencia. La atención, sin embargo, debería centrarse en lo que ocurre de puertas adentro: los delitos que más afectan a mujeres y niñas experimentaron alzas incluso superiores. En el año 2022, la tasa de violencia doméstica y violación ascendió a 548,4 y 24,6, mientras que en los cinco años anteriores la promediaban 490,5 y 19,6, respectivamente (ver tabla 1).

Tabla 1: Tasa de casos policiales por cada 100.000 habitantes, 2017–22

A pesar de este salto en los delitos sexuales y la violencia doméstica, los medios de comunicación y las autoridades han prestado mucha menos atención a este tema que a otros delitos. Esta falta de interés podría deberse a un enfoque parcial que responde a prejuicios sexistas sumado a una visión tradicional de la seguridad pública centrada en el Estado y la seguridad nacional. La inseguridad no afecta a todas las personas por igual y, frecuentemente, las políticas de seguridad no consideran el espacio privado-familiar en el que pueden producirse las principales amenazas para la vida e integridad de mujeres y niñas.

Desde una perspectiva de género, este desequilibrio pone en cuestión la neutralidad de las respuestas estatales. Refuerza la demanda de posicionar la violencia contra las mujeres como un asunto de seguridad que requiere un aborde integral dado que es el resultado de formas de inseguridad interrelacionadas: a modo de ejemplo, una mayor circulación de armas de fuego y una cultura que legitima las jerarquías y violencia de género.

En el año 2022, las armas de fuego representaron un 53,9% del método utilizado en las muertes violentas (ver el gráfico 1) y el 11,6% de los femicidios consumados. El Gobierno ha intentado intervenir en el aumento de la circulación de armas mediante el plan ‘Menos Armas, Más Seguridad’, destinado a reducir la cantidad de armas de fuego ilegales y los índices de homicidios y delitos violentos, y a interrumpir el flujo de armas legalmente inscritas y utilizadas en actividades delictivas. Como parte de este plan, en diciembre de 2023 tuvo lugar la mayor destrucción de armas de fuego en la historia de Chile con 25 mil armas, lo que significó un 39 % más que en 2022.

Figura 1: Porcentaje de víctimas de homicidios consumados por año según el mecanismo de ejecución de homicidios, 2018–22

Muchos factores, sin embargo, promueven la idea de que tener un arma otorgará mayor seguridad a los ciudadanos. La percepción de inseguridad por parte de la población, el aumento de las armas en la comisión de delitos y la ausencia de medidas coordinadas entre diversos actores estatales, como las autoridades civiles, policías, parlamentarios y Poder Judicial, contribuyen a esta idea.

En la actualidad, las medidas de la agenda de seguridad pública impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a disminuir el uso de armas pequeñas a través de marcos regulatorios más fuertes, no tienen un correlato con las prioridades legislativas en el Congreso Nacional, donde los partidos de oposición dominan ambas cámaras. En cambio, es más probable que los enfoques de ”mano dura” que reflejan las nociones clásicas de seguridad y permisividad en el uso de armas de fuego logren el consenso necesario para convertirse en ley, especialmente dada la percepción pública de que la inseguridad está aumentando, a pesar de que las estadísticas oficiales entregan un panorama más matizado.

Dos proyectos de ley de este tipo que se debaten actualmente en el Congreso — y que tienen una tramitación inusualmente rápida — podrían aumentar de inmediato el uso de armas.

El primer proyecto de ley autoriza al personal retirado de Gendarmería de Chile -institución a cargo de la custodia de recintos penitenciarios — el porte y uso de armas de fuego.¹ Las justificaciones dadas son los riesgos que supone el contacto con condenados que integran organizaciones de crimen organizado, y que los gendarmes retirados podrían prestar apoyo a la policía cuando ocurren delitos en la vía pública.

El segundo proyecto de ley autoriza el porte de armas por los aspirantes a oficiales de las policías² desde el primer año de formación y durante la realización de la práctica policial. Se justifica en la necesidad de ‘propiciar la autodefensa con motivo de las labores que estos ciudadanos desempeñan’.

Ambos proyectos de ley omiten que la disponibilidad de armas de fuego es el principal factor de riesgo para los homicidios y feminicidios, así como el papel que frecuentemente juegan las armas en la violencia doméstica y sexual como mecanismo de amenaza o intimidación, aunque no sean utilizadas directamente.

Como contrapartida, existe otro proyecto de ley destinado a prohibir a las personas que se estén en procesos de violencia intrafamiliar³ portar o tener armas de fuego. Este proyecto de ley puede aplicarse a quienes estén siendo condenados o sujetos de una suspensión del procedimiento. Al ser una iniciativa con escasa difusión y menor popularidad mediática y social, se encuentra paralizada en su tramitación por el congreso y no cuenta con la urgencia y celeridad que sí tienen las propuestas que promueven una mayor circulación en el uso de armas de fuego.

Considerando este escenario, cabe proponer al Estado de Chile las siguientes recomendaciones para fortalecer intervenciones integrales para restringir la circulación de armas de fuego y proteger de la violencia a niñas, mujeres y disidentes sexo-genéricas:

1. Crear políticas públicas integradas. Chile cuenta con un conjunto diverso de planes nacionales en materia de derechos humanos, seguridad pública y violencia de género — diseñados e implementados aisladamente –- que omiten acciones destinadas a generar diagnósticos sobre el impacto de las armas de fuego en la violencia de género. La elaboración del Tercer Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 representa una oportunidad para subsanar este déficit, incorporando mayor articulación entre estas políticas y compromisos concretos para el control de armas de fuego como medida de prevención de la violencia de género.
2. Aumentar la participación de las mujeres en las políticas de seguridad con enfoque de género. Es fundamental que las políticas de seguridad incluyan las diversas necesidades y experiencias de las mujeres, sacándolas del rol tradicional de víctimas pasivas e incorporándolas a los espacios de toma de decisiones y de acción para darles un rol protagónico en el diseño e implementación de soluciones sostenibles y duraderas en materia de seguridad.
3. Aprobar normas sobre prevención de la violencia de género. Desde el año 2017, el congreso debate el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia de género, y en 2023 se presentó un proyecto sobre prohibición de porte de armas para imputados por violencia doméstica. Ambas iniciativas representan un paso adelante para abordar esta problemática, por lo que las autoridades deben acelerar su tramitación legislativa.
4. Incorporar la perspectiva de género al órgano encargado del control de armas. Como ente encargado de la coordinación central de la ley de control de armas, la Dirección General de Movilización Nacional -dependiente del Ministerio de Defensa- requiere capacitar a su personal sobre el impacto diferenciado según género de la circulación de armas. Esta capacitación incluye criterios que prohíben la adquisición y porte de armas a los denunciados por violencia doméstica y realiza una fiscalización efectiva para la aplicación de estas medidas.
5. Prohibir el porte de armas de fuego institucionales a los agentes de las fuerzas de seguridad denunciados en hechos de violencia de género. Esta prohibición debería aplicarse de forma temporal para los casos en etapa de investigación y de forma definitiva para aquellos con sentencia condenatoria.
6. Unificar y difundir las estadísticas desagregadas. Las estadísticas de seguridad pública deben estar desagregadas por sexo para realizar diagnósticos que permitan comprender el impacto de la violencia armada. Esta desagregación debe mostrar el impacto del tráfico de armas pequeñas en la violencia de género para elaborar políticas públicas basadas en evidencia.
7. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario que haya más transparencia y rendición de cuentas en materia de control de armas de fuego, con información clara sobre los gastos y resultados de las medidas implementadas de forma periódica y accesible.
8. Fortalecer la capacidad de los grupos de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres, para desarrollar un monitoreo integral. El desarrollo de capacidades debe centrarse en la situación de seguridad de las mujeres y su relación con las armas de fuego.