La llamada “mega reforma fiscal” impulsada por el gobierno ha sido presentada como una modernización tributaria orientada al crecimiento económico. Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y de las promesas de dinamismo económico, lo que emerge es un proyecto profundamente ideológico: reducir deliberadamente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y trasladar crecientemente los costos de la protección social a las familias y al mercado.

La discusión no es abstracta. En un país donde las mujeres siguen sosteniendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado, donde la pobreza afecta con mayor intensidad a las mujeres y donde amplios territorios dependen de servicios públicos debilitados, las rebajas tributarias al gran capital no son neutras. Cada punto menos de recaudación implica menos capacidad estatal para financiar salud, educación, pensiones, sistemas de cuidados, prevención de violencia y políticas sociales esenciales. Cuando el Estado retrocede, son las mujeres quienes absorben primero el impacto: cuidando más, trabajando más y sosteniendo en silencio aquello que deja de garantizar lo público.

La reforma propone reducir impuestos corporativos, ampliar exenciones tributarias y disminuir ingresos permanentes del Estado en un contexto de creciente presión fiscal. Sus defensores sostienen que menores impuestos generarían inversión y crecimiento económico. Pero esta lógica revive una vieja promesa que Chile ya conoce: la teoría del “chorreo”, según la cual favorecer primero al gran capital terminaría beneficiando indirectamente al resto de la sociedad. La evidencia reciente demuestra lo contrario. Durante décadas, Chile combinó crecimiento económico con profundas desigualdades estructurales, concentración de riqueza y una débil protección social.

El problema no es únicamente distributivo. También es fiscal. El propio Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma podría generar riesgos relevantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas, pudiendo aumentar el déficit estructural y la deuda del país en los próximos años. Las rebajas tributarias tienen efectos inmediatos sobre la recaudación, mientras los supuestos beneficios en crecimiento son inciertos, difíciles de proyectar y de largo plazo. En otras palabras: los costos son concretos; las ganancias, hipotéticas.

Esto ocurre en un escenario internacional marcado por alta volatilidad económica, desaceleración global y crecientes demandas sociales internas. Debilitar deliberadamente la capacidad recaudatoria del Estado en este contexto no parece una apuesta técnica responsable, sino una decisión política orientada a redefinir el rol de lo público. Lo que está en juego no es solo una reforma tributaria, sino una determinada concepción de sociedad.

Las señales son claras. Mientras se promueven beneficios tributarios atractivos electoralmente, incluyendo exenciones amplias y rebajas sin focalización, se legitiman simultáneamente recortes en políticas sociales, investigación científica y gasto público. El mecanismo es conocido: primero se reducen los ingresos fiscales y luego se argumenta que “no hay recursos” para sostener derechos y programas esenciales.

Presentar esta discusión como un simple debate económico oculta su dimensión más profunda. La pregunta de fondo es quién financia la vida colectiva y quién asume sus costos. En sociedades altamente desiguales, los impuestos no son solo herramientas recaudatorias; son instrumentos de cohesión democrática. Debilitar al Estado en nombre de la eficiencia económica no elimina las necesidades sociales: simplemente las desplaza hacia los hogares, los territorios y, especialmente, hacia las mujeres.

Por eso, la “mega reforma fiscal” no puede analizarse únicamente desde indicadores macroeconómicos. También debe evaluarse desde sus efectos democráticos y sociales. Porque cuando el Estado pierde capacidad para garantizar derechos, la desigualdad deja de ser una consecuencia y se transforma en un modelo de organización social.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna publicada en La Tercera, el 15 de mayo del 2026.-

Lo primero es asumir el escenario sin resignarse: cuando el contexto se vuelve más adverso, cambia el ritmo, no el horizonte. Ese es un punto clave para leer el 2025 y proyectar el 2026 en la agenda de derechos humanos de las mujeres.

El balance del año es ambivalente. Por una parte, se abrieron debates largamente postergados -como el aborto legal por plazos y el derecho al cuidado-, lo que constituye un avance democrático relevante. Por otra parte, el clima político se endureció y las agendas de seguridad y orden tendieron a desplazar los derechos, presentándolos como secundarios o prescindibles. El principal desafío fue sostener que los derechos humanos de las mujeres no son un tema sectorial ni identitario, sino un piso básico de cualquier democracia. El avance, aunque parcial, fue que la conversación pública no se apagó: se mantuvo anclada en evidencia, estándares de derechos humanos y exigencia de responsabilidad estatal.

Uno de los grandes pendientes del año fue el estancamiento en participación política y paridad. No se trata de un problema técnico, sino político. Los diagnósticos y propuestas existen desde hace años; lo que falta es voluntad para modificar reglas que redistribuyen poder, financiamiento y acceso real a espacios de decisión. En un año electoral, muchas decisiones se volvieron defensivas y lo estructural volvió a postergarse. El mensaje es preocupante: sin cambios en las reglas, la igualdad queda librada a la excepción y no a la garantía.

En 2025 se presentó finalmente el proyecto de ley de aborto legal por plazos, abriendo una conversación social y legislativa ineludible. El debate continúa en el Congreso, marcado por intentos de frenar, dilatar o vaciar el contenido de la iniciativa. Por eso será clave sostenerlo con información rigurosa, evidencia comparada y un enfoque de derechos humanos y de salud pública. El rol de las organizaciones es vigilar el proceso legislativo, enfrentar la desinformación y recordar que no basta con una ley si no existen condiciones reales de acceso en el sistema de salud.

La insistencia en los datos -especialmente en materia de violencia contra las mujeres- sigue siendo una herramienta de justicia. No es lo mismo saber que la violencia existe que demostrar cómo opera, a quiénes afecta más y dónde fallan las instituciones. La evidencia permite exigir metas, presupuesto y rendición de cuentas, y protege el debate público frente a la negación y la manipulación.

El derecho a cuidar y ser cuidados marcó también un cambio de paradigma. Avanzar hacia una sociedad del cuidado implica reconocer que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente femenino, sino una responsabilidad pública y un estándar de derechos humanos. Redistribuir el cuidado es redistribuir oportunidades y profundizar la democracia.

Entramos a 2026 con un escenario político más adverso. La estrategia debe ajustarse sin abandonar el horizonte: mayor vigilancia institucional y presupuestaria, alianzas amplias, pedagogía pública basada en evidencia y una defensa persistente del sentido común democrático. El desafío es claro: que los retrocesos no se normalicen y que los derechos de las mujeres sigan siendo una exigencia central de la democracia.

Por Paula Salvo Del Canto, directora de Corporación Humanas

Columna de Opinión publicada en Radio Universidad de Chile, 22 de diciembre 2025

El documento —impulsado por el Comité de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de América Latina y el Caribe (CoNGO CSW LAC)— advierte sobre los retrocesos democráticos, el aumento de la violencia de género y el debilitamiento de los sistemas de acceso a la justicia que hoy enfrentan mujeres y niñas en su diversidad.

Democracia en riesgo y justicia debilitada

La declaración subraya que América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo y que en distintos países se observan señales alarmantes de debilitamiento institucional, militarización y cooptación de los sistemas judiciales, lo que genera aún más barreras para denunciar y acceder a justicia efectiva.

También alerta sobre el aumento de las violencias extremas de género, incluyendo feminicidios, transfeminicidios, desapariciones, trata y ataques contra defensoras de derechos humanos y territorios. A esto se suma el avance de discursos fundamentalistas y anti-derechos que buscan restringir libertades y desacreditar a quienes denuncian.

Prioridad regional: garantizar acceso real a la justicia

El documento enfatiza la urgencia de fortalecer sistemas judiciales inclusivos, accesibles y libres de discriminación, removiendo las barreras que enfrentan mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres con discapacidad y mujeres que viven con VIH, entre otras.

Entre las principales demandas, las organizaciones llaman a los Estados a:

• Adecuar sus sistemas de justicia a los estándares internacionales.

• Proteger a víctimas y denunciantes sin revictimizaciones.

• Garantizar acceso a derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la despenalización del aborto.

• Atender la violencia digital y algorítmica que afecta con especial fuerza a niñas y adolescentes.

• Reconocer el rol fundamental de las organizaciones feministas en la defensa de los derechos humanos.

Participación de Corporación Humanas

Como parte de la articulación regional, Corporación Humanas estuvo presente en la sesión y en la presentación del documento, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento de la democracia en la región.

“Este es un momento clave para reforzar la incidencia feminista en los espacios multilaterales. Las alertas están encendidas y la región necesita respuestas urgentes, coordinadas y con enfoque de derechos”, señalaron desde Corporación Humanas.

Un llamado regional a la acción

La declaración reafirma la necesidad de que los Estados de América Latina y el Caribe cumplan sus obligaciones internacionales, fortalezcan sus instituciones democráticas y aseguren sistemas de justicia capaces de proteger, reparar y garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas. En un contexto de retrocesos y amenazas, las organizaciones feministas de la región subrayan que la acción colectiva y la vigilancia democrática serán claves en el camino hacia la CSW70 y los compromisos globales de igualdad de género.

Revisa la declaración completa aquí.

Esta ausencia no es menor. La sociedad conyugal sigue siendo un régimen que ubica al marido como administrador de los bienes, una discriminación estructural que afecta la autonomía económica de las mujeres. Pese a que su reforma ha sido presentada como prioridad en anteriores cuentas públicas y que Sonia Arce luchó por este cambio desde hace más de 20 años, la discusión sigue estancada y sin avances significativos.

Así nace el diálogo entre La Fiera y Jovanka que pone sobre la mesa preguntas incómodas y los pendientes que aún pesan sobre nuestra legislación.

– La Fiera: Dime, Jovanka, ¿es justo que una mujer, por el solo hecho de estar casada, no pueda vender su casa sin permiso de su marido?

– Jovanka: Por supuesto que no. Pero en Chile, hasta hoy, eso puede ocurrir. Se llama “sociedad conyugal”, y es el régimen legal que gobierna los bienes de muchas parejas casadas. Aunque suena neutral, en realidad pone al marido como administrador de todos los bienes comunes… y de los de ella también.

– La Fiera: ¿Y qué pasa si ese marido la abandonó hace años? ¿Si no responde? ¿Si es violento?

– Jovanka: Pasa lo que le ocurrió a Sonia Arce. Quiso vender una propiedad que había heredado junto a sus hermanos, pero no pudo hacerlo porque estaba casada bajo este régimen. Para vender necesitaba la firma de su esposo, un hombre con el que ya no convivía. No había violencia explícita. Pero había control. Y, sobre todo, había una ley que la trataba como incapaz.

– La Fiera: ¿Y qué hizo Sonia?

– Jovanka: Luchó. Llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001, con apoyo de Corporación Humanas y CEJIL. Denunció al Estado de Chile por discriminación basada en su sexo. En 2008, logró un acuerdo amistoso con el Estado. Chile se comprometió a cambiar la ley para asegurar que hombres y mujeres tuvieran los mismos derechos sobre sus bienes.

– La Fiera: ¿Y se cambió la ley?

– Jovanka: No. Han pasado más de 20 años. Cinco presidentes. Múltiples promesas. Y el proyecto de ley, aunque ha avanzado en la Cámara De Diputadas y Diputados, aún espera en el Senado. Como si no fuera una materia urgente.

– La Fiera: ¿Pero no se han hecho otras reformas por la igualdad?

– Jovanka: Sí, muchas. Pero hay algo simbólico y estructural en esta. ¿Cómo decimos que luchamos por la autonomía económica de las mujeres, si aún hay una ley que dice que una mujer casada necesita un hombre para disponer de sus propios bienes?

– La Fiera: Entiendo. Pero me confunde algo. ¿Acaso no pueden elegir otro régimen al casarse?

– Jovanka: Pueden, pero el régimen por defecto sigue siendo la sociedad conyugal. Además, muchas mujeres no saben que pueden cambiarlo. Y otras lo descubren cuando ya están atrapadas en él. Cambiar el régimen no es fácil: requiere abogados, trámites, y recursos. Y mientras tanto, la discriminación sigue escrita en el Código Civil.

– La Fiera: ¿Y qué dicen los que se oponen al cambio?

– Jovanka: Que hay cosas más urgentes. Que las parejas pueden pactar lo que quieran. Que no es tan grave. Pero lo cierto es que esta ley refuerza una idea antigua: que el hombre manda en lo económico, y la mujer obedece o espera. Sonia Arce lo dijo con claridad: “Lo hice por mí, por mi hermana y por todas las mujeres”.

– La Fiera: Entonces, ¿por qué no se cambia ya?

– Jovanka: Porque cuesta reconocer que el Estado ha sido cómplice de una violencia más sutil, más antigua, pero no menos hiriente: la violencia económica contra las mujeres. Porque hay quienes aún se resisten a perder poder, incluso si se esconde bajo la forma de una firma en una notaría.

– La Fiera: ¿Y qué podemos hacer?

– Jovanka: Exigir que el Senado cumpla. Que deje de postergar. Que se recuerde el compromiso internacional asumido en 2008. Que se reconozca, al fin, que las mujeres no necesitan un hombre para decidir sobre lo suyo.

– La Fiera: Que así sea, Jovanka. Porque la igualdad no se escribe solo en discursos. Se escribe, sobre todo, en las leyes.

Por Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas

Columna publicada en Radio Universidad de Chile, 03 de junio del 2025

Revisa la nota completa con la participación de Paula Salvo Del Canto, presidenta de Corporación Humanas en 24 horas.

Santiago 18 de marzo, 2025.- Este reconocimiento simbólico destaca no solo el impacto sostenido de nuestra labor, sino también el buen uso y administración del inmueble fiscal entregado por Bienes Nacionales, donde funciona nuestra oficina. Un espacio que hemos convertido en un lugar de encuentro, reflexión y acción colectiva por los derechos de las mujeres, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia, la igualdad y la participación social.20

“Este reconocimiento nos inspira a seguir trabajando con convicción por una sociedad más justa e igualitaria, desde un espacio que hemos convertido en casa para el pensamiento, la acción colectiva y la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, señaló Constanza Schönhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.

Durante la actividad, se destacó la importancia de fortalecer las alianzas con las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, reconociendo su aporte fundamental para el avance de los derechos de las mujeres en Chile.

“Para nosotras es un honor recibir este reconocimiento, que valoramos como un hito colectivo, fruto del compromiso de muchas mujeres, organizaciones, aliadas y defensoras con quienes hemos caminado estos 20 años”, expresó Paula Salvo, presidenta del directorio de nuestra organización..

A lo largo de estas dos décadas, Corporación Humanas ha trabajado en la producción de estudios, informes e investigaciones; la promoción de políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos; la defensa jurídica de mujeres víctimas de violencia y discriminación; y la generación de campañas y acciones comunicacionales para instalar nuevos sentidos comunes y avanzar hacia sociedades más igualitarias.

Este reconocimiento nos inspira y nos compromete a seguir trabajando con convicción, creatividad y esperanza, enfrentando los desafíos actuales, pero siempre con la mirada puesta en una sociedad libre de violencia y discriminación hacia las mujeres y niñas.

]]> https://www.humanas.cl/camila-maturana-y-propuesta-de-aborto-mas-alla-de-lo-valorico-uno-esperaria-que-este-debate-tenga-lugar-tomando-en-cuenta-la-experiencia-de-mujeres-y-ninas/ Thu, 02 Jan 2025 12:22:42 +0000 https://www.humanas.cl/?p=23450 La directora de Humanas recalcó que en los países democráticos, después de legislar sobre causales, «el paso siguiente es debatir directamente un modelo de plazos», y que las leyes que establecen penalidades no disuaden a las mujeres de abortar.

Luego de la postergación del ingreso del proyecto de aborto legal, el intercambio público de declaraciones entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el cardenal Fernando Chomali, enardeció un debate que políticamente ya se vislumbra cuesta arriba, en cuanto a los apoyos que esta iniciativa pueda concitar en el Congreso Nacional.

En principio el arzobispo de Santiago había celebrado el aplazamiento del proyecto, lo que motivó que la secretaria de Estado afirmara que “las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“. En su última respuesta a Orellana, Chomali sostuvo en Radio Futuro que “lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero a mi no me quitó el sueño”.

Bajo ese contexto, desde las organizaciones ponen énfasis en abordar este debate desde una perspectiva de salud, y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada y directora de la Corporación Humanas, Camila Maturana, valoró que el Gobierno haya reafirmado su compromiso en esta materia y sostuvo que, si bien se trata de un debate complejo, con posiciones fuertes y controversiales, “lo importante es que en un Estado democrático de derecho es un debate que tiene que ocurrir tanto a nivel social como a nivel del Parlamento“.

En esa línea, Maturana indicó que es importante que esta materia se aborde más allá de lo valórico, sino desde una perspectiva amplia, poniendo foco en los derechos de las mujeres y las niñas: “Más allá de las posiciones valóricas que puedan defender distintos actores en la sociedad, lo importante es que en una sociedad democrática estos debates se den desde una perspectiva amplia. Lo que uno esperaría es que, de cara a los derechos de las mujeres y las niñas, este debate tenga lugar tomando en cuenta cuál es la experiencia de las mujeres y las niñas“.

“Cómo es la situación que enfrentan hoy debiendo interrumpir sus embarazos en condiciones de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y cómo leyes como éstas, que todavía imponen sanciones penales, profundizan las brechas de desigualdad entre las mujeres“, añadió la abogada.

Continúo recalcando que “no estamos todas las mujeres afectadas de la misma manera, las mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, mujeres migrantes, mujeres con menos recursos, enfrentan condiciones mucho más complejas y uno esperaría que, en un debate democrático, estas circunstancias sean tomadas en cuenta“.

En ese sentido, Maturana sostuvo que, en países democráticos, después de legislar sobre aborto bajo causales, una ley con limitaciones que en el caso de Chile lleva 7 años de vigencia y registra más de 5 mil mujeres y niñas atendidas en sistemas de salud, “el paso siguiente es debatir directamente sobre aborto en un modelo de plazos“.

La abogada indicó así que, analizando la evidencia comparada, las leyes que establecen penalidades no evitan o disuaden a las mujeres de abortar, incluso con un proyecto vigente respecto a causales.

Esto último, porque “cuando existen leyes restrictivas, leyes que imponen sanciones penales al aborto, en ningún país estas leyes han permitido disuadir a las mujeres que requieren interrumpir su embarazo. Las mujeres, las niñas y las adolescentes enfrentan un conjunto de situaciones muy diversas, muy complejas, que exceden las tres causales, por lo tanto, la necesidad de interrupción del embarazo en condiciones sanitarias adecuadas sigue estando vigente”.

“Cuando tenemos una ley que establece sanciones penales frente a ello, eso no significa disminuir ni evitar que estas situaciones ocurran, sino más bien que la interrupción del embarazo ocurre en situación de ilegalidad, de estigma, de falta de garantías de atención de salud, y eso es lo que los distintos países que han avanzado en este sentido han buscado resolver desde una perspectiva de salud, desde una perspectiva de derecho y no solamente desde una perspectiva valórica que puedan defender determinados sectores de la sociedad”, zanjó.

Noticia publicada en Radio Universidad de Chile, el 27 de diciembre de 2024

Con base en la mayoría electoral obtenida en la votación de consejeros y consejeras en mayo pasado, el Partido Republicano ha impuesto su ideario político, contando con amplio respaldo de los partidos de Chile Vamos (Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli). Pero el hecho de contar con amplia mayoría circunstancial no reviste a su propuesta de la legitimidad que requiere una Constitución para regir a un país completo.

Uno de los aspectos más críticos que presenta la propuesta es la falta de garantías a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, diversidades sexuales, migrantes, pueblos indígenas, y al conjunto de derechos sociales (como salud, trabajo y educación) y ambientales, entre otros. Con preocupación se observa que, en lugar de avanzar en la protección de las personas, se imponen restricciones y retrocesos importantes. La Constitución que proponen los Republicanos y Chile Vamos se desentiende de las necesidades de la ciudadanía y no permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes habitan Chile.

La propuesta constitucional restringe los derechos laborales de mujeres y hombres, y no ofrece reales garantías al derecho a la salud ni a la seguridad social, pues para ello no basta enunciar la libertad de elección. Por lo demás, la anunciada protección a la propiedad de los fondos de pensiones obstaculizará el pago de las deudas de pensiones alimenticias que afecta a miles de niños y niñas en el país.

Para las mujeres, el texto resulta particularmente negativo. De acuerdo a la ideología republicana, y de los partidos políticos que la apoyan, las mujeres deben permanecer relegadas en el espacio privado y seguir desempeñando solas las tareas domésticas y de cuidado, sin reconocimiento ni retribución. Para este sector político, las mujeres no deben contar con garantías para participar en la vida social y política ni acceder a cargos públicos, pese a la evidencia internacional sobre la importancia de medidas afirmativas para asegurar la participación de mujeres en espacios de decisión. Tampoco les preocupa la vivencia cotidiana de violencia de género a que están expuestas las mujeres y las niñas, pues rechazaron incluir normas orientadas a su prevención y sanción.

Durante la discusión constitucional también se ha transparentado que los representantes del Partido Republicano, y parte de los partidos políticos que los apoyan, buscan derogar o restringir la ley sobre aborto en tres causales. De ahí su iniciativa para consagrar la protección de «quien está por nacer». Además, el reconocimiento constitucional de la objeción de conciencia -que sólo debiera tener rango legal en carácter estrictamente excepcional- permitirá que profesionales o clínicas puedan rechazar determinadas atenciones de salud sexual y reproductiva e incluso negar el acceso a información y a métodos anticonceptivos ampliamente requeridos por mujeres y adolescentes. Además, bajo la propuesta de nueva Constitución, se multiplicarán los obstáculos para que niñas, niños y adolescentes puedan recibir educación sexual integral, fundamental para protegerse de la violencia sexual.

Dado lo avanzado del proceso, gran parte de la propuesta constitucional está lista y sólo las últimas observaciones están siendo revisadas por la Comisión Mixta, previo a su votación en el Consejo. Se trata de un texto que responde sólo a las ideas de un determinado sector, además de implicar retrocesos en materia de derechos humanos. Lamentablemente no contamos con una propuesta de Constitución que incluya y proteja a todas y todos.

Por Camila Maturana, directora de Corporación Humanas

Columna publicada el 19 de octubre en Cooperativa 

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2023.- Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE y otras organizaciones locales hemos encabezado una estrategia jurídica nacional que consiste en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto

La Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar.

Con esta resolución, IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud. Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal.

Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Desde GIRE confiamos en que las entidades del país, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, tomen en cuenta los criterios del máximo tribunal de justicia a fin de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Publicado en el sitio web de GIRE 

Al ser un nuevo proceso, con sus propias características surgen muchas preguntas. A continuación compartimos las más frecuentes.

Órganos del Proceso Constitucional 

Consejo Constitucional 

Se compondrá por 50 personas elegidas con sufragio universal y obligatorio. Consejeros y consejeras que deberán dialogar y aprobar una propuesta de Constitución, en un periodo de cinco meses.

Cada inciso del escrito será nuevamente votado por el Consejo Constitucional.

Las recomendaciones se podrán aprobar con la votación de 3/5 de sus integrantes , o rechazado por 2/3 de los mismos. La votación que no encuentre acuerdo en las proporciones señaladas, pasará a Comisión Mixta, la cual está compuesta por 6 consejeros/as y 6 expertos/as. Este órgano será el encargado de proponer soluciones sobre las observaciones de la Comisión Experta que no alcancen el quórum de aprobación o de rechazo por parte del Consejo Constitucional.

El documento finalizado- previa armonización- será revisado por la Comisión de Expertos, que dispondrá un informe con observaciones.

Comisión de Expertos y Expertas 

Está compuesta por 24 integrantes que fueron elegidas y elegidos por partes iguales entre la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado, relacionado a la proporción de las fuerzas políticas y partidos en la Cámara y con aprobación de 4/7 de los miembros en ejercicio.

Cuentan con tres meses para redactar un anteproyecto que será la base de la discusión del Consejo Constitucional. Los artículos propuestos por las y los expertos son aprobados, modificados o eliminados por 3/5 de sus participantes.

Luego de que la propuesta del anteproyecto sea revisada y discutida por el Consejo Constitucional, la Comisión debe realizar un informe sobre la base de la propuesta, con recomendaciones que serán sometidas a voto. De no llegar a acuerdo en la instancia de Comisión Mixta, los expertos deberán formular una nueva propuesta de la indicación señalada, la que debe aprobarse con quórum de 3/5.

Comité Técnico de Admisibilidad

El Comité Técnico tiene como fin resguardar los principios constitucionales establecidos por las fuerzas políticas. Se compone de 14 juristas elegidos el 6 de marzo por el Senado. El Comité está encargado de resolver los requerimientos que se presenten contra las normas propuestas que contravengan a alguna de las 12 bases constitucionales.

Conoce quienes componen este Comité aquí.

En cuanto a sus resoluciones, el Comité cuenta con tres días para pronunciarse y cinco días más para comunicar los fundamentos de su resolución. Resoluciones que deben contar con la mayoría absoluta (50% más 1) de todos los miembros del Comité Técnico y no podrán ser objetadas ante ningún tribunal.

Si se acoge la inadmisibilidad del texto -por mayoría absoluta de sus integrantes- no podrá integrarse en la propuesta final de nueva Constitución.

¿Las personas que participan en los órganos de este proceso constitucional reciben un pago por las funciones que cumplen? 

Las personas que sean parte del Consejo Constitucional tendrán una dieta mensual de 60 UTM ($3.747.000). También recibirán asignaciones que se establezcan exclusivamente para su labor en la revisión de la antepropuesta, estas asignaciones las administra un comité externo.

Los Integrantes de la Comisión Experta reciben una dieta de 30 UTM lo que equivale a $1.873.500 mensuales. Mientras que los miembros del Comité de Admisibilidad reciben 10 UTM ($624.500) por sesión celebrada y tienen un tope de 30 UTM ($1.873.500) al mes.

¿Los integrantes de la Comisión Experta participarán en el Consejo Constitucional? 

Los miembros de la Comisión Experta se incorporarán al Consejo Constitucional, una vez que éste se instale. Tendrán derecho a voz, pero NO a voto, en todas las instancias de discusión.

¿Cuál es el quórum que tendrá el Consejo Constitucional para aprobar normas? 

Podrán aprobar, aprobar con modificaciones o introducir nuevas normas al anteproyecto de nueva Constitución por el quórum de los 3/5 de sus integrantes en ejercicio.

¿Qué pasa después que el Consejo Constitucional despache la propuesta para una nueva Constitución? 

El Consejo Constitucional debe despachar la propuesta dentro de los cuatro meses siguientes a su instalación (7 de noviembre). Luego, la Comisión Experta podrá hacer observaciones al texto. La propuesta deberá ser conocida por el Consejo Constitucional y serán votadas según las siguientes reglas:

• Cada propuesta contenida en el informe se dará por aprobada por un quórum de 3/5 y podrá ser rechazada por un quórum de 2/3 de sus integrantes en ejercicio del Consejo Constitucional.
• Las propuestas que no se aprueben o que sean rechazadas, deberán ser revisadas por una Comisión Mixta. Esta comisión será formada por seis integrantes del Consejo Constitucional y seis de la Comisión Experta, la que puede proponer soluciones con el voto de los 3/5 de sus integrantes en ejercicio. Dicho acuerdo podrá ser aprobado por el Consejo Constitucional con el quórum de 3/5.

¿Qué pasa si no hay acuerdo en la comisión mixta? 

Si no existe, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que éste se pronuncie. Una vez finalizada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad de ese texto por los 3/5 de sus integrantes en ejercicio del Consejo Constitucional.

¿Cómo se regulará el trabajo del Consejo Constitucional y el de los otros órganos?

Se regulará según el reglamento elaborado en conjunto por las Secretarías del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados, el cual fue sometido a la discusión y aprobación de una comisión bicameral compuesta por 9 diputados (as) y 9 senadores (as).

El reglamento contempla mecanismos de participación ciudadana, que operará una vez instalado el Consejo Constitucional, y será coordinada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de fórmulas que permitan la participación de todas las universidades acreditadas.

¿Cómo podrá participar la ciudadanía? 

Para esta instancia la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica fueron las encargadas de instalar a comienzos de marzo la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana, según lo mandatado por la reforma constitucional que habilitó el nuevo proceso constituyente. Aquel órgano es el encargado de gestionar las diferentes formas de participación ciudadana. Sumado a estas casas de estudio, todas las universidades acreditadas a lo largo del país forman parte del trabajo, para de esta forma poder recepcionar la participación de la ciudadanía en todas las regiones. Cabe mencionar que este proceso se llevará a cabo en un mes, desde el 7 de junio al 7 de julio.

Iniciativa popular de norma: La ciudadanía podrá realizar enmiendas o modificaciones al anteproyecto que presentará el Comité de Expertos. Para esto se necesitarán 10 mil firmas como mínimo y estas deben estar relacionadas con los temas del anteproyecto.

Audiencias públicas: Las personas podrán exponer sus visiones ante el Consejo, mediante agrupaciones de la sociedad civil o de forma individual.

Diálogos ciudadanos deliberativos, representativos o abiertos: Forma de deliberación para que la ciudadanía pueda conversar sobre el anteproyecto y enviar sus comentarios al Consejo Constitucional.

Consulta ciudadana: Es el mecanismo de participación individual a través de una plataforma digital, donde las personas podrán opinar sobre las normas del anteproyecto.

Para mantenerte al tanto de lo que va pasando con el proceso de manera clara y objetiva, te recomendamos los siguientes sitios de información:

• lupaconstitucional.malaespinacheck.cl
• laneta.cl
• diarioconstitucional.cl/category/c_proceso-constituyente/ 
• procesoconstitucional.cl
• tejiendoconstitucion.cl

Nota preparada por Yazmín Contreras y Yareta González, estudiantes en práctica de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado